Pocas semanas después de su triunfo electoral de 2000, Vicente Fox se comprometió expresamente a que los cambios durante su gobierno alcanzarían a las Fuerzas Armadas Y desde su toma de posesión ha insistido, en reiteradas ocasiones, en su decisión de terminar con la impunidad por los crímenes cometidos en el pasado Tres años después, el Ejército se mantiene como una institución intocable La Secretaría de la Defensa Nacional rechaza inclusive colaborar en forma transparente con los requerimientos de información y documentación que le ha presentado la fiscalía especial contra la guerra sucia Y al mismo tiempo, en la lucha contra el narcotráfico, los militares van más allá de las tareas que pueden desempeñar con base en la Constitución, y de manera impune invaden funciones que sólo corresponden a las corporaciones policiacas
Algo extraordinario ha sucedido en Guatemala: El 20 de enero, la Suprema Corte condenó al coronel en retiro Juan Valencia Osorio, por participar en el complot para asesinar a la antropóloga guatemalteca Myrna Mack Chang, ocurrido en 1990 El coronel fue sentenciado a 30 años de prisión
Eso sucedió en un país que tiene mala fama en todo el mundo por su sangrienta guerra civil que duró más de tres décadas, la cual provocó la muerte o desaparición de alrededor de 200 mil civiles a manos de las fuerzas de seguridad del gobierno, a pesar de lo cual se logró llevar a cabo un juicio justo en una corte civil contra un alto oficial de las Fuerzas Armadas y hacer justicia
Lo anterior debe servir de ejemplo a México, donde el presidente Vicente Fox se ha comprometido a esclarecer los casos relacionados con asesinatos, desapariciones y violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno durante el punto más álgido del autoritarismo y la represión, en las décadas de los setenta y ochenta El presidente se ha referido muchas veces, públicamente, a los cambios extraordinarios que enfrenta su administración en un país donde la impunidad, durante mucho tiempo, casi siempre ha favorecido a los funcionarios gubernamentales y a los miembros de la policía, de los aparatos de inteligencia y a los militares
Sin embargo, cuando han transcurrido más de tres años de su sexenio, no se está más cerca de la posibilidad de acusar y procesar a los militares en cortes civiles que lo que se estaba antes de la transición
El presidente Fox nombró a un fiscal especial para que investigara los crímenes cometidos durante la llamada “guerra sucia” Y el doctor Ignacio Carrillo Prieto ha comenzado a armar los casos legales contra personajes como Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda, por el secuestro y la desaparición de Jesús Piedra Ibarra Sin embargo, hasta hoy, Carrillo ha guardado silencio respecto de las acusaciones contra los militares activos o retirados Y el único caso pendiente está siendo juzgado en una corte militar, a pesar de las insistentes recomendaciones que han hecho los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en el sentido de que deben ser juzgados en cortes civiles
Militares ante la justicia civil
Myrna Mack Chang era antropóloga e investigadora, que estaba documentando lo sucedido a las comunidades indígenas que huyeron de las brutales operaciones contrainsurgentes realizadas por el Ejército guatemalteco
Su trabajo enfureció al gobierno y a los militares: El 11 de septiembre de 1990, Noel de Jesús Beteta, especialista de inteligencia del Ejército, le dio 27 puñaladas a Myrna cuando salía de su oficina en el centro de la ciudad de Guatemala La dejó desangrarse hasta morir
Helen, hermana de Myrna -hasta entonces una mujer conservadora, poco interesada en las desigualdades políticas y sociales que preocupaban a su hermana-, cambió de actitud cuando se dio cuenta de que el gobierno estaba obstaculizando la investigación Logró que Beteta fuera condenado en 1993 y luego luchó para que sus superiores también fueran juzgados
Cuando Myrna fue asesinada, Beteta trabajaba en una unidad clandestina de inteligencia militar, dependiente del Estado Mayor Presidencial (EMP) Helen y sus abogados lograron identificar a tres de los oficiales bajo cuyas órdenes se encontraba Beteta y los acusaron de planear el asesinato Juan Valencia Osorio era uno de ellos
Los oficiales argumentaron que sus casos correspondían a la jurisdicción del fiscal militar, y casi ganaron Hasta hace poco, lo usual en Guatemala -tal y como sucede hoy en México- era juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas dentro del sistema de justicia militar, sin importar cuál hubiera sido el crimen cometido Sin embargo, en 1996, durante la etapa final del proceso de paz que tuvo como resultado el fin de la guerra, el Congreso de Guatemala aprobó una ley que reducía muchísimo el poder de los tribunales militares, que ahora sólo pueden juzgar las faltas disciplinarias y otras violaciones del Código Militar El cambio puso fin al historial de impunidad total que existía en Guatemala en relación con las violaciones de los derechos humanos dentro del sistema de justicia militar
México ha mostrado muy poca voluntad para cambiar su sistema de justicia militar a la hora de investigar las arbitrariedades cometidas por los soldados y sus superiores Este sistema está plagado de secretos, y su credibilidad ha sido dañada por la negligencia, las demoras y el encubrimiento
