En Sinaloa el agua se ha convertido en un botín más del narcotráfico. Desde 2021, con la llegada de Rubén Rocha Moya a la gubernatura, las juntas de agua potable y los sistemas de riego fueron entregados a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa que controla el servicio. En Culiacán (agricultura) y Mazatlán (turismo) el manejo de miles de millones de pesos se convirtió en “caja chica” del narco, con funcionarios impuestos por órdenes directas. Productores agrícolas y trabajadores denuncian que el acceso al agua tiene precio y negarse a pagar o acusar significa perder la vida.
CULIACÁN, Sin.– En Sinaloa el control del agua pertenece al crimen organizado. Al menos así se ha consignado desde la segunda mitad de 2021, con la llegada de Rubén Rocha Moya a la gubernatura. El control del agua se da mediante las juntas de agua potable y sistemas de riego que en Sinaloa son clave para las tierras de cultivo desde el extremo norte hasta la zona sur del estado.
Y todo es vía dinero en efectivo. No hay que firmar contratos ni procesos de licitación. Dinero entra y dinero sale.
Las juntas de agua en Sinaloa siempre han significado para las diferentes administraciones la disposición de liquidez con recursos muy poco auditables y en efectivo. La revisión de los mismos casi siempre es mediante instituciones afines a los gobiernos. Con Morena, ese manejo no sólo se mantuvo, sino que le fue entregado a Los Chapitos –facción del cártel de Sinaloa– al menos en los municipios de Culiacán y Mazatlán, dos de los más grandes del estado.
Esa práctica fue incluso exportada. En su edición de junio último, Proceso dio a conocer cómo ese mismo grupo criminal controla también el agua en el turístico municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, mediante personas afines designadas en el organismo operador de aguas en la alcaldía, en manos del PT (“En Los Cabos, Los Chapitos controlan hasta el grifo de agua”).
La versión de que el gobierno de Rocha Moya le entregó el control al crimen organizado sobre la “caja chica” que significan las juntas de agua de al menos dos de los más grandes municipios de Sinaloa fue contada a este medio por trabajadores administrativos y operativos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac) y de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam), así como por productores agrícolas.
En Culiacán la paramunicipal fue dirigida durante más de 10 años por Jesús Higuera Laura, ligado siempre a gobiernos priistas, pero quien logró mantener su posición en 2018 pese a la llegada de Morena al poder vía Jesús Estrada Ferreiro y el tsunami que significó en el estado la candidatura de Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia.
Eso cambió en junio de 2021 con la salida de Estrada Ferreiro, enemistado con Rocha por motivos políticos, sobre todo luego de que le disputara la candidatura a la gubernatura, pero también por el control precisamente del erario municipal, el más grande de Sinaloa al tratarse de su capital. Y parte del manejo de ese dinero es de la Japac, con un presupuesto que en este 2026 supera los 5.4 mil millones de pesos.
Una de las fuentes explica cómo comenzó el “cambio de administración” en la Japac, iniciándose con la imposición en el gobierno municipal de Juan de Dios Gámez Mendívil, ahijado de Rubén Rocha Moya. “Ahí vino el primer cambio, él mandó a poner al nuevo gerente por órdenes de Los Menores”, revela uno de los entrevistados.
“Los Menores” es otro mote con el que se les conoce a los hijos del Chapo Guzmán. El funcionario de aguas en cuestión es Roberto Alfonso Zazueta Tapia, nombrado gerente de Japac el 21 de junio de 2022, una semana más tarde de la imposición de Gámez Mendívil como alcalde sustituto por parte del Congreso morenista de Sinaloa. Desde entonces, la Japac pasó a manos de esa facción del crimen organizado.
Gámez Mendívil es uno de los diez funcionarios sinaloenses, encabezados por Rocha Moya, que se encuentran bajo acusación penal en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Tras la acusación, Gámez pidió licencia para separarse del cargo.
“La caja chica es de ellos (Los Chapitos); ellos pusieron ahí a Roberto Zazueta, eso todos lo sabemos, pero no podemos decirlo en público porque ya sabes lo que le ocurre a la gente que cuenta estas cosas. No necesitan hacer obra ni extorsionar, sólo tienen en su poder el dinero que ahí entra y sale a diario”, detalla el entrevistado.
Como ejemplo, desde la llegada de Zazueta Tapia a la paramunicipal los cortes de agua regresaron a la ciudad a usuarios morosos. Una cuadrilla de trabajadores de contrato llega y quita el tubo que conecta al medidor de agua. El proceso para salvar esa pena es levantar un reporte, solicitar la reconexión y una vez pagada la cuenta, en el recibo siguiente viene el cobro por la restitución del servicio.
Ese servicio ronda entre los 150 y 300 pesos, y, de acuerdo con una fuente de la Japac, se realizan alrededor de siete mil 200 cortes de agua mensuales. Esta meta es lograda mediante una cuadrilla de 60 trabajadores de la paramunicipal a quienes les exigen llevar a cabo 120 cortes. “Si tomamos como promedio un monto de 225 pesos, estamos hablando que se cobran por ese servicio un millón 620 mil pesos al mes”, dice.
Desde junio de 2022 hasta agosto de 2024 se sospecha de una recaudación por más de 41 millones de pesos, producto del pago de esa multa.
Posterior a esta fecha vino la guerra entre mayos y chapos y poco a poco la cifra de cortes se redujo.
