La norma jurídica, un elemento de arreglo: Castañeda Coutiño
La corrupción anula el derecho a la información
Rafael Rodríguez Castañeda
Las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación están formadas por una serie de círculos viciosos en los que a la corrupción oficial corresponde la corrupción de empresarios periodísticos y de periodistas
Al analizar las posibilidades de una reglamentación del derecho a la información, el senador Horacio Castellanos Coutiño expresa que la actividad informativa se mueve en México en una estructura viciada por todos conceptos: funcionarios que compran periodistas; oficinas de prensa que manipulan la publicidad oficial; empresarios periodísticos que chantajean; reporteros que se dejan comprar; escritores que hacen periodismo político y por ello se sienten políticos; medios de comunicación creados exclusivamente como negocios particulares; dependencias y medios de comunicación que ocultan o manipulan información
Con una visión desde dentro del sistema político, Castellanos Coutiño —senador por Chiapas y exprocurador de Justicia del Distrito Federal— es severo al calificar las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación en las que se entremezclan los intereses creados y la falta de respeto mutua “Es un cáncer”, dice
Castellanos Coutiño es optimista y cree que hay formas de erradicar la corrupción de los medios periodísticos “Una de ellas es la reglamentación El derecho a la información, como tal, no puede ser reglamentada, pero sí puede reglamentarse el funcionamiento de los medios de comunicación y el comportamiento del gobierno para garantizar que el público sea oportuno y verazmente informado”, puntualiza
No obstante su optimismo, Castellanos Coutiño reconoce que cambiar la situación del periodismo mexicano —en prensa, radio y televisión— “es extraordinariamente difícil Y mire que hablo por mi experiencia en la Procuraduría del Distrito Federal, donde puede comprobar lo complicado que resulta erradicar los vicios de corrupción”
El senador agrega:
“Pero lo tenemos que hacer Una de las principales causas del retraso político, de la apolitización del pueblo mexicano, es la desconfianza que existe en la mayoría sobre la información que recibe Sin duda, esta desconfianza parte de los círculos viciosos existentes en las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación”
Castellanos Coutiño propone que se vea con ponderación la posibilidad de reglamentar el derecho a la información
“Hay que recordar que se trata de un derecho con características de prerrogativa del gobierno frente al gobierno, que está obligado por ella a garantizar que el gobernado sea oportuna y verazmente informado, sobre todo en materia política
Esto último es particularmente importante, porque el derecho a la información está íntimamente vinculado con la reforma política, que se llevó a cabo en el país hace tres años y medio y que trajo como consecuencia la elaboración de la LOOPE
“No se trata de un derecho como otros, sin embargo El gobierno no es el único involucrado en garantizar el derecho a la información, pues están los medios de comunicación que difunden la información que oficialmente se proporciona En esto radica el meollo del problema No vamos a reglamentar el derecho a la información (los derechos no se reglamentan) sino la forma de garantizar que efectivamente este derecho se cumpla, es decir, que el pueblo sea —insisto, porque este es el propósito fundamental de un esfuerzo jurídico en este sentido— oportuna y verazmente informado”
El legislador subraya: no se trata de controlar la información, sino de regular la forma como los medios de comunicación la difunden
“Por eso el problema es complicado”, añade “No podemos soslayar que los medios de comunicación son auténticos grupos de presión que pueden desorientar o malencauzar a la opinión pública a través de informaciones que no corresponden a la realidad”
—¿Pero cómo se puede garantizar que el gobierno, efectivamente, informe con oportunidad y veracidad de lo que acontece?, se le pregunta
“En el caso del gobierno que no informa o que informa parcial o equivocadamente, existe ya el derecho de petición para que el público exija información oportuna y veraz El derecho de petición me lo otorga la Constitución y es correlativo al otro: yo tengo el derecho de que se me informe, pero si no se me informa oportunamente, tengo también el derecho de petición Claro lo grave es que cuando la información se da después de esta exigencia es ya extemporáneo, pero como quiera que sea existe el macanismo jurídico que me permite obtener lo que quiero
“Lo importante, por supuesto, no es que exista la posibilidad de actuar a posterior, sino que se encuentren los medios idóneos para obtener la información en forma oportuna y veraz Ahí es donde habría que analizar con cuidado cuáles podrían ser los mecanismos para garantizar ese derecho, porque si se trata de que el gobierno informara lo que se quiere informar, ya no hay derecho, hay simplemente manipuleo de la información por parte del gobierno El asunto empeora cuando no sólo se trata de gobierno, sino de los medios de difusión, la televisión, el radio, los periódicos, revistas, etc, que son muy importantes en cuanto a la penetración que tiene en el pueblo”
—¿Qué posibilidades, senador, tiene de ejercer el derecho a la información un pueblo —por ejemplo— cuya única opción de obtenerla es a través de un periódico miembro de una cadena monopólica, como la Organización Editorial Mexicana, o del canal nacional de Televisa?
