Recuento de cinco años de corrupción y anticorrupción

Recuento de cinco años de corrupción y anticorrupción
Ni la cárcel detuvo exacciones de funcionarios
Fernando Ortega Pizarro
Como ahora ocurre con el concepto de renovación moral, hace seis años fue la lucha contra la corrupción uno de los motores de la campaña electoral, primero, y de los meses iniciales del gobierno de José López Portillo
La campaña moralizadora oficial empezó espectacularmente En sus fases iniciales llevó a la cárcel a altos funcionarios y exfuncionarios: Eugenio Méndez Docurro, Félix Barra García, Fausto Cantú Peña y Alfredo Ríos Camarena, nombres, entre otros, que ocuparon con escándalo las ocho columnas de los diarios nacionales La lucha era “a fondo”, como dijo el presidente López Portillo a corresponsales extranjeros en 1978
Oscar Flores Sánchez, procurador general de la República, como cabeza ejecutora de la campaña, ésta hizo célebre al fiscal especial Javier Coello Trejo, quien personalmente se hizo cargo de investigaciones que terminaron en la denuncia y encarcelamiento de funcionarios y miembros de la iniciativa privada, acusados de corrupción
La lucha anticorrupción se manifestó también, en este sexenio, a través de las reformas introducidas a la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación y del Distrito Federal, aprobada a fines de 1979 y cuyo propósito era hacer más expedita la persecución de los delitos oficiales
No tuvo suerte igual, en cambio, otro proyecto destinado a legislar en torno a los obsequios a funcionarios públicos, cuyas buenas intenciones terminaron en la congeladora del Senado de la República
La buena marcha de la campaña anticorrupción, según el convencimiento oficial, hizo declarar a Flores Sánchez —junio de 1979— que aquella había “dado los resultados deseados y el dinero del pueblo, gracias al control de los presupuestos, está bien resguardado”
¿Cuál es en realidad el balance de la corrupción, o de la campaña anticorrupción, en este sexenio? ¿Se frenó, “en muy buena medida”, como dijo Flores Sánchez en la V Reunión de la República? ¿Se evitó que México se convirtiera en un país de cínicos, riesgo advertido por el presidente López Portillo al anunciar las reformas a la Ley de Responsabilidades?
El recuento que se presenta a continuación está basado exclusivamente en denuncias oficiales publicadas en la prensa nacional En lo que va del sexenio, han sido publicadas en la prensa 150 denuncias por fraudes de responsabilidad oficial, cuyo monto total asciende a 81,597 millones de pesos
El fiscal especial del gobierno, Javier Coello Trejo, dijo en noviembre de 1981 que en los últimos cinco años se recuperaron apenas 11,000 millones de pesos “Yo creo que no es ni el uno por ciento de lo que se han robado”, dijo, 700 funcionarios y exfuncionarios de la actual y anterior administraciones, así como 500 empresarios y empleados del sector privado, que fueron encarcelados
No se conoce la mayoría de los fraudes cometidos, pero su magnitud hizo decir a Javier Coello Trejo, en junio de 1980, que la corrupción en México se extirpará en 20 sexenios
La historia de la corrupción —a través de las páginas de la prensa— registra otros hechos
Ciertos personajes públicos encarcelados están ahora libres, como Alfredo Ríos Camarena, Félix Barra, Faustino Cantú Peña y Eugenio Méndez Docurro
Otros, como algunos gobernadores, ni siquiera visitaron los separos: Carlos Armando Biebrich (Sonora), Oscar Flores Tapia (Coahuila), Arturo Noriega (Colima), Eliseo Jiménez Ruiz (Oaxaca), Armando León Bejarano (Morelos) y Rubén Figueroa (Guerrero) Solamente los dos primeros fueron investigados y del resto, las denuncias siguen pendientes
