El etnocidio secular en Chiapas alcanza las dimensiones de las masacres centroamericanas
1,500 indígenas asesinados durante el gobierno de Ruiz Ferro; siete grupos paramilitares actúan como escuadrones de la muerte
Guillermo Correa
“Que ya se acabe el exterminio” De la matanza de Wolonchán (junio de 1980) a la de Chenalhó (diciembre de 1997) éste ha sido el reclamo constante en la historia reciente de Chiapas, cuya violencia va en ascenso desde el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez, sólo que ahora la política etnocida alcanza tal saña que cada vez se asemeja más a los peores tiempos en Centroamérica
Desde que Julio César Ruiz Ferro asumió el poder, el 14 de febrero de 1995, más de 1,500 indígenas chiapanecos han sido asesinados, lo que según organizaciones de derechos humanos no gubernamentales y el diputado federal Gilberto López y Rivas se traduce en un promedio de por lo menos 15 víctimas a la semana, saldo de la guerra llamada de “baja intensidad”
En la contrainsurgencia iniciada hace cuatro años, luego de que el primero de enero de 1994 se diera a conocer el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se han dado secuestros de pueblos enteros, crímenes de toda índole, una guerra civil con enfrentamientos de perredistas con priístas y, sobre todo, impunidad
Oficialmente, en las zonas norte y Altos de Chiapas se han registrado más de 800 asesinatos (la guerra zapatista dejó un saldo de 152 muertos en 12 días), debido a que guardias blancas y grupos paramilitares, con la complacencia del gobierno local y federal, y principalmente del Ejército Mexicano que controla la zona, llevan a cabo un exterminio de los pueblos indígenas que luchan por el reconocimiento constitucional de sus derechos, con la negativa, hasta ahora, del presidente Ernesto Zedillo a legislar sobre los mismos, acusa el diputado López y Rivas
En esta ocasión, dos días antes de la Navidad, 46 indios, principalmente mujeres y niños, cayeron muertos por las balas expansivas que, por la espalda y mientras rezaban, les fueron disparadas por miembros del grupo paramilitar “Máscara Roja”, ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusa el subcomandante Marcos
Pocos días antes, el 4 de noviembre, el grupo “Paz y Justicia” le había tendido una emboscada a los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera López en las inmediaciones de Tila, lugar distante a Chenalhó
“A pesar de que se nombró a un fiscal especial para aclarar el caso, los investigados hemos sido nosotros, las víctimas de la emboscada”, denuncia el sacerdote Heriberto Cruz Vera, párroco de ese lugar, quien de esta forma muestra su desesperanza para creer que los “mataindios” vayan a ser castigados como prometen las autoridades
“Lo mismo que dicen ahora de que castigarán a los culpables de la matanza de Chenalhó, lo dijeron cuando sufrimos la agresión de Paz y Justicia, y, sin embargo, no hicieron nada, por eso yo ya no les creo”, dijo el religioso al reportero Rodrigo Vera, a quien denunció también el cierre de catorce ermitas católicas provocado por el grupo paramilitar
De acuerdo con el párroco de Tila, mientras no hay un solo preso de Paz y Justicia en el penal de Cerro Hueco, en cambio se encuentran arrestados 23 indígenas de la región, donde se pasea sin miedo alguno el diputado local Samuel Sánchez Sánchez, uno de los jefes del grupo armado
El jesuita Ricardo Robles Ayarzún dijo a su vez al corresponsal en Chihuahua, Alejandro Gutiérrez, que en una reunión privada celebrada en la casa del alcalde de Bachajón, Chiapas, Manuel Gómez Moreno, el gobernador César Ruiz Ferro salió a la defensa de los Chinchulines, otro grupo paramilitar, porque “ellos han puesto todos sus muertos”
Como testigos estaban el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas, y los invitados, los jesuitas Carlos Camarena, Oscar Rodríguez (ambos de Bachajón y Chilón) y Javier Ramírez Masa, del Comité de Derechos Indígenas
Extrañados, los religiosos y el activista escucharon como Ruiz Ferro decía que el mayor número de bajas en las situaciones de “choques” entre la población de esa zona chiapaneca provenía del grupo de los Chinchulines, porque 23 de ellos estaban en la prisión de Cerro Hueco y cuatro más habían muerto