—En este caso, parto de la base de que la información que se recibe no corresponde a la realidad y no tiene sentido dirigirse a la propia fuente de donde me está llegando, porque seguramente van a ratificarla Si se trata de actos de tipo político, o de actos de gobierno, puedo dirigirme a las autoridades competentes exigiendo que se me diga si lo que tal cadena periodística publicó realmente está aconteciendo A veces las autoridades quieren y a veces no quieren informar, pero jurídicamente existe la posibilidad de exigirles que lo hagan
—¿Lo del derecho de petición no es, más que otra cosa, un deber ser y no una verdadera posibilidad, dada nuestra realidad política?
—Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero creo que se debería encontrar la fórmula para que ese derecho pudiera hacerse efectivo, En el caso del gobierno, es prácticamente imposible ejercerlo en todos los casos En cambio, los medios de difusión para las masas sí podrían cumplir con una reglamentación que el gobierno les estableciera para que cuando menos ellos sí se atuvieran a la información que reciben del gobierno y que transmiten al público Es decir, que les impidiera conculcar el derecho de información del público, que no se modificara el sentido o lo auténtico de la formación que el gobierno proporcione, que se evitara el manipuleo de la información, con datos falsos que distorsionan a la opinión pública
“Seria una reglamentación directa que se estableciera para el concesionario de los medios de comunicación Ahí involucraría yo a la radio, la televisión, los diarios, los semanarios, etc Creo que así queda un poco aclarado el camino: primero, la actitud honesta por parte del gobierno de informar verazmente y a tiempo: segundo exigir que los medios de comunicación —a través de una reglamentación, no de la información sino de la actividad de esos medios— hagan efectivo ese derecho a la información
—Usted, como legislador ¿ve factible la reglamentación dada las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación?
—Creo que sí No se puede ser simplista en este tipo de cosas Los medios de difusión son auténticos grupos de presión respecto del gobierno Pero aún así, en ninguna forma pienso que el gobierno no pudiera estar en condiciones de reglamentar la forma como deben actuar los medios de difusión concesionados a los particulares, sobre todo por lo que hace a la información que el pueblo puede recibir Creo que sí puede darse una reglamentación para que los medios de comunicación manejen correctamente la información que el gobierno proporciona Esto no significa que el gobierno sea la única fuente de información de tipo político Sería absurdo pensar que los medios de comunicación deban esperar los boletines de prensa para poder actuar Unas informaciones sí son retransmitidas, pero otras son obtenidas directamente Lo importante es que no se falsee
—Creo que usted, nuevamente, habla de un deber ser hipotético que no corresponde a la realidad ¿Cómo explica la existencia de tantos periódicos en la ciudad de México y en todo el país, por ejemplo, cuando estamos conscientes de la despolitización y aun del analfabetismo de grandes sectores de la población? ¿No son muchos periódicos exclusivamente negocios y no entidades de servicio al público?
—Sí, definitivamente
—¿Cómo puede exigirse respeto al derecho a la información a alguien que está haciendo negocios y no prestando servicio?
