lunes 16 de noviembre de 2026

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La movilidad de personas extranjeras en México se ha reducido a cifras mínimas sin precedente en décadas; tendríamos que remitirnos hasta finales del siglo XX para encontrar algo similar. Algunos datos rápidos permiten evaluar la magnitud del tsunami: en sólo un mes, en diciembre de 2023, la autoridad migratoria de Estados Unidos registró en su frontera sur algo más de 300 mil “encuentros” con extranjeros (69 mil mexicanos; 231 mil de otras nacionalidades); en abril de 2026 los “encuentros” apenas fueron algo más de 12 mil (10 mil mexicanos, dos mil de otras nacionalidades). La caída del flujo es extrema como nunca.

La actual coyuntura se caracteriza por la casi desaparición de migrantes y refugiados intentando llegar a Estados Unidos; la cantidad de población no mexicana es apenas simbólica. El gobierno de Trump presenta este panorama como un triunfo –y también lo valora así el gobierno de México–, pero en realidad es una gran derrota para las poblaciones migrantes, sus derechos y alternativas de vida. Con más claridad, es un cuadro que tiene por fondo una poderosa represión.

¿Qué es lo impuesto? El control militar, paramilitar y todo tipo de obstáculos físicos y jurídicos en la frontera sur de Estados Unidos. Efectivamente, es un objetivo que el gobierno de Trump ha cumplido… con importante contribución del gobierno mexicano. ¿Queda resuelta la problemática de violencias, crisis social, económica e institucional que motiva la salida de miles de personas de sus lugares de origen, especialmente desde América Latina? No, evidentemente no.

Desde la perspectiva de las poblaciones que se ven forzadas a salir de sus países –con condición social de refugiados, titulares de los derechos correspondientes– la gran derrota impuesta por las políticas antiinmigrantes se convirtió en oscuro soterramiento de su problemática. Ya no son siquiera visibles, como lo fueron gracias a su tránsito. Difícilmente sus gobiernos ofrecerán alternativas, pues regularmente esos gobiernos son parte del problema que expulsa población.

El escenario se plagó así de incertidumbres. Probablemente una ruta sea intentar destinos alternativos, como Europa y en especial España, que en materia migratoria tiene hoy políticas ejemplares. Nada sencillo será el camino, pues los países europeos también tienden a restringir inmigración; Canadá es otra opción, pero también con limitaciones pese a su tradicional apertura.

Al menos en el corto plazo, para la mayoría de las poblaciones lo más probable será sobrevivir la contención en sus países, al lado de opresiones que les impulsan a salir. Junto con ello, también como probabilidad, las tensiones sociales incrementarán su intensidad y pueden ampliarse los deterioros, como en seguridad y violencias. La “válvula de escape” migratoria que alivió dificultades internas y es decisiva fuente de recursos vía remesas, se encuentra hoy en delicado desbalance. Lamentablemente, el cuadro prospectivo no apunta hacia algo mejor.

Por su parte, México ¿qué debe hacer con nuestra población refugiada? No me refiero al tradicional mercado laboral con Estados Unidos, que también está presionado por la coyuntura. El nudo crítico son las comunidades desplazadas por las violencias y el control territorial del crimen organizado en muchas regiones del país, que azota con particular crudeza a pueblos indígenas. Parte de las familias desplazadas saturaron albergues en las ciudades fronterizas del norte, intentando encontrar asilo en Estados Unidos. ¿Cuáles son sus alternativas ahora?

De otra parte, después del tsunami antiinmigrante, en varias ciudades del país ha logrado permanecer un número significativo de personas y familias extranjeras, en condiciones precarias y bajo hostigamiento. No es difícil ubicar su presencia e identificar su origen en Cuba, Haití, Colombia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, entre los principales. Sin mayor éxito, muchos han intentado obtener refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que debiera ser hoy una institución protagónica. La Comar permanece al borde de la extinción presupuestal –con algo de apoyo por ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) – y envuelta entre silencios, sin publicar datos y con un sitio web desactualizado. Precisamente en la coyuntura cuando es más necesaria, la institución no se siente aludida.

Debido a que es mínimo el número de extranjeros con necesidad de refugio en México, es ahora la oportunidad para desplegar humanismo y proceder a su regularización conforme a la Ley sobre Refugiados. Cuando se procede por aquí, los resultados comprobables son positivos para todas las partes. Se cumple con la ley, se protege a las personas y además se promueve desarrollo; lejos de un costo, es una gran oportunidad.

Los gobiernos y sociedades en varios estados del país lo saben perfectamente. Incluso el Gobierno de la Ciudad de México puede confirmarlo, ahora que en las tareas urbanas relacionadas con el Mundial de Futbol emplearon a decenas de migrantes para pintar puentes y muros. Lo deseable sería que esta experiencia fuera una actividad más amplia, con personas que además sean apoyadas para regularizar su estancia en México.

Los gobiernos locales tienen múltiples iniciativas relacionadas con la migración, de población mexicana principalmente, pero también extranjera. Para citar algunos ejemplos, por largo tiempo el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes ha desplegado solidarias tareas de orientación, ayuda y protección de las poblaciones en movilidad. También ha sido notable la actividad de la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, con tareas y programas de retorno asistido y de inclusión socioeconómica.

Un estado que ha implementado programas múltiples de asistencia, protección e inclusión socioeconómica ha sido Nuevo León, mediante la Subsecretaría de Diversidad e Inclusión Social y la dirección respectiva. El despliegue institucional se apoya en redes de cooperación con sociedad civil y con empresas de la región logrando resultados excepcionales. Incluso el diálogo y coordinación establecidos con el Instituto Nacional de Migración, la Comar, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones se ha convertido en un valioso recurso para migrantes mexicanos y extranjeros. En el caso de los segundos, los beneficios logrados para las personas y para el desarrollo económico regional es digno de aprendizaje y réplica por otras entidades del país.

Así, teniendo en cuenta las iniciativas locales, una estrategia nacional de inclusión de refugiados en México –sumando a los nuestros– debiera implementarse con la directa intervención de gobiernos y sociedades locales. Ya no como experiencias aisladas, sino como parte de un programa nacional federalista, eficaz, respetuoso de los derechos de migrantes y refugiados y, además, promotor de desarrollo regional. Nada cuesta realizarlo.

*Investigador del PUED / UNAM y excomisionado del INM