Esta versión del jesuita fue confirmada por uno de los presentes en la reunión celebrada en junio pasado Quien solicitó reservar su nombre, “para no provocar más división” Señaló que “lo que más llamó la atención de los presentes fue la actitud del gobernador, siempre en defensa de los Chinchulines”, grupo de guardias blancas chiapanecos que han sido relacionados con asesinatos de indígenas, incendios de casas, secuestros y agresiones a religiosos
Amplio conocedor de la realidad indígena en México, exasesor del EZLN durante los diálogos de San Andrés y actual miembro del Congreso Nacional Indígena, el padre Ricardo Robles Oyarzún denuncia que “(el gobernador) Ruiz Ferro ha repetido ese argumento a varios grupos pequeños y en privado Siempre ha salido en defensa de los grupos más violentos como son los Chinchulines y los de Paz y Justicia, responsables del actual genocidio en Chiapas”
Considera que la actitud del mandatario estatal y la ingobernabilidad en que se encuentra sumida Chiapas, sobre todo a raíz de la masacre en la comunidad de refugiados de Acteal, no dejan otro camino mas que exigir la declaración de desaparición de poderes”
Triste e indignado por la masacre de 46 zotziles en Acteal, Chenalhó, Robles puntualiza: “Es de muy poca madre que en su afán por darle en la torre al EZLN con la guerra de baja intensidad que se puso en marcha desde el levantamiento armado, el gobierno de la República, su Ejército y el gobierno estatal hayan degradado las relaciones sociales en las comunidades chiapanecas, hasta llevarlas a un genocidio planeado y regulado”
Y, en su opinión, no ha habido choques más generalizados entre los pobladores de esas comunidades, “no por la intervención del Ejército, ni por Zedillo ni por el gobierno del Estado, sino por la presencia del EZLN”
Fundamenta: “El Ejército Zapatista es el único elemento de control o la garantía de orden ahorita en Chiapas, porque, por un lado, no ha respondido a las agresiones y provocaciones, y por el otro lado, mantiene bajo control las armas en las comunidades, entonces ha procurado que no haya venganzas”
Robles Oyarzún fue entrevistado vía telefónica, debido a que Sisoguichi y otras 200 comunidades de la Sierra Tarahumara se encuentran incomunicadas por las nevadas Sostiene: “Ya ni el presidente ni Chuayffet ni Ruiz Ferro pueden engañar a nadie Es ridículo que los miles de militares que tienen estacionados en Chiapas no se hayan percatado de la presencia de estos escuadrones de la muerte Ni los tocan y les permiten actuar en la impunidad”
Recuerda que durante la visita que este año hicieron representantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, documentaron “más de 80 denuncias de la actuación de estos grupos de exguardias blancas, que hoy se han convertido en escuadrones de la muerte, precisamente en esa región de Chiapas, la más vulnerable por no haberse levantado en armas”
Apunta: “Son grupos de exguardias blancas, identificados con el priísmo, que luchan con fines políticos e ideológicos para acabar con el zapatismo y preservar al PRI, a los grupos de poder, y han cometido no menos de 150 crímenes que están impunes Son financiados por diputados y el gobierno del estado, entrenados por ellos mismos y solapados por el Ejército estacionado en Chiapas”, sostiene
Robles, quien en varias declaraciones periodísticas durante el año advirtió sobre el peligro que representan estos grupos, sostiene que “estos escuadrones armados actuaron en muchas ocasiones en los días previos de los diálogos de San Andrés”
El jesuita de 60 años afirma que la acción de Paz y Justicia y de los Chinchulines es parte de una campaña planeada por el gobierno, que empezó con la entrega de beneficios selectivos, en contraponer a las comunidades, incrustar esquiroles en los movimientos y en las comunidades, y al provocar los choques entre pueblos vecinos Eso ha hecho de Chiapas un estado en constante choque, donde las relaciones sociales se encuentran degradadas a su punto máximo
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Los grupos paramilitares surgieron y se multiplicaron en Chiapas, a raíz de que el subcomandante Marcos informara, a principios de 1995, que el EZLN tenía presencia en por lo menos 19 municipios de la entidad