—Verdaderamente la proliferación de periódicos es terrible Surgen por generación espontánea No cumplen una auténtica función social Y no me refiero a los pasquines —de los que prefiero no hablar—, sino inclusive a las grandes cadenas de diarios, a las revistas, a la televisión, al radio Lo que pasa es que se han convertido en grupos de presión tan fuertes, que pues tendrá que llegarse a la drasticidad en cuanto a las medidas que podrían adoptarse para obligarlos a cumplir la función social que les es propia y que es la de informar
“Esto se da en los periódicos, muchos de los cuales se convierten, más que en medios de difusión de la realidad nacional, en simples transmisores de publicidad de las trasnacionales de las grandes cadenas de tiendas, de una serie de cosas que no están relacionadas con lo que deben proporcionar al pueblo Yo diría que en México pocos son realmente los medios de comunicación que se pueden reputar como informadores La mayoría están dentro de una campaña mercantilista, muy alejada de lo que debe ser la misión fundamental de los medios
“Por eso digo que habría que reglamentar esa actividad De ser menester, quienes no actúan sobre bases auténticas de honestidad periodística —en la prensa, la radio o la televisión— deben perder, en un caso, su licencia y en los otros sus concesiones Se trata de crear realmente una opinión pública en México, que lamentablemente no existe”
—Senador, esto nos lleva a las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación ¿No existe entre ellos una relación de connivencia, de intereses que mutuamente se protegen?
—No quiero llegar al extremo de pensar que hay un recíproco interés Creo que se han generado vicios, círculos viciosos en la relación entre el gobierno y los medios de comunicación Tal vez parezca ingenioso, pero pienso que no existe connivencia
“Este tipo de relaciones es negativo para la evolución de México Produce un retraso en la evolución política del país Y desde este punto de vista sí convendría que se adoptaran medidas de tal naturaleza que fueran rompiendo con esos intereses creados, con esos círculos viciosos no sé si a través de ciertas fórmulas jurídicas o mediante alguna medida drástica”
—¿Qué piensa usted del manejo de la publicidad oficial? En muchas oficinas de prensa del gobierno se manipula, se utiliza como método de presión
—Es parte de ese círculo vicioso del que hablo La publicidad que sale de oficinas de prensa y de relaciones públicas se utiliza en muchas ocasiones para mantener una determinada imagen de un funcionario Hay inclusive dispendios de los recursos de las dependencias de que se trate Y cuando la publicidad, por alguna razón, se limita, viene a veces en contrapartida una reacción negativa de algunos medios en contra de ese funcionario
“Es un auténtico círculo vicioso Hay un tácito antagonismo que lamentablemente ya se estableció Claro que existen excepciones, tanto entre dependencias del gobierno como entre empresas periodísticas Pero como quiera que sea, en términos generales es una situación en la que nos encontramos, un verdadero cáncer que podría ser erradicado en razón de una política del gobierno en forma total, definitiva , o poco a poco”
—Vayamos a las relaciones entre el gobierno y los periodistas, en lo individual ¿Qué pensaría usted si un periodista le ofrece una gratificación para que usted le garantice que le va a proporcionar cierta información?
—Es una hipótesis extraña, pero sería una actitud definitivamente inmoral de su parte y de la mía, si acepto
—Lo contrario, en cambio, es lo más común
—Es lo más común, efectivamente: el funcionario que ofrece y el periodista que acepta Con esto me viene a la mente un delito, que es el de cohecho, en el que los dos partícipes son sujetos activos del delito
—Y en ese sentido, ¿qué lugar le daría al embute?
—Bueno, el embute es una institución nacional Erradicarlo no es ni siquiera una cuestión de tipo jurídico, sin de moral individual Es una cuestión de actitud personal, de formación, inclusive profesional He podido advertir que en los periodistas jóvenes, muchos de ellos con formación profesional amplia, hay mayor honestidad
—Pero, senador, yo creo que esto trasciende una actitud personal ¿Qué derecho a la información puede ejercer el público cuando ésta se halla viciada desde su origen, a través del reparto de dinero entre los reporteros?
