Para los dos despachos de contadores, la credibilidad electoral estriba en las listas nominales
Mancera y Casas Alastriste declinaron auditar el padrón: por el plazo, sería algo “imposible, inmoral e irresponsable”
Gerardo Albarrán de Alba
Para dos grupos de expertos, acreditar la confiabilidad del padrón electoral implica cuatro obstáculos, algunos insalvables:
—El diseño original de la auditoría externa solicitada por el Instituto Federal Electoral (IFE) “centra los trabajos en los procesos y no en el producto final”, lo que aumentará “significativamente” el riesgo de ser impugnado
—”Es materialmente imposible que pueda concluirse” una auditoría externa a fondo antes de los comicios del 21 de agosto próximo
—No sólo no se acabaría a tiempo sino que el nivel de seguridad pretendido por el IFE para el padrón es de 95%, “cifra que en unas elecciones particularmente competidas, como creemos que van a ser las del 21 de agosto de 1994, resulta en parámetros que dan lugar a resultados o márgenes que se prestan a fácil discusión”
—”No vemos fácil que exista empresa alguna en México con las características necesarias para asumir la responsabilidad de este trabajo”
Estos son algunos de los argumentos utilizados por las empresas Mancera, Ernst & Young, SC, y Despacho Roberto Casas Alatriste (filial de Coopers & Lybrand) para negarse a participar en la validación “independiente” del padrón
Agregan que, debido a lo anterior, existe la imposibilidad técnica y profesional de cumplir lo que ellas mismas interpretan que es el “objetivo sustantivo” de la auditoría: que “la sociedad civil” crea en el padrón comicial y las listas nominales de votantes, “que constituirán los elementos fundamentales para asegurar la transparencia de las próximas elecciones”
Versiones de fuentes cercanas al IFE comentaron que ambas firmas tuvieron “fuertes presiones” para que aceptaran participar en la licitación pública nacional LPNIFE06/94, por cuyas bases cada una pagó 5,000 nuevos pesos, pero los argumentos de rechazo no sólo fueron sólidos, sino que incluso obligaron a las autoridades electorales a modificar las bases de la licitación y a posponer hasta el 18 de abril la presentación de ofertas, es decir, más de un mes después de la fecha original, que era el 10 de marzo
Mancera, Ernst & Young advirtió el 11 de marzo al secretario de Gobernación y presidente del Consejo General del IFE, Jorge Carpizo, que debido a “la complejidad de las tareas que tendrán que desarrollar expertos en distintas disciplinas, con el alcance previsto, y considerando que las pruebas pudieran ampliarse para asegurar los niveles de confiabilidad deseados, podría no concluirse con los trabajos de verificación en el tiempo previsto”
Casas Alatriste acepta que la auditoría planteada en las bases del IFE es viable “Lo que la convierte en prácticamente imposible de llevar a cabo, a nuestro juicio, son los tiempos disponibles”, sostiene
En un programa de flujos elaborado por este despacho, se aprecia la calendarización de la auditoría externa, desde la elaboración de la propuesta de servicios hasta la entrega de informes El tiempo transcurrido sería de 294 días hábiles Si hubiesen empezado en la segunda semana de marzo de este año, la auditoría externa habría sido terminada a fines de marzo de 1995
Consecuentemente, el 10 de marzo, Casas Alatriste comunicó a Carpizo las “circunstancias técnicas” para no participar en la auditoría externa del padrón electoral, las cuales calificó ella misma de “limitaciones muy serias, definitivas, para poder cumplir profesionalmente y en tiempo la responsabilidad asumida”
Siete días después, en otro documento, las detalló:
“Es materialmente imposible que se pueda concluir a satisfacción el trabajo de auditoría para estar en condiciones de fundamentar una opinión profesional el 11 de mayo de 1994” (fecha original que deberían haberse terminado los trabajos), por lo que considera “irresponsable aceptar el compromiso” de fungir como integrante de una auditoría que no es posible terminar a tiempo, “con la agravante de que la sola aceptación crea expectativas que, al no cumplirse, seguramente tendrán un efecto negativo mayor en la percepción y juicio de los interesados en este trascendental proceso”
Incluso, llega al extremo de descalificar “ética y técnicamente” que se entregue a una firma de contadores públicos “la responsabilidad de fungir como persona moral integradora para llevar a cabo este trabajo”, porque dado “lo complejo, plural y especializado de los servicios que se licitan” para la auditoría externa, es necesario usar profesionales de distintas disciplinas en quienes recaería la mayor parte del trabajo Así, “el peso específico” de la participación del contador público es “de escasa importancia relativa”
Es más, Casas Alatriste sostiene que “no vemos fácil que exista empresa alguna en México con las características necesarias para asumir la responsabilidad de este trabajo”, y propone que se designe al Consejo Técnico del IFE como el encargado de seleccionar y contratar a una serie de empresas o instituciones, “de acuerdo con las especialidades y disciplinas de cada una de ellas”, que se harían cargo de auditar áreas específicas El propio Consejo Técnico se dedicaría a reunir la información y evaluar “la integridad, autenticidad, confiabilidad y validez de los productos sujetos a revisión”
De cualquier forma, aparte de que no se acabaría a tiempo, el nivel de seguridad pretendido por el IFE para el padrón electoral, de 95%, es una “cifra que en unas elecciones particularmente competidas, como creemos que van a ser las del 21 de agosto de 1994, resulta en parámetros que dan lugar a resultados o márgenes que se prestan a fácil discusión”