Primero aparecieron en los ayuntamientos de Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Tumbalá, donde fue patente la derrota del PRI en las últimas elecciones locales de hace dos años Luego brincaron a los municipios de Los Altos, entre ellos Pantelhó, reconociéndose hasta la fecha a ocho grupos violentos, la mayoría de filiación priísta
Para el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, su actuación es semejante a la de los “Escuadrones de la Muerte” que operaron en Centroamérica en la década pasada, y tiene como finalidad defender el territorio político perdido electoralmente por el PRI
Aparte de Paz y Justicia, los otros grupos paramilitares son: “Alianza Fray Bartolomé de los Llanos”, los Chinchulines, Movimiento Insurgente Revolucionario Antizapatista (MIRA), “Máscara Roja”, “Los Degolladores”, “Fuerzas Armadas del Pueblo” y “Tomás Munzer”
En opinión del diputado López y Rivas, miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), la forma en que el gobernador “irresponsablemente” ha dejado crecer el fenómeno de los paramilitares sin hacer absolutamente nada al respecto y la permanente negación por parte del mismo Ruiz Ferro de realizar investigaciones sobre la composición, características y apoyos de estos grupos, “nos llevan a una demanda permanente de muchos sectores de la sociedad, chiapaneca y nacional, por la desaparición de poderes”
A la Cocopa, dice, llegan constantemente documentos donde se narran los hechos más sobresalientes a nivel de comunidades “Tenemos cerca de una docena en los que se expresa con toda claridad la acción de los grupos paramilitares, que ha sido lo que más ha causado víctimas en Chiapas, de acuerdo a los informes recibidos
“El fenómeno de los paramilitares es muy grave, porque se da una coadyuvancia entre lo que podría ser la acción del Ejército, como un medio de disuasión directo por su sola presencia, y la acción de los otros, que hacen lo que los soldados y policías no pueden hacer
“Para mí hay una absoluta complementaridad entre la presencia del Ejército Mexicano —a través de patrullajes, ocupación de nuevos campamentos, construcción de más retenes y, en general, toda una estrategia militar—, y la acción de la policía local y los paramilitares
“Es una trilogía de represión, control y vigilancia, que tiene por objeto atacar a la sociedad civil y acabar con el enemigo zapatista, sus comunidades de apoyo y base del EZLN Si tomamos en cuenta estos elementos, más la presión que se hace por parte de la Secretaría de Gobernación contra los extranjeros que han estado dándole seguimiento al problema de Chiapas, tenemos entonces un cuadro más integral y global de lo que es una guerra de contrainsurgencia, de baja intensidad en la región”
El diputado perredista y exdirector de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) afirma que en la Cocopa, creada al comienzo de 1995 para coadyuvar a la paz en Chiapas, se recibió un comunicado del gobierno chiapaneco sobre la zona norte que es “verdaderamente de antología”, en donde “justifica absolutamente la acción de las fuerzas paramilitares, en concreto del grupo Paz y Justicia del PRI, a los que presentan en lugar de verdugos como víctimas”
Andrés Aubry y Angélica Inda, investigadores del Instituto de Asesoría Antropológica para la Región Maya (Inaremac), cuentan que el antecedente de los paramilitares son los pistoleros o guardias blancas, con la diferencia de que los primeros no son agentes externos a las comunidades, actúan relacionados con las fuerzas del orden e intervienen con armas propias de ellas
En su análisis titulado ¿Quiénes son los “paramilitares”? concluyen que “estos criminales son producto del sistema y de sus opciones económicas, agrarias y laborales”
Cuentan que “después del golpe del 9 de febrero de 1995 —cuando Ernesto Zedillo ordena la aprehensión de los presuntos jefes del EZLN—, una de las tácticas militares denunciadas por las Misiones de Observación era la destrucción de instalaciones productivas, de las cosechas y hasta de aperos de cultivo para quitar porvenir a los disidentes” La táctica paramilitar “es la misma”