Los informes de las organizaciones de derechos humanos han demostrado una y otra vez que la mayoría de las denuncias presentadas contra abusos cometidos por militares no son debidamente investigadas: las pruebas se pierden o son destruidas, los testigos amenazados, las evidencias fabricadas y el proceso completo se hace a escondidas del escrutinio público Los pocos casos de derechos humanos que han tenido como resultado el encarcelamiento de militares fueron resueltos después de años de presión nacional e internacional
Si el sistema de justicia militar sólo refuerza la impunidad, ¿qué puede hacer México para cambiarlo? La Constitución no deja lugar a la ambigüedad: El artículo 13 establece que “subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar” y que “cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda” Pero como hicieron notar recientemente el gobierno de Fox y el Diagnóstico sobre derechos humanos patrocinado por Naciones Unidas, el Código de Justicia Militar comprende dentro de los delitos del fuero militar los del orden común o federal cometidos por los militares “en los momentos de estar en servicio” o “con motivo de actos del mismo” (artículo 57) Ese concepto es tan amplio que deja sin sentido lo que establece la Constitución
México va muy atrasado respecto del resto del hemisferio Guatemala se sumó a otros países de América Latina, los cuales -como Argentina, Chile, Perú e incluso Colombia- han cambiado con éxito las leyes para limitar la jurisdicción militar a aquellos casos que traten sólo faltas contra la disciplina militar Esos países han juzgado con éxito a militares en cortes civiles
Si el presidente Fox está en verdad comprometido con la transparencia, ¿por qué sigue permitiendo que un sistema de injusticia, oscuro, de secretos, sobreviva después de la transición política?
El poder de los documentos
El presidente asumió una postura muy valiente y sin precedentes a favor de la transparencia cuando ordenó abrir al público cientos de miles de archivos sobre la “guerra sucia”
Los investigadores de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) se han pasado meses buscando en esos archivos evidencia sobre la complicidad del gobierno en asesinatos, desapariciones y violaciones de los derechos humanos
A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional entregó algunos documentos al Archivo General de la Nación, no se ha mostrado dispuesta a proporcionar cierta información exigida por la fiscalía de Carrillo Prieto
En un informe detallado sobre los obstáculos que enfrenta el fiscal especial, publicado en julio de 2003, Human Rights Watch detalló algunos ejemplos de cómo los militares no proporcionaban a los investigadores información básica que podría ayudarlos a hacer su trabajo
Cuando la Femospp solicitó información sobre el personal asignado a un retén militar de un pueblo en Guerrero, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) respondió en una carta fechada en marzo de 2003: “No se encontró información relacionada con los hechos que se citan”
También le pidieron los nombres de los oficiales destacados en la base militar de Atollas en 1974, y la PGJM respondió que era necesario que la Fiscalía Especial “precise los nombres de los generales y jefes a que se refiere, en virtud de que, por las constantes altas y bajas de personal en un Batallón y por el tiempo transcurrido desde 1974, no es factible proporcionar la documentación que obra en los archivos en los términos requeridos”
Incluso, en los casos en que la Femospp ha precisado los nombres de los oficiales, la PGJM ha argumentado que no podía encontrar documentos sobre dichas personas En uno de los casos, la fiscalía especificó no sólo el nombre y el rango del oficial, sino también la base en la que estaba destacado y en qué fechas Sin embargo, la PGJM respondió que tampoco podía encontrar esa información
Este tipo de obstrucción absoluta de las Fuerzas Armadas también sucedió en el caso de Mack Los fiscales pidieron a los militares algunos documentos que necesitaban para armar su caso: archivos sobre las operaciones de la inteligencia militar; los diarios que registraban la salida y la entrada de los vehículos y del personal militar el día del asesinato; la información de inteligencia que recopilaron sobre la víctima, y material biográfico sobre las carreras militares de los tres oficiales acusados La mayoría de la información requerida fue negada; según las cartas del ministro de Defensa a los abogados de Mack, los archivos que no habían sido destruidos, o estaban protegidos por “razones de seguridad nacional”, o nunca habían existido
Lo que hizo que el caso Mack fuera más excepcional aún fue que, a pesar de que nunca se proporcionaron a los fiscales los archivos militares guatemaltecos, sí obtuvieron documentos importantes archivados en Estados Unidos Eran archivos secretos de la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado, que estaban a disposición del público gracias a la Ley de Libertad de Acceso a la Información
Así estuvieron disponibles para los abogados, quienes finalmente plantearon el asesinato de Mack como un golpe planeado por el gobierno y que las unidades de inteligencia militar estaban detrás del crimen
En un cable enviado por la embajada estadunidense poco después del asesinato de Myrna, el entonces embajador en Guatemala, Thomas Stroock, describió la política del gobierno como de “violencia selectiva” y dio detalles espeluznantes sobre cómo eran encubiertos los asesinatos:
