No fue un crimen político dijeron Adato y Sales Gasque

No fue un crimen político dijeron Adato y Sales Gasque
Caso Buendía: confusión y contradicciones en una investigación que no termina
Ignacio Ramírez
Capítulo tras capítulo, el caso Buendía se complica cada vez más entre confusiones y contradicciones, a pesar de que todo parecía resuelto con el informe dado a conocer hace dos semanas por el procurador Ignacio Morales Lechuga y el fiscal especial, Miguel Angel García Domínguez
Con lo actuado hasta el momento afloran innumerables dudas, irregularidades, negligencia, encubrimiento, testigos a modo, ocultamiento de información, conspiraciones, pistas falsas, cabos sueltos, intrigas, engaño
Se ratifica la falta de voluntad política del gobierno anterior para resolver el asunto y el encubrimiento de que fue objeto José Antonio Zorrilla Pérez, así como la existencia de una lista interminable de funcionarios y agentes policiacos y de seguridad que entorpecieron la investigación Pero, al mismo tiempo, las actuales autoridades tropiezan con la ley y dosifican la información, como si el caso fuera de novela
El último episodio, hasta el cierre de esta edición, fue la orden de aprehensión contra Juventino Prado Hurtado y Raúl Pérez Carmona (a) El Diablo, ex comandantes de la Dirección Federal de Seguridad, presuntos implicados en la “Operación Noticia” para ultimar a Buendía Y el auto de formal prisión contra Juan Rafael Moro Avila, por el delito de homicidio calificado, en grado de coautoría material
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Al día siguiente de la muerte de Buendía el presidente Miguel de la Madrid expresó su más enérgica condena por el asesinato del columnista y dio instrucciones para que inmediatamente se procediera a la realización de la más minuciosa investigación, “que permita esclarecer los hechos y se logre la localización del o los responsables a la mayor brevedad posible”
Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación, reiteró las órdenes del Presidente
A punto de concluir su mandato, De la Madrid afirmó que el esclarecimiento del homicidio de Buendía no se había podido lograr, como tampoco se encontraba al culpable del crimen del primer ministro de Suecia, Olof Palme
El miércoles 21 de junio pasado, durante su visita a España, el ex presidente rehusó hacer declaraciones sobre el proceso que se le sigue a Zorrilla
Después de un año y dos meses del crimen, el comandante de la Policía Judicial del DF, Luis Aranda Zorrivas, presentó, con fecha 31 de julio de 1985, informe de sus investigaciones a la procuradora Victoria Adato Del informe se desprendía que el autor material de la muerte del columnista era José Luis Ochoa Alonsa, El Chocorrol
Se guardó el secreto, pues no se dijo nada públicamente respecto de esa investigación
Un mes después, el 28 de agosto, en su primer informe público sobre el caso, la procuradora declaró que no era un asunto fácil Y encubrió: “No es un caso común Es imposible decir en qué momento caerá el responsable Nos enfrentamos a un abanico de posibilidades No es un asesinato político No lo es y lo digo categóricamente: por lo que hasta ahora he visto, no es de esa naturaleza”
El 27 de diciembre de 1985, el presidente Miguel de la Madrid la propuso para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hasta hoy ocupa
Dos años y tres meses después, el 9 de marzo de 1988, entrevistada al término de un pleno de la SCJN y con motivo de las declaraciones del nuevo procurador, Renato Sales Gasque —en el sentido de que “en las investigaciones se siguieron muchas pistas, pero era necesario reiniciar el asunto desde cero”—, la ministra Adato sólo respondió: “Yo dejé las investigaciones del caso Buendía muy adelantadas e ignoro el por qué tuvieron que iniciar desde cero”
Al cumplirse mil días del homicidio de Buendía, el 24 de febrero de 1987, Sales Gasque sostuvo que el asunto no tenía tintes políticos: “Es precisamente la colaboración que prestarán altos funcionarios del gobierno lo que hace afirmar que el asesinato de Buendía no es un asunto político, sino policiaco”
Y desechó la hipótesis de que El Chocorrol hubiera sido el autor material del crimen “Se ha descartado porque no corresponde a la efigie que posteriormente se ha realizado con las aportaciones de diversos testigos”
Con motivo de las versiones periodísticas del diario Ovaciones, que citaba a Ochoa Alonso como el asesino de Buendía, la PGJDF emitió un boletín el 29 de mayo de 1987 En su punto diez decía que “se amplió la investigación y fue descartada por el no reconocimiento de esta persona por el principal testigo presencial de los hechos y la no coincidencia de sus rasgos fisonómicos con los proporcionados por los otros testigos Asimismo, resulta incierto el móvil que dicha hipótesis esgrime en torno del homicidio de José Luis Ochoa Alonso”