Y sus mentores, “ya sea en sus campamentos y en sus patrullajes, tienen una conducta muy parecida a la de los kaibiles de Guatemala —soldados “rambos” centroamericanos— En ellos, por los retenes en los que se les encuentra, el efecto de la droga es notorio; el discurso que manejan y sus modales traicionan el parentesco fascista que heredaron de su formación”
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El 29 de noviembre de 1976, el doctor Rodolfo Stavenhagen, actual presidente de la Comisión de Seguimiento y Verificaciones para los Acuerdos de Paz de San Andrés Larráinzar —que nunca ha funcionado por el incumplimiento del gobierno a lo pactado—, señaló “el genocidio” que desde entonces se padecía en Chiapas
Denunciaba: “Elementos del Ejército desalojaron violentamente a centenares de familias indígenas; incendiaron y destruyeron casi 300 chozas; pillaron y robaron las pocas pertenencias de los indios; destruyeron una escuela con su material escolar; amenazaron y vejaron a mujeres y niños; golpearon a quienes oponían resistencia; secuestraron a varios campesinos, y dejaron abandonadas a su suerte, totalmente desamparadas y a la interperie, a las víctimas”
Cuatro años después, el 15 de junio de 1980, la sociedad se estremeció —igual que ahora con la masacre de los indios de Chenalhó— al enterarse de que el gobernador Juan Sabines Gutiérrez había ordenado el desalojo violento de por lo menos 1,000 indígenas, que en el poblado de Wolonchán tenían invadidos unos ranchos propiedad del cacique Gustavo Flores
En ese operativo, encabezado por el general Absalón Castellanos Domínguez, posteriormente gobernador de la entidad, “murieron muchos” y “el pueblo casi desapareció”, según testimonios de los sobrevivientes, quienes describieron que “las mujeres y los niños, heridos, eran devorados por los perros No nos queremos ni acordar Pero eso sí —enfatizaron—, fueron los militares”
Como hoy, el PRI fue acusado entonces por los indios de “querer acabarnos sólo porque luchamos por un pedazo de tierra” y, de manera casi exacta a como sucede actualmente, los dirigentes de casi 200,000 indígenas acusaron al partido del gobierno de ser “cómplice” de los terratenientes quienes los explotan en sus fincas, con salarios inferiores a los 15 pesos diarios, jornadas mayores a las 16:00 horas, tiendas de raya, cárceles clandestinas y con deudas que los obligan a trabajar de por vida, para pagar
Al año siguiente a la matanza de Wolonchán (5 de marzo de 1981), la dolorosa realidad cotidiana de Chiapas registró un desalojo más en el ejido 15 de Septiembre, municipio de Ciudad Hidalgo, en el que 10 campesinos resultaron muertos, 35 heridos y tres desaparecidos Alrededor de las 16:00 horas, “las fuerzas represivas llegaron acompañadas por los latifundistas Mario Gaxiola e Hilario, entre otros, actuando por petición expresa de la promotoría de la Reforma Agraria en Chiapas”
La barbarie e impunidad que se vive en Chiapas se refleja aún con la práctica de que, en algunos lugares del estado, los indios que se rebelan a trabajar con los finqueros son castigados colgándolos de los dedos pulgares hasta que mueren, de acuerdo con denuncias
Pero eso es casi nada Extraviado el rumbo y sin brújula para recuperarlo, Chiapas siempre ha bandeado entre la miseria porfiriana y el modernismo
Considerada “el mayor tanque petrolero”, el “refrigerador reserva” de alimentos del país y el “gran abastecedor” de energía por sus presas hidroeléctricas, el estado sureño es también campeón en despojos, represión, presos políticos y abusos de las dependencias del gobierno
La realidad que antecedió a 1910 no ha cambiado en algunas partes de la entidad Por ejemplo, a principios de mayo de 1995, miembros de la Unión Campesina Popular Francisco Villa (UCPFV) fueron desalojados de las fincas “Liquidámbar”, “Prusia”, “Las Chicharras” y “Sayula”, ubicadas en la Sierra Madre de Chiapas y propiedad de alemanes y de la familia Orantes Balbuena, ligada, según los villistas, a los grupos de poder estatal y al narcotráfico