En lugar de esto, Casas Alatriste propone “una muestra nacional, no una lectura por distritos y en todo el país, la cual se puede manejar con un margen de seguridad de 99% y un grado de precisión de 1% con tan sólo 16,000 entrevistas, aproximadamente”
Remarcando el asunto de fondo, Casas Alatriste dice de su propia propuesta que, “si se encarga a un conjunto colegiado de profesionales en encuestas de prestigio intachable, pudiera tener efectos indudablemente mejores en la credibilidad de la sociedad civil”
CONTRA LOS INTERESES NACIONALES
Mancera, Ernst & Young descalificó, de entrada, las bases originales de la licitación para la auditoría externa al padrón electoral para las elecciones federales del 21 de agosto de 1994, y advirtió que, de insistir en realizarla en esos términos, “será contrario a los intereses nacionales, pues no sería comprendido su producto final”; es decir, las listas nominales que se utilizarán en las casillas el día de los comicios en todo el país
A pesar de estar inhabilitada para concursar, debido a que uno de los socios de la firma “es diputado federal y forma parte del Comité Ejecutivo Nacional de un partido político”, y no obstante su actuación en la integración del padrón de 1991, “que es el que ha servido de base para el de 1994”, la empresa advierte que debido a “la complejidad de las tareas que tendrán que desarrollar expertos en distintas disciplinas, con el alcance previsto, y considerando que las pruebas pudieran ampliarse para asegurar los niveles de confiabilidad deseados, podría no concluirse con los trabajos de verificación en el tiempo previsto”
Las bases de la licitación pública original emitida por el IFE, insiste, “centra los trabajos en los procesos y no en el producto final, es costoso y aumenta significativamente los riesgos implícitos”, y de plano propone que se cancele el concurso y que se desarrolle otro esquema que “probará () los propósitos de credibilidad que se persiguen”
Y advierte:
“Insistir en la realización de una evaluación del padrón conforme a las bases actuales será contrario a los intereses nacionales, pues no sería comprendido su producto final, el que, por otra parte, no sería alcanzado dentro de los plazos establecidos”, independientemente de que “los cuestionamientos que podrían surgir válidamente de la sociedad civil, así como de facciones interesadas en impugnar la validez del proceso, podrían ser muy frecuentes y tendrían resultados contrarios a los propósitos que se persiguen”
De cualquier forma, considera que “existen alternativas que ofrecen mayor viabilidad para alcanzar la credibilidad deseada en las listas nominales y en la credencialización”
Mancera, Ernst & Young propuso limitar la verificación del padrón solamente a las listas nominales y al proceso de credencialización, “mediante técnicas de muestreo similares a las que contienen los requerimientos actuales”; salvaguardar las listas nominales “antes y después de ser verificadas”, y “hacer públicas las listas nominales, de tal manera que la sociedad civil, por sí misma, sea parte del proceso, incrementando la credibilidad de los resultados”
Esta propuesta, dice, “agilizaría el proceso, incrementando significativamente las posibilidades de que se concluyera con éxito dentro de los plazos previstos”
La firma de contadores justifica sus sugerencias con el hecho de que, según su propia interpretación de las intenciones del IFE, “el objetivo sustantivo de la auditoría () es que la sociedad civil tenga credibilidad” en esos instrumentos, “que constituirán los elementos fundamentales para asegurar la transparencia de las próximas elecciones”
Por tanto, recomienda que los informes que rindan las organizaciones encargadas del muestreo “debieran concretarse a describir en forma sucinta el trabajo realizado y a dar su opinión sumaria con respecto a la confiabilidad de las listas nominales y el proceso de credencialización, conforme a los niveles de confiabilidad previamente establecidos”
Ilustrando con un ejemplo de auditoría financiera a una empresa, Mancera, Ernst & Young subraya que “se causaría un grave perjuicio en el público en general si presentaran lo que nosotros llamamos carta de sugerencias, que incluyen errores, desviaciones, faltas de control, pequeños faltantes, etcétera, que si bien deben corregirse y ser preocupación de los administradores, su publicación sólo llevaría a confundir e intranquilizar al público inversionista, aunque en lo sustantivo no se modifique la situación de las empresas”
Jorge Carpizo hizo caso de la mayor parte de las recomendaciones de Mancera, Ernst & Young y del Despacho Roberto Casas Alatriste El Consejo Técnico del Padrón Electoral, creado apenas el 28 de febrero pasado, modificó las bases de la licitación para flexibilizar los términos originales, cambió la magnitud de las tareas y los servicios contenidos en ellas, sin modificar su espíritu original, pero eliminó aquellos requerimientos que no se relacionaban directamente con las elecciones federales de 1994
Lo anterior consta en el antecedente número cinco del contrato de prestación de servicios para la realización de la auditoría externa al padrón federal electoral, firmado el 29 de abril por el Instituto Federal Electoral y la empresa McKinsey & Company, Inc, la cual a su vez celebró un “convenio de esfuerzo conjunto” con las empresas Salles, Sainz y Compañía, SC, Systemhouse de México, SA de CV, y AC Nielsen Company
Así, estas empresas deberán concluir la auditoría y entregar su reporte final el próximo 30 de junio, cumpliendo, además, con la última recomendación de Mancera, Ernst & Young:
“La confiabilidad del padrón mismo no es trascendental Lo sustantivo es la confiabilidad de las listas nominales y el que éstas, ya verificadas, sean objeto de una debida custodia hasta el momento mismo de la elección”
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