lunes 16 de noviembre de 2026

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Más de un centenar de colectivos de familiares de desaparecidos aprovechó la atención que suscita el Mundial de Futbol 2026 para visibilizar internacionalmente una crisis que el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha negado a reconocer: 135 mil 110 personas desaparecidas en México. Las movilizaciones en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey lograron su objetivo: la situación será discutida en la Asamblea General de la ONU. El saldo, sin embargo, es agridulce ante las descalificaciones de Sheinbaum y su gabinete a las familias buscadoras.

Negada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, la crisis de desapariciones se impuso como una realidad irrebatible de México, resultado de la intensa labor de más de un centenar de colectivos de víctimas que tomaron las calles de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes de la Copa Mundial de Futbol 2026, para poner luz a una tragedia humanitaria documentada por organismos internacionales y que en próximos meses será motivo de discusión en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, gracias también al esfuerzo de los familiares de miles de desaparecidos.

Advertido como un escaparate sin precedentes, el torneo mundialista fue aprovechado por las plataformas de colectivos de familiares de desaparecidos, que durante los primeros meses del año planearon cómo visibilizar ante los ojos del mundo una tragedia que, al viernes 19 de junio, reflejaba un registro oficial de 135 mil 110 personas desaparecidas, 1.5 veces la capacidad del Estadio Azteca, casi tres veces el lleno total del Estadio Akron, en Guadalajara, y 2.5 veces la capacidad del Estadio BBVA, en Monterrey.

El Mundial fue una plataforma para, en medio del dolor, dejar fluir la creatividad para posicionar la crisis humanitaria: camisetas de la Selección mexicana con los rostros de sus desaparecidos; fichas de búsqueda convertidas en “estampitas” coleccionables; organización de cascaritas de futbol en calles en las que se invitaba a los ciudadanos a convivir con familiares de los desaparecidos; campañas de pegas de carteles con los rostros de los desaparecidos portando la camiseta de la Selección mexicana; diseño de escudos; camisetas de la Selección intervenidas con escudos con frases como “Hagamos que suceda. ¡Hasta encontrarles!” y “¿Dónde están? +133 mil personas desaparecidas”; lonas con fotografías de los ausentes con leyendas de “México: Campeón en desaparición” y “La pelota regresa a casa ¿Nuestrxs desaparecidxs cuándo?”, así como la adaptación del ajolote, símbolo mundialista de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, como una botarga del Ajolote Buscador, con una pala en la mano.

En entrevistas por separado, para representantes de colectivos de familiares de desaparecidos y organizaciones que las acompañan, el balance de las movilizaciones es positivo, al alcanzarse el objetivo de visibilizar internacionalmente la tragedia humanitaria que vive el país, considerada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) como “crímenes de lesa humanidad”, de ahí su solicitud de ese órgano de tratado para que el secretario general António Guterres someta a consideración de la Asamblea de Naciones Unidas la situación de México, en apego al artículo 34 de la convención internacional en la materia.

Sin embargo, coinciden en el “amargo sabor” que ha dejado la reacción del Estado mexicano al intentar contener el avance de las movilizaciones y la exhibición de fichas de búsqueda de los desaparecidos en áreas aledañas a estadios de futbol, recurriendo a cientos de policías antimontines, como ocurrió en Toluca, Estado de México, en las inmediaciones del Estadio Nemesio Díez, antes del partido amistoso entre México y Serbia, el 4 de junio; en Puebla, cerca el Estadio Cuauhtémoc, el 8 de junio, previo al encuentro amistoso entre Perú y España, y de manera relevante el 10 y 11 de junio en la Ciudad de México, en la avenida Tlalpan.

El extremo fue alegar motivos de “seguridad nacional” para desplegar a cientos de policías antimotines en la caseta de Tlalpan para impedir que normalistas rurales de todo el país ingresaran a la Ciudad de México y que pretendían acompañar a padres y madres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, a las movilizaciones que tenía programadas en la “Jornada Intermedia hacia los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.

El alegato de las autoridades capitalinas para bloquear el acceso de los estudiantes fue el hallazgo de 59 artefactos explosivos en un vehículo en el que se trasladaban los estudiantes, hecho que no ha sido suficientemente esclarecido.

La sorna como respuesta a reclamos

El remate fueron las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en conferencias matutinas. El 11 de junio, con sorna, sostuvo que en la manifestación del 10 de junio había más funcionarios que familiares de desaparecidos, y el 12, que “la pasa mal quien quiere que le vaya mal a México”, al ser cuestionada por las protestas de madres buscadoras en la víspera.

