Las declaraciones patrimoniales de los expresidentes priistas como otros documentos del antiguo régimen siguen a salvo del escrutinio público gracias a leyes y dependencias con la marca del Partido Acción Nacional, en particular la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), expone Proceso en su número 1630
Peor aún: esta última, la SFP, cobra por versiones “públicas” de las declaraciones patrimoniales que son, muchas de ellas, fojas tachoneadas de arriba abajo en negro y que, por supuesto, no contienen información alguna, excepto, quizá, para algún decodificador de manchas de ese color
El 2 de octubre del año pasado, Proceso solicitó a la Unidad de Enlace de la SFP las declaraciones patrimoniales de Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, correspondientes a los años en que fungieron como presidentes de la República
La respuesta llegó en el plazo límite como suele ocurrir con la mayoría de las dependencias a las que se les requiere información, el 30 de noviembre De entrada, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Función Pública informa que, “realizada una búsqueda exhaustiva en el Registro de Servidores Públicos
no se localizaron declaraciones patrimoniales presentadas por los CC Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo” Luego, afirma que la búsqueda “confirmó la inexistencia” de dichas declaraciones
En cambio, en el Registro se localizaron las declaraciones de De la Madrid, Salinas y Zedillo, pero en los tres casos, dice la SFP, “no se cuenta con la autorización de la publicación de sus datos patrimoniales”
No obstante, la dependencia “pone a disposición del solicitante la versión pública de las mismas, las cuales constan en 424 fojas”, pero aclara que se omitirán las partes y secciones de información confidencial, ya que, dice, amenazan la “intimidad” de los exfuncionarios, publica el número 1630 de Proceso
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