Por ahora, toda estimación de casos y dinero malhabido es mínima y parcial De cualquier manera, en las páginas de los principales diarios capitalinos desfilan personajes que con más o menos ingenio saquean las arcas públicas: empresarios o abogados estrategas que burlan al fisco; instituciones de interés social, como el Banrural, que enriquecen a funcionarios; especuladores audaces que trafican con las necesidades de la población
También se encuentran las denuncias de los fraudes o sobornos multimillonarios que se publicaron antes en el extranjero:
The New York Times dio a conocer en febrero de 1977 que Luis Echeverría, siendo secretario de Gobernación, fue sobornado por la CIA En junio de 1978, el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigaba a una compañía en ese país que entregó varios millones de pesos a altos funcionarios mexicanos para conseguir la venta de aviones a Aeroméxico En noviembre de ese mismo año, en Washington, se conoció que la ITT sobornó con varios millones de dólares, durante cinco años, a funcionarios y empresarios mexicanos, para que tomaran decisiones comerciales que favorecieron a la trasnacional estadunidense En agosto de 1981, Miguel Nassar Haro, exjefe de la Dirección Federal de Seguridad, se vio implicado en una banda de robacoches y, a la vez, el fiscal de San Diego, William H Kennedy, lo señalaba como hombre clave de la CIA En mayo de 1981, el gobierno estadunidense inició las investigaciones de sobornos de compañías estadunidenses a funcionarios de Pemex, para ganar contratos de compra de equipos
Deficiencias de la Ley de Responsabilidades hacen que otros casos de enriquecimiento ilícito se permitan y se desconozcan Fuertes intereses que se manifestaron en la Cámara de Diputados cuando se discutió el proyecto de reformas a la ley impidieron la tipificación de ciertos delitos: que un funcionario sea contratista de la institución para la que trabaja; que pueda comprar terrenos y revenderlos sabiendo, por su cargo, que en determinado lugar el gobierno realizará una obra; que pueda enriquecerse “inexplicablemente” Este último delito aparece en la ley como un aspecto secundario y no de primera orden, afirmó en noviembre de 1981 Othón Pérez Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho
El perdón oficial fue particularmente generoso en este sexenio
Ya en su campaña a la Presidencia, el candidato José López Portillo había expresado su política al respecto En Atoyac de Alvarez, Guerrero (febrero de 1976), y ante las denuncias de marginación, cacicazgos, monopolios, abusos, corrupción, persecuciones, tráfico de drogas combinado con el de armas, López Portillo manifestó: “Veamos todo aquello que nos une y olvidemos lo que nos separa”
Como primer mandatario, en su informe de gobierno de 1979, dijo que “todos condenamos la corrupción como concepto, pero muchos, cuando se concreta en caras y nombres, si los conocen bien, convierten su condena en compadecimiento, y si no los conocen, en indignación y saña” Y al anunciar la revisión de la Ley de Responsabilidades, expresó: “No podemos convertirnos en un país de cínicos”
La opinión pública se quedó más que perpleja ante la liberación de hombres públicos cuya culpabilidad en cuantiosos fraudes en principio se había demostrado fehacientemente
En enero de 1978, se exoneró al exjefe de la DIPD, Jorge Obregón Lima, y al jefe del grupo antiguerrilla de la misma dependencia, José Salomón Tanús Había sido acusados en junio de 1976 de extorsionar a falsificadores y corredores de facturas, que vendían a empresas, lo que constituyó un fraude de 800 millones de pesos
Tanús aceptó su culpabilidad y acusó a Obregón Lima de ser su cómplice La PGR los liberó por “desvanecimiento de datos”
Por la misma razón salieron de sus cargos el exgobernador de Guerrero, Israel Nogueda Otero, en septiembre de 1979, implicado en un fraude millonario a campesinos, y el exgobernador de Sonora, Carlos Armando Biebrich, en febrero de 1978, quien por “robo, abuso de autoridad y peculado”, según el exgobernador interino de Sonora, Alejandro Carrillo Marcor, obturo 36 millones de pesos