A ello se sumaron los cuestionamientos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien se ha reunido en varias ocasiones con familiares de víctimas, y quien puso en duda el interés y el financiamiento de colectivos de Jalisco, que se sumaron a las protestas en la Ciudad de México.

“Se ha logrado visibilizar a nivel internacional la crisis de desapariciones en el país, pero sobre todo la simulación del gobierno federal respecto de que está atendiendo a las familias y la problemática; pero también dejan un amargo sabor las respuestas del gobierno mexicano, que eran previsibles, pero no dejan de ser una ofensa a la dignidad de las familias”, apunta Jorge Verástegui González, hermano y tío de Antonio y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos el 24 de enero de 2009, en Parras, Coahuila.

Abogado dedicado a la defensa de los familiares, advierte en las respuestas que ha dado Sheinbaum Pardo a las manifestaciones “una disociación de la realidad respecto de lo que ella y sus funcionarios viven, a lo que sufrimos las familias”, además de que evidencia “ese enojo de no poder haber ocupado el Zócalo como ella había querido”, pues familiares de víctimas se colaron en el Fan Fest del primer cuadro de la capital.

Cascaritas para acercarse
a la ciudadanía

Verástegui es impulsor de la campaña “Hagamos que Suceda ¡Hasta encontrarles!” y coordinador de las actividades realizadas en torno del Mundial en la Glorieta de los Desaparecidos, antes Glorieta de la Palma, en la Ciudad de México, iniciadas a partir de abril con cascaritas quincenales en las que participaron familiares de víctimas, que fueron replicadas en las ciudades sede del Mundial.

En Monterrey las cascaritas arrancaron el 17 de mayo, lo que les ha permitido tener más acercamiento con la ciudadanía, recuerda Leticia Hidalgo Rea, madre de Roy Rivera Hidalgo, desaparecido tras ser sustraído de su domicilio por un grupo armado que portaba chalecos de la Policía Municipal de San Nicolás de los Garza, el 11 de enero de 2011.

“Jugando estas cascaritas con las fotos de nuestros hijos en el pecho, hemos hecho saber a la gente que somos pueblo, porque la mayoría ha creído el discurso que el Estado les ha vendido siempre, que los desaparecidos en algo andaban, una estrategia para aislarnos a los familiares”, resalta.

Integrante de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Hidalgo recuerda que los colectivos estaban en la planeación de las actividades en torno del Mundial, cuando Sheinbaum los “acababa de agredir diciendo que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU decía mentiras, que era una oficinita de la ONU, que en México no existían las desapariciones forzadas y que rechazaba el informe que presentó en marzo y que por años hemos estado trabajando con los expertos de la ONU”.

“Hemos sido agredidas y ofendidas constantemente, y eso nos da más fuerza. Hubo una comunicación entre muchos de los colectivos, y fuimos incrustándonos en esta agenda que es la que al gobierno le interesa”, apunta Hidalgo, quien ha sido muy solicitada por la prensa extranjera a partir de que se viralizó en redes sociales a integrantes de la afición de Suecia solidarizarse con las familias de desaparecidos que se instalaron en las inmediaciones del Estadio BBVA en Monterrey, cuando se disputó el partido Suecia contra Túnez, el 14 de junio último.

“Ese domingo tuvimos una cascarita a fuera del estadio, precisamente porque había muchos turistas nacionales e internacionales, y se acercaron muchos suecos, a quienes en nuestro pobre inglés les explicamos que existe en México esta tragedia humanitaria y lo entendieron perfecto. Lo que les dijimos es que tuvieran cuidado porque la seguridad no nos la está garantizando ninguna autoridad”, cuenta Leticia Hidalgo.

Sembrar dudas

Para Liliana Meza, madre de Carlos Maximiliano Romero Meza, sustraído con violencia de su domicilio por policías ministeriales en octubre de 2020, en Zapopan, Jalisco, la intención del gobierno de Sheinbaum de sembrar dudas sobre la legitimidad de las movilizaciones de familiares de desaparecidos y el origen de los recursos con los que se trasladaron a la Ciudad de México ha lastimado a los integrantes de los colectivos.

Recuerda que el domingo 7 de junio, tras una cascarita y pega de fichas de búsqueda en el Parque La Calma, de Guadalajara, organizada por el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, de la que ella es cofundadora, se llevó a cabo una kermés para recolectar fondos que se destinarían a la contratación de autobuses con destino a la Ciudad de México.

“Tuve que dejar hijos, tuve que dejar mis cosas aquí en Jalisco para poderme trasladar; el viernes (12) regresé a mi casa porque mi hija, Valentina Romero Meza, de 17 años, se puso muy mal, comenzó con un cuadro de apendicitis que terminó en una cirugía de emergencia.