En otro de los puntos del boletín se mencionaba una nueva hipótesis: la de Gerhard Mertins
Tres meses después Sales Gasque mencionó por primera vez el nombre de José Antonio Zorrilla Pérez, relacionado con el crimen “Es obvio que debe mandársele a llamar” Y el 25 de enero de 1988 insistió en que “totalmente desechamos la hipótesis de un crimen político”
Aquella misma fecha en que se cumplieron mil días del asesinato de Buendía el doctor Miguel Angel García Domínguez, entonces subprocurador de Averiguaciones Previas del Distrito Federal, declaró también que “oficialmente se descartó la hipótesis que involucraba al ex policía José Luis Ochoa Alonso, autor material del crimen”
Días después de haber sido designado fiscal especial para el caso Buendía (25 de enero de 1988), García Domínguez manifestó que era necesario partir desde cero en las investigaciones, pues durante la gestión del procurador Sales Gasque no se avanzó nada
Antes de rendir el último informe en relación con el caso, el 11 de junio, junto con el procurador Morales Lechuga, el doctor García Domínguez descartó a El Chocorrol como autor material del crimen “en vista de que la hipótesis la descartamos casi desde el principio”
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Para mediados de 1985 la Policía Judicial del Distrito Federal
intentaba la fabricación de culpables
Una semana antes de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Buendía fue detenido Fernando Durruti Castillo, agente de la DFS, con una larga trayectoria delictiva Había sido agente del Servicio Secreto y de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, pero renunció cuando se descubrieron 14 cadáveres mutilados flotando en el río Tula durante el periodo como jefes policiacos de Arturo Durazo Moreno y Francisco Sahagún Baca, señalados como autores intelectuales del múltiple homicidio
Durruti Castillo, que participó en el asesinato de El Chocorrol, era protegido de Zorrilla Junto con él fueron detenidos otros dos agentes de la DFS, Aristeo Gallardo Cobos y Raúl Fullón Huerta; estos últimos fueron consignados al juzgado 27 de lo penal por el caso Tula Pero Fernando, que luego correría la misma suerte, estuvo sujeto durante una semana a severos interrogatorios por su presunta participación en la muerte de Buendía
Originario de Coatepec, Veracruz, entonces de 43 años de edad, de pelo quebrado castaño, alto, blanco, fue maquillado con unto “para que diera color” y se pareciera al retrato hablado del autor del crimen Cuando lo presentaron a los testigos se le chorreó la grasa de la cara y de los brazos y se descubrió la farsa “Es una cobardía lo que me están haciendo, no tiene madre lo que me quiere imputar la Procuraduría”, dijo después al juez Roberto Villalobos Gallardo
El 10 de junio de 1985 se pretendió involucrar al señor Jorge Roberto Díaz Moreno; el intento volvió a fallar sin que nadie fuera responsabilizado de este hecho
Dos meses después, el 20 de agosto, Ricardo Tardiff Jaimes y Joel García Cisneros se confesaron “culpables” El comandante del cuarto grupo de Homicidios de la PGJDF, Carlos G Márquez, aseguró que “efectivamente” ellos eran los asesinos
Las contradicciones en la reconstrucción de los hechos demostraron que no habían sido culpables
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El 12 de junio último la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal aseguró conocer la identidad del autor material de la muerte de Buendía, pero evitó dar a conocer su nombre “para no entorpecer la investigación”
Ocho días después se dio la noticia de que Juan Rafael Moro Avila Camacho, de 35 años de edad, estaba detenido como uno de los presuntos autores materiales Algunos diarios capitalinos festinaron la información, como El Nacional, con el siguiente encabezado: “Fue capturado el matón que sacrificó a Buendía” El periódico también publicó en su primera plana las fotografías de Moro Avila y del maniquí elaborado por la fiscalía “Foto para actuar, vestido para matar Así se podrían resumir este par de gráficas”
Nieto de Maximino Avila Camacho y sobrino de Rómulo O’Farril Jr, Moro cayó desde el principio en una serie de contradicciones que dan pie a pensar, a no pocos reporteros de la fuente policiaca, que sus declaraciones fueron prefabricadas
En su presentación ante la prensa, el miércoles 21, declaró que al propiciar la fuga de Ochoa Alonso “yo realmente no me di cuenta de que estaba colaborando con un homicida”
—¿Quién mató a Buendía?
—El Chocorrol
—Algunas versiones periodísticas señalaron que El Chocorrol era el autor material de la muerte de Buendía ¿No lo relacionaste con lo que viste el día del crimen?