Tras de una corta temporada en la cárcel y con la devolución de lo sustraído en las dependencias que estaban a su cargo, salieron libres, en 1978, Eugenio Méndez Docurro (abril), al regresar 49 millones de pesos de que dispuso siendo secretario de Comunicaciones; Félix Barra García (diciembre), exsecretario de la Reforma Agraria, quien extorsionó a pequeños propietarios de Coahuila y obtuvo 50 millones de pesos; Alfredo Ríos Camarena (diciembre), director del Fideicomiso Bahía de Banderas, quien malversó 530 millones de pesos destinados —según dijo él mismo—, a la campaña del exgobernador de Nayarit, Rogelio Flores Curiel, que concluyó con un fraude electoral, y, en diciembre de 1981, Fausto Cantú Peña, exdirector de Inmecafé, acusado de fraude, desfalco fiscal, cohecho y uso de documentos falsos, por 800 millones de pesos
Más recientemente, Oscar Orrantla, director de Telégrafos, a quien se acusó de un fraude por 125 millones de pesos, se suicidó en la cárcel Otro destino tuvo Augusto Gómez Villanueva, señalado como responsable de los fraudes de Bahía de Banderas y Cumbres de Llano Largo (500 millones de pesos por autorizar la venta de terrenos a un precio menor que el real), siendo secretario de la Reforma Agraria Posteriormente fue presidente de la Gran Comisión de la Cámara de diputados y embajador de México en Italia; ahora lo es en Nicaragua
De los gobernantes, el de Coahuila, Oscar Flores Tapia —”soy víctima de una conjura nacional contra el sistema”— fue acusado de un contrabando de tintas por 10 millones de pesos y de enriquecimiento, al final “explicable”, por 2,000 millones de pesos Simplemente renunció y le fueron incautadas propiedades, según versiones periodísticas, por 1,000 millones de pesos, lo que se consideró una burla, pues su fortuna fue calculada en 5,000 millones Otras denuncias por enriquecimiento inexplicable y abuso de confianza merecieron los exgobernadores de Morelos, Armando León Bejarano; de Oaxaca, Eliseo Jiménez Ruiz; y de Guerrero, Rubén Figueroa Ninguna fue investigada
Los diputados priístas también fueron beneficiados con el perdón oficial
Miguel Lerma Candelaria, dicho por la PGR, apareció como responsable de un cuantioso fraude a Banrural Antonio Cepeda Pacheco fue acusado de robar 50 millones de pesos a campesinos de Villa del Mar y José María Morelos, en Jalisco y Sergio Pérez Tovar, de malversar 130 millones de pesos de los fondos del sindicato de la Good Year Oxo
Tampoco pasó a mayores la defraudación fiscal multimillonaria perpetrada por empresas nacionales y extranjeras, asesoradas por el Buffet Jess Dalton-Harold Campbell, en enero de 1980 El delito fue ideado con rigor casi científico Estaba prevista hasta la fuga de sus autores Un año después, la Procuraduría Fiscal de la Federación se desistió de los cargos al recuperar 1,700 millones, aun cuando el monto inicial se calculó en 3,000 millones de pesos
Entre las empresas que cometieron otros delitos se encuentra la Clayton Company, que sobornó a empresarios y funcionarios del sexenio anterior para inflar el precio de instalaciones montadas en México, y la Coca Cola, que también sobornó a agentes aduanales, para introducir un contrabando que le permitiría evadir impuestos por 900 millones de pesos
En cuanto a la relación del gobierno con sus proveedores, el jefe de la Unidad de Normalización Básica del Conacyt, Manuel María González, reveló (agosto de 1980) que por soborno o amiguismo, las adquisiciones del sector público se elevan en 50% Es decir, por la calidad fraudulenta de las adquisiciones, las empresas se embolsan 50,000 millones de pesos
En febrero de 1977, el director del IMSS, Arsenio Farell Cubillas, denunció que media docena de laboratorios trasnacionales, coludidos con funcionarios, vendieron medicamentos a precio elevado hasta en 300% Las compras anuales del IMSS en medicamentos era por 2,000 millones de pesos