“Imagínate, dejo de hacer tantas cosas por la lucha, por mi hijo y por todos los que nos hacen falta, no sólo en Jalisco, sino a lo largo y ancho del territorio mexicano, y escuchar que la máxima autoridad de este país, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con su gobierno, esté criminalizando a las familias y está poniendo en duda nuestra lucha, que es legítima, ha sido terrible”, lamenta.

Para Liliana fue devastador escuchar a Sheinbaum Pardo y Rodríguez Velázquez deslegitimar sus voces y ordenar una investigación para averiguar de dónde habían obtenido recursos los familiares de Jalisco para llegar a la Ciudad de México.

“Todos nos sentimos muy mal. Nosotros somos atacados por el crimen organizado, somos atacados por los gobiernos en todos los niveles, somos atacados por la misma sociedad que desconoce del tema y es indolente. ¿Es posible que tengamos que ser atacados por la máxima autoridad de nuestro país, por buscar a mi hijo, por buscar a nuestros seres queridos?”, cuestiona Liliana.

Edith Olivares Ferreto y María Luisa Aguilar Rodríguez son directoras en México de Amnistía Internacional y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dos organizaciones que han documentado desapariciones forzadas ocurridas desde la llamada “Guerra Sucia” hasta las derivadas de la “guerra contra el crimen organizado”, iniciada con Felipe Calderón y vigente hasta la fecha.

Decir una cosa y hacer otra

En entrevistas por separado, las defensoras coinciden en que perciben un discurso contradictorio del gobierno de Sheinbaum, que prácticamente descalificó las movilizaciones de colectivos de búsqueda en el contexto del evento internacional, mientras habla de apertura, de que la atención a las familias de las personas desaparecidos es un tema prioritario para su administración.

Más aún, consideran “desalentador” que la respuesta haya sido enviar personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a cientos de agentes antimotines para contener las movilizaciones, cuando no responden de la misma manera cuando los colectivos solicitan su presencia para realizar búsquedas de campo.

María Luisa Aguilar, cuya organización colaboró para que 500 personas de colectivos de 10 estados acudieran a las movilizaciones que se realizaron durante la inauguración de la Copa Mundial de Futbol, reconoce como un “gran acierto” de las familias de desaparecidos aprovechar el torneo internacional para conectarse con la ciudadanía.

“El lenguaje del futbol les permitió llegar a ese mismo nivel de intimidad y de dolor, pero con otro lenguaje, y eso creo que en algunos sectores ayudó mucho a que tuvieran más señales y mensajes de solidaridad, de afecto, además de que reveló su gran capacidad para tejer alianzas con otros colectivos, como los colonos de Santa Úrsula y el Colectivo Antimundialista, así como entablar diálogos directos con las autoridades, que conocían perfectamente la agenda de los colectivos”, advierte la directora del Centro Prodh, quien recuerda que desde noviembre de 2025 las instalaciones de la organización se utilizan para diseñar estrategias con miras a colocar la tragedia nacional ante los ojos del mundo.

La defensora, quien representa también a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, lamenta que la respuesta del gobierno de Sheinbaum no haya estado a la altura de las circunstancias, e incluso que “la última reunión del 28 de mayo con la presidenta estuvo centrada más bien en buscar que no hubiera movilizaciones y no tanto en dar respuestas de avances en la investigación, avances que no se presentaron”.

Edith Olivares Ferreto recuerda que en 1978, durante el Mundial de Futbol en Argentina, las abuelas de la Plaza de Mayo también aprovecharon los reflectores para denunciar las desapariciones forzadas, y “también en esa ocasión el Estado argentino respondió diciendo que no era cierto, que se estaba tratando de manchar la imagen de Argentina. Qué triste que hoy la respuesta del Estado mexicano sea tan similar en ese sentido”.

Olivares Ferreto, quien el 11 de junio acompañó a familiares de desaparecidos en un mitin en medio de la celebración de la inauguración de la Copa Mundial en el Fan Fest del Zócalo, recuerda a la presidenta Sheinbaum que las madres buscadoras no buscan que “a México le vaya mal” al manifestarse, su único “deseo es encontrar a su familia desaparecida”.

“Ellas lo que quieren es que cuando salgan a búsquedas se les proteja; y recurren a estos mecanismos (las movilizaciones) porque no tienen otros. Tienen que salir a las calles porque la presidenta de la República en más de año y medio no las ha recibido.

“Ellas tienen que salir a las calles no con la intención de manchar la imagen de México. No es un tema de imagen, es un tema de resolver la más grave crisis de derechos humanos que ha vivido este país”, sentencia Edith Olivares Ferreto.