SAN SALVADOR, 27 de noviembre (apro) – El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió, el pasado 18 de noviembre al Estado salvadoreño, investigar los crímenes y desapariciones que ocurrieron durante la pasada guerra civil (1980-1992) y solicitó "que se proceda al enjuiciamiento y castigo de los autores"
El Comité, conformado por 10 expertos independientes, vigila el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura, examinando cada cuatro años el respeto de la misma en los países que la han ratificado Actualmente suman146 Estados El dictamen fue dado a conocer en Ginebra, Suiza, donde está su sede
El Salvador vivió un conflicto armado de 1980 y hasta 1992, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz entre la insurgencia Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno de turno, encabezado entonces por Alfredo Cristiani, del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) Este partido gobernó en El Salvador desde 1989 al 31 de mayo de 2009
La ONU es enfática al recordarle a El Salvador qué "el Comité expresa preocupación por la falta de reparación integral a las víctimas y familias de las personas víctimas de desapariciones forzadas o involuntarias durante el conflicto armado de 1980 a 1992 y, en general, por la insuficiencia de investigaciones, el castigo y la falta de plena reparación y rehabilitación en relación con esos delitos"
La guerra en El Salvador dejó alrededor de 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos Familiares de las víctimas aún esperan saber dónde podrían estar las víctimas que fueron detenidas por agentes del Estado (militares o policía) y de quienes nunca más se tuvieron noticias
Además, el Comité le recuerda al Estado salvadoreño que las violaciones a los derechos humanos son "crímenes" y que "la desaparición forzada es de carácter continuo y debe ser investigada en tanto sus efectos se sigan produciendo y perseguida hasta identificar a los responsables de su comisión"
El Salvador ha sido un país que ha registrado en su historia un largo perfil de dominación militar, como la dictadura de principios del siglo XIX del general Maximiliano Hernández Martínez, quien terminó reprimiendo una revuelta de campesinos e indígenas en 1932 "La matanza", como algunos le llaman, dejó, según los estudiosos, alrededor de 30 mil muertos
Dentro de esa historia en el país más pequeño de Latinoamérica, se registran hechos que sólo tienen comparación con el exterminio que llevó a cabo el nazismo, como la denominada "Masacre del Mozote"
El blanco de aquella masacre fue la población civil Las ejecuciones fueron cometidas por el Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), durante un operativo de contrainsurgencia, realizado en la primera quincena de diciembre de 1981, en los cantones El Mozote, La Joya y Los Toriles, en el norte del departamento de Morazán Ahí fueron asesinados alrededor de 900 campesinos, entre niños, mujeres y ancianos
Los archivos militares
El 15 de marzo pasado, en la historia del El Salvador se registró un hecho sin precedente: la izquierda llegó al poder a través del experiodista Mauricio Funes El FMLN llegaba al Ejecutivo a través del voto democrático y derrotaba a su viejo rival de derecha: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)
Desde sus inicios como candidato presidencial, Funes hablaba de reparar y honrar la memoria de las víctimas que trabajaron por la democracia en El Salvador El 1 de junio, minutos antes de tomar posesión como presidente, el experiodista visitó la tumba de monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por un francotirador, miembro de un escuadrón de la muerte
El 7 de noviembre, el gobierno asumió, por primera vez, la responsabilidad en el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero y se comprometió a realizar las investigaciones y reparaciones del mismo
Siempre en noviembre, el día 16, el mandatario Funes entregó la máxima distinción que concede El Salvador, denominada "Orden José Matías Delgado, Gran Cruz Placa de Oro", a familiares y amigos de los seis sacerdotes jesuitas que fueron asesinados por el ejército en 1989 El crimen fue ordenado por altos mandos del ejército y ejecutado por efectivos del Batallón Atlacatl, entrenado en Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia y el mismo que años anteriores había masacrado a los pobladores de "El Mozote"
"La situación actual, de parte del ejecutivo, es totalmente diferente El gobierno ha dicho que respetará los tratados internacionales en materia de derechos humanos que emanan del sistema interamericano y de las diferentes agencias de Naciones Unidas", dijo a Apro el director general de Derechos Humanos de la cancillería salvadoreña
"Hemos manifestado al Comité contra la Tortura que tenemos un nuevo enfoque en materia de Derechos Humanos y sus obligaciones internacionales como el reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por el daño causado", apuntó Morales
En ese sentido, el funcionario dijo que se facilitará todo lo que sea necesario, con la búsqueda de información para resolver el tema de los desaparecidos Incluso, Morales alabó la postura expresada recientemente por el ministro de Defensa, general David Munguía Payes, en el sentido de que está dispuesto no sólo a pedir perdón por los abusos cometidos por el Ejército durante la guerra civil, sino que también podría abrir los archivos militares de la guerra civil para tratar de indagar sobre desaparecidos y otras víctimas
El gobierno salvadoreño se ha reunido con las asociaciones cívicas y defensoras de los derechos humanos para recabar información e iniciar el trabajo de búsqueda de los desaparecidos
El Comité contra la Tortura también ha visto con buenos ojos la actitud del presidente Funes Afirma que "observa con satisfacción la posición del gobierno de no dar continuidad a la posición que prevaleció en las administraciones anteriores, la cual consistió en justificar la vigencia de la Ley de Amnistía como necesaria para la conservación de la paz en el Estado parte"
En ese mismo espíritu, el Comité "insta al Estado parte a que derogue la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz"
La citada ley de amnistía fue promulgada por el gobierno de Alfredo Cristiani en 1993 Bajo su manto los crímenes de guerra y de lesa humanidad no han sido investigados ni perseguidos
Sin embargo, Morales aclaró la nueva situación: "El gobierno no niega sus obligaciones emanadas de los tratados internacionales En el caso de la anulación de la amnistía en un caso muy claro de una obligación estatal exigida por los organismos internacionales de protección en virtud de la aplicación de esos tratados internacionales"
Tanto el sistema de convenciones de los Estados Americanos (OEA), como de Naciones Unidas (ONU), a El Salvador le han exigido reiteradamente la anulación de la amnistía, pero los anteriores gobiernos de derecha lo negaron reiteradamente, al afirmar que anular la ley se "abrirían viejas heridas"
La nueva posición, según Morales, es que "el gobierno no puede deliberar ni impugnar una obligación emanada de los organismos internacionales Nuestra posición es reconocer esta posición Sin embargo, el cumplimiento interno de esa obligación (anular la amnistía) será de la Asamblea Legislativa"
Morales agregó que, una vez llegue a cancillería de El Salvador la resolución del Comité contra la Tortura, será enviado al parlamento para que los diputados deliberen y tomen la decisión final
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