El desarrollo “Nuevo Nayarit” se promociona como un motor turístico con inversión privada y respaldo presidencial, pero arrastra un historial de despojos y litigios irresueltos. Empresarios como Eduardo Valencia Castellanos denuncian que, pese a fallos judiciales en su favor, no han recuperado propiedades arrebatadas mediante documentos falsificados durante gobiernos anteriores. Hoy Valencia Castellanos enfrenta nuevas acusaciones que buscan criminalizarlo y silenciarlo. El proyecto, presentado como recuperación de terrenos, refleja un patrón de apropiación política y financiera que amenaza la seguridad jurídica en Bahía de Banderas.
GUADALAJARA, Jal.- El desarrollo turístico “Nuevo Nayarit” que promueven los gobiernos federal y estatal de Morena se finca en un esquema de despojos, extorsiones y persecución penal sustentados en alegadas irregularidades, como fraudes procesales y el uso faccioso de instrumentos legales y financieros para apropiarse de terrenos que han desatado la codicia de los gobiernos de todo signo político.
Documentado por Proceso en su edición mensual XXXI de enero último, con la llegada del gobernador morenista Miguel Ángel Navarro Quintero este modo de operar tiene un antecedente que sigue vigente. La continua trama de despojo se presenta ahora como una recuperación de terrenos.
Apenas el viernes 24 de abril la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, dijo en la conferencia presidencial que en la zona habrá una inversión de mil 200 millones de dólares, con la participación del sector privado, después de la recuperación de terrenos por parte del gobierno de Navarro Quintero.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en la riviera nayarita habrá desarrollos turísticos de distinto nivel con la garantía de acceso público a la playa.
Detrás de esos anuncios existen antiguas denuncias de despojo. El empresario inmobiliario Eduardo Valencia Castellanos asegura que, pese a contar con resoluciones judiciales en su favor, no ha logrado recuperar los 530 departamentos del complejo Flamingos Acqua, ubicado en Bahía de Banderas, en Nuevo Vallarta, una de las zonas turísticas más exclusivas de la riviera nayarita. Asegura que el desarrollo le fue despojado mediante la falsificación de documentos durante el gobierno estatal anterior, que encabezó el panista Antonio Echevarría.
El complejo está valuado actualmente en unos 275 millones de dólares. Ahora, afirma en entrevista con Proceso, enfrenta nuevas acusaciones que buscan criminalizarlo y silenciarlo.
El entramado
Valencia sostiene que el despojo de su patrimonio fue resultado de un entramado de extorsión, fabricación de delitos y corrupción judicial en el que –afirma– participaron funcionarios del gobierno de Nayarit, principalmente el entonces fiscal Edgar Veytia –detenido en EU y después libre tras testificar contra Genaro García Luna–, así como abogados y empresarios. De acuerdo con su versión, mediante amenazas, encarcelamiento injustificado, fraude procesal y la falsificación de su firma en pagarés y documentos judiciales, se apropiaron de parte de sus propiedades en un periodo de 90 días, lo que, dice, lo mantiene hasta ahora en una constante persecución legal.
En 2005 Eduardo Valencia inició la construcción del complejo residencial de lujo en un terreno de 43 mil metros cuadrados, que planeó desarrollar en cuatro etapas. Para 2007 había construido 340 departamentos en las torres 1 y 2. Posteriormente comenzó la edificación de la torre 3, pero no pudo concluirla porque, afirma, fue privado del inmueble. Explicó que, tras perder la propiedad del terreno, en el área destinada a la torre 3 se construyeron 160 departamentos y en la torre 4 se edificaron 50 locales comerciales.
Valencia Castellanos afirma que a partir de 2011 le fabricaron 147 procesos penales, promovidos por quienes adquirieron los departamentos y que alegaban fallas en la construcción, además de disputar el carácter de las áreas comunes del complejo. En esas denuncias se le imputaron delitos de fraude genérico y específico.
El empresario denunció que fue víctima de amenazas y extorsión por parte de Edgar Veytia, entonces titular de la Fiscalía de Nayarit. Según su testimonio, en 2012 el funcionario lo citó y lo amenazó con “expropiar sus bienes” y encarcelarlo de por vida si no cedía el desarrollo Flamingos Acqua a prestanombres.
Sostiene que, tras negarse, Veytia –junto con el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto– habría manipulado a compradores para que presentaran denuncias en su contra y así presionarlo.
Veytia, alias el Diablo, fue fiscal del estado durante el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017). Detenido en Estados Unidos en 2017, se declaró culpable de conspirar para traficar drogas y en 2019 fue condenado a 20 años de prisión por una corte federal de Nueva York. Según el Buró Federal de Prisiones, salió de custodia el 10 de febrero de 2025 bajo libertad supervisada tras colaborar con autoridades estadunidenses.
Valencia afirma que las torres uno y dos quedaron bajo control de personas vinculadas con Veytia, entre ellas su presunto prestanombres Rodrigo Hicks Macías Valadez, quien habría sido colocado como titular y beneficiario de pagarés falsificados. Según su versión, las propiedades fueron posteriormente compartidas con Charles André Baccichet y su hijo Andrew, así como con Raúl Ruiz González y su socio Luis Rogelio Ortega Martínez de Escobar.
Posteriormente, dijo, Jack Levy se adjudicó las torres tres y cuatro, cuya construcción fue concluida junto con Diego Ruiz Durán. Según Valencia Castellanos, ambos terminaron el proyecto y vendieron más de 200 unidades privativas sin que existieran, asegura, permisos ni pago del terreno que lo acrediten.
En el caso del despojo de Flamingos Acqua, Valencia argumenta que obtuvo la protección de la justicia federal mediante el amparo indirecto 397/2023, en el que, dice, se determinó que no hubo un emplazamiento adecuado ni se le notificó correctamente la demanda.
