En Centroamérica los periodistas enfrentan exilio, prisión y ruina económica por hacer su trabajo; en México, las agresiones suman cientos cada año y los asesinatos no se detienen. Las organizaciones de libertad de prensa advierten que la censura evolucionó: el aparato judicial, el espionaje y el ahogo financiero reemplazaron a la violencia directa como principales herramientas de silenciamiento. El patrón que devastó a la prensa en El Salvador, Honduras y Nicaragua, alertan reporteros y ONG, ya se utiliza en México.
El periodismo centroamericano se ha trastocado en los últimos años: ya no se trata de informar, sino de resistir. Los reporteros escriben sabiendo que cada palabra se puede transformar en un disparo, una auditoría, una orden de captura o el inicio de un exilio indefinido. Desde las calles empedradas de San Salvador, las montañas brumosas de Guatemala, las riberas del Coco en Nicaragua o en los valles hondureños los periodistas viven en alerta permanente.
Los mecanismos de censura del gobierno evolucionaron para tener una “estrategia eficaz” y así silenciar a la prensa crítica. Ahora ese panorama, advierten reporteros y organizaciones, es un “espejo” para México.
El estado de la libertad de expresión, acceso a la información y la violencia amenazan a la prensa en Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua. El caso más alarmante ocurre en El Salvador, actualmente gobernado por Nayib Bukele, donde 100% de las agresiones documentadas provino de estructuras estatales.
En el caso hondureño, donde gobierna Nasry Asfura, dos de cada tres agresiones fueron perpetradas por autoridades. Bajo el gobierno del guatemalteco Bernardo Arévalo de León, 60% de estos casos derivó de bloqueos informativos en tribunales y ministerios públicos.
Informes de Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Artículo 19 coinciden en que el panorama durante los últimos cinco meses para la prensa es “crítico”. La violencia ha evolucionado: si bien los asesinatos continúan siendo la forma más extrema de censura, los gobiernos y actores de poder han sofisticado sus tácticas mediante el estrangulamiento financiero, la persecución legal y la represión transnacional.
El asesinato continúa siendo el método de silenciamiento definitivo, concentrándose de manera alarmante en México. Durante el año pasado se registraron nueve asesinatos de periodistas en el país, elevando la cifra a 12 desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum. Pero la censura se ha vuelto sistemática a través de múltiples capas de control estatal y judicial. El uso del aparato de justicia penal para silenciar voces críticas ha reemplazado a la censura directa en varios países, obligando a los periodistas a defenderse en tribunales con procesos amañados o infundados causando un éxodo sin precedentes en la región.
Los regímenes de corte autoritario en Centroamérica han comenzado a atacar el sustento económico y la seguridad migratoria de los comunicadores.
El panorama para la prensa en México y Centroamérica se ha deteriorado con una combinación de asesinatos, amenazas, espionaje, acoso judicial, campañas de estigmatización y uso del aparato estatal para inhibir investigaciones periodísticas. Los informes de las organizaciones coinciden en que ya no se trata solamente de violencia del crimen organizado: funcionarios públicos, fiscalías, cuerpos militares y actores políticos se han convertido en agresores centrales.
El caso más simbólico del último año ha sido el endurecimiento del gobierno de Bukele contra voces críticas. El ejemplo más visible es Ruth López, abogada anticorrupción de la organización Cristosal, detenida hace un año tras investigar corrupción gubernamental.
Los exilios
El ecosistema mediático salvadoreño vive una ola de autocensura y salida de periodistas hacia Costa Rica, México y Estados Unidos. No existen cifras oficiales exactas. Sin embargo, mediante organizaciones de defensa de la libertad de expresión como la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), así como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se puede trazar una radiografía clara de la magnitud del éxodo y de cómo México se ha convertido en un refugio clave. La APES documentó 426 agresiones en 2024 y más de 50 exilios sólo en 2025, incluyendo oleadas que afectaron a prácticamente todas las redacciones de medios independientes.
Nicaragua encabeza las cifras de desplazamiento forzado de la prensa en el continente: desde el inicio de la crisis en 2018 hasta 2025, cerca de 280 periodistas y trabajadores de medios han tenido que huir de la “mano dura” del matrimonio presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A esto se suman las dificultades de periodistas comunitarios e indígenas, quienes enfrentan riesgos extremos al cubrir corrupción local, el abuso de poder, la minería ilegal o la narcoactividad en Guatemala. La impunidad supera 95% en la mayoría de los homicidios de periodistas en la región. Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Knight Center for Journalism in the Americas han documentado acoso judicial, estigmatización y falta de protección efectiva, incluso bajo el gobierno de Bernardo Arévalo.