Los diarios capitalinos registraron casos singulares de fraudes que podrían catalogarse como “crónicos”
Las instituciones dedicadas a proteger y beneficiar a los campesinos, con quienes, se dice, el país está en deuda, es donde más se cometen fraudes
Banrural suma un total de fraudes por 4,528 millones de pesos, en lo que va del sexenio La Secretaría de la Reforma Agraria, por 1,457 millones de pesos
El subdirector de Averiguaciones Previas de la PGR, José Francisco Villa, afirmó en enero de 1981 que la corrupción descubierta en Banrural “rebasó los límites esperados” y que el enriquecimiento de sus funcionarios y exfuncionarios “es verdaderamente vergonzoso” La CCI, durante sus asambleas efectuadas en este sexenio, insistió en denunciar a los delegados de esa dependencia agraria en los estados de México, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca y en prácticamente todo el país, por maniobras de corrupción
Algunos fideicomisos para la causa agraria se convirtieron en arcas particulares de directores y empleados Se cometieron fraudes en la Comisión Vaso de Texcoco (230 millones de pesos), en el Fideicomiso Henequenero (24 millones de pesos), en el Fideicomiso Ganadero Ejidal (10 millones de pesos), entre otros
Paradójicos, inclusive hasta llegar al crimen, los representantes de los obreros encuentran en los sindicatos la manera de enriquecerse y mantener un poder a base golpeadores o de componendas con las autoridades
Sindicato temible es el de los petroleros El movimiento Nacional Petrolero y Movimiento Petrolero Liberal han denunciado una serie de atropellos y abusos de poder “Es Pemex —dicen— el que alienta al sindicato económicamente con tanta canonjía a los líderes” En enero de 1978, denunciaron al líder de la sección 24, Ramón López Díaz, como caso ejemplar Asesinó a Silvia María Priego y “a varios trabajadores inconformes”
Ambos movimientos petroleros acusaron a los líderes Joaquín Fernández Galicia, Oscar Torres Pancardo y Salvador Barragán Camacho de represivos, de vender plazas y de mantener a un mínimo de 3,000 aviadores
En diciembre de 1976, el líder de la sección 22 del Sindicato de Autotransportes cometió un fraude por 26 millones de pesos; en diciembre de 1979, trabajadores del sindicato de Mexicana de Aviación denunciaron a los líderes Alfredo Alvarez Martínez y Juan Ortega Arenas (dirigentes de la UOI) de cometer un fraude por 40 millones de pesos; en diciembre de 1980, tequileros del estado de Jalisco denunciaron a la delegación de la CTM de cometer un fraude por 50 millones de pesos
La especulación con terrenos fue una de las maneras más rápidas y efectivas de hacerse rico en este sexenio
El delegado de Tláhuac, en febrero de 1981, Jaime Sánchez D, afirmó que “la deshonestidad de los funcionarios de la SRA agrava las invasiones de tierras ejidales” Ya en enero de 1976, el licenciado Jesús Silva Herzog dijo que las grandes fortunas de México de los últimos años se han hecho con la especulación de terrenos en áreas urbanas
Comuneros de San Miguel Ajusco acusaron en noviembre de 1977 a Mario Moya Palencia, Luis Vicente Echeverría Zuno, Luis Enrique Bracamontes, Pedro Ramírez Vázquez y Jorge Jiménez Cantú, entre otros, de haber ocupado 400 hectáreas de esa zona mediante fraudes
Otro: el consejo de “Edificios en Autoadministración” de Tlatelolco denunció en marzo de 1978 a Enrique Olivares Santana, entonces director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, de “sembrar la división y corrupción entre las diferentes asociaciones de colonos, con el fin de desviar la atención por la mala administración de ese organismo en el conjunto habitacional”
Los casos de especulación con terrenos se multiplican Sólo que la prensa diaria no precisó el monto de lo defraudado y acumulado, pero suma “varios miles de millones de pesos”