—Siendo policía no me di cuenta, me vi muy mal al haber descuidado ese detalle
Al rendir su declaración preparatoria, el jueves 22, Moro cambió diametralmente el sentido de sus declaraciones respecto de las del día anterior: el miércoles había dicho que en la Dirección Federal de Seguridad se había montado la “Operación Noticia”, con el propósito de “callar a un cabrón”; el jueves dijo que la operación era “para investigar el crimen” También expresó que nunca escuchó detonaciones cerca del despacho del periodista, “porque llegué diez minutos después de haberse consumado el asesinato”; un día antes había dicho lo contrario: “recibí órdenes del comandante Raúl Pérez Carmona en el sentido de que me trasladara a la calle de Havre esquina con Liverpool, y que pasara lo que pasara, esperara a una persona Minutos después oí unos disparos, y segundos después sentí que El Chocorrol me agarró como chango del cuello, me dijo ya estuvo, vámonos” Luego dijo que José Luis Ochoa Alonso “subió a la motocicleta después de que le ordenaron peinar la zona, una vez que el comandante Carmona le dio la media filiación del asesino de Buendía” Y, contra su dicho del día anterior, afirmó que el comandante Pérez Carmona “nunca me dijo que el operativo tenía como propósito callar a un cabrón”
Otro misterio: Raúl Pérez Carmona (a) El Diablo, Juventino Prado y otros tres ex comandantes de la DFS, incluyendo a Sofía Ayala (a) La Güera, estaban detenidos desde hacía casi dos semanas, sin ninguna explicación de la PGJDF La orden de aprehensión, sin embargo, fue girada hasta el viernes 23; Carmona y Prado se desempeñaban como dos de los altos mandos de la Dirección de Inteligencia de la Secretaría de Protección y Vialidad
Por lo pronto, sin base jurídica alguna, pues el proceso apenas empezaba, y faltan por desahogar pruebas testimoniales y periciales y los careos, entre otras diligencias, la PGJDF ya da como un hecho que José Luis Ochoa Alonso fue el autor material del homicidio de Manuel Buendía, como lo manejó en un boletín de prensa el jueves 22
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De las 298 hipótesis establecidas por la fiscalía sobre posibles autores intelectuales del homicidio —las más conocidas fueron las relacionadas con “Los Tecos”, la CIA y Mertins—, hubo estas dos:
* La presunta implicación de Miguel de la Madrid, siendo presidente de la República:
Se inició la investigación a raíz de la columna de Jack Anderson, publicada el 15 de mayo de 1984 en el Washington Post De acuerdo con documentos clasificados de la inteligencia de Estados Unidos, decía el periodista, el mandatario mexicano había depositado “un mínimo de 162 millones de dólares” en un banco suizo desde que tomó posesión “Cifra modesta a la fortuna personal que amasó José López Portillo, quien puso a salvo la asombrosa cantidad de 1,000 a 3,000 millones de dólares”
Según sabía la fiscalía especial, por meras referencias, Manuel Buendía le había proporcionado la información a Jack Anderson, lo cual no pudo comprobar
La fiscalía analizó, incluso, el caso de Edmundo de la Madrid Ochoa, primo hermano del entonces presidente, señalado como narcotraficante por la cadena de televisión CBS en sendos reportajes el 19 de mayo y 24 de septiembre de 1986 En el segundo de ellos presentó una entrevista con Jack Denis Derive, ex chofer del citado personaje, a quien acusó de pasar cocaína en su equipaje personal sin ser revisado en la aduana del aeropuerto internacional de la ciudad de México
Un día después del segundo reportaje de la CBS, el entonces supervisor general de Servicios Técnicos y Criminalística de la Procuraduría General de la República, José María Ortega Padilla, exhoneró de toda culpa a De la Madrid Ochoa
Para la fiscalía no hubo evidencias ni elementos que implicaran al presidente Miguel de la Madrid en el caso Buendía, “máxime aún que él era el primer interesado en que se aclarara el homicidio del columnista”
* La presunta implicación del general Juan Arévalo Gardoqui, siendo secretario de la Defensa Nacional:
A fines de marzo de 1985 fue detenido en Veracruz Cirilo Herrera de la O, (a) “El Cirilillo”, por los delitos de homicidio, posesión ilegal de drogas y robo de automóviles Se le encontró, junto con otros cómplices, una “lista negra” de 20 personas a quienes pensaban secuestrar o liquidar
Un día se le ocurrió comentar dentro de la prisión que él había sido “uno de los seis” que participaron en el asesinato del periodista Manuel Buendía, sin que hubiera sido el autor del crimen Fue traído a la ciudad de México el 28 de octubre de 1988, por órdenes de la fiscalía Se le interrogó y fue devuelto a prisión
