Convertida sin pudicia en ministerio público y aun en juez, la televisión comercial mexicana, en especial TV Azteca, ha hecho del caso Trevi-Andrade el mejor de sus negocios, en lo que la defensa de la cantante llama una acción de “justicia mediática” El escándalo alcanzó niveles internacionales y, eventualmente, podría llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos A punto de resolverse la solicitud de extradición, detalles del caso llegaron a los escritorios del presidente Vicente Fox, de Santiago Creel, del canciller Jorge Castañeda y del doctor José Luis Soberanes, presidente de la CNDH De acuerdo con el abogado defensor César Fentanes, el asunto enloda lo mismo a los acusados que a las víctimas, a los parientes y a los testigos, al juez, a las autoridades y a los empresarios y, por supuesto, a los locutores que han medrado con el caso
MCALLEN, TEXAS- Ante la opinión pública, el caso Gloria Trevi parece tan perdido como el de Carlos Salinas, pero en los tribunales puede ocurrir pronto un giro a favor de la cantante
Al menos eso cree su abogado, César Fentanes, quien afirma que ya resulta demasiado costoso para las autoridades mexicanas sostener ante sus homólogas de Brasil un errático proceso de extradición, derivado a su vez de una serie de pifias judiciales
Por si acaso, Fentanes adelanta a Proceso su próximo movimiento en defensa de la Trevi: exponer el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “He recurrido a todas las instancias en México, incluidos el presidente Fox y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin que haya respuesta, así que no me dejan otro camino que acudir a un tribunal internacional”
Resume en dos palabras el manejo del escándalo Trevi: “Justicia mediática”
En la carátula de su Análisis del infamante caso de Gloria Trevi, Mary Boquitas y Sergio Andrade, Fentanes apunta que esta historia se presentó en los “tribunales mediáticos” de la televisión como un problema de inmoralidad y acusa a autoridades de Chihuahua de manipular la averiguación para inducir a funcionarios federales a la ilegalidad y a la violación de las garantías constitucionales y de los derechos humanos
En la entrevista, pone nombres a los personajes que “urdieron la trama de la conjura” y a quienes la ejecutaron: Ricardo Salinas Pliego, Paty Chapoy, Arturo González Razcón, Guillermo Márquez, Héctor Talamantes Abe
“La incompetencia”
Perseguido él mismo en tiempos de Salinas, Fentanes ganó su propio caso de extradición y colaboró en los de Guillermo González Calderoni y José Cruz Contreras, entre otros Ahora viaja regularmente a México, para dar conferencias sobre temas jurídicos polémicos, invitado, por ejemplo, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Rodeado de miles de libros, sentado ante una mesa repleta de papeles sobre el caso Trevi, Fentanes detalla la “serie de violaciones constitucionales y de los derechos humanos”:
La orden de aprehensión fue dictada por una autoridad no competente, el juez del fuero común Talamantes El problema es que los artículos 16 y 17 de la Constitución garantizan al gobernado que toda orden de aprehensión debe dictarla la autoridad competente y que las autoridades judiciales están obligadas a administrar justicia en los términos ordenados por la propia Constitución federal
Además, en los casos en que leyes y códigos federales dispongan algo que sea contrario o que cree un conflicto con leyes y códigos estatales, la Constitución ordena que prevalezcan las disposiciones federales
Esto significa, dice Fentanes, que “te debes adaptar a lo que digan las leyes federales, aunque tu Constitución estatal diga otra cosa Entonces, antes de dictar una orden de aprehensión, un juez del fuero común debe decidir si es de su competencia o es de competencia federal; si la conducta está prevista y sancionada en el código federal o nada más en el estatal Tiene que hacer ese análisis”
Y resulta que diversas leyes y códigos establecen que los delitos contra una misma persona cometidos en territorio mexicano y en territorios extranjeros son delitos del orden y jurisdicción federal, sin que por ninguna causa pueda prorrogarse o renunciarse esa jurisdicción en materia penal
“En el caso Trevi, el juez sabía, porque estaba viendo la averiguación, que los delitos se cometieron en territorio extranjero, concretamente en España, Argentina y Brasil, y sólo con mala fe o con dolo procesal podía decidir sostener su competencia Debió pues remitir el expediente a un juez federal, para que sea éste el que dicte la orden de aprehensión Pero además no a cualquier juez federal, sino a uno del Distrito Federal, según lo dispone el Código Federal de Procedimientos Penales”
Pero el juez Talamantes dictó la orden de aprehensión “Luego le dice al procurador de Chihuahua que le pida a la PGR que los aprehendan en el extranjero y los traigan de regreso En ese momento, el procurador de Chihuahua es competente para dirigirse al procurador general de la República y decirle que solicite, vía Relaciones Exteriores, la aprehensión y extradición”
Sin embargo, señala Fentanes, “el procurador (Jorge Madrazo) no se tomó la molestia de cumplir los deberes que la ley le impone en estos casos En primer lugar, la Ley de Extradición Internacional de México ordena que sólo darán lugar a la extradición los delitos previstos en el Código Federal”
Luego, “el procurador debió repasar el tratado bilateral de extradición con Brasil, al menos algunos artículos, como el primero, que dice que la solicitud debe referirse a personas procesadas o condenadas por las autoridades judiciales competentes O el artículo cuarto, que obliga a los funcionarios que solicitan la extradición, como el procurador, a que envíe a Brasil las leyes penales mexicanas relativas ¿Cuáles? Las que demostraban que era competencia del juez de Chihuahua dictar la orden de aprehensión; o la de que los delitos que motivaban la solicitud están previstos en el código federal
“Ni el procurador ni el secretario de Relaciones Exteriores mandaron esas leyes Se concretaron a mandar transcritas las normas del código penal de Chihuahua Por su parte, las autoridades de Brasil tampoco advierten que su propia Constitución federal dice lo mismo que la mexicana y le dan trámite a la extradición Se trata de un torneo de ignorancia supina o de dolo entre las autoridades federales de los dos países, impulsado por la incompetencia, en todos sentidos, de las autoridades de Chihuahua”
Ventaneando a todos
Exaltado, Fentanes comenta que, según el acuerdo bilateral, si 90 días después de que se ejecutó la detención provisional con fines de extradición, México no ha enviado las leyes penales relativas al caso, los reclamados deben quedar en libertad, sin perjuicio de que siga el proceso “Esto no se cumplió Y es un escándalo que el secretario de Relaciones Exteriores no vigile el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero, como lo obliga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”
No obstante -matiza- “hay señales alentadoras de que el canciller Jorge G Castañeda corregirá los errores de su antecesora Rosario Green en este caso”
Se pregunta: “¿Cómo se ha podido llegar tan lejos en el manejo doloso de este caso? ¿Por qué un grupo de funcionarios federales se ha atrevido a violar la Constitución, leyes y códigos y hasta tratados internacionales? Se puede decir que para castigar la probable violación de una joven, violan sistemáticamente a una pobre anciana de 84 años, o sea la Constitución”
Aclara: “No estoy alegando la inculpabilidad o la inocencia de Gloria Trevi o de Sergio Andrade, lo que sostengo es que se les están conculcando sus garantías individuales y sus derechos humanos establecidos en tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos”
-¿Cómo explica esa conducta de las autoridades mexicanas?
