lunes 16 de noviembre de 2026

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La Auditoría Superior de la Federación documentó que el Plan de Justicia para reivindicar al pueblo yaqui acumula retrasos, anomalías financieras y deficiencias técnicas en la ampliación del Distrito de Riego 18. Entre los hallazgos figuran un boquete de 230 millones de pesos sin rastro contable, contratos con diferencias presupuestarias y obras mal ejecutadas por empresas sin experiencia local. Los pueblos tradicionales, de Cócorit a Vícam, padecen las consecuencias de la ineficiencia administrativa de la Conagua, que incluso difirió anticipos y alteró calendarios de ejecución.

HERMOSILLO, Son.– El Plan de Justicia Yaqui fue presentado como un acto de reivindicación del gobierno mexicano para esta tribu en Sonora por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2021, con el objetivo de darle tierra, agua y certeza jurídica.

Pero al paso del tiempo han aparecido síntomas de corrupción en su ejecución, como lo revela la Auditoría 93 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las obras de la ampliación del Distrito de Riego 18.

La ASF analizó un universo de egresos en la cuenta pública de 2024 que asciende a cuatro mil 242 millones 718 mil 800 pesos; la muestra alcanzó 94.6% del total erogado y revela una serie de observaciones en contratos vinculadas a retrasos en obras y montos económicos no amparados por la calidad de los trabajos físicos.

Con la auditoría se detectó un boquete contable que representa 230 millones 253 mil 400 pesos entre lo reportado en la Cuenta Pública 2024 y los controles internos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que incluso pidió al Órgano Interno de Control de dicha instancia realizar una investigación y sancionar en caso de encontrar responsabilidades.

Lo alarmante no es la discrepancia, sino que el alcance de la revisión para este monto fue de 0.0%; en términos simples: la ASF fue incapaz de rastrear ese dinero porque no hay registros en los controles internos que permitan auditarlo.

Así, más de 230 millones de pesos se volvieron “invisibles”, en términos administrativos.

El objetivo de la ASF fue verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, “a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables”.

A lo largo de la auditoría se expone la ineficiencia burocrática por parte de la Conagua como un freno para el Plan de Justicia Yaqui al permitir un “atraso en la entrega del anticipo”.

Esta falla administrativa obligó a diferir los calendarios de ejecución de manera drástica en el distrito de riego.

Los dos contratos más problemáticos corresponden a la empresa Biocinergia, SA de CV, que tuvo un retraso de 29 días.

El otro está a cargo de Grupo Impulsor Pajeme, SA de CV, con un retraso de 122 días.

Proceso revisó el contrato 2023-B05-B27-CD-26-RF-LP-A-OR-0018, adjudicado a Estudios y Diseños Constructivos, SA de CV, el cual parece más un borrador que un documento definitivo.

En un segundo convenio modificatorio se inyectaron poco más de 39 mil pesos extra en un solo movimiento, además de alterar los plazos. Aunque para la fecha de la revisión de campo de la ASF (julio de 2025) los trabajos aparecen como concluidos, casi la totalidad de los contratos auditados se encuentran en “proceso de finiquito”.

Funcionarios en la mira de la ASF

El impacto físico del proyecto se extiende por los ocho pueblos tradicionales: desde Loma de Guamúchil-Cócorit y Loma de Bácum, hasta Tórim, Vícam y Pótam.

Más allá de los canales, la complejidad técnica es evidente en obras como la rehabilitación de la presa derivadora El Chículi, que incluyó la rehabilitación de la obra electromecánica y la ampliación de una toma a 60 metros cúbicos por
segundo.

Como consta en los contratos y la carta descriptiva del Plan de Justicia Yaqui, se haría desde una sobreelevación de canales principales hasta la construcción de redes de distribución, donde la ingeniería busca transformar el Valle del Yaqui.

Sin embargo, la magnitud de estas obras queda en entredicho ante los resultados de la ASF, cuyo rastreo del dinero reveló anomalías en otros tres contratos por un monto de 25 millones 346 mil 507.71 pesos en la obra de ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui.   

