La noche del 12 de abril las calles de Budapest volvieron a corear Ruszkik haza, rusos a casa. La consigna había nacido en 1956 frente a los tanques soviéticos que aplastaron la insurrección húngara. Setenta años después los húngaros la recuperaron contra una dependencia distinta, esta vez voluntaria, construida durante 16 años por Viktor Orbán. Tisza, el partido de Péter Magyar, obtuvo 55.26% y dos tercios del Parlamento. Fidesz cayó a 36.72%; el régimen iliberal más duradero de la Unión Europea perdió el poder de manera inapelable.
¿Cómo pasó? ¿Qué tanto podemos celebrar? Conviene examinar con cuidado ambas preguntas.
Orbán no fue derrotado por la oposición liberal tradicional, que llevaba más de una década siendo aplastada elección tras elección. Tampoco lo derribó una crisis externa. Lo que hizo caer al sistema fue su propia lógica interna, que durante años pareció su mayor fortaleza.
Desde su llegada al poder en 2010 Orbán construyó un Estado mafioso orientado a monopolizar el poder y enriquecer a la familia política de Fidesz. Siguiendo el modelo de Putin, que Anne Applebaum describió en Autocracy, Inc., absorbió la economía, los medios, los gobiernos locales, las instituciones culturales y los tribunales en una red jerárquica donde la lealtad se premiaba con acceso a recursos públicos. Su símbolo más visible fue Lőrinc Mészáros, plomero de pueblo y amigo de Orbán desde la infancia, convertido en el hombre más rico de Hungría.
El sistema funcionaba mientras hubiera reparto. Cuando la Comisión Europea cerró el grifo de los fondos estructurales por las violaciones del Estado de derecho, el botín comenzó a achicarse. El crecimiento anual del PIB se mantuvo entre 0 y 1% desde la pandemia. El apetito de los oligarcas, sin embargo, no disminuyó. La maquinaria empezó a expandirse hacia los pequeños y medianos empresarios que hasta entonces habían sido la base social del régimen, quitándoles contratos y mercados que antes se les permitía conservar. Cuantos más recursos necesitaba la cúpula, más visible se hacía la captura y menos creíble resultaba el discurso moral que justificaba el conjunto.
Ese discurso moral también se desplomó hace poco. Fidesz había gobernado bajo la bandera conservadora y antigénero prometiendo proteger a la niñez frente a las amenazas del lobby LGBT y del progresismo europeo. En 2024 el escándalo del indulto presidencial a un cómplice de un pederasta, encubridor de los abusos cometidos en un orfanato cercano al partido, fulminó la credibilidad de toda la arquitectura simbólica del régimen. La protesta organizada por influencers bajo el lema “Los monstruos están entre nosotros” reunió a 80 mil personas en febrero de 2024. Cuando Péter Magyar, excuadro de Fidesz cuya exesposa había sido ministra de Justicia, denunció desde dentro la corrupción del aparato, el espacio político ya estaba preparado para una alternativa.
A estas crisis internas –económica y moral– se sumó otra, igualmente grave. Resulta que el uso de la idea de defensa de la soberanía nacional frente a los integracionistas también tiene límites: no resiste que sus patrocinadores extranjeros se vuelvan visibles. Durante los meses previos a la elección, la dependencia que Orbán había administrado con discreción se volvió grotescamente visible. De acuerdo con reportes periodísticos, Moscú envió a Sergei Kiriyenko, su arquitecto de operaciones de injerencia, a la embajada de Budapest. Kiriyenko diseñó un plan llamado Gamechanger que contemplaba un atentado simulado contra Orbán para trasladar la campaña al ámbito de la seguridad nacional. A esto se sumó el respaldo de Trump, que ofreció su complete and total endorsement, prometió usar la fuerza económica estadunidense en favor de Hungría si ganaba Fidesz, envió a J.D. Vance a hacer campaña días antes de la jornada y lanzó a su hijo a pedir el voto por Orbán en redes sociales. La intervención fue tan abierta que funcionó al revés. Politico documentó que el respaldo de Vance probablemente le restó apoyo a Fidesz en vez de sumárselo.
Las tres crisis revelan la misma lógica: las condiciones que durante años sostuvieron al régimen terminaron volviéndose contra él. Orbán repartía recursos para disciplinar, hasta que los recursos se agotaron. Se legitimaba como un régimen moral, hasta que el escándalo evidenció su hipocresía. Reivindicaba la soberanía, pero dependía del dinero de Moscú y del respaldo de Washington.
Las consecuencias para la Unión Europea y la OTAN son sustanciales. Durante años, Hungría fue el punto débil de la política europea hacia Rusia y Ucrania. Orbán vetó sanciones, bloqueó la ayuda militar a Kiev, retrasó el proceso de adhesión y mantuvo paralizado un préstamo de 90 mil millones de euros del que dependía la supervivencia financiera de Ucrania. Tisza anunció que liberará ese paquete y recuperará las posiciones europeas estándar en materia de política exterior. La OTAN, por su parte, recupera coherencia en su flanco oriental. Y para la internacional populista que veía en Orbán un modelo exportable, de Le Pen a Meloni, la elección húngara es una advertencia. La democracia iliberal puede ser electoralmente vulnerable.
El optimismo, sin embargo, conviene moderarlo. Hay tres razones para hacerlo.
La primera es estructural. Desmontar un Estado mafioso es muy difícil. La Constitución húngara de 2011 fue diseñada con candados institucionales que limitan la capacidad del nuevo gobierno para impulsar cambios estructurales. Los tribunales superiores, la fiscalía, la presidencia, los órganos de control están ocupados por leales a Orbán. Los contratos energéticos con Rosatom y los acuerdos con Gazprom comprometen a Hungría durante décadas. Los servicios de inteligencia están bajo control de Fidesz desde hace 16 años y las redes del Ministerio de Exteriores han sido penetradas por hackers del Kremlin desde 2021. Una mayoría parlamentaria de dos tercios permite cambiar leyes, pero no permite reconstruir en unos meses toda una administración pública. El caso de Polonia, donde Donald Tusk lleva dos años intentando reparar lo que el PiS destruyó, evidencia la magnitud de la dificultad.
La segunda es aritmética. Tisza ganó con 55.26%, pero Fidesz obtuvo 36.72%. Más de un tercio del electorado húngaro sigue ahí. No es poco. Es un bloque con presencia territorial, infraestructura mediática, recursos financieros y redes clientelares fuertes. Cualquier intento de reforma tendrá que avanzar con ese tercio mirando y reaccionando.
La tercera es el perfil del propio Magyar. No es un converso liberal. Es de centroderecha, ex del partido Fidesz, formado dentro del sistema que ahora se propone desarmar. Durante la campaña evitó atacar a Orbán por su política hacia Ucrania, descartó el envío de tropas, el restablecimiento del servicio militar y mantuvo posiciones duras en materia migratoria. Sabe que parte de su propio electorado proviene de votantes desencantados con Fidesz, pero que no han cambiado de posiciones políticas.
La caída de Orbán es real, importante y, sí, permite ser algo optimista. Lo que sigue, en cambio, será largo, áspero y difícil, con resultados inciertos.