Basta recordar el caso histórico de José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, preso por seis años, luego de una cobertura por corrupción en el gobierno del entonces presidente Alejandro Giammattei. El juicio, ampliamente cuestionado por organismos internacionales, ilustra cómo el sistema judicial se usa para desgastar a la prensa crítica. El diario cerró su versión impresa en 2022 y un año después anunció su última publicación digital debido a la “persecución gubernamental, acoso y hostigamiento”.
Aproximadamente 25% de los periodistas centroamericanos exiliados abandonan la profesión al llegar a su país de destino debido a la precariedad económica, mientras que el resto debe combinar el periodismo, casi siempre en medios digitales clandestinos o bajo algún seudónimo, con otros oficios para sobrevivir. Se calcula que entre 2018 y 2024 casi mil periodistas latinoamericanos fueron forzados al exilio.
Agresiones y evolución del acoso
Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Públicas en Derechos Digitales, ONG latinoamericana con más de 20 años de experiencia que se enfoca en la investigación e incidencia en derechos humanos en la esfera digital, cuenta a Proceso el panorama actual de la prensa.
–¿Cuál es el estado del último año de las agresiones de la prensa y cómo han ido evolucionando estas medidas de presión por parte del gobierno?
–En su informe anual sobre censura, vigilancia y opacidad, Artículo 19 advirtió recientemente sobre la situación que enfrenta México, en la que para 2025 se registraron al menos una desaparición y siete asesinatos de periodistas, así como 451 agresiones a la prensa.
“Los periodistas en México no sólo enfrentan las acciones de censura promovidas activamente por autoridades locales y del orden nacional, como lo son las afirmaciones estigmatizantes sobre su trabajo, el uso de la vigilancia para desincentivar su labor –y su consiguiente negación por parte del Estado– e incluso la amenaza del acoso judicial, que significa un desgaste para periodistas así como una forma de silenciamiento que genera autocensura; también, decíamos, enfrentan cada vez más barreras institucionales que refuerzan la opacidad y limitan el acceso a la información, que es un instrumento para el periodismo y, en general, la libertad de expresión.
“Es decir, México enfrenta un escenario de hostilidades con la prensa que son persistentes y tienen respaldo institucional. De ahí que, por ejemplo, Reporteros sin Fronteras ubiquen para 2026 al país en el puesto 122 en materia de libertad de prensa.
“Las barreras institucionales se encuentran reforzadas por dos reformas críticas que tuvieron lugar en 2025. Por un lado, la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y dos leyes en materia de protección de datos (la de sujetos obligados y la que está en manos de particulares). Estos cambios normativos aumentaron la opacidad sobre el Estado, pues ahora las entidades públicas objeto de escrutinio por el periodismo se regulan a sí mismas, es decir, deciden qué información entregar o retener. La pérdida de entes autónomos que trajeron consigo esas reformas impactan, por ejemplo, en la búsqueda y entrega de información sobre asuntos de interés público, como la crisis forense y de personas desaparecidas que hay en México”.
–Es curioso, los periodistas centroamericanos se exilian en México, que es el país más riesgoso en el mundo para los reporteros; cómo se explicaría esto?
–Si bien la hostilidad frente a la prensa es crítica en México, no alcanza las proporciones y el nivel de gravedad extrema que enfrentan periodistas en otros países que ejercen su labor bajo condiciones de deterioro democrático y del Estado de derecho, como sucede en Honduras, El Salvador y Nicaragua.
“En estos países la hostilidad contra la prensa hace mucho se transformó en formas de persecución que aún no se experimentan en México, y que explicaría, al menos en principio, por qué algunos periodistas de estos países huyen a México.
“En países como Nicaragua, por ejemplo, periodistas y medios no sólo enfrentan el riesgo de cárcel si su trabajo es crítico del gobierno en turno (por la aplicación de la ley de ciberseguridad que habilita a la imposición de penas de prisión por la difusión de fake news o por la comisión del delito de traición a la patria, cuya interpretación y lectura depende de la autoridad que quiera perseguirlo) sino medidas que de hecho han sido criticadas por Naciones Unidas, como la cancelación de su nacionalidad y la personería jurídica de los medios para los que trabajan.