“El tipo de golpe discutido aquí es llevado a cabo o dirigido por individuos que son miembros de las fuerzas de seguridad, a menudo de inteligencia militar”, escribió Stroock Agregaba que los ataques eran decididos y organizados a un “alto nivel” y ejecutados por “personal de seguridad, quienes a menudo no saben la razón del asesinato/secuestro que van a realizar o de quiénes exactamente provienen las órdenes Los integrantes de los \’escuadrones de la muerte\’ frecuentemente no pueden aparecer en las nóminas oficiales de los servicios de seguridad y no marcan tarjeta en las instalaciones oficiales; esperan las órdenes en sus casas, usualmente por vía telefónica, o a veces los pasan a buscar, sin previo aviso, para desempeñar algún trabajo Operan en células, por lo que es difícil trazar el origen de las órdenes de la jerarquía”
Desde el comienzo de la guerra civil en 1962 y hasta el momento en que concluyó con los acuerdos de paz, en 1996, se mantuvo una íntima relación entre Estados Unidos y Guatemala A pesar de que los funcionarios estadunidenses conocían el papel que desempeñó el Ejército en alrededor de 200 mil muertes de civiles, el apoyo en ayuda económica y militar y en personal de inteligencia encubierto fluyó casi ininterrumpidamente durante 30 años Los tres oficiales acusados de planear el asesinato de Mack recibieron entrenamiento en escuelas militares estadunidenses
También existen miles de documentos en los archivos estadunidenses sobre la guerra sucia mexicana Por ejemplo, los informes de la CIA sobre la izquierda y las personas sospechosas de subversión; información de inteligencia del Pentágono acerca de las operaciones del Ejército Mexicano, así como informes del FBI sobre su relación con la Dirección Federal de la Seguridad, además de análisis de la embajada estadunidense sobre el gobierno mexicano El acceso a estos documentos podría arrojar nuevos detalles sobre determinados personajes y su actuación en el escenario de la guerra sucia
De hecho, en febrero de 2003, el doctor Ignacio Carrillo Prieto redactó una carta dirigida al presidente George W Bush, en la que pedía su ayuda para identificar y abrir los archivos estadunidenses que podrían servirle en sus investigaciones Pero no podía enviarla directamente, pues depende de la Procuraduría General de la República, por lo que la entregó al procurador Rafael Macedo de la Concha para que la firmara La carta ha permanecido en el escritorio del general retirado durante casi un año (ver recuadro)
Intimidación y asesinato
En septiembre de 2002, 12 años después del asesinato de Myrna Mack, se celebró el juicio contra los hombres acusados de planear el crimen en una corte situada a sólo unas cuadras de la calle donde se cometió
Cientos de personas llenaron la sala, sentadas en sillas plegables Los familiares de los militares se sentaron al lado de los dirigentes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre los cuales se encontraba Helen Mack
El simple hecho de estar en la sala fue todo un acontecimiento Desde el día en que Myrna fue asesinada, Helen, sus familiares y aliados fueron implacablemente presionados con vigilancia, acoso, amenazas de muerte, ataques físicos y asesinatos En 1991, el investigador en jefe de los homicidios asignado por el gobierno fue asesinado en la ciudad de Guatemala Testigos claves fueron silenciados o forzados a buscar refugio fuera del país El juez Henry Monroy, quien en 1999 ordenó proseguir el juicio contra los tres oficiales, renunció a su trabajo en el Ministerio de Justicia y huyó de Guatemala a causa de las amenazas de muerte en su contra Incluso, mientras se realizaba el juicio, el abogado que representaba a Mack sacó a su esposa y a sus tres hijos del país, después de sufrir una serie incidentes intimidatorios, entre ellos, el tiroteo a su casa desde un auto
El caso sobrevivió, no gracias al gobierno de Guatemala -cinco presidentes consecutivamente permitieron o participaron de forma activa en el encubrimiento del asesinato-, sino gracias a la determinación de Helen y al apoyo de sus familiares, así como a la firmeza de un grupo de valientes fiscales y jueces civiles, testigos y abogados de derechos humanos
Los mexicanos vinculados con casos de asesinato, desaparición y violación de los derechos humanos en los cuales están implicadas las fuerzas de seguridad, también sufren intimidación y violencia Los familiares de las víctimas son detenidos o torturados; los testigos -como Horacio Zacarías Barrientos, de Guerrero- han sido asesinados Comunidades enteras que viven en áreas rurales remotas han sido amenazadas por el aumento repentino de la presencia militar o policial
Por ello, el presidente Fox debe asumir una firme postura pública contra las amenazas y la violencia que ponen en peligro el predominio de la ley
Después de una apelación final hecha por los abogados de Valencia Osorio, la Suprema Corte emitió su veredicto definitivo, reafirmando la condena La decisión cerró un capítulo de la transición política de Guatemala, que duró alrededor de 14 años, pero que también trajo cierto sentimiento de alivio y satisfacción a la familia de Mack
Como diría Helen, insistir en llevar ante la justicia a los criminales militares es una tarea difícil Es un trabajo de valientes
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