Nueve meses antes, los indios villistas se habían apoderado de ellas porque miles de peones eran obligados a trabajar largas jornadas, se les pagaba con moneda sin valor y tenían que adquirir productos en la tienda de raya del matrimonio Hudler-Schimpf Se les mantenía en galeras con únicamente frijoles y tortillas de comida y se les castigaba en prisiones levantadas en la misma propiedad
Temerosos de la represión, los indígenas huyen desde hace varios años a las ciudades chiapanecas para engrosar los cinturones de miseria, contratarse de peones o sirvientes y prácticamente vivir de la explotación y la limosna
No tienen de otra, ya que cada vez ha sido peor su situación Prueba de ello es que a principios de agosto de 1985, el gobierno del general Absalón Castellanos Domínguez fue enjuiciado por un tribunal campesino que, con base en testimonios y denuncias, lo acusó de encabezar una política etnocida contra más de 800,000 indígenas chiapanecos
Escritores, investigadores, políticos de la oposición, miembros del magisterio y de organizaciones obrero-campesinas, constituidos en “gran jurado”, resolvieron exigir justicia y castigo a los responsables de los asesinatos y encarcelamientos ilegales que se repiten en la entidad
De poco sirvió, pues de acuerdo con una denuncia de Amnistía Internacional, el 12 de mayo de 1986, siete campesinos fueron asesinados por elementos de Seguridad Pública, otros cinco quedaron detenidos y en dos años más 300 habían desaparecido La Secretaría de Gobernación calificó entonces de “falsas” las denuncias sobre la violación de los derechos humanos y negó que existiera represión en el sureste del país
Pero los hechos desmintieron de inmediato a la dependencia, ya que ese mismo día productores de maíz de la Frailesca, que para demandar mejor precio de garantía habían bloqueado la carretera internacional que comunica a Chiapas con el centro de la República, fueron retirados por 2,500 soldados, 260 judiciales y 800 policías de Seguridad Pública En esta ocasión se detuvo a comisariados ejidales y maestros, al exdiputado de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Germán Jiménez Gómez; al dirigente del magisterio, Jacobo Nasar Morales, y al periodista Jorge Enrique Hernández Aguilar
Curiosamente, Nasar Morales pasó sólo dos años en la cárcel y es actualmente diputado federal por el PRI y cabeza mayor de Solidaridad Campesina Magisterial (Socama), acusada de ser el semillero de los grupos paramilitares; en tanto que Hernández Aguilar fue hasta hace poco el procurador de Justicia de Chiapas, acusado por decenas de organizaciones de ser, junto con el gobernador Julio César Ruiz Ferro, uno de los más “feroces exterminadores de los indios” El mismo Hernández Aguilar reconoció, en abril de 1995, que durante los primeros 15 meses posteriores al surgimiento del EZLN, 623 campesinos habían sido asesinados en la entidad
Las matanzas provocaron que en octubre de 1983 se realizara una marcha de protesta hasta el Palacio Nacional, donde los tzeltales entregaron una carta al entonces presidente Miguel de la Madrid, en la cual denunciaban que “el baño de sangre no ha concluido y el dios de la guerra en el estado de Chiapas no ha cesado de hostilizar a todos los indios, y así, no es ajeno a la persecución de los indígenas de Bachajón, a quienes se les ha dividido, y el gobernador, junto con la CNC (Confederación Nacional Campesina) ha ordenado a la policía la captura de los más distinguidos dirigentes que pugnan por una organización independiente y a los que absurdamente se les acusa de asesinato”
Desde entonces se hablaba ya de la guerrilla en la entidad, como el instrumento de “legítima defensa” contra el etnocidio indígena
Calificado durante el mandato del general Absalón Castellanos Domínguez como el estado más represivo de la República, los chiapanecos recibieron a Carlos Salinas de Gortari, en su campaña de candidato presidencial del PRI, con el siguiente mensaje: “Conozca Chiapas y disfrute su represión”
Cronología de un etnocidio reciente se tituló el estudio que entonces elaboró la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el cual resaltaba más de 500 hechos sangrientos ocurridos en el sexenio de Absalón y el asesinato de más de un centenar de inconformes con el gobierno del militar, lo que daba dos homicidios por motivos políticos al mes, y el hecho de que las cárceles chiapanecas se encontraran llenas de indígenas, de líderes campesinos y magisteriales, acusados de falsos delitos
