El 3 de junio entraron en vigor tres reformas que, a poco más de tres meses del arranque del proceso electoral, reescriben algunas de sus reglas. Dos de ellas tocan momentos decisivos de cualquier elección: quién entra a la competencia y bajo qué condiciones puede anularse un resultado. La tercera, que merece un análisis aparte, aplaza la elección judicial de 2027 a 2028 y, al hacerlo, prolonga el mandato de quienes hoy integran la Sala Superior del Tribunal Electoral, órgano que resolverá las nulidades.
La primera reforma crea, dentro del INE, una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. El nombre sugiere un mecanismo severo, pero el procedimiento que crea resulta blando. Los partidos envían al INE sus listas de candidaturas de manera voluntaria, la comisión las remite a la Fiscalía General de la República, al Centro Nacional de Inteligencia, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria. Esas instancias dictaminan si existe un “riesgo razonable” de vínculos delictivos, y el INE notifica el resultado al partido de manera confidencial. El decreto es explícito en cuanto a que el instituto no puede vetar a nadie; la decisión de registrar o no a un candidato sigue siendo del partido.
El filtro no filtra, informa. El INE se convierte en una ventanilla de trámite entre cuatro órganos de seguridad y las dirigencias partidistas, sin facultad para hacer nada con lo que recibe, aunque, sin duda, será la cara visible cuando algo salga mal…
La segunda reforma puede tener mayores consecuencias, al sumar al artículo 41 constitucional una nueva causal de nulidad: una elección podrá anularse cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.
Las tres causales de nulidad que ya existían en la Constitución –rebase de gastos de campaña, compra ilegal de tiempos en radio y televisión, utilización de recursos de procedencia ilícita– se refieren a situaciones que, más allá de los debates acerca de su impacto real sobre el resultado electoral, tienen un significado bastante sencillo de entender y conciliar (aunque no necesariamente de probar). El rebase del tope de gastos ocurre cuando se gasta más de lo permitido. Una compra ilegal de tiempo en radio y televisión se produce cuando se vulnera la prohibición absoluta de adquirir spots u otros espacios para promover candidaturas o partidos políticos. La utilización de recursos ilícitos también está clara: cualquier aportación en dinero o en especie no permitida por la ley se considera una aportación prohibida.
Las cosas no son así de sencillas frente a la causal de “intervención o injerencia extranjera”. ¿Qué significa este término? Probablemente nadie tendría dudas si un ejército enemigo invadiera el país e impidiera la celebración de las elecciones en todo o en parte del territorio nacional. Este escenario es poco probable y la causal de nulidad parece apuntar a un fenómeno ya bastante cotidiano y que ha sido un problema para la integridad electoral en muchos países del mundo, como Bulgaria, Rumanía, Moldavia, Armenia o Estados Unidos (por mencionar sólo algunos), y que es la manipulación de las elecciones orquestada desde el extranjero. A través del financiamiento político, de operativos secretos y de las redes sociales, algunos países pretenden incidir en las decisiones políticas de otros. En un mundo sin fronteras –como lo es el espacio virtual– se puede lograr eso y más.
Entonces, el problema es real, pero la solución genera aún más inconvenientes, pues no queda claro a qué tipo de intervención o injerencia se refiere, ni qué sería suficiente para probarla. ¿Es injerencia desde el extranjero un texto crítico que un mexicano publica en una red social cuyos servidores están fuera del país? ¿Lo es una columna sobre México en un diario extranjero? ¿Un tuit? ¿Un post? ¿Lo es un mensaje de una figura pública o de un personaje político extranjero? ¿Quiénes califican? ¿Sólo las figuras políticas? ¿Artistas? ¿Cantantes? ¿Periodistas? ¿Académicos? ¿La expresión debe hablar de las elecciones, en favor o contra alguna opción política? ¿La crítica de una política pública se vale? ¿De la organización del Mundial? ¿De los temas de seguridad?
Las reglas de la nulidad electoral exigen que se acredite, es decir, que se pruebe, la intervención y su impacto. Se debe probar que existe una vinculación entre la irregularidad y el resultado de las elecciones, es decir, que sin esa irregularidad el resultado de la elección habría sido diferente. Que la propaganda o el dinero muevan el voto, y cuánto, es una de las discusiones más viejas y menos resueltas del derecho electoral (y de la Ciencia Política, por cierto). Ninguna autoridad, en ningún país, ha encontrado el método para establecer que un mensaje, o una campaña entera, cambió un resultado. El votante decide por convicción, por interés, por simpatía, por hartazgo, por inercia, por lo que escucha en su entorno, y la propaganda es apenas uno de esos factores enredados entre sí. Claro, el dinero y las campañas importan –si no fuese así, ¿quién se habría molestado en hacerlas?–, pero no son lo único que define el voto.
Una causal de nulidad que exige acreditar aquello que no puede acreditarse de manera objetiva no es un defecto técnico que las leyes secundarias vayan a corregir. Donde no hay método, hay juicio; y quien juzga, decide. La vaguedad es el espacio donde habita la discrecionalidad.
Queda entonces un sistema con dos extremos. A la entrada, un mecanismo que reparte las sospechas sobre las candidaturas sin asumir el costo de vetarlas. A la salida, una causal que permite revertir un resultado con un argumento difícil de rebatir en público, la soberanía amenazada desde fuera, y que se acredita con lo que el juzgador decida tener por suficiente. Es una causal vaga, y esa vaguedad opera cuando la ciudadanía ya votó y alguien debe decidir si ese voto produce efectos o queda sin consecuencia. En las políticas públicas una herramienta se define menos por el motivo con el que se anuncia que por aquello que permite hacer. Y lo que esta permite es decidir, después de la elección, qué resultado se mantiene.