“El Cirilillo” era uno de los brazos ejecutores de la “Sonora Matancera” que encabezaba el cacique y narcotraficante Felipe Lagunes —asesinado en una vendetta al estilo siciliano—, pariente del ex gobernador Agustín Acosta Lagunes, amigo de José López Portillo y compadre de Arévalo Gardoqui
La hipótesis establecía sólo “el favor” que había prestado el general “al más alto nivel”, y a su compadre
Se siguió el hilo de la investigación con los señalamientos de la DEA en contra de Arévalo Gardoqui, nunca comprobados, en el sentido de haber tenido algún vínculo con el narcotráfico El análisis continuó con el hijo del general, Juan Arévalo Lamadrid, de quien la DEA afirmó que se había enredado con las mafias de la droga desde que fue agente del Ministerio Público Federal de Baja California
Unos datos complementarios:
El 30 de junio de 1985 el juez Juan Díaz Ponce de León, con sede en el Reclusorio Oriente, consignó a los integrantes de la banda de narcotraficantes capitaneada por Jaime Herrera Herrera (a) “El Jaimillo”, entre ellos Héctor Quintanilla González, ex coordinador de la Campaña Permanente contra el Narcotráfico, comisionado en Durango, Yucatán y Veracruz “Sabás”, así fue identificado un ex guardia de Quintanilla
González, escuchó el comentario de su patrón hecho a su esposa Alma Arévalo, para que hiciera valer su parentesco con el secretario de la Defensa y lo ayudara a resolver “su asunto”
El 7 de marzo de 1986 fue suspendido temporalmente de su cargo el licenciado Jesús Taboada Hernández, magistrado del Tribunal Unitario de Circuito en Torreón, Coahuila, por haber revocado un auto de formal prisión que puso en libertad a la banda de “El Jaimillo”, entre ellos Quintanilla
Desde el momento mismo en que Cirilo Herrera de la O fue regresado a prisión se desechó totalmente la presunta implicación del general Arévalo Gardoqui en el caso Buendía
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Según la PGJDF, en las investigaciones para esclarecer el homicidio existen diversas pruebas que demuestran fundamentalmente la participación de José Antonio Zorrilla Pérez en actividades del narcotráfico, “permitiendo la entrada de drogas al país, dando protección a traficantes, expidiéndoles credenciales como elementos activos de la Federal de Seguridad y recibiendo sumas millonarias por el comercio ilícito de estupefacientes”
La Procuraduría reiteró, el martes 20, que cuenta con suficientes elementos probatorios de que el móvil del asesinato del columnista fue una investigación próxima a ser publicada por Buendía sobre los nexos de Zorrilla con el narcotráfico Sin embargo, ni la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ni la Procuraduría General de la República han mostrado, hasta este momento, ni una sola credencial firmada por Zorrilla que haya sido extendida a Miguel Angel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo
Aunque en las más altas esferas policiacas y judiciales se tiene la certidumbre de que sí existen algunas de esas credenciales, dada la reiterada afirmación de que sí las hay, resulta inexplicable que la PGJDF no haya mostrado alguna de ellas como prueba concluyente en las acusaciones contra Zorrilla
Los vínculos de Zorrilla con el narcotráfico tienen un punto relevante en relación con la muerte de su compadre:
José Luis Esqueda Gutiérrez era coordinador político de Estados y Territorios de la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación El 16 de febrero de 1985, en los momentos en que se detuvo su vehículo para que descendiera su amigo Jorge Ramírez, en la esquina de Palenque y Pilares, colonia Narvarte, fue asesinado por agentes de la DFS al mando del comandante Alberto Estrella No obstante que se levantó el acta 475/985, no se hizo nada al respecto Y es hasta ahora cuando la Procuraduría citó a declarar a la señora María Luisa Marina Cortés, viuda de Esqueda, quien asegura que su esposo le comentó un día que Zorrilla mandó matar a Buendía
Debido a las diferencias que tuvieron Esqueda y Zorrilla, el primero investigó al segundo sobre sus relaciones con el narcotráfico y, como seguro de vida, le proporcionó a Buendía copia del expediente de su investigación
Las autoridades judiciales presuponen que ese expediente fue sustraído de las oficinas del comunista, luego de su asesinato, y fue el móvil de los homicidios de Buendía y de Esqueda
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Después de rendir su informe, en el que acusó a Zorrilla, el fiscal especial, Miguel Angel García Domínguez, desapareció; oficialmente se encuentra en España, pero, como dice la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, continúan las investigaciones