-Si no existe una conjura de todo el Estado mexicano, entonces actúan así por el temor a los medios de difusión, especialmente a Televisión Azteca, que ha hecho de todo esto un festín de buitres, por razones personales inconfesables para ellos
Suelta algunos datos de esas “razones inconfesables”:
“Salinas Pliego, el dueño formal de Televisión Azteca, se siente defraudado porque Gloria Trevi y Sergio Andrade incumplieron un contrato de exclusividad, con un cheque de anticipo que al parecer no le devolvieron y que procedía de una cuenta de un banco ubicado en un paraíso fiscal A su vez, la conductora Paty Chapoy respira por la herida porque Sergio Andrade la dejó por otras”
TV Azteca cuenta con otros aliados internos en su pugna contra Trevi-Andrade, en particular el vicepresidente de noticias Tristán Canales, subsecretario de Gobernación de 1993 a 1994, con fama de operador electoral del viejo PRI Casualmente, el acoso contra la Trevi detona en Chihuahua bajo la batuta del subprocurador Guillermo Márquez, excolaborador de Canales en Gobernación y en operativos electorales
El procurador chihuahuense González Razcón, por su parte, “es un fanático religioso que va a misa todos los días y se horroriza que sus hijas, que son de la edad de Karina, pudieran encontrarse un Sergio Andrade Se juntan su interés y el de Márquez y, más tarde, se valen de Talamantes, un juez con pésima reputación, su conducta es materia de escándalo en Chihuahua”
Además, señala Fentanes, las autoridades de Chihuahua permiten que en las averiguaciones participe un apoderado, Héctor Perea, “cuando la ley prohíbe esa participación en los casos de delitos en agravios de personas físicas”
Por cierto, “Perea es socio en Chihuahua de Enrique Fuentes Ladrón de Guevara, abogado de Aline Hernández, que fracasó en el Distrito Federal en su querella contra Trevi-Andrade Pero, más tarde, Fuentes consigue el apoyo de Juan Miguel Ponce Edmonson, entonces director de la Interpol México, un auténtico bandido que quiso extorsionar a Gloria y a Sergio Él es quien los ubica en Brasil y los entrega a la policía federal de ese país, en un arreglo que se está investigando por haber permitido que Ponce trajera a México a Katia de la Cuesta y la liberara”
No hay cambio
Lo que más debe alarmar a la sociedad, dice el abogado, es que “estamos haciendo una regresión histórica, estamos dando pasos hacia atrás con una administración de justicia mediática, lo que puede ser el reflejo de un estilo presidencial de hacer política pero que evoca, sobre todo, al circo romano, cuando con un simple movimiento de dedo se decidía el destino de alguien Ahora se manipula la justicia con un micrófono y una cámara, es la justicia videns”
En tanto no cambien las cosas en materia de justicia, “no se puede hablar de un gobierno del cambio, estaremos simplemente ante un cambio de gobierno El gobierno de Fox aún no actúa como gobierno del cambio ni en el campo de la administración de justicia ni en otros, en muchos niveles siguen incluso los mismos personeros del pasado y siguen sin castigarse sus delitos y sin enmendarse sus errores u omisiones”
Aun así, Fentanes dice en el prólogo de su análisis del expediente Trevi que le ha informado al presidente Fox sobre la ilegalidad de todos los actos de autoridades administrativas y judiciales que han intervenido en este caso, “con la esperanza de que no tengamos necesidad de ventilarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”
El escrito -con 28 anexos, que suman cientos de cuartillas- también fue remitido al secretario de Gobernación y al de Relaciones Exteriores, al procurador general de la República y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Pero la papa caliente está sobre todo en manos del canciller Jorge G Castañeda y del secretario de Gobernación, Santiago Creel Del primero, “porque tiene la obligación de vigilar que México cumpla con sus tratados internacionales”
Y de Creel, “porque tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por todas las autoridades del país; sean quienes sean, les puede decir, ey, ya parénle, están violando la Constitución, dicten la medida necesaria para cancelar el acto violatorio”
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