Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con el lema, entre otros, de “Primero los pobres” El próximo domingo 26, sin embargo, hará la inauguración de un espectacular conjunto de puentes y vialidades en la privilegiada zona de Santa Fe, para construir los cuales tuvo que negociar, bajo la figura jurídica del trueque, precisamente con la contraparte social: los más ricos Según el gobierno capitalino, las obras beneficiarán a pueblos colindantes y aliviarán el tránsito vehicular en el poniente de la ciudad No obstante, en los hechos parece confirmarse que con ellas termina de entregarse la zona a los grandes corporativos y a los más poderosos grupos inmobiliarios
A través de un sistema denominado “actuación por cooperación” -introducido por Óscar Espinosa Villarreal y aplicado con Cuauhtémoc Cárdenas-, el gobierno capitalino que encabeza Andrés Manuel López Obrador concretó convenios para intercambiar predios de alto valor inmobiliario en Santa Fe por cemento y obras públicas
Al rendir su cuarto informe de gobierno, dentro del rubro Desarrollo Sustentable, Andrés Manuel López Obrador anunció escuetamente: “Este mes van a inaugurarse tres grandes puentes en las barrancas de Santa Fe, además de que se amplió la avenida Centenario y se realizan un túnel, dos deprimidos y dos puentes en el Eje 5 Poniente”
Se trata de los primeros frutos de los contratos con las cementeras Apasco y Cemex, así como con inmobiliarias Cumbres de Santa Fe, Río de Santa Fe, Cañada de Santa Fe y Consorcio Inmobiliario Promotor, empresas que constituyen el fideicomiso privado “Sistema de Actuación por Cooperación para el Desarrollo de la Vialidad Carlos Lazo-Entronque Centenario”
El problema, a decir de la oposición -sobre todo Acción Nacional- es que a la larga dichas obras le darán mayor plusvalía a los terrenos que trasfiere el gobierno del Distrito Federal (GDF), con lo que se favorecerá al pequeño núcleo de empresas participantes
Además, los detractores del “trueque” afirman que estos convenios violan el marco jurídico al que se sujeta el desarrollo urbano en la Ciudad de México
A los consorcios del cemento, el GDF les entregó 28 mil 312 metros cuadrados de terrenos a cambio de 252 mil metros cúbicos de concreto, en tanto que el compromiso con las inmobiliarias es transferirles un predio de 38 hectáreas a cambio de la construcción de las obras anunciadas por el jefe de Gobierno
Este procedimiento ha sido severamente cuestionado por la oposición en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) Los diputados panistas Carlos Alberto Flores y Jorge Lara ponen en duda la forma de seleccionar a las empresas participantes, así como las razones para intercambiar terrenos que, afirman, no están considerados para tal efecto en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, en el que supuestamente se fundamenta la actuación gubernamental
Para Laura Itzel Castillo Juárez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del GDF (Seduvi), el esquema utilizado en Santa Fe “existe en otras partes del mundo” y permite el desarrollo regional “sin que se tenga que hacer una erogación gubernamental en un proyecto de estas características”
Además, explica en entrevista, son obras que beneficiarán a 1 millón de personas que transitan diariamente por esa zona, así como a los pueblos colindantes (Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco y San Mateo Atlaltenango) En beneficio de éstos, precisa, se constituyó un fideicomiso para la educación, la cultura y el apoyo a los adultos mayores, al que las empresas aportaron 5 millones de pesos y se comprometen a incrementar el monto con porcentajes de sus ventas
Cuestionamientos
La inconformidad de los diputados opositores con el gobierno local estalló en la Asamblea Legislativa del DF a principios de este año, cuando los intercambios se conocieron a través de la prensa
El 19 de abril pasado, la Comisión de Administración Pública Local -encabezada por Alberto Trejo Villafuerte- citó a comparecer al oficial mayor del GDF, Octavio Romero Oropeza, para atender las dudas de los legisladores sobre unas declaraciones que el jefe de Gobierno hizo el 18 de febrero en su conferencia de prensa matutina
Ese día, según el panista Jorge Alberto Lara Rivera, López Obrador refirió que el convenio con las cementeras se firmó el 4 de agosto de 2003 y que involucraba 12 terrenos ubicados en Santa Fe, con una extensión total de 65 mil metros cuadrados y un valor comercial de 640 millones de pesos A cambio de esa extensa área, el gobierno local recibiría 125 mil metros cúbicos de concreto cotizados en 414 millones de pesos y la diferencia “sería pagada” por la cementera
