En su intento por limpiar la imagen del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, el gobierno federal incurrió en un acto “ilegal y contrario a la Constitución”, en tanto que la Cámara de Diputados vició el procedimiento “violentando el espíritu” de la Carta Magna
Para el abogado Jaime Cárdenas Gracia, actual integrante del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, y para el constitucionalista Elisur Arteaga, estas maniobras muestran que el objetivo de las autoridades es uno solo: exonerar al funcionario, publica Proceso en su edición 1638
En entrevistas por separado, ambos critican la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR), que el martes 11 inició una averiguación previa para esclarecer los hechos que involucran a Mouriño en el posible tráfico de influencias, toda vez que, dicen, fungió como proveedor del gobierno federal a la vez que se desempeñaba como servidor público
Arteaga señala: “La PGR actúa a solicitud de Mouriño y lo hace como cómplice para exculparlo Lo que está haciendo es violatorio de la Constitución Se va a convertir en una instancia legitimadora de la ilegalidad de Mouriño”
A su vez, Cárdenas sostiene que el anuncio hecho por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ese mismo martes en el sentido de que “hará un escrutinio minucioso en torno a la naturaleza, el origen y la legalidad de los contratos que fueron suscritos por Pemex Refinación y por la empresa Transportes Especializados Ivancar, SA de CV” y de la cual el aún secretario de Gobernación firmó como apoderado legal no tiene sentido, destaca en el reportaje que aparece en el número 1638
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