De acuerdo con una base de datos elaborada por Proceso, el aumento de la deuda pública coincide con la expansión de los programas sociales de la autodenominada Cuarta Transformación. El gasto en apoyos como la Pensión para Adultos Mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro pasó de 222 mil millones de pesos en 2019 a casi 900 mil millones en 2026. Expertos advierten que esta rigidez presupuestaria, el apoyo continuo a Pemex, la baja recaudación y el bajo crecimiento económico podrían comprometer el grado de inversión del país, siguiendo una ruta similar a la de Brasil.
Afuera de la sucursal del Banco del Bienestar ubicada en la colonia Tabacalera, frente a lo que era un Sanborns, en pleno Paseo de la Reforma, hay una larga fila de adultos mayores que esperan el depósito de su Pensión para el Bienestar.
A unos metros, sobre la calle Antonio Caso, una cantina comienza a prepararse para la faena de la noche. Un hombre lava la banqueta y desde una pantalla encendida se escucha una voz en off que habla de otra cuenta, la deuda de México, que también ha crecido durante los años en que aumentaron los recursos destinados a los programas sociales y que ya comienza a preocupar sobre la calificación crediticia del país.
Desde que la autodenominada Cuarta Transformación llegó al poder el saldo de la deuda pública más amplia del país aumentó alrededor de 8.7 billones de pesos, de acuerdo con una base de datos elaborada por Proceso a partir de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En junio de 2018, meses antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que es la medida más amplia de la deuda del país, se ubicaba en aproximadamente 10.3 billones de pesos.
Ocho años después, en junio de 2026, ya con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y la continuidad de la Cuarta Transformación, alcanzó 19.4 billones de pesos.
Es decir, entre junio de 2018 y el mismo mes de 2026, la deuda aumentó aproximadamente 8.6 billones de pesos, un crecimiento nominal cercano a 84 por ciento.
Además, al llevar las cifras de 2018 a pesos de junio de 2026, aquellos 10.37 billones equivaldrían actualmente a aproximadamente 15.2 billones de pesos. La deuda, sin embargo, ya supera los 19 billones
Esto significa que, incluso descontando la inflación, durante los años de Morena en el gobierno federal se agregaron alrededor de 3.9 billones de pesos a la deuda pública, un incremento real cercano a 25.5 por ciento.
Como una bola de nieve al final del sexenio de AMLO
El aumento de la deuda se hizo más pronunciado durante los últimos años del gobierno de López Obrador.
Para 2023 la deuda del país se encontraba en aproximadamente 15.9 billones de pesos actuales. Para junio de 2024, último año de su administración, ya había pasado a alrededor de 17.3 billones, con cifras deflactadas.
Con Sheinbaum en la Presidencia, para junio de este año alcanzó los 19 billones. En esos mismos años ocurrió otro cambio importante, la política social se convirtió en una de las principales apuestas presupuestarias de la Cuarta Transformación.
La base de datos elaborada por Proceso también permite observarlo. En 2019, primer año completo de Andrés Manuel López Obrador, los apoyos sociales, incluyendo Jóvenes Construyendo el Futuro, rondaban los 222 mil millones de pesos. Para 2026 el monto ya es cercano a los 900 mil millones de pesos, con datos deflactados del presupuesto de este año.
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se convirtió en uno de los principales símbolos de su administración. A ella se sumaron las becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y la pensión para personas con discapacidad.
Sheinbaum amplió la estructura, a los programas heredados añadió la Pensión Mujeres Bienestar y la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, al mismo tiempo que mantuvo el compromiso de conservar las transferencias que reciben millones de hogares.
Por eso las filas siguen afuera del Banco del Bienestar, esperando los apoyos económicos.
Cuenta regresiva
Para especialistas y casas de análisis, una parte importante de la presión que hoy enfrenta la deuda pública mexicana está relacionada con el crecimiento de los programas sociales.
De hecho, los apoyos ya tienen una serie de características que complican todavía más las finanzas públicas; aumentaron con fuerza, ya absorben una porción considerable del presupuesto y resultan políticamente muy difícil retirarlos.
Presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Víctor Manuel Barajas Barrera advierte que los apoyos sociales han empujado la deuda del país y que y ya pesan en el gasto público.
El punto de no retorno puede verse en 2024, expone; ese año se rebasó el billón de pesos destinados a estos programas y al mismo tiempo el déficit del país llegó a casi 6% del PIB. Es decir, el gobierno elevó compromisos de gasto cuando los recursos disponibles no eran suficientes para financiarlos.
“Son apoyos sociales que son muy complicados de retirar o de diluir, si se diluyen es en el largo plazo y se debió de haber pensado en esto y el impacto que iba a tener en las finanzas públicas porque no teníamos el dinero para financiarlo”, expuso a Proceso.
El crecimiento también aparece en las cifras de la Cámara de Diputados. Un informe presentado este 2026 reconoce que los apoyos sociales ya representan 2.5% del PIB, mientras que en 2019 equivalían a 0.6 por ciento. En siete años su peso respecto del tamaño de la economía se multiplicó por más de cuatro.
El problema no termina en el dinero destinado directamente a los programas. Conforme el gobierno recurre al endeudamiento para cubrir un gasto mayor a sus ingresos, aparece una segunda factura: los intereses.
