“Se están haciendo bolas”, dice el director de Zeta Entre contradicciones, Ruffo niega haber pactado con el cártel de Tijuana; sólo fueron “insinuaciones”
Gerardo Albarrán de Alba
MEXICALI, BC – El gobernador Ernesto Ruffo cayó en serias contradicciones tras del escándalo desatado en Baja California por un supuesto pacto que hizo con el cártel de Tijuana, que se habría celebrado aun antes de que asumiera el cargo, en 1989, según se desprende de una información publicada hace dos semanas por el semanario local Zeta
Mediante desplegados pagados en casi todos los medios bajacalifornianos, las direcciones de Comunicación Social y de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado avalaron la versión de Zeta (número 1001) sobre un pacto con los capos de la droga en Tijuana, pero al mismo tiempo descalificaron una nota informativa publicada por Proceso (867), basada en la misma información de Zeta, negando cualquier contacto personal del titular del Ejecutivo estatal “con organizaciones de delincuentes”
Con esos desplegados, se descalificó al propio gobernador, pues éste había llamado “meras especulaciones sin ningún fundamento” la versión que publicó el director de Zeta, Jesús Blancornelas, sobre una entrevista sostenida en la Ciudad de México entre el gobernador de Baja California y el entonces procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, hace 18 meses, en la que el hoy embajador de México en Francia le habría advertido que no interviniera en asuntos relacionados con el narcotráfico
En aquella entrevista, Ruffo le habría entregado a Morales Lechuga una lista de narcotraficantes y pruebas de su relación con varias matanzas ocurridas en Tijuana
Según Blancornelas, Morales Lechuga le dijo entonces a Ruffo: “No se meta, gobernador”
Cuestionado por la prensa local, Ruffo aseguró que el ahora exprocurador “nunca dijo eso; lo único que comentó es que esos asuntos no eran de nuestra competencia, por lo que aquello que se ha dicho en ese sentido son también meras especulaciones”
Sin embargo, Blancornelas reiteró a lo largo de la semana pasada todo lo publicado sobre el tema Primero, ante Raúl Reynoso, gerente de la estación radiofónica XEAA, conductor de un programa matutino con teléfono abierto y exjefe de prensa del propio Ruffo, quien lo comentó al aire el pasado jueves; luego, en la edición del pasado viernes de Zeta y, por último, en entrevista telefónica con este reportero
“Nosotros ya no vamos a ampliar más el asunto, porque ya está muy manoseado; se están haciendo bolas Nuestra posición la plasmamos en la edición de hoy Léala y tome de ella lo que quiera Lo que sí le puedo decir es que ratificamos que vamos a ratificar, vamos a sostener todo lo que publicamos, con cada coma, cada punto, cada raya y cada mancha”, dijo
Zeta considera que el desplegado pagado por el gobierno del estado en casi todos los periódicos locales “incluido el mismo Zeta” da valor probatorio a su reportaje original, pues constituye “la confirmación, con hechos, de una declaración oficial del gobierno y un suceso en la entrevista Ruffo-Carpizo, que ratifican absolutamente todo lo publicado por Zeta”, dice la edición del viernes pasado
Aclara que su reportero “no escribió jamás que el gobernador hubiera formalizado un pacto y nunca hizo referencia al cártel de Tijuana, pero Proceso le dio tal interpretación, aunque su información se apegaba a la de Zeta”
Y define la nota publicada por Proceso como “un refrito”
VERSIONES
El 4 de junio, Zeta publicó un reportaje en el que, sin citar fuentes, revela los contactos que tuvieron los capos del narcotráfico en esa ciudad fronteriza con el gobierno de Ernesto Ruffo, aun antes de que éste tomara posesión
El reportaje de Zeta dice textualmente:
“Todavía no había tomado posesión el gobierno de Ernesto Ruffo Appel, cuando la oferta de los barones de la droga llegó por conducto de un agente de la Policía Judicial del Estado (PJE):
“Ofrecían 300,000 dólares sólo por no hacer cambios significativos en el personal de la PJE asignados a la Delegación de La Mesa
“Despachaba como titular del jefe de Grupo de La Mesa, el capitán Fernando Gastélum Lara, quien al no ser ratificado como tal por el gobierno de Ruffo Appel, encontró un refugio y un notable ascenso en La Paz, Baja California Sur, al ser designado por el gobierno de Víctor Manuel Liceaga Ruibal como director de la Policía Judicial del Estado
“Posteriormente, Gastélum fue ratificado por el gobierno de Guillermo Mercado como director de la PJE de Baja California Sur y actualmente desempeña el importante cargo