La sospecha de la disminución en los cortes de agua se la atribuyen a la guerra intestina en el cártel de Sinaloa. La noche del 14 de septiembre de 2024 un par de trabajadores fueron privados de su libertad por un grupo armado en la zona del Malecón Viejo y liberados días más tarde cerca de la central de autobuses.
Un segundo secuestro ocurrió días más tarde cuando un trabajador fue interceptado por un comando muy cerca de las oficinas de la paramunicipal y a plena luz del día. Eso ocurrió en la esquina del bulevar Rolando Arjona con Alfonso G. Calderón. Horas más tarde también fue liberado.
Mazatlán, rendido a Los Chapitos
En el puerto turístico más importante del noroeste de México el agua también está al servicio de Los Chapitos. El gerente general de la Jumapam, Jorge Guadalupe González Naranjo, de acuerdo con fuentes de la paramunicipal, también fue impuesto por esta facción del crimen organizado.
En el caso de Mazatlán los señalamientos han sido tan públicos que tanto el funcionario como la alcaldesa, Estrella Palacios, tuvieron que responder a cuestionamientos de los medios de comunicación, ya que durante los primeros días de mayo comenzó a circular en redes sociales sus vínculos con Los Chapitos.
Primero, la alcaldesa fue abordada el 6 de mayo último por reporteros locales que cuestionaron los vínculos de ese grupo con la Jumapam. La funcionaria apenas leyó un comunicado desde su celular.
“Estaremos al tanto de las investigaciones correspondientes en la Junta para deslindar cualquier responsabilidad; el municipio actuará para evitar cualquier posibilidad de impunidad. La relación con el actual titular, que fue investido durante la administración pasada, es estrictamente profesional”, dijo.
La investidura a la que hizo referencia se dio igual que en Culiacán: con un alcalde sustituto que nombró a González Naranjo en el puesto “por encargo”.
El titular de la Jumapam rechazó sentirse aludido por los señalamientos difundidos en redes sociales y noticias en medios que lo vinculan con operadores del narco. “Acusaciones todo el mundo hace de todo tipo. Hay que preguntarle a las instancias oficiales para ver qué tema es. Por lo pronto son comentarios que ha habido desde siempre en todos lugares”, declaró al semanario Ríodoce.
En Mazatlán el manejo del agua se vuelve más complejo. Un destino turístico que necesita del recurso tanto para el sector hotelero como para la ciudadanía en general ha batallado siempre con tomas clandestinas y otras anomalías relacionadas con el robo del agua.
“Yo te pregunto, cómo crees que las tomas clandestinas de agua salen a la luz, quién se las conecta y dónde las tramitan”, cuestionó una fuente de la Junta. La sospecha es que estas conexiones también son salidas en favor del crimen organizado.
La mayoría de las tomas detectadas en el puerto se encuentran en edificaciones de nuevos complejos habitacionales verticales tipo torres de departamento. Mazatlán, en la última década, ha sido un paraíso del desarrollo en estos conjuntos.
Las manos sobre los sistemas de riego
A mediados de 2025 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que en el norte del país existen al menos cinco mil tomas clandestinas de agua, pero aunado a eso se encuentran aquellas que operan los módulos de riego. En Sinaloa los módulos son operados por organizaciones civiles y asociaciones de usuarios que se distribuyen en ocho distritos del estado para regar tierras de cultivo con una superficie de casi 769 mil hectáreas.
Desde 2021 también forman parte del “pago” que la administración de Rubén Rocha dio a Los Chapitos. “Tienes que comprarles el agua, no hay de otra, y a como ha estado la sequía ya te imaginarás si tenemos o no opciones”, explica otra fuente, pero dedicada a la siembra en Culiacán.
Son casi 88 mil usuarios distribuidos en 40 módulos de riego en Sinaloa. Los Chapitos acapararon la zona centro del estado entre los municipios de Culiacán, Navolato y Eldorado, sobre todo, pero también en el centro norte en Salvador Alvarado, Mocorito y Sinaloa municipio. La zona norte del estado es de Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, sobre todo las zonas desde Guasave a Ahome hasta El Fuerte.
Los productores agrícolas son forzados a comprarles el agua. Nadie se atreve a interponer denuncias. El precio es la vida. El caso más reciente que puede estar relacionado con estas extorsiones es el de Rodolfo López, administrador de un módulo de riego en Angostura, municipio del centro norte del estado y una zona agrícola de gran importancia. Fue privado de su libertad el 8 de mayo de 2025 por un grupo armado en el municipio de Salvador Alvarado y encontrado sin vida el 13 de julio. Meses antes del hecho había denunciado a Los Chapitos por haberse apoderado de presupuesto y recursos salidos de los módulos de riego.
De acuerdo con el semanario Ríodoce, desde 2017 al menos cuatro asesinatos relacionados con módulos de riego han ocurrido en Sinaloa. “Por eso es que hay que cooperar, el precio que pagas es realmente muy alto, si sabes a lo que me refiero”, explica el productor.
Mientras tanto, la Conagua abrió una investigación. La fuente se encoge de hombros y con un gesto trata de explicar lo que sucederá. “Como si no supieran quiénes son los que hacen todo esto. Es cuestión de que vengan al campo y pregunten, no hay pierde”.
Para este 2026 la sequía se espera otra vez muy fuerte. El año pasado prácticamente todo el territorio sinaloense estuvo sometido a un gran estrés hídrico, según consignó la Conagua. Sin embargo, el recurso sigue bajo el control del crimen organizado en un estado que depende en gran medida de la agricultura.