Lara señaló que en las declaraciones del gobernante no se establecía el procedimiento para seleccionar a las empresas con las que se firmaron los convenios, ni cuáles fueron convocadas
El diputado también reclamó que la administración local no actuó conforme a “los métodos de transparencia y de acceso a la información pública, toda vez que no se han publicado los convenios antes mencionados”
Por ese motivo, tres días antes de su comparecencia, el oficial mayor del GDF envió a Trejo Villafuerte información al respecto, incluida la copia de los contratos signados con Apasco y con Cemex
De entrada, el oficial mayor aclaró que fueron dos, y no 12, los terrenos intercambiados Además, sus dimensiones son de 28 mil 312 metros cuadrados y se intercambiaron por 252 mil metros cúbicos de concreto premezclado
En el oficio OM/0450/2004 Romero explicó que “le corresponde a cada empresa (cementera) entregar 50% del concreto permutado, por esa razón en los contratos se amparan suministros en partes iguales, es decir 138 millones 940 mil 495 pesos para Apasco y equivalente cantidad para Cemex”
Y añadió: “Los terrenos objeto de la permuta están ubicados en la colonia Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, y fueron valuados en 277 millones 880 mil 990 pesos”
El documento incluye un cuadro que registra las dimensiones, el precio por metro cuadrado y el valor de los dos terrenos permutados, que se ubican a un costado de la Universidad Iberoamericana
Así, el lote identificado como D-1 mide 20 mil 11765 metros cuadrados y está valuado en 192 millones 336 mil 201 pesos (9 mil 56057 pesos por metro cuadrado); en tanto que el lote D-2 tiene 8 mil 19506 metros cuadrados (a 10 mil 43858 pesos), lo que da un total de 85 millones 544 mil 789 pesos
Dos de los contratos cuya copia Romero Oropeza turnó a la comisión de la ALDF tienen fecha del 4 de agosto de 2003; y otros dos se firmaron el 10 y el 12 de septiembre del mismo año
En los convenios de agosto no se precisan las dimensiones de los predios por intercambiar y se asienta que las constructoras manifestaron al gobierno capitalino “su interés por permutar diversos tipos de concreto que suministre por la propiedad de el (los) predio (s) por ser necesario para el desarrollo de diversas acciones vinculadas a su objeto social”
En todos los contratos se establece que, en caso de que el precio total del cemento entregado al GDF sea mayor que el de los terrenos permutados, éste pagará la diferencia Y viceversa: si el importe de los predios es mayor que el del cemento, las constructoras saldarán la diferencia el 31 de diciembre de 2004, una vez que “las partes procedan a realizar el corte correspondiente, determinando el balance final respectivo”
También se especifica que el gobierno capitalino “formalizará ante notario público” la transmisión del “dominio pleno, la propiedad y posesión” de los predios a las cementeras, una vez que éstas entreguen una garantía a la Secretaría de Finanzas del GDF A Cemex se le pide una fianza por 139 millones 940 mil 495 pesos, y a Apasco una “carta de crédito irrevocable” por la misma cantidad
Una vez escriturados los predios, comenzaría a surtirse el cemento Los costos correrían a cargo de las empresas, de acuerdo con los requerimientos de las obras públicas donde se requiriese el material El Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación (Fimevic) precisaría “el volumen de concreto, los tiempos y lugares de entrega”
Conveniencia
Para la titular de la Seduvi, Laura Itzel Castillo, este sistema de intercambiar obras por terrenos permite al GDF impulsar una zona que, pese a su alto potencial económico, estuvo abandonada mucho tiempo y que le sería imposible atender sin la participación de los empresarios
La funcionaria encabeza la supervisión de la construcción de tres puentes -alzados sobre las barrancas los Helechos, Atzoyapan y Puerta Grande-, así como de la ampliación de Centenario y la prolongación Cinco de Mayo, obras estimadas en 900 millones de pesos y cuya inauguración se programó para el día 26 de este mes
Castillo señala en entrevista que desde las administraciones priistas se proyectó crear esos accesos a la zona de Santa Fe, que ya estaba en la mira de grandes consorcios nacionales y foráneos