“Gastélum, sin embargo, no perdió todo contacto en Baja California: Dotó de credencial o charola de agente de la PJE de Baja California Sur a su ahijado Oscar Campillo Valle, y éste posteriormente ingresó a la Judicial de Baja California y actualmente funge como titular del Grupo Contra el Robo de Vehículos
“Rechazada su oferta por el gobierno de Ruffo Appel, en forma amable pero firme, los narcos siguieron sus actividades sabiendo que no tendrían protección en la estratégica área de La Mesa, pero tampoco persecución
“En efecto, el gobierno del estado también de manera indirecta hizo una propuesta: No les perseguirían porque esto correspondía a la Procuraduría General de la República, pero ellos no utilizarían a Baja California como escenario de guerra entre bandas
“Las instrucciones a los agentes de la Policía Judicial del Estado en Tijuana fueron claras y terminantes: No debían meter las manos en asuntos de drogas ni de tráfico de aspirantes a indocumentados
“Si por casualidad se topaban con ellos, en flagrante delito, tenían la obligación de intervenir, pero inmediatamente dar parte a la Policía Judicial Federal
“Posteriormente, con el ajusticiamiento del narcotraficante Rigoberto Campos Salcido y sus guardaespaldas en la `rampa Cetys’, en febrero de 1991, los narcos `se brincaron las trancas’ y comenzaron a ser investigados por la Policía Judicial del Estado
“A partir de esos hechos, Tijuana se convirtió en otro de los escenarios de la sangrienta guerra que libran las bandas de narcotraficantes
“Ante estos hechos violentos y por ser de su competencia, el gobierno del estado, por conducto de la Procuraduría de Justicia, inició investigaciones que los llevaron a tocar intereses de los narcotraficantes y en cierto modo a tener un contacto que no tuvo en los primeros años de gobierno
“Otras administraciones estatales no sólo permitieron el tráfico de drogas, sino que algunos de sus funcionarios se involucraron directamente”
“Más adelante, Zeta revela el rompimiento del pacto entre el gobierno de Ruffo y los narcotraficantes En una cabeza intermedia dice: El Güero Palma rompió el pacto”
Luego escribe el reportero de Zeta, refiriéndose al asesinato de Campos Salcido:
“Rompieron el pacto tácito con el gobierno del estado de que no utilizarían a Baja California como escenario de guerra”
Lo cierto es que en Baja California, donde circuló esta versión de Zeta, nadie la tomó en cuenta, nadie reaccionó, nadie cuestionó ni al gobernador del estado ni al periódico local
Hasta el lunes 14, cuando Proceso retomó la nota de Zeta y personalizó al “gobierno del estado”, identificándolo con el gobernador Ruffo
Y estalló el escándalo en Baja California
El primero en reaccionar fue uno de los periódicos Healy Como suscriptor de los servicios informativos de la Agencia Proceso (Apro), esa cadena —cuya sede está en Sonora— transmitió por su red interna el contenido adelantado de la edición 867 de Proceso, el domingo 13, por lo que la nota de Proceso sobre lo publicado en Zeta apareció el lunes 14 —al mismo tiempo que Proceso circulaba ya en la capital del estado— en uno de sus diarios filiales: La Crónica de Baja California, editado en Mexicali, anunciándola en su primera plana como un informe especial: “Ruffo pactó con el Cártel de Tijuana”, cabeceó en su página 7A
El mismo día, el gobernador fue abordado por reporteros locales que le preguntaron sobre lo publicado en Proceso Negó haber pactado, pero reconoció haber recibido “insinuaciones”
A partir de ese momento, y durante el resto de la semana, el gobierno de Ruffo se sumió en contradicciones
El miércoles 16, intentó nuevamente un desmentido, descalificando a Proceso, pero para hacerlo avaló la versión de Zeta
En desplegados de media plana, pagados en casi todos los diarios y semanarios del estado, la oficina de prensa de Ruffo —cuyo responsable es Rodolfo Valdés— dio la versión oficial Este es el texto, con su sintaxis original:
“Al Pueblo de Baja California:
“Ante la infundada afirmación de que el licenciado Ernesto Ruffo Appel, gobernador del estado de Baja California, hizo un pacto con organizaciones de delincuentes, según escrito del periodista Gerardo Albarrán de Alba, publicado en el semanario Proceso, y con el único propósito de aportar a la opinión pública suficientes elementos que le permitan tener un juicio claro y verdadero del origen de tales acusaciones, hacemos las aclaraciones y precisiones siguientes:
“Primero: El señor Albarrán de Alba cita como su principal fuente de información al semanario Zeta, editado en Tijuana; de la lectura de los dos escritos resulta obvia la manipulación de conceptos, ya que el semanario bajacaliforniano jamás señala, en su texto, que el gobernador Ruffo Appel, en persona, haya tenido trato o pacto alguno con delincuentes Sin embargo, desde la primera línea del escrito de Albarrán de Alba, éste acusa directa y personalmente al Jefe del Ejecutivo del Estado como quien aun antes de haber tomado posesión de su cargo, `hizo un pacto con el Cártel de Tijuana’, consistente en que `no lo perseguiría a cambio de que no convirtieran a Baja California en campo de batalla’
“Ante la gravedad de la anterior acusación, así como de otra serie de infundios que involucran a la persona del licenciado Ruffo Appel, consideramos indispensable manifestar nuestro categórico rechazo, haciendo la aclaración de que esta administración estatal jamás ha dejado de cumplir con su obligación constitucional de luchar contra la delincuencia y la corrupción en el ámbito de su competencia También es preciso aclarar que antes de asumir su cargo, el gobernador nunca hizo ningún contacto personal que comprometiera su convicción y deber ciudadano
“Segundo: Respecto al contenido del semanario Zeta, en su ejemplar número 1001, en congruencia con la línea editorial que le caracteriza, en su trabajo de investigación y análisis toma como referencia informaciones oficiales y datos extraoficiales, con base en los cuales hace sus propias conclusiones que en ocasiones las plasma como hipotéticas y otras veces como reales En este caso concreto, el sentido general que dan a sus versiones periodísticas el señor Jesús Blancornelas y el señor Francisco J Ortiz Franco, de Zeta, tocante a las situaciones que han afrontado el gobierno del estado y el gobernador Ruffo, consideramos que tienen un alto sentido de apego a hechos reales
“LA POSTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA:
“Comprendemos que en el marco de la libertad de expresión que se vive en México, la enorme trascendencia del asesinato del cardenal Posadas (en el cual se involucra a delincuentes detectados en Baja California) y las complicadas condiciones en que ocurrió, hayan motivado numerosas versiones que, hasta cierto punto, son comprensibles en la búsqueda de la verdad Sin embargo, de esto a aceptar que del mismo caso se deriven acusaciones públicas y directas contra el gobernador Ernesto Ruffo Appel, hay una gran diferencia
“Por ello, reiteramos que lo afirmado por el señor Gerardo Albarrán de Alba merece nuestro categórico rechazo, máxime cuando apenas en el número anterior de la revista Proceso, el periodista Francisco Ortiz Pinchetti, derivado de una entrevista exclusiva con el gobernador Ruffo, hizo público el verdadero sentir y actuar del Jefe del Ejecutivo Estatal respecto al mismo tema, información que el señor Albarrán no refirió
“El Gobernador Constitucional del Estado ratifica, una vez más, su confianza en las acciones emprendidas por el gobierno federal contra la delincuencia, mismas que encabeza el procurador general de la República, doctor Jorge Carpizo McGregor, a quien personalmente el licenciado Ernesto Ruffo Appel ha expresado su voluntad política para solidarizarse y colaborar estrechamente en la lucha para erradicar las actividades ilícitas en Baja California, por el bien de México”
La oficina de prensa de Ruffo no sólo desmintió al gobernador, sino que puso en su boca declaraciones que no hizo sobre los reporteros de Zeta y Proceso que publicaron las versiones sobre el pacto con los principales narcotraficantes de Baja California De hecho, Ruffo ni siquiera mencionó a Proceso, según puntualiza Zeta en su edición del viernes pasado
Por otro lado, el escándalo sobre ese supuesto pacto sirvió nuevamente para que la prensa local se dividiera partidariamente en torno de la figura del gobernador En las tribunas radiofónicas, las llamadas de priístas y panistas se agolparon una tras otra para defender o atacar a Ruffo
Un reportero de La Voz, periódico de la cadena Organización Editorial Mexicana, propiedad de Mario Vázquez Raña, refiriéndose a los reporteros de Zeta y Proceso, preguntó abiertamente:
“Nosotros queremos saber si por parte del gobierno del estado o usted en lo personal va a haber alguna repercusión jurídica, alguna demanda en contra de esas personas que han echado esas mentiras”
Ruffo contestó:”Si hay insistencia y persistencia en tratar de dañar una realidad a costa de la verdad, entonces sí tendríamos que pensar en eso”
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