Lejos de ser un simple traspié personal, el fallido regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa y el reclamo de Andrés Manuel López Beltrán a Trump por la revocación de su visa dejaron al descubierto el antagonismo soterrado entre el sector institucional, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el lopezobradorismo más radical. La partida ganada por la mandataria, quien calificó de imprudente al gobernador con licencia, dejó sin argumentos a la facción afín a Andrés Manuel López Obrador para defender al sinaloense, evidenciando una fractura rumbo a la definición de candidaturas para 2027.
El fallido regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa tomó por asalto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien se reportó enferma para no salir a su conferencia cotidiana del viernes 21 de agosto último. El desafío que planteaba el regreso del hombre requerido por la justicia de Estados Unidos obligó a una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional.
El reto para la mandataria fue doble: por un lado, la relación con Estados Unidos que durante casi cuatro meses la había sobrellevado con el argumento de la falta de pruebas contra Rocha Moya y la defensa de la soberanía nacional. Por el otro, la relación con el partido que la llevó al poder de la mano del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sheinbaum Pardo capoteó la provocación del sinaloense durante ese fin de semana de agosto, pero como saldo quedó en evidencia un partido gobernante fragmentado por la estrecha colaboración que su gobierno ha mantenido en materia de seguridad con la administración Trump, la que ha insistido en relacionar a la clase política gobernante de México con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
El capítulo que desequilibró la relación al interior de Morena comenzó la noche del jueves 13, cuando Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, dio a conocer que Estados Unidos revocó su visa y que envió una carta de reclamo a Trump. El morenismo, empezando por la presidenta, defendió a López Beltrán.
A partir de ese momento una sucesión de hechos dentro y fuera de México puso el foco de atención en el partido gobernante.
Una semana después del alboroto que provocó el retiro de la visa a López Beltrán, la presidenta adelantó el día 20 de agosto que Argentina estaba por expulsar al contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de encabezar el multimillonario fraude del huachicol fiscal ocurrido durante el gobierno de López Obrador.
El anuncio de Sheinbaum ocurrió un día después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el director de la DEA, Terry Cole, se deshicieron en elogios mutuos durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que tuvo lugar en Buenos Aires. Ambos subrayaron la cercana relación en materia de seguridad entre los dos gobiernos, lo que no sucedió en el de López Obrador.
La actual cooperación va más allá de la agencia antidrogas estadunidense, como lo demostró el hecho de que el retorno de Farías fuera operado por la Secretaría de Marina junto con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), después de darle seguimiento en Estados Unidos y en Colombia, de acuerdo con integrantes del propio Gabinete de Seguridad consultados por los reporteros.
Días antes, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dio a conocer un acercamiento militar más entre los dos países. Anunció la firma de una “Declaración de intención” para permitir a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acceder al mercado digital del Ejército estadunidense y adquirir “a precios competitivos” sistemas de drones y antidrones con el propósito de combatir al narcotráfico.
El acuerdo fue firmado por el general Héctor Ávila Alcocer, comandante del Ejército Mexicano, y el general Daniel Patrick Driscoll, secretario del Ejército de Estados Unidos.
En momentos en que la cooperación entre los dos países se concretaba con la llegada del contraalmirante Farías Laguna la madrugada del viernes 21, surgió el caso Rocha Moya, que amenazó con descarrilar la relación bilateral. Esa misma mañana, después de que Sheinbaum se reportara enferma, Rocha Moya anunció su regreso al gobierno de Sinaloa tras casi cuatro meses de licencia.
Con esa decisión desafió la petición de Estados Unidos a México de detenerlo con fines de extradición por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa, junto con nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El provocador regreso de Rocha se concretó después de que se registraran dos hechos relevantes en torno del sinaloense. El primero, el 17 de agosto último, ocurrió cuando desde Estados Unidos se informó que quien fue su secretario estatal de Seguridad Pública, el general Gerardo Mérida Sánchez, salió a principios de agosto de la prisión de Brooklyn donde se encontraba desde mayo último, cuando se entregó a las autoridades estadunidenses, acusado también de facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa cuando trabajó con Rocha Moya.