Por esas anomalías, la ASF determinó que servidores públicos no acreditaron adecuaciones presupuestarias relacionadas con el proyecto identificado con la clave 2216B000029, al existir diferencias entre el monto autorizado mediante el último “oficio de liberación de inversión”, emitido el 30 de diciembre de 2024, y el monto reportado como inversión modificada y ejercida en la Cuenta Pública 2024.

La ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, para que el Órgano Interno de Control en la Conagua realice investigaciones correspondientes y, en su caso, determine las sanciones, en cumplimiento del artículo 157 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Éste establece que “la falta de acreditación de las adecuaciones presupuestarias, o la existencia de diferencias entre lo autorizado y lo reportado como ejercido, constituye incumplimiento normativo y genera responsabilidad administrativa para los servidores públicos responsables”.

Proceso buscó al delegado de la Conagua en el estado, Rodolfo Castro Valdez –director del Organismo Cuenta Noroeste– para conocer la posición del organismo sobre las observaciones y la promoción de responsabilidad que resolvió la ASF, pero el funcionario no respondió.

Deficiencias e incumplimiento

Durante una visita de verificación física realizada de manera conjunta por personal de la ASF y de la Conagua, del 7 al 11 de julio de 2025 en el Valle del Yaqui, se identificaron deficiencias de obra relacionadas con la construcción de canales laterales.

Entre las observaciones documentadas se encuentran losas de concreto fracturadas en un puente vehicular, falta de fijación de barandales metálicos en estructuras de cruce, ausencia de remates, afinado y compactación en bermas de canales (franja adyacente a la calzada), así como azolve, falta de limpieza en canales a cielo abierto y obras de toma directa.

La ASF señaló que estas condiciones representan incumplimientos al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Como resultado, el órgano fiscalizador clasificó los hallazgos como impactos en liderazgo, dirección y controles internos, y emitió acciones para el seguimiento administrativo y la aclaración de los recursos observados.

De acuerdo con el propio informe oficial de la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a la Cuenta Pública 2024, uno de los contratos señalados con irregularidades en las obras fue el 2023-B05-B27-CD-26-RF-LP-A-OR-0018, otorgado a la empresa Estudios y Diseños Constructivos, SA de CV.

Ese instrumento jurídico tenía como objetivo la construcción del canal lateral 27+900, del KM 12+200 al KM 23+315.57, incluyendo estructuras, en la zona de riego del Pueblo Vícam, margen izquierda, como parte de la primera etapa del proyecto.

Este contrato, junto al de Constructora e Inmobiliaria CLAPA, SA de CV, está entre los que presentaron más observaciones de obra mal ejecutada o irregularidades documentales.

Ambas empresas fueron constituidas en Acapulco, Guerrero, entre 2000 y 2011 y no existía rastro previo de que contaran con experiencia realizando obras de este tipo en Sonora.

Plan Seri, las divisiones

A 295 kilómetros al noroeste de Vícam, las divisiones políticas internas entre los Comcáac y la opacidad complican la aplicación del Plan de Justicia Seri desde que fue anunciado por López Obrador en 2022.

Para el doctor Carlo Fabián Rubio Mejía, profesor investigador de El Colegio de Sonora, este proyecto de 767 millones de pesos podría ser más efectivo en las comunidades costeras de Punta Chueca y El Desemboque si no existiera tanta opacidad en la administración de los apoyos para educación, trabajo y cultura.

“Hay quejas en torno de cómo se transparenta ese tipo de dinero, sobre todo, digamos no es tanto una preocupación por el dinero, por la transparencia en cuestiones de asignaciones para la pesca; por ejemplo, dicen las personas que entrevisté que algunos reciben más pangas para salir a la mar, mientras que otros a pesar de que exigen a sus autoridades étnicas no reciben esto por igual, aunque tienen misma necesidad de trabajar. Ese tipo de apoyos los maneja el gobernador en turno.

“Supuestamente hay una lista de beneficiarios en donde se dice ‘pues a ver, pregunten quiénes son los que quieren, quién lo necesita, justifiquen y tráigame una lista’, y pues a ellos se va a dar prioridad. Esto lo puse en el trabajo de campo que hice con ciertos pobladores y algunos líderes de Punta Chueca e incluso señalan que a veces no reciben el apoyo, pese a que lo necesitan más que otra gente que ya lo recibe”, consigna Rubio Mejía.