Pero el récord pronto lo rompió el nuevo gobernador Patrocinio González Garrido quien, a manera de ejemplo, el 12 de julio de 1991 ordenó que alrededor de 340 personas, entre hombres, mujeres y niños, que marchaban desde la Selva Lacandona hasta la capital del país para protestar por un saqueo, fueran reprimidas y encarceladas
De pronto —se dijo en las denuncias enviadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Presidencia de la República—, se encontraron con 700 policías que comenzaron a dispararles gases lacrimógenos “A las mujeres les desgarraron sus ropas, algunas desnudadas y agredidas físicamente, hechas objeto de burlas y desmanes Durante el operativo dos niños desaparecieron Ocho más, junto con 18 mujeres fueron separados del resto de los campesinos y conducidos al patio de la comandancia policial de Palenque
“Los detenidos fueron llevados a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez —a ocho horas de camino— Brutalmente golpeados, durante el traslado —acusó el obispo Samuel Ruiz— también fueron víctimas de robo Su único alimento fue una torta y un refresco Incomunicados se les interrogó ampliamente, uno por uno, por agentes del Ministerio Público Ningún abogado intervino en su favor Fueron fichados como delincuentes comunes y obligados a firmar documentos sin conocer su contenido
“El 14 de julio, el ejido Nuevo Chihuahua fue rodeado por elementos del Ejército armados con metralletas, al mando de un general que llegó a negociar con los campesinos en nombre del presidente de la República y firmó un convenio, en el que éstos se comprometieron a liberar a unos rehenes por el decomiso de madera, bajo la promesa militar de hacer lo mismo con los ejidatarios El 15 de julio, los 303 presos recobraron su libertad”
Un año después, en marzo de 1992, los indios chiapanecos realizaron una nueva “marcha —Xi Nich— por la paz y los derechos humanos de los pueblos indígenas” porque, señalaron, el gobernador Patrocinio González Garrido “conmemora los 500 años de la conquista con detenciones masivas; torturas; despojos; discriminación racial, social y política; asesinatos; aprehensiones ilegales, y reformas a la legislación estatal con las que se anulan las garantías constitucionales de asociación y de reunión”
El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” dio cuenta por esas fechas de que “a diario en la entidad hay asesinatos, heridos y lesionados, detenidos y presos, intentos de secuestro, secuestrados y torturados, desaparecidos, atentados, expulsión de familias, intentos de violación y violaciones de mujeres, desalojos, allanamientos de morada, saqueos de oficinas y archivos, acordonamientos policiacos, amenazas de muerte, robo de documentación agraria, represión de marchas y mítines, intimidación, destrucción de viviendas, iglesias y escuelas”
Sólo que lejos de castigar “al mal gobierno” de Patrocinio González Garrido, su primo político, el presidente Carlos Salinas de Gortari, lo premió con la Secretaría de Gobernación desde donde siguió imponiendo su voluntad a través de su incondicional y sustituto, Elmar Setzer Marseillé
Y aún faltaba lo peor
El 31 de mayo de 1993, la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) se vio obligada a reconocer que: “Un grupo de individuos, en número indeterminado, que presumiblemente realizaba actividades ilegales”, atacó en dos ocasiones a personal militar destacamentado en la entidad
Se trataba de los llamados combates de Ocosingo, anuncio de la violencia mayor en la que hoy se encuentra envuelto el estado y en los que, por primera vez, el saldo fue desfavorable a los tradicionales agresores de los indios, pues en la agresión resultó muerto un subteniente y un elemento de tropa; heridos, además, un sargento y un cabo
Días antes, el 20 de marzo, más de 400 soldados habían sitiado por más de una semana a la comunidad tzotzil de San Isidro El Ocotal, amenazaron de muerte a las 46 familias del lugar y detuvieron y torturaron a por lo menos trece campesinos a quienes acusaron de haber asesinado a dos militares cuyos cadáveres fueron encontrados totalmente calcinados