Además, una pericial grafoscópica oficial concluyó que las firmas del pagaré, la contestación de demanda y la solicitud de sentencia fueron realizadas por tres personas distintas, lo que evidenciaría su falsificación. La resolución, dijo, anuló todos los actos posteriores a la notificación, incluida la adjudicación de los inmuebles.
Sin embargo, Rodrigo Hicks presentó un recurso de revisión (594/2024). Valencia sostiene que los argumentos son inoperantes y subraya que Hicks –quien debía millones de pesos a Hacienda– difícilmente pudo haber prestado millones de dólares. Añade que no existe respaldo fiscal ni bancario que acredite dichas transacciones.
Estancias en la cárcel
Eduardo Valencia Castellanos fue detenido el 6 de septiembre de 2010 y liberado el 11 de septiembre del mismo año. Su segundo periodo de internamiento se extendió del 28 de noviembre de 2013 al 17 de enero de 2018. El empresario relató que, tras su detención, fue trasladado a Nayarit, donde —según afirma— fue torturado en instalaciones de la fiscalía estatal.
“Me trasladaron a Nayarit y al día siguiente, en la fiscalía, fui torturado por Veytia. En los sótanos había otras personas en la misma situación. Cuando se cansaron de golpearme me enviaron a la cárcel Venustiano Carranza. Aunque me requería un juez de Bucerías, me llevaron a Tepic y me encerraron en un área con internos con padecimientos mentales. Estábamos hacinados en un sótano, entre heces y orines, sin saber si cuando abrían la puerta iban a golpear o matar a alguien”, relató.
Según su testimonio, el 27 de marzo de 2017 dos hombres que habían ingresado días antes intentaron asesinarlo en la cárcel de Bucerías, en Bahía de Banderas. Sus agresores fueron posteriormente trasladados a la prisión de Las Varas, en Compostela, de donde
—según dijo— fueron sustraídos por un grupo armado. Valencia afirma que sobrevivió porque, tras la golpiza, lo dieron por muerto.
“Fui al hospital San Javier Nuevo Vallarta con heridas prácticamente mortales. Las lesiones me las causaron dos personas, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, que metieron al área de sentenciados por orinar en la vía pública. Dicho de otra manera, mandaron a dos sicarios de afuera para asesinarme adentro”, relató.
De acuerdo con su testimonio, la tortura y la prisión injustificada le dejaron secuelas físicas graves y lo mantienen en constante temor por su integridad.
El conflicto por el complejo Flamingos Acqua derivó en procesos penales, litigios civiles y juicios de amparo que —según Valencia— han generado resoluciones favorables que hasta ahora no se han ejecutado. Denunció una persecución política en su contra y el incumplimiento de fallos judiciales y recomendaciones de organismos de derechos humanos, sin que haya personas sancionadas por su caso.
Acusaciones basadas
en irregularidades
Aseguró que ha sido absuelto en 145 de 147 procesos penales, con resoluciones federales que señalan la falta de elementos para acreditar los delitos o su probable responsabilidad. No obstante, permanecen abiertas dos causas penales (2/2022 y 3/2022) que –sostiene– deberían sobreseerse por la “eficacia refleja de la cosa juzgada”.
Recientemente Valencia fue sentenciado a nueve años de prisión por fraude específico, bajo la acusación de que los inmuebles se entregaron con calidad inferior a la pactada.
En la apelación contra la sentencia dictada el 31 de marzo de 2026, de la causa penal 1/2026-I, sostiene que el fallo se basa en irregularidades graves: modificación del tipo penal, alteración de hechos, valoración indebida de pruebas y aplicación incorrecta de la ley. Afirma que se utilizaron pruebas sin sustento y se desestimaron las 32 aportadas por la defensa, lo que impidió acreditar elementos clave del delito, como la existencia de contratos de obra y el uso de materiales de menor calidad.
Añade que los testimonios son imprecisos y que los peritajes fueron deficientes o elaborados por personas sin acreditación. También acusa la omisión de pruebas de descargo –incluidas documentales que lo ubican fuera del país– y violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, por lo que solicitó revocar la sentencia y sobreseer el caso por insuficiencia probatoria.
La demanda más reciente corresponde a un proceso penal por amenazas interpuesto por Luis Rogelio Ortega Martínez de Escobar y Raúl Ruiz González. Valencia obtuvo la suspensión de la orden de aprehensión mediante el amparo 987/2024, otorgado por el Juzgado Primero de Distrito Penal en Nayarit.
El empresario afirmó que este nuevo proceso constituye un intento de revictimización y le genera temor por su integridad. “Otra vez la Fiscalía de Nayarit vuelve a fabricar, como lo hizo en la época de Veytia entre 2010 y 2012, procesos penales en mi contra para anularme o neutralizarme”, declaró.
“Vuelve todo el mal, vuelve el aura de Veytia a Nayarit. Empiezo a ver cómo asuntos que ya habían avanzado ahora intentan revertirse y vuelven a criminalizarme. Quieren encarcelarme otra vez para reprimirme y para que cierre la boca”, denuncia.
Valencia advierte que existe el riesgo de que el proceso derive nuevamente en su encarcelamiento. “Hay una situación que no quiero dejar pasar por alto por si me matan o afectan mi libertad. Mi preocupación es que vuelvan a encarcelarme y, ahora sí, asesinarme”.
El empresario sostiene que sus prioridades son recuperar el complejo Flamingos Acqua, obtener la restitución de su patrimonio y lograr la reparación integral del daño por los años de procesos judiciales, encarcelamiento y tortura.