—Eso es lo más grave del asunto Insisto por eso en que la cuestión del derecho a la información pone en juego a múltiples factores, inclusive algunos de tipo moral Reconozco que hay funcionarios que dan dinero para aparecer en la columna X o en la columna Z Pero existe también el periodista o el comentarista de radio o de televisión que acepta ese embute para continuar con esa política de información, entre comillas Ahí sí, aparte de toda regulación jurídica, necesitamos periodistas honestos, comentaristas de radio honestos, comentaristas de televisión honestos y funcionarios honestos
—Senador, usted conoce la fuerte resistencia a una eventual reglamentación del derecho a la información ¿Proviene ésta de los beneficiarios de este círculo vicioso?
—Bueno, sería aventurado señalarlo en esa forma No creo que estén ajenos al problema, pero tampoco que sean ellos el único obstáculo para reglamentar el derecho a la información Creo que podría llegarse a esto si, fuera de toda actitud demagógica, quienes son especialistas en este terreno se dedican a analizar todas estas cuestiones que estamos comentando usted y yo Primero qué es lo que entendemos por derecho a la información; y después qué es lo que vamos a reglamentar, el derecho o la garantía Es necesario un análisis auténtico, honrado, por parte de sociólogos, sicólogos, economístas, abogados, además de quienes participan en los medios de comunicación Se trata de saber qué es lo que nuestra sociedad requiere en materia de información y cómo se puede conseguir En seguida, dar a esto una manifestación jurídica
—¿No existe el riesgo de llegar a una reglamentación sobre bases irreales, que no correspondan a lo que es la situación de la información en México?
—No, el esfuerzo jurídico sería precisamente encaminado a terminar con este status Lo que la reglamentación va a contener son las fórmulas más idóneas para resolver el problema, emanadas de ese análisis que propongo
—¿Cree usted que el cáncer del que habló tenga curación?
—Creo que sí Y no me considere ingenuo Parto de un auténtico optimismo Hay, en definitiva, quienes están verdaderamente interesados en tratar de resolver problemas de esta naturaleza Y creo en serio que a todos nos interesa el desarrollo del país y sabemos que, entre otros factores, lo retrasa esta situación de corrupción Usted, al principio mencionó la despolitización Ni siquiera es tal Se trata de una apolitización El escepticismo es de tal naturaleza que en México el pueblo no participa en la política, en su propia política Una de las causas es lo que hemos estado comentando El mexicano es muy escéptico de la información que recibe, que o es inoportuna o no es verídica, o simplemente no es la que debería proporcionársele y en muchas ocasiones se le da unilateral y parcialmente Creo sinceramente que esto ha influido para que seamos un país escéptico”
—¿Hay formas de evitar la proliferación de periódicos como simples negocios?
—No, tal como están las cosas ahora no puede evitarse La Constitución garantiza la libertad de trabajo, la libertad de dedicarse a cualquier cosa con tal de que sea lícita Lo que sí hay manera de impedir —y no se ha logrado— es la creación de monopolios periodísticos, porque esto sí está explícitamente prohibido en la Constitución Y esto es muy importante porque los monopolios no sólo son grupos de presión frente al gobierno, sino que manipulan a la opinión pública
__¿Ejemplos de esos monopolios?
—A nadie escapa que tenemos un monopolio en materia de televisión comercial, porque las únicas estaciones de televisión de importancia —excepto los canales oficiales— pertenecen a la misma empresa
—Senador, en el caso de los periódicos, ¿se vale entonces que sólo se necesite tener dinero para fundar uno, como si se tratara de poner un estanquillo?
—Bueno, es legal, pero no es lo mejor Habría que pensar en establecer requisitos para el ejercicio de la profesión periodística Ocurre en otros casos: no cualquiera puede dedicarse a la medicina; no cualquiera puede poner un laboratorio médico, si no acredita ante las autoridades que dispone de los recursos humanos y materiales idóneos para esa actividad
“Esto —agrega Castellanos Coutiño— tendría dos vertientes: que aquellos que deseen dedicarse a la práctica del periodismo demuestren sus capacidades profesionales; y que aquellos que deseen crear un periódico, demuestren contar no sólo con recursos materiales, sino con el personal profesional acreditado dentro de la rama de la información Y esto podría ser una exigencia para otorgar el registro a una publicación o la concesión a una televisora o radiodifusora que pretendan dedicarse a trabajos informativos
—¿Qué tanto convendría este planteamiento profesional a un gobierno que trabaja con base en sobreentendidos mutuos con los periodistas y la empresas periodísticas actuales?