El caso provocó una fuerte disputa entre el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, que fundó el obispo Samuel Ruiz, y la VII Región Militar que se encontraba a cargo del general Miguel Angel Godínez Bravo, exjefe del Estado Mayor Presidencial con José López Portillo
Para entonces, el odio y el rencor entre los indígenas —divididos por el propio gobierno— iba en aumento, y tan sólo 30,000 chamulas habían sido expulsados por los caciques de su comunidad, debido a que su religión evangélica los llevó a enfrentarse con los indios católicos de la región
La guerra a muerte entre los expulsados y los religiosos priístas ha provocado que los indígenas se exterminen entre sí, al grado de que los primeros son apedreados en la plaza principal de San Juan Chamula, sus pertenencias robadas y sus casas incendiadas
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Bajo esta realidad es que hizo su aparición el EZLN en enero de 1994, cuando de manera sorpresiva se apoderó de varios municipios —San Cristóbal de Las Casas, Altamirano, Morelia, Chanal, Huixtán, Las Margaritas y Ocosingo; secuestró al general Absalón Castellanos Domínguez y en 12 días de guerra contra el Ejército Mexicano el saldo superaba las 150 muertes y la aprehensión de cientos de indígenas
En las batallas contra los indios, el Ejército Mexicano recurrió incluso al lanzamiento, desde aviones, de bombas contra poblaciones indefensas Los tanques y camiones con metralletas listas a entrar en acción en cualquier momento siguen siendo hasta la fecha parte del escenario chiapaneco
Y los excesos también El caso del ejido Morelia ha tenido resonancia internacional, ya que el 7 de enero de 1994, cientos de elementos del 78 Batallón de Infantería tomaron el poblado y detuvieron a más de 30 indígenas —entre ellos Sebastián Santis López y Severiano y Hermelindo Santis Gómez— cuyos cadáveres fueron encontrados después
El caso no es el único De acuerdo con Amnistía Internacional y Human Rights Watch-Américas, existen “al menos 22 asesinatos extrajudiciales cometidos por los militares” que no han sido esclarecidos y menos aún castigados Las autoridades militares reconocieron únicamente la ejecución de 11 civiles asesinados en el hospital de Ocosingo, con la aclaración de que quien mató a ocho de ellos, el subteniente Arturo Jiménez Morales, “se suicidó”
Sin embargo, entre los casos que más conmovieron figuran el de cinco personas que presuntamente fueron ejecutadas en el mercado de Ocosingo; el de los 14 muertos en el microbús 386-HC2, cuyos cuerpos, se asegura, tenían el tiro de gracia; el de pobladores que perdieron la vida el 4 de enero cuando se transportaban en un vehículo tipo combi; el fuego aéreo en las localidades de la periferia de San Cristóbal y el asunto de 11 cadáveres localizados en el panteón municipal de Ocosingo, en una fosa común
Las negociaciones de paz entre el gobierno federal y el EZLN no impidieron que la violencia decayera Al contrario, cada fase del diálogo suspendido desde hace más de año y medio fue antecedida de algún acto de represión
Como acciones destacadas, resume el diputado Gilberto López y Rivas, se encuentra el cerco militar implantado desde que cesaron los combates, con la finalidad de matar de hambre a los indígenas zapatistas quienes por miles han huido a las montañas abandonando sus precarias pertenencias
Y ahora los paramilitares entre cuyos jefes el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” identifica al exdiputado federal del PRI, Alí Cancino Herrera; a Marcos Albino Torres, primer regidor de Tila; a Juan Martínez Pérez, expresidente municipal del mismo Ayuntamiento; a Dionisio Durón Sordo, exadministrador de la finca Morelia; a Eduardo Gutiérrez Vázquez, subteniente y líder en la zona chol; a Diego Vázquez Pérez, dirigente en Sabanilla; al exdiputado federal priísta Rafael Ceballos Cancino; al actual legislador de esa entidad, Norberto Santis López; al presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, y a las asociaciones de propietarios y ganaderos de la zona norte chiapaneca
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