desafío crminal

Desafío crminal
Ocurrida apenas unas semanas después del asesinato de la abogada Digna Ochoa, la ejecución de dos magistrados en Mazatlán forma parte de lo que se considera un desafío criminal a un gobierno que está por cumplir apenas su primer año Casi al mismo tiempo, el asesinato masivo de mujeres en Ciudad Juárez adquiría alcances que lo convierten, según ha dicho el escritor Carlos Monsiváis, en tema de prioridad nacional Toda sociedad peligra frente a la violencia, advierte el ministro Genaro D Góngora Pimentel, presidente de la Suprema Corte de Justicia
El asesinato de los magistrados Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra mostró, una vez más, la vulnerabilidad del aparato de seguridad del gobierno foxista frente a los embates del crimen organizado
Además, exhibió la desprotección que tienen los funcionarios del Poder Judicial, sobre todo aquellos a los que se les asignan casos de personajes —autos de formal prisión, sentencias y amparos— ligados a los cárteles de la droga
Mario Belmonte Stringel, abogado defensor experto en extradiciones, dice que, por la forma en que fueron ejecutados, existen claros indicios de que los magistrados incumplieron algún acuerdo con alguna organización y esas fallas se pagan con la vida En estos casos, la mafia no perdona, sentencia
El especialista vislumbra un escenario de mayor violencia en el país en los próximos meses La razón, dice, es que narcotraficantes de diversas organizaciones criminales, muchos de ellos reclamados por el gobierno de Estados Unidos para ser juzgados, están interponiendo amparos para evitar ser extraditados y juzgados
Y añade que los riesgos aumentan para los jueces debido a que están siendo presionados por altos funcionarios del Poder Judicial para resolver las extradiciones, pero explica que en los procesos judiciales aparece el problema de la incompatibilidad entre las leyes estadunidense y mexicana, por lo que en muchos casos se ven obligados a cuadrar y adecuar indebidamente los delitos
Un estado violento
El domingo 11 parecía un día de asueto para el magistrado Benito Andrade Ibarra: traía puesta la camiseta de la selección mexicana y festejaba el triunfo ante Honduras
Descrito por sus amigos cercanos como un hombre alegre, llegó a la casa del juez federal, Miguel de Alba, acompañado de su esposa, María del Carmen Arroyo, y del magistrado Jesús Alberto Ayala Montenegro para ir al estadio Teodoro Mariscal a presenciar un partido de beisbol entre los Tomateros de Culiacán y los Naranjeros de Hermosillo
Andrade Ibarra llegó en su camioneta Suburban y se detuvo frente al número 592 de la calle Colina, en la zona residencial fraccionamiento Cid De Alba salió a saludarlos Se ponían de acuerdo para encontrarse en el partido De pronto, un hombre con un rifle AK-47 —cuerno de chivo— se acercó al grupo y disparó a quemarropa
De Alba corrió al instante y se refugió en el corredor de una casa contigua a la suya Luego de los disparos, salió a la calle y se topó con los cuerpos de los magistrados Andrade Ibarra, Ayala Montenegro y la esposa de éste, María de la Paz Miranda
De acuerdo con información de la Procuraduría de Justicia de Sinaloa y de la PGR, las sospechas apuntan a los hermanos Arellano Félix (cabezas del Cártel de Tijuana) y a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quien el 20 de enero último se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco
Guzmán Loera, según datos de la PGR, tiene como base de operaciones el estado de Sinaloa, uno de los más violentos del país, donde dos personas son ejecutadas por día y la mayoría de los casos están relacionados con el tráfico de drogas
Por existir indicios de que puede estar ligado con el narco, el caso de los magistrados fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) y, a través de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), se investiga las repercusiones que pudo traer el rechazo de un amparo que habría sido promovido por Francisco Rafael Arellano Félix, preso en el penal de máxima seguridad de La Palma, quien enfrenta un juicio de extradición
La investigación de la PGR revela que los magistrados asesinados no vivían con ostentación: Benito Andrade había llegado a Mazatlán en enero de este año y era magistrado del Primer Tribunal Unitario del Duodécimo Circuito Antes había sido juez de distrito en los estados de Puebla, Morelia y Michoacán
Jesús Alberto Ayala tenía menos tiempo en Sinaloa: llegó en junio de este año y le fue asignada la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito; de 1997 al 2000, fue juez quinto de distrito en el estado de Tamaulipas
Las casas que habitaban en el lujoso fraccionamiento Cid se las había otorgado el Poder Judicial como parte de las prestaciones de ley por haberlos transferido a plazas alejadas de su lugar de origen
La ola de violencia que azota a Sinaloa se remonta a los tiempos en que fue amenazado de muerte Francisco Labastida Ochoa, cuando era gobernador, según datos del periodista Jesús Blancornelas Amenazado con frecuencia, Labastida aceptó la embajada de Portugal
Uno de sus excolaboradores, Rodolfo Álvarez, procurador en el sexenio labastidista, fue asesinado cuando trotaba en el Parque Hundido de la Ciudad de México
A la vuelta de los años, empero, nada ha cambiado: todos los días ocurren, según las estadísticas, 156 ejecuciones, aunque el caso de los magistrados causó consternación entre los sinaloenses debido a que nunca se había atentado contra ningún funcionario del Poder Judicial
Las autoridades reconocen que son comunes los asesinatos entre policías, comandantes y altos mandos policiacos Tan sólo en los tres años que lleva como gobernador Juan S Millán han sido asesinados 35 policías; también han sido ejecutados ganaderos, comerciantes —algunos están ligados al lavado de dinero— y profesionistas
Ante la ola de violencia que azota a Sinaloa, el gobernador del estado se declaró impotente y pidió a las autoridades federales que refuercen las medidas para combatir el narcotráfico