“En países como El Salvador, además, hemos visto por ejemplo el uso de la propaganda oficial para desprestigiar a medios y periodistas, casos de hostigamiento judicial, así como de vigilancia mediante el uso de Pegasus (algo que también hemos visto en México, que es de hecho el principal país usuario del software espía). La diferencia es que en este país se ha articulado todo un aparato institucional de persecución contra medios y periodistas críticos del gobierno, que motiva su autoexilio por el riesgo muy alto de privación de la libertad que enfrentan periodistas. El caso más reciente y representativo es el que se conoce contra el medio digital El Faro, sobre el que recientemente las autoridades, con la excusa de investigar un supuesto lavado de activos, congelaron las cuentas de periodistas.
“Sin embargo, vale la pena señalar que con el tiempo el autoexilio dejó de ser una suerte de garantía de inmunidad para los periodistas que han huido de estos países, pues pese a estar fuera de sus fronteras los gobiernos siguen articulando estrategias de desprestigio sobre su trabajo, ataques coordinados de desinformación así como hechos como los que se presentaron en El Salvador sobre El Faro, que son una muestra del nivel de amenaza crítica que enfrenta el trabajo periodístico en países de Centroamérica”.
Asedio contra El Faro
Ningún medio encarna mejor la resistencia y el costo de ejercerla que El Faro, el periódico digital salvadoreño que se ha convertido en símbolo regional de periodismo de investigación. Fundado en 1998, su trayectoria es un testimonio de supervivencia ante poderes de todo signo. Pero bajo Nayib Bukele el acoso alcanzó niveles sistemáticos sin precedentes.
En 2023 El Faro trasladó su estructura legal y administrativa a Costa Rica para protegerse. Aun así, el brazo del Estado salvadoreño llegó a los bienes personales de sus fundadores. Apenas el 7 de mayo último el régimen bukelista congeló una cuenta bancaria y un inmueble. Este hecho fue el último episodio de una férrea lucha contra los periodistas. En 2020 Bukele dijo en cadena nacional que los miembros del medio tenían “una investigación por lavado de dinero seria”.
Proceso pregunta a Carlos Martínez, reportero de El Faro en el exilio desde hace un año, sobre la persecución salvadoreña:
“Recordar el ejemplo de la rana en el agua hirviendo es trillado, pero esto no comienza con medidas draconianas ni con medidas constitucionales. Esto inicia con establecer un clima. En el caso de El Salvador, un hombre que controla todas las instituciones le repite a los ciudadanos hasta la saciedad que la prensa es su enemigo”, indica Martínez, contra quien se ha desatado una campaña de odio por sus investigaciones del poder.
“El primer paso es la creación de un clima donde las agresiones a la prensa sean admisibles. Donde se permita el hostigamiento, un ataque frontal contra medios y periodistas, donde se les acusa por investigar”, dice y recuerda que cuando reporteó las relaciones gubernamentales con grupos del crimen organizado sufrió “vigilancia, el hostigamiento contra las fuentes, y eso terminó con la apertura de causas legales; no volvimos al país”.
–El control es institucional; a diferencia de México, en su país no hay homicidios…
–En El Salvador no hay homicidios, sin embargo todas las estadísticas sobre delitos son secretas; lo único que puedes tener es fe en las autoridades. En redes sociales las cuentas reportan dos o tres asesinatos, pero eso no aparece en las estadísticas, el gobierno reporta cero homicidios. El control de la narrativa la posee mi país.
–Pero ésa es la batalla del periodismo.
–Los regímenes autoritarios están cerrando los canales de información a través de los cuales podemos contrastar la versión oficial, esas grietas en el discurso que los gobiernos cierran muy rápido en la región y así les permite construir una narrativa que no es verificable. Porque estorbamos en la medida en que el poder busca hacer monólogos y el trabajo nuestro es interrumpir esos monólogos.
A Martínez se le cuestiona sobre si México llegará algún día a tener una realidad así. Y reflexiona que, aunque es imposible trazar el futuro, pero hay algunas precauciones que siempre se pueden observar.
“Hay un patrón constante, que es la principal amenaza en Centroamérica: la instrumentalización del aparato de justicia en favor del poder y contra cualquier cosa que estorbe al poder. Hay que observar permanentemente las transformaciones legales y los acomodos que hacen los Estados para poner a su servicio el sistema de justicia”.
La palabra “dictadura” aparece con insistencia en las conversaciones privadas de periodistas centroamericanos. Y con ella han regresado otras que en el discurso político parecían archivadas, pero que son una realidad para cientos. Relegadas a la época de los años setenta y ochenta, hoy responden a su cotidianidad: “despotismo”, “clandestinidad”, “destierro”, “persecución” o “listas negras”.
En las redacciones de San Salvador, Tegucigalpa, Managua ya no se habla únicamente de publicar. Se habla de sobrevivir.