—Creo que sí le serviría, inclusive porque tendría que profesionalizar sus propios medios de difusión Ambos sectores tendrían que encontrar recursos humanos más idóneos para formar sus relaciones Sería positivo Claro, estamos hablando de un gobierno que beneficie al pueblo, no de un gobierno que actúe en forma arbitraria, porque en este caso, así pusiéramos el mejor servicio informativo a nivel privado, si el gobierno no actúa honestamente no tendría ningún sentido
El senador completa:
“Dentro de nuestras estructuras, siempre he pensado en la buena intención del gobierno y por eso creo que éste tendría que renovar sus propios elementos para purificar sus relaciones con los medios de comunicación”
—Senador, se ha hablado mucho de la corrupción dentro del aparato gubernamental ¿No es el periodismo, con los vicios que hemos comentado aquí, la contraparte a un gobierno con funcionarios corruptos?
—Sí, por supuesto hay una correspondencia La corrupción la encontramos tanto en el sector público como en el privado Y en el caso de la actividad periodística, hay corrupción en el gobierno y en los medios de comunicación y se produce en razón de una correspondencia Puede provenir, en sus orígenes, de cualquiera de sus partes,: del funcionario que ofrece dinero; del periodista que acepta; del medio de comunicación que chantajea Ya no se trata sólo de un problema legal, sino de un problema humano Se requiere de una mejor formación de los funcionarios y de los periodistas: una convicción de que ambos están al servicio del pueblo y del país y no al servicio de intereses personales
—¿Hay posibilidades de un arreglo de la situación, a partir de la buena voluntad de las partes, o como creo yo las cosas se hallan tan mal que difícilmente se pueden transformar, aun con un instrumento jurídico adecuado?
—Creo que sí hay arreglo Claro, no puede pensarse en que de la noche a la mañana se puede transformar una estructura viciada por todos conceptos y que esta transformación se logre únicamente a través de disposiciones legales Es necesario un marco jurídico, sí, pero también una transformación individual que sólo puede venir a través de una efectiva y auténtica educación, que traiga como consecuencia periodistas que sean lo suficientemente honestos consigo mismos y con los demás, y funcionarios que tengan una auténtica convicción de servidores públicos Con una transformación de este tipo vendría sin duda una evolución política del país mucho más rápida
—Imaginemos, senador, que el embute como institución desaparece ¿Cree usted que podría haber una buena relación entre el gobierno y los medios de comunicación?
—Sí, pienso que sí
—Pero se perdería ese respeto que ahora se tienen entre sí
—Lo grave es que no es respeto, sino falta de respeto recíproco, que nace de esa situación de si tú me tratas mal en una nota yo te reduzco el embute, y si tú me das embute, entonces no te trato mal Ahí no hay respeto; hay falta de respeto Ningún respeto puede haber en unas relaciones sujetas a la presión económica
—Usted, como procurador de justicia que fue ¿cree factible que el ideal del que estamos hablando se alcance?
—Es muy difícil, extraordinariamente difícil Soy optimista, pero no puedo dejar de recordar mis experiencias en la Procuraduría del Distrito Federal, donde comprobé lo difícil que resulta romper los círculos viciosos de la corrupción Hay un dato alentador He podido comprobar que muchos periodistas de la nueva generación, con mayor preparación profesional, son más auténticos en su actuación Algunos de ellos son amigos míos y eso no establece ningún tipo de relación mercantil Eso no quiere decir que todos los viejos periodistas hayan sido corruptos, pero me parece importante señalar que los jóvenes son un poco mejores
—¿Un cambio en los periodistas obligaría a un cambio en las empresas periodísticas?
—Por lo menos es importante que se dé, porque beneficiaría al país en su conjunto Ojalá haya más gente honesta, más vertical, que se acaben los periodistas que se sienten eminentemente políticos porque hacen periodismo político, que haya periodistas que se dediquen con honestidad a su actividad y no abusen de ella para sus propósitos personales
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