Para el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en su Análisis Económico número 17, el país se endeuda para financiar “programas sociales” y el aspecto más preocupante de las finanzas públicas mexicanas es precisamente el aumento del costo financiero de la deuda.
Para 2026, pagarla alcanzaría 1.57 billones de pesos, equivalentes a 4.1% del PIB. La dimensión se entiende mejor al compararla con dos áreas básicas del Estado: el costo financiero de la deuda ya supera lo destinado a salud, que representa 2.5% del PIB, y a educación, con 2.9% del PIB, expone el centro de análisis económico de Occidente.
El gasto social gana terreno en el presupuesto
Otro punto muy importante del Paquete Económico 2026, sostiene el ITESO, es que la Secretaría del Bienestar se consolidó como la dependencia con mayor presupuesto dentro del gasto programable, por encima de sectores como salud y educación.
Los programas sociales prioritarios concentran buena parte de los incrementos. La Pensión para Adultos Mayores absorbe más de la mitad de los recursos del ramo y aumentó en más de 43 mil millones de pesos respecto del presupuesto aprobado en 2025.
El problema hacia adelante es que el gobierno difícilmente puede dar marcha atrás a los programas sociales, los apoyos ya forman parte del ingreso de millones de personas y reducirlos tiene un costo social y político. Por eso, en vísperas del Paquete Económico 2027, Barajas Barrera considera que nuevamente habrá que observar dos cosas: qué ocurrirá con los apoyos sociales y cómo se manejará la deuda.
“Lo que se tiene que replantear en este momento es que no sigan subiendo (los apoyos sociales), y que de alguna manera estimular el crecimiento de la economía pueda ir diluyendo el monto porcentual de lo que son los apoyos con respecto del presupuesto. Es muy difícil poder decirle a la gente después de que ya se les comprometió una cantidad, decirles que se las quitan, ¿no? Eso no creo que pueda ser factible”, sostuvo.
En jaque, el grado de inversión
Manuel Herrera sostiene que el crecimiento de la deuda pública durante el gobierno de Claudia Sheinbaum puede comprometer el grado de inversión del país, particularmente porque la economía no ha logrado crecer con fuerza durante los últimos años y apenas alcanzaría 1% en 2026.
Con una economía que avanza a ese ritmo resulta más difícil generar los ingresos necesarios para sostener un gasto creciente sin recurrir a más deuda. Y si al bajo crecimiento se añade un déficit elevado, el endeudamiento continúa acumulándose.
“Se debieran publicar medidas mucho más concretas para poder estimular el crecimiento, por un lado, porque con crecimiento de 1% si tienes un déficit de casi 5%, obviamente te va a aumentar el apalancamiento en cuatro puntos; y la otra es que se tiene que avanzar en la consolidación fiscal”, explica.
Para el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la preocupación ya alcanza la calificación crediticia. De acuerdo con el centro, México enfrenta un escenario en el que la deuda neta se ubica en 54.2% del PIB, con miras a alcanzar 60%; a ello se suma que en 2025 se generó un déficit presupuestario equivalente a 4.4% del PIB, mientras la economía solamente creció 0.6 por ciento.
La combinación es que hay más deuda, déficits persistentes y una economía que crece demasiado poco para aliviar el peso de ambos.
“Preservar la confianza de los mercados requiere finanzas públicas sostenibles, instituciones creíbles y una estrategia consistente para impulsar el crecimiento y la consolidación fiscal en el mediano plazo”, sostiene en un análisis.
Para el CIEP, México debe tener cuidado de no seguir una trayectoria como la de Brasil, que perdió el grado de inversión.
Actualmente las notas crediticias de las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s ubican a México en el último escalón del grado de inversión con BBB- y Baa3, respectivamente, ambas con perspectiva estable. Mientras que S&P Global Ratings ubicó al país en BBB, con perspectiva negativa.
Entre los problemas que identifican las calificadoras están el lento crecimiento económico, la baja recaudación, la rigidez del presupuesto, el apoyo continuo a Pemex y la incertidumbre provocada por cambios institucionales recientes, como la reforma judicial, y finalmente, los programas sociales que presionan las finanzas públicas.
Preocupaciones sin fin
La discusión entre las casas de análisis ya alcanza el momento en que la deuda podría tocar otro umbral de 60% del PIB y con ello decirle adiós al grado de inversión.
El área de análisis de Banamex asegura que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo persiste un “sistemático desequilibrio” fiscal en el manejo de las finanzas públicas de México, una condición que, de mantenerse, podría llevar a que la deuda bruta alcance 60% del PIB en 2027.
BBVA coloca ese escenario más adelante, la deuda pública mexicana podría alcanzar alrededor de 60% del PIB hacia 2030 si no se realizan cambios estructurales, entre ellos atender la situación de Pemex, conseguir un mayor crecimiento económico y reducir el déficit fiscal.
De hecho, 2030 coincide con el cierre del sexenio de Claudia Sheinbaum.
Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, sostuvo durante la presentación del informe “Situación México” que si la deuda llegara a esos niveles, el país sí podría perder el grado de inversión.
En ese escenario, a México le resultaría más costoso acceder a fuentes de financiamiento externas, debido a que los inversionistas institucionales percibirían un mayor riesgo al colocar sus recursos en el país.
Esto se traduciría en un encarecimiento del financiamiento no sólo para el gobierno, sino también créditos más caros y pérdidas para las empresas y, en consecuencia, para los hogares de los mexicanos.








