Debido a la falta de voluntad política del presidente Felipe Calderón para responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su gobierno será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso de Rosendo Radilla Pacheco, campesino guerrerense que fue detenido y desaparecido por militares el 25 de agosto de 1974 por “componer corridos” a favor del guerrillero Lucio Cabañas, destaca Proceso en su publicación 1637
Se trata del primer caso en que el gobierno mexicano es sometido a jurisdicción internacional a raíz de una querella según la cual grupos de militares incurrieron en excesos contra la población civil
La noche del jueves 13, la Comisión Interamericana determinó enviar a la Corte Interamericana, que preside el mexicano Sergio García Ramírez, el expediente de Radilla, identificado con el número 12511, después de casi tres años de haber sido admitido por la Comisión y ante la insuficiente respuesta del gobierno mexicano a sus recomendaciones
El 27 de agosto de 2007, el organismo defensor de los derechos humanos le exigió al gobierno de Calderón que cumpliera con cuatro peticiones: una investigación completa e imparcial para sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Radilla Pacheco; la localización, identificación y entrega de los restos de la víctima a su familia; la recuperación de la memoria histórica, “esclareciendo públicamente los hechos”, y la reparación del daño moral y material a los familiares
El 15 de octubre de ese año, una delegación mexicana encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilatertales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, debió informar a la Comisión acerca del cumplimiento de dichas medidas, pero solicitó una prórroga de ocho meses La Comisión sólo le concedió 120 días La fecha límite se venció el pasado domingo 9, sin que el funcionario federal cumpliera con la exigencia del organismo, señala el reportaje que aparece en el número 1637 de Proceso
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