El Plan Seri implica 65.3 millones de pesos para fomento a la pesca y otros 8.4 para fomento a diversos proyectos económicos en ambas comunidades.

Sin embargo, el académico señala que los temas de cultura también se ven comprometidos por la discrecionalidad para la repartición de materiales y fondos entre los miembros de este pueblo
originario.

“Se dice que a veces hay dinero, pero sólo se le da a ciertas personas”, agrega.

Rubio Mejía agrega que no hay registro de quiénes han sido los beneficiados, una situación que propicia dos problemas: por una parte, los beneficios del Plan Seri no llegan a quienes los necesitan y, por otra parte, construyen en la población una percepción fundada en la injusticia histórica.

Para el académico los apoyos sólo están funcionando a corto plazo en la vida de esta tribu, como establece en su artículo “Hacia una justicia histórica: análisis del Plan de Justicia del Pueblo Seri-Comcáac desde la perspectiva intercultural”, publicado en la revista Región y Sociedad en 2025.

Según los testimonios de los entrevistados en Punta Chueca, las acciones del Plan Seri carecen de continuidad y planeación, pues no existe un cronograma a largo plazo que dé sustento normativo.

La asistencia financiera para las artesanías, la Fiesta de la Caguama de los Siete Filos, la promoción turística, la medicina tradicional, los desayunos escolares, talleres musicales y culturales (como danza, pintura y fiestas) deben establecerse en los presupuestos estatales y también es fundamental que las instituciones relacionadas con la etnia se involucren y soliciten la participación de los seris en la construcción de los programas para asegurar su continuidad y darles protección jurídica.

Otro problema detectado por Carlo Rubio durante sus visitas a Punta Chueca tiene que ver con la dimensión de educación, ya que los libros de texto preparados en el contexto de este este plan fueron traducidos para ser implementados en la educación de los niños de la etnia, pero no fueron interpretados dentro de su contexto social y cultural.

Esa situación produce rezagos no sólo de aprovechamiento, sino de una apropiación identitaria ante el sistema educativo y la identidad ancestral, consideró.

Sobre otros rezagos presentes en la implementación del Plan Seri enumeró los relacionados con el tema del agua.

Originalmente en Punta Chueca se tenía contemplada la modernización de la planta desaladora entregada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a las autoridades locales, infraestructura que funciona de manera intermitente en la comunidad abasteciendo a la mayoría de las casas, pero hasta el momento su uso se limita a labores de la cocina, baño y riego.

“Los seris de la parte alta y baja del pueblo viajan con frecuencia a Kino o Kino Viejo para comprar agua purificada, no suelen beber el agua que abastece la planta ahí, la otra vía para su abasto del líquido es por medio de pipas. El otro tema tiene que ver con Agua de Hermosillo, que tiene pendiente regularizar contratos y tomas ahí”, explica Rubio Mejía.

“La otra parte de la tribu que habita en El Desemboque –agrega– tiene acceso al agua potable desde hace cuatro años por medio de pozos que están ubicados en el rancho El Coyote, el cual era de un particular”.

El Plan de Justicia Seri contempla la construcción del acueducto de 79 kilómetros desde ese rancho para reforzar el abasto de agua en ambas comunidades mediante obras realizadas con una inversión de 181 millones de pesos que debe sortear permisos ambientales, trámites con la Comisión Federal de Electricidad y las divisiones del pueblo.

La obra es ejecutada por la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora.

“También hay críticas sobre el acueducto, es decir, hay señalamientos en relación a cómo se maltrató el territorio original Comcáac a partir de los trabajos de construcción que se hacen en alrededor de 60 kilómetros.

“Son críticas divididas, aclaro, no toda la población las comparte, pero algunos sí. Sin embargo, considero que al final la gente de ese lugar tiene mejores condiciones de vida hoy que hace 20 años”, asevera el académico.

Rubio Mejía concluye que, pese a los avances el Plan Seri es débil en otras áreas diferentes al agua y la tierra, como los apoyos económicos debido a la falta de permanencia, a la carencia de la normatividad para consolidarlos y por causa de la complejidad que hay en las diferencias políticas internas de la tribu, lo cual seguirá mermando su aplicación.