El general Mérida Sánchez sigue bajo custodia estadunidense ante la posibilidad de convertirse en informante.
El segundo hecho ocurrió dos días después, el 19 de agosto, cuando la FGR detuvo en la Ciudad de México a Fausto Corrales Rodríguez por encubrimiento y falsedad de declaración como testigo clave del asesinato de Héctor Melesio Cuén –de quien era su cercano colaborador– y del secuestro de Ismael el Mayo Zambada para ser entregado en Estados Unidos, casos del 25 de julio de 2024.
De acuerdo con una carta del Mayo Zambada que hizo pública su defensa, ese día ambos acudieron a una finca en las afueras de Culiacán, en donde también estaría el gobernador Rocha Moya.
Desde ese primer momento el entonces presidente López Obrador, los gobernadores, legisladores y todo el aparato de Morena salieron en defensa del ahora gobernador con licencia.
Como candidata presidencial y a su llegada a Palacio Nacional, Sheinbaum también lo defendió recurriendo al argumento de la falta de pruebas y al discurso de la soberanía nacional. Así administró el tema durante casi dos años hasta que Rocha dio el paso en falso.
La primera reacción contra Rocha fue de la Secretaría de Gobernación. En un breve comunicado de deslinde, la dependencia aseguró que se trataba de una decisión personal y que las investigaciones en su contra se mantenían abiertas en México y en Estados Unidos. Horas después gobernadores, legisladores y la dirigencia de Morena rechazaron el regreso del mandatario sinaloense.
La que no se escuchaba era la voz de la presidenta Sheinbaum. Por la tarde del viernes convocó de emergencia a su Gabinete de Seguridad. Una de las salidas era propiciar el desafuero de Rocha. Tomó horas definir la posición pública presidencial. Al día siguiente, el sábado por la mañana, la jefa del Ejecutivo federal arremetió contra Rocha Moya.
“Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder”, escribió en sus redes sociales.
Continuó: “El poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo termina enfrentándose a la historia. México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la nación es eterna. El pueblo no está para alimentar ambiciones personales: está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza”.
Agregó: “Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular está el pueblo y la nación”.
Tras el descolón presidencial y el rechazo generalizado en Morena, Rocha Moya volvió a pedir licencia al cargo y ahora se enfrenta a una posible sanción o de plano expulsión de Morena pese a su cercanía con López Obrador.
La mandataria mexicana no suele tener la iniciativa de acercarse a medios de comunicación en medio de sus actos de fin de semana para dar declaraciones cuando se trata de asuntos que acaparan la agenda nacional; en esta ocasión lo hizo los dos días que estuvo en la Ciudad de México.
El sábado dijo que se enteró del retorno de Rocha Moya al mismo tiempo que el resto de los mexicanos, dejando en entredicho a sus servicios de información. El domingo 23 de agosto la mandataria consideró que la decisión de Rocha Moya de haber reculado “es lo mejor para Sinaloa”.
Ya en su conferencia del lunes 24 calificó de “imprudente, por decir lo menos”, la decisión del sinaloense, de la que deslindó a López Obrador. Después de varios segundos de silencio al ser cuestionada sobre un rompimiento al interior de Morena, evitó responder si se trataba de una ruptura política con el grupo que apoya al expresidente y del que forma parte el atribulado gobernador con licencia.
En un inédito posicionamiento político, en su cuenta de Instagram, García Harfuch emitió un mensaje de respaldo a Sheinbaum respecto de la responsabilidad de los servidores públicos. Tomó un mensaje de lo que dijo en Argentina ante Terry Cole: “Nuestros cargos y el poder que hoy tenemos son efímeros, pero nuestra responsabilidad no”.
Cole, a su vez, no quitó el dedo del renglón. En entrevista con N+ Univisión aseguró el domingo 23 que funcionarios de alto nivel en México trabajan directamente con los cárteles y se refirió en específico al Cártel Jalisco Nueva Generación, y remarcó la colaboración con García Harfuch, quien no es bien visto por el sector de Morena cercano a López Obrador.