La relación de la corrupción administrativa que se registró cotidianamente es abrumadora hasta la exasperación
Secretaría de Hacienda: empleados expidieron cheques a su favor por 39 millones de pesos Aeropuerto del DF: fraude fiscal durante varios años, que se estimó en 1,000 millones de pesos Productos Pesqueros: fraude por 2,003 millones de pesos en malos manejos y en la compra de embarcaciones Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial: fraude con carros chatarra por 1,000 millones de pesos (en las informaciones se mencionó hasta el nombre del expresidente Luis Echeverría) Conasupo: faltante de 258 millones de pesos Correos: timbres fraudulentos por 400 millones de pesos Fonacot: fraude por 38 millones de pesos SAHOP: cobro de facturas falsas por 25 millones de pesos Ferrocarriles Nacionales: fraude de empleados por 40 millones de pesos SARH: fraude por 120 millones de pesos Departamento de Pesca: fraude maquinado por un millón de pesos SCT: fraude administrativo por 707 millones de pesos en distintas oficinas
El exgobernador de Veracruz, Rafael Hernández Ochoa, pronunció ante el presidente José López Portillo, en enero de 1979, un discurso inusitado:
Entre otras cosas, dijo que la Revolución ha servido sólo a la burguesía; la corrupción se pasea lo mismo por los corredores de Palacio que en las tiendas y las industrias; al no decir la verdad, los funcionarios no cumplen con su deber; el dinero sirve sólo para oprimir al pueblo; la Conasupo no cumple y con ello da margen a la acción inmoral de acaparadores; los políticos deben cumplirle al pueblo no sólo para que sus nombres queden en placas de oro; el país debe regirse por la política y no por la tecnocracia
Todos estos fraudes y muchos otros —150 en total pudieron ser detectados—, fueron publicados a lo largo del sexenio por los diarios capitalinos La mayoría quedó sólo en denuncias Algunos fueron investigados Los resultados de muchas investigaciones no se conocieron De otros no se sabe que hayan sido investigados El monto total de los casos reportados en la prensa es de 81,597 millones de pesos, aproximadamente, en este sexenio
El fiscal Coello Trejo informó que se han recuperado 11,000millones No se conoce el paradero de los otros 70,000 Tampoco se sabe el monto real de la corrupción completa
Al margen de las estimaciones, los datos que se conocen son suficientes: 81,600 millones de pesos, Equivalen a 19 veces las utilidades que obtuvo Bancomer en 1981 (4,135 millones) Equivalente a siete veces las utilidades conjuntas de los cuatro consorcios bancarios privados más importantes: Bancomer, Banamex, Serfín y Comermex (10,650 millones) Equivalen a cinco veces y media las utilidades de todo el sistema bancario mexicano en 1981 (14,700 millones)
La suma denunciada de los fraudes equivale al presupuesto de gastos conjuntos de la Presidencia de la República, la Defensa Nacional, de Trabajo y Previsión Social, de la Reforma Agraria, de Pesca, de Turismo y de Relaciones Exteriores (84,000 millones)
Los 11,000 millones recuperados casi serían suficientes para cubrir los gastos estimados para este año de la Reforma Agraria y de la Procuraduría General de la República juntas (12,000 millones)
Los 70,000 millones que todavía no aparecen equivalen a cinco veces el presupuesto asignado a Inmecafé, al 87% del presupuesto del ISSSTE, a dos veces el presupuesto de Fertimex y a casi dos veces el presupuesto de Diesel Nacional Es una suma prácticamente igual al presupuesto de la Secretaría de Comercio: 65,300 millones
Desde otro ángulo, los 81,600 millones equivalen al salario mínimo mensual de siete millones y medio de trabajadores Los 70,000 millones perdidos equivalen al monto total de la desgravación —”sacrificio fiscal”— a los trabajadores de bajos ingresos durante todo el sexenio
Tal es el monto de los fraudes denunciados La corrupción tiene su propio presupuesto