Según ha dicho, en Sinaloa la mayoría de las ejecuciones se caracterizan por ser ajustes de cuentas propias del narcotráfico
El gobernador sinaloense se basa en los datos aportados por la Procuraduría estatal, que registra 494 homicidios hasta el 13 de noviembre, es decir, 77 más que en el mismo período de 2000 La dependencia acepta que 94% de las ejecuciones nunca se aclaran
La causa tendría que ver con la falta de un proyecto de continuidad en la Procuraduría: en tres años han sido removidos otros tantos procuradores Jesús Ramón Castro Atonto no duró ni siete meses en el cargo, y fue acusado de proteger a Ismael El Mayo Zambada, miembro del Cártel de Juárez
El asesinato de los magistrados llevó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, a declarar que la seguridad de los jueces y magistrados, así como la de sus familias, debe ser garantizada por el Estado No daremos un paso atrás, ni cederemos ante coacción alguna La honestidad de la justicia federal la defenderemos hasta sus últimas consecuencias La justicia será sólo para aquellos a quienes les asista el derecho y la razón, y no para quien tenga la fuerza o el poder económico
La ejecución de los magistrados reabrió el debate sobre un proyecto que ya funciona en Colombia: los jueces sin rostro, recurso que en el país sudamericano se utilizó ante las ejecuciones de jueces
Incluso, el Poder Judicial analiza la posibilidad de que haya un equipo especial de jueces que se encarguen de casos relacionados con la delincuencia organizada, pero que puedan contar con una protección especial
Por lo pronto, y tras la muerte de los magistrados, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, dijo que ya se empezó a trabajar en el diseño de métodos eficaces de protección para jueces y magistrados, y se revisan los métodos que aplican otros países en esta materia
La corrupción del narcotráfico
En entrevista, Manuel Barquín Álvarez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), rechaza que en México la justicia esté al servicio del mejor postor, pero afirma que la corrupción que prohíja el narcotráfico es la más difícil de combatir
Por diversas irregularidades que van desde la corrupción hasta el retraso de las sentencias, entre enero y diciembre de 2000, por ejemplo, fueron sancionados 65 servidores públicos: 15 Magistrados, 19 jueces de distrito, seis secretarios de Tribunal, 17 secretarios de juzgado, tres actuarios, tres defensores de oficio y dos oficiales de parte
El caso más escandaloso fue el de Nicandro Martínez López, titular del Primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito de Guadalajara, Jalisco, quien fue acusado por la PGR de incurrir en irregularidades que permitieron la liberación de Adán Amezcua Contreras, miembro del Cártel de Colima, quien enfrentaba un juicio por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa
Barquín Álvarez explica que la suspensión del magistrado fue tomada por el pleno del CJF, luego de revisar la queja de la PGR; explica que después se procedió a iniciar el procedimiento correspondiente para determinar si había o no alguna responsabilidad administrativa
—¿Y qué pasó después?
—En lugar de defenderse, el magistrado decidió fugarse
A principios de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto legal para extraditar a Estados Unidos a los capos más importantes, a fin de que sean juzgados por las leyes estadunidenses, pero muchos de ellos ya están recurriendo a la protección de la justicia federal al interponer amparos
Tras ser aprobado por la Corte, el proyecto incluía una lista de unos presuntos 60 narcotraficantes, entre prófugos y sentenciados Algunos nombres: Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; Alcides Ramón Magaña, El Metro; Miguel Caro Quintero —hermano de Rafael —, Ismael Higuera, El Mayel; Osciel Cárdenas Guillén, Óscar Malherbe de León, José Álvarez Tostado, Adán y Jesús Amezcua Contreras, Vicente Carrillo Fuentes, Benjamín y Ramón Arellano Félix, y Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo
En mayo de este año, el gobierno mexicano extraditó a Estados Unidos a Everardo Arturo Páez Martínez, El Kitty, quien fue condenado a cadena perpetua
Sin embargo, apenas en octubre de este año, la Corte determinó que, para conceder cualquier extradición a Estados Unidos, el gobierno mexicano tendrá que exigir previamente la garantía de que el reo no será condenado a cadena perpetua, sino que recibirá una pena de cárcel que no sea vitalicia El beneficio no alcanzó a El Kitty
Mario Belmonte Stringel sostiene que la mayoría de los capos presos están recurriendo al amparo a fin de evitar la extradición, y están encontrando una coyuntura favorable en la incompatibilidad de las legislaciones de ambos países
La incompatibilidad entre las leyes mexicana y estadunidense permitió que Humberto Uribe Monroy —acusado en Estados Unidos de conspiración para secuestrar, torturar y mutilar a una persona— haya ganado un amparo, en primera instancia, que impide su extradición
Belmonte Stringel argumenta que el delito de conspiración no existe en México, por lo que la extradición de su cliente —también fue acusado del asesinato del hijo de la cantante Beatriz Adriana— no procede, aunque los jueces están tratando de ajustar los delitos a las leyes mexicanas En este caso, dice, el que más se parece es el delito de asociación delictuosa, pero no puede ser aplicado
Expone que el empeño del gobierno de México por agilizar las extradiciones de los narcotraficantes está orillando al Poder Judicial a presionar a los propios jueces para cuadrar los delitos a la legislación mexicana, lo cual puede derivar en mayor violencia por parte de las organizaciones criminales
—¿Qué debe hacer entonces el gobierno de Vicente Fox?
—Debe modificar la Constitución y promover una legislación común y compatible con la de Estados Unidos en materia de crimen organizado y de esta forma hacer efectivo el ataque al narcotráfico, de lo contrario, se corre el riesgo de que el gobierno fracase en las extradiciones que ya tiene comprometidas (Con información de Ismael Bojórquez)