Claudistas y lopezobradoristas
En Morena el caso Rocha Moya desató posiciones encontradas, aun cuando hubo pronunciamientos de gobernadores, legisladores y el propio partido pidiéndole que reconsiderara. Pero en los matices se esconde lo que dentro y fuera del morenismo se identifica como los claudistas (moderados) y los lopezobradoristas (radicales), confrontación que se agudizará por la disputa de las candidaturas de las elecciones para gobernador, diputados federales, ayuntamientos y diputaciones locales del próximo año.
Dentro de Morena hay quienes ven un distanciamiento entra ambas corrientes, sobre todo en la relación con Estados Unidos.
En el caso del retiro de la visa al hijo del expresidente López Obrador la indicación de la dirigencia de Morena fue “respaldar en bandada” a Andy, lo que generó cuestionamientos en diversos cuadros del movimiento, que no vieron correcto convertir un tema personal en causa nacional.
El senador Higinio Martínez Miranda apuntó que era momento de cerrar filas más allá de posibles desacuerdos. “Soy de las personas que ha llegado a criticar cosas que no me gustan, pero hay que entender que hay momentos para cerrar filas, pero eso no quiere decir que cerrando filas todos somos blancas palomas. Si hay alguien que tenga que pagar, que pague, pero hasta que un juez determine culpabilidad, todo el mundo es inocente”.
Para el senador mexiquense el tema del visado de Andy no debería tener mayor repercusión dentro del movimiento. “El hecho de que se hayan retirado 10 o 15 visas no son temas nacionales, es una decisión soberana que corresponde a un país. Es el derecho que tiene un Estado a retirar visas. Como senador, no es un tema que platicamos, no es un tema que está en la vida diaria de Morena. Ese hecho no cambia lo que es Morena”.
De acuerdo con el politólogo Fernando Dworak, la decisión de Rocha es un ejemplo de la ruptura entre “moderados” y “radicales” que se vive actualmente en Morena: “Si estamos hablando de un enfrentamiento de Rocha Moya, es táctica muy similar a las que ha hecho López Obrador a lo largo de su carrera; es decir, estirar la liga.
“Estamos hablando del inicio de una confrontación entre radicales de Morena y un Morena más institucional, más de reglas. Y el tema aquí no es solamente lo que estamos viendo en esta coyuntura, sino las luchas que va a haber o el reparto de candidaturas rumbo a 2027”.
Representantes de Morena relatan a
Proceso que al día siguiente de que López Beltrán diera a conocer la noticia del retiro de su visado, desde la dirigencia del partido, encabezado por Ariadna Montiel Reyes, se lanzó una indicación para que se pasara la voz de que había que sumarse al respaldo de Andy, tanto en espacios legislativos como mediáticos. Pese a los matices en el respaldo, legisladores, militantes y gobernadores acompañaron la narrativa planteada desde Palacio Nacional, en la que la presidenta acusó al gobierno trumpista de generar una desestabilización política:
“Esta cancelación de visas que han hecho –ellos le llaman ‘a personas políticamente expuestas’– tiene un sentido político, esencialmente, porque no es parejo a todos los países (…) y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana; ésa es mi opinión, porque no veo yo otra razón”, pronunció Sheinbaum en su conferencia de prensa del 14 de agosto último.
Horas después Ariadna Montiel Reyes –una de los perfiles más leales al lopezobradorismo– dijo que la 4T se encuentra “bajo ataque” del gobierno y agencias estadunidenses, e insinuó un trasfondo electoral:
“Hay que recordar que estamos en puertas de la elección en noviembre de Estados Unidos y éste ha sido un mecanismo de actuación del proceso electoral de Estados Unidos”.
Montiel también dijo que López Beltrán y otros políticos morenistas con polémicas –como los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar; de Tamaulipas, Américo Villarreal; el de Sonora, Alfonso Durazo, y el grupo de Sinaloa, empezando por Rocha Moya– son víctimas del intento de injerencia política desde el gobierno de Trump.