Incluso el mecanismo de intercambio de obras por terrenos, previsto en la Ley de Desarrollo Urbano, “no es algo que nosotros hayamos creado, es una ley que fue discutida en 1996 y 1997 Es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el que logra concretarla y, en este caso, formalizar el convenio de la construcción de la obra por un terreno”
Dicho predio, conocido como “R-42”, mide 38 hectáreas, de las cuales sólo 26 son urbanizables Le fue expropiado al ejido de San Mateo Tlaltenango por el gobierno federal el 6 de diciembre de 1972 -aunque el decreto se formalizó el 30 de mayo de 1973- para construir lo que sería el Reclusorio Poniente
Sin embargo, la Federación lo transfirió al entonces Departamento del Distrito Federal, y en 1997 Cárdenas lo aseguró como propiedad del gobierno capitalino
El acuerdo de intercambio del predio data del 27 de julio de 2000, con Rosario Robles como jefa de Gobierno, cuando se constituyó el fideicomiso privado “Sistema de Actuación por Cooperación para el Desarrollo de la Vialidad Carlos Lazo-Entronque Centenario”
Sin embargo, los acuerdos no se concretaron hasta que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder
En entrevista por separado, Guillermo Ysusi Farfán, director general de Desarrollo Urbano, explica que en el gobierno de Cárdenas se empezó a difundir el proyecto de desarrollar esa zona, y que estas empresas, que poseen un terreno vecino, fueron “las únicas que se acercaron para participar”
A decir del funcionario, el acuerdo original preveía que, además de las obras viales, los empresarios entregarían al gobierno capitalino un terreno para que edificara viviendas de interés social, “pero ni siquiera los habían comprado y no tenían uso de suelo para ese tipo de vivienda”
Por eso se modificó el convenio del 25 de septiembre de 2002, ya con López Obrador en el GDF: En vez de aceptar los terrenos, se incluyeron obras como la ampliación y mejora de las avenidas Centenario y Cinco de Mayo
Castillo añade, por su parte, que el predio será entregado cuando se inauguren las obras, pues en ese momento se realizará un avalúo sobre éstas y el terreno “El acuerdo estipula que al valor del terreno se le incluirá 15% a favor del gobierno del Distrito Federal, y si resulta mayor que el total de las obras, ellos nos pagan la diferencia”, reitera
El primer avalúo del terreno, según Ysusi, era por 369 millones de pesos, pero “ahorita debe andar por los 680 millones”
Incluso se pactó con las empresas la compra de predios a particulares para adecuar las vialidades “Ellos compraron 50 terrenos, pero tuvimos que expropiar tres porque los dueños no aceptaron vender”, dice Laura Itzel Castillo, y agrega que por cada expropiación el GDF tiene que pagar alrededor de 500 mil pesos, recursos que serán reintegrados por las empresas constructoras
Además, los empresarios están obligados a reconstruir un mercado que estaba sobre una de las vialidades en construcción, llevarán a cabo la rehabilitación ecológica de las barrancas sobre las que se construyen los puentes y tendrán que aportar al fideicomiso de los pueblos colindantes 1% de la venta de cada inmueble levantado en la zona
A ello se suma que los empresarios costearán el proyecto ejecutivo para la construcción de dos túneles y vialidades que conectarán la zona con el Segundo Piso del Periférico y el Distribuidor Vial de San Antonio La satisfacción del GDF con los intercambios es tal, que el pasado 30 de junio se firmó otro convenio para la ejecución del mencionado proyecto, el cual tendría que concluirse en febrero
“En este caso, la permuta es por dos terrenos: uno en San Antonio y otro frente al hospital ABC en Santa Fe Entre ambos suman una superficie de 25 mil metros cuadrados, y también las empresas asumen todos los costos”, informa Ysusi
En cuanto a las ventajas para los inversionistas privados, “sus ganancias es muy probable que las vean en un periodo de cinco a seis años Sabemos que no es un sistema fácil, pero también estamos concientes de que las constructoras no son madrecitas de la caridad, si no fuera negocio para ellas, no le hubieran entrado”, remata Ysusi Farfán
Y como si se tratara de un guiño a la oposición, Laura Itzel Castillo advierte que el peculiar sistema de intercambios “puede continuar”, y para ello el gobierno capitalino cuenta con 71 predios más para canjear, todos en la propia zona de Santa Fe l
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