En la misiva donde dio a conocer su sanción migratoria, Andy López Beltrán evitó dar detalles sobre las razones de la cancelación y optó por enmarcar el castigo como una “agresión política”, pidiendo a Trump que considere la destitución de Marco Rubio y Cristopher Landau, apodado el Quitavisas.
“Esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder. No sobra asegurar que dichos funcionarios no cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo”, expuso en sus redes sociales el hijo de López Obrador.
Cuestionada por Proceso sobre por qué la 4T tomaba una sanción personal como un ataque a la soberanía nacional, la presidenta Sheinbaum respondió: “¿Quién es la persona? Son ‘personas políticamente expuestas’, así les llaman ellos. (…) Si a alguien le revocan una visa, tiene el derecho de decirlo o no decirlo. En este caso, él tomó la decisión, Andrés Manuel López Beltrán, de escribir una carta”. Al tercer día de preguntas, declaró que no tocaría más el tema.
La FGR también salió en defensa de López Beltrán. La fiscal general, Ernestina Godoy, incluso grabó un video para asegurar que en México no hay ninguna investigación contra el hijo del expresidente en el caso del huachicol fiscal durante el sexenio pasado.
Negó la existencia de testigos protegidos que lo hayan señalado, ni “ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria” para iniciar una indagatoria por huachicol fiscal.
Sin embargo, dos exfuncionarios de aduanas ligan a López Beltrán en declaraciones que aparecen en la carpeta de investigación 0000568/2024: un intermediario identificado como Miguel Ángel Solano Ruiz (“Capitán Sol”), de la red de huachicol de los Farías Laguna, habría usado las expresiones “Andy” e “hijo del presidente” para destrabar descargas de hidrocarburo ante funcionarios temerosos.
Voluntario o disciplinado, el cierre de filas en torno del hijo del expresidente se estrelló contra el caso de Rocha Moya, perseguido por Estados Unidos, y al que Sheinbaum había respaldado hasta que intentó regresar al gobierno de Sinaloa.
La facción “lopezobradorista” abiertamente ha manifestado su descontento con el gobierno de Trump. En este discurso se encuentra la dirigente Ariadna Montiel, quien declaró a la 4T “bajo ataque” político de EU.
La ruptura interna que comienza a gestarse en Morena se ha visibilizado también en la difusión de comunicados oficiales. En el caso de la bancada morenista en el Senado, por ejemplo, se vio un cambio entre el comunicado emitido tras el retiro de la visa de Andy y el que lanzaron tras el regreso de Rocha Moya. En el primero apareció la firma de toda la bancada, en el segundo ya no hubo firmas que generalizaran el posicionamiento.
Peor aún, el miércoles 26 de agosto el senador Enrique Inzunza, coacusado de Rocha Moya en Estados Unidos, anunció su salida de la bancada de Morena para declararse senador independiente después de que los legisladores morenistas rechazaran su intención de reincorporarse luego de que se ausentó del Senado desde que fue requerido por Estados Unidos, en abril último.
De acuerdo con Dworak, exdirector de Estudios Legislativos en la Secretaría de Gobernación y director de cabildeo y asuntos legislativos de la firma Guerra Castellanos y Asociados, los casos de Andy y Rocha Moya se enmarcan en una coyuntura clave para las elecciones de 2027, donde se determinará si Claudia Sheinbaum logra contener los descarrilamientos lopezobradoristas.
Explica que la facción “claudista” parece tener una mayor sensibilidad política, específicamente en las relaciones con Estados Unidos, y aunque eso no sea del agrado de todo el movimiento, parecería la ruta para que Sheinbaum Pardo mantenga el control en la 4T pese a los embates.
“Sheinbaum debe tratar de afianzar a un grupo más institucional, más político, más profesional, y eso puede ayudar no solamente a fortalecer la interna, sino a mejorar la interlocución con Estados Unidos. La elección 2027 va a definir qué grupo va a tener más candidaturas”, aseguró.
La situación también ha dificultado los consensos con partidos afines en la alianza electoral entre Morena-PVEM-PT para la designación de los virtuales candidatos a las 17 gubernaturas en juego.








