lunes 16 de noviembre de 2026

x

Habitantes de San José Chiapa y municipios vecinos se unieron en el Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la Vida para oponerse al Polo de Desarrollo de Economía Circular que el gobernador Alejandro Armenta ofreció a Sheinbaum instalar en Puebla tras ser rechazado en Hidalgo. Denuncian que el decreto se emitió sin consulta previa ni estudios técnicos, científicos o ambientales que acrediten su viabilidad. La región ya enfrenta una alta presión ambiental: la Cuenca Libres-Oriental fue catalogada en 2019 como un “infierno ambiental” por la concentración de industrias contaminantes y la sobreexplotación de sus acuíferos.

SAN JOSÉ CHIAPA, Pue.– El gobernador Alejandro Armenta Mier ofreció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un predio de este municipio para instalar un parque de reciclamiento de basura que fue rechazado por habitantes de Hidalgo, y aunque aseguró que aquí una mayoría de pobladores está de acuerdo con ese proyecto, lo cierto es que no les había preguntado.

Para los vecinos de San José Chiapa la historia parece repetirse. Hace 14 años el gobierno del panista Rafael Moreno Valle implantó, con la llegada de la automotriz alemana Audi, un modelo de desarrollo industrial que era ajeno a esta región agrícola y el cual, en vez del prometido progreso, les trajo contaminación, saqueo de sus recursos, abatimiento de sus acuíferos y una creciente inseguridad.

Ahora asumen que la llamada 4T quiere convertirlos en una “zona de sacrificio” con su proyecto de Polo de Desarrollo de Economía Circular, por lo que se han agrupado en el Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la Vida (MDATV), junto con habitantes de municipios vecinos como Rafael Lara de Grajales, Nopalucan, Mazaltitepec, así como de Cuapiaxtla, Tlaxcala.

Si bien uno de los pilares narrativos de la Cuarta Transformación afirma que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, los opositores a este proyecto denuncian que, como ocurrió en el pasado, hoy se les pretende imponer un “plan de progreso”, ignorando su reclamo de que respete su vocación agrícola y su derecho humano a un medio ambiente sano. Pero además son objeto de campañas de desprestigio, linchamiento mediático, represión y amenazas, incluso contra su vida.

En un escrito que entregaron a la presidenta denuncian que el llamado Polo de Desarrollo de Economía Circular por el Bienestar de Puebla se pretende concretar sin que los gobiernos federal y estatal hayan presentado públicamente estudios técnicos, científicos y ambientales que sustenten su viabilidad y permitan evaluar sus posibles impactos en el entorno.

“Esta omisión –advierten– impide conocer con certeza los riesgos reales asociados a la operación de la recicladora o Parque de Economía Circular, especialmente en una región que ya enfrenta una alta presión ambiental derivada de la actividad industrial existente”.

La Cuenca Libres-Oriental, de la cual forma parte San José Chiapa, fue identificada en 2019 por la Caravana Toxi Tour México como un “infierno ambiental” debido a la alta concentración de industrias contaminantes en los 28 municipios de Puebla, Veracruz y Tlaxcala que conforman esta franja.

Aquí confluyen la automotriz Audi, la empacadora San Marcos, la cervecera Heineken, la pasteurizadora Tamariz, la procesadora La Morena, la productora de cárnicos Prosubca, la agroindustria Driscoll, decenas de naves porcícolas de Granjas Carroll, el parque fotovoltaico Iberdrola y la industria militar, entre otras, que han sido acusadas de sobreexplotar los mantos acuíferos. En 2022, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que la sobreexplotación en la cuenca alcanzaba los 22.3 millones metros cúbicos de agua por año.   

Los opositores le recuerdan a la presidenta que la Cuenca Libres-Oriental es una región de alta relevancia ambiental, caracterizada por la presencia de mantos acuíferos, de recargas hídricas y nacimientos de agua.

Así, el Movimiento por el Agua, la Tierra y la Vida reclama que la ausencia de estudios no sólo representa una falta de transparencia, sino que contraviene principios de prevención, precaución y máxima publicidad en materia ambiental, que son indispensables para garantizar la salud de la población y el equilibrio ecológico de la región.

Más cuando uno de los polígonos donde se pretende instalar las recicladoras está a sólo 100 metros de zonas habitacionales y a unos 300 metros de instituciones educativas de San José Chiapa.

Al emitir el acuerdo del 2 de marzo para decretar 40 hectáreas de este municipio como Polo de Economía Circular, señalan, se privó a la ciudadanía de un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.

También esta localidad se ha visto afectada porque en 2023 el entonces gobernador morenista, Salomón Céspedes Peregrina, actual director de Instituto Nacional de Migración (INM), determinó instalar aquí un relleno sanitario para depositar la basura de más de 20 municipios, el cual en menos de tres años ya está saturado y apenas en febrero generó una contingencia ambiental en la región porque se incendió.

En su escrito, los vecinos mencionan que el
ineficiente manejo de ese basurero refuerza la desconfianza que tiene la población sobre la capacidad institucional para garantizar el adecuado control de este parque de reciclaje que es mucho más complejo.

El Parque de Economía Circular había sido propuesto por la presidenta Sheinbaum para ser instalado en los terrenos de la fallida refinería anunciada por Felipe Calderón en su sexenio.

El 3 de diciembre la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, dijo en Pachuca que el tratamiento de desechos sería sólo para los municipios hidalguenses, con los que, señaló, había “una deuda histórica”. Pero tanto ella como el gobernador Julio Menchaca aseguraron que se respetaría la decisión ciudadana en la consulta.

Organizaciones ambientalistas como Greenpeace advirtieron en ese entonces que la consulta, prevista para el 14 de diciembre último, se realizaría sin que se conociera el proyecto y sin que se iniciara el proceso para la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del mismo, por lo que los habitantes de los municipios involucrados no podrían tomar una decisión informada.

El resultado de la consulta fue claro: el Instituto Electoral de Hidalgo informó que de 12 mil 259 votos emitidos (de casi 140 mil ciudadanos en posibilidad de votar) 63.1% lo hizo contra el parque, mientras que un 35.3% votó en favor. Con ello, vino la cancelación… para ese estado.

Perpetuar el despojo

El 11 de abril, en una gira de la presidenta Sheinbaum para entregar viviendas, los pobladores de San José Chiapa creyeron que era la oportunidad de manifestarse para que se enterara del rechazo popular a este proyecto, pero sólo confirmaron que no había intención por parte del gobierno federal de dar marcha atrás.

“¿Qué prefieren, un basurero a cielo abierto o una recicladora?”, les cuestionó la presidenta a los asistentes al acto oficial. “A nadie le vamos a quitar sus tierras, a nadie le vamos a comprar tierras, que no los engañen, es un proyecto que además se va a trabajar y consensuar con las comunidades”.

  

El gobernador Alejandro Armenta también ha mencionado que entiende el enojo de los pobladores porque esas tierras fueron “ultrajadas por los gobiernos neoliberales”.

No obstante, Jorge Octavio Contreras, uno de los líderes del movimiento opositor a la recicladora, advierte que los llamados Polos del Bienestar en Puebla se establecerán en terrenos que desde hace 14 o 15 años fueron despojados a ejidatarios cuando igual se impuso el proyecto de la automotriz Audi.

El 1 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo de la Secretaría de Economía que declaró 275 hectáreas de este municipio y de Nopalucan como Polo de Desarrollo para el Bienestar, “Futura Capital de la Tecnología y la
Sostenibilidad”.

Mientras que el 2 de marzo apareció otro que asignó 40 hectáreas de esta demarcación para el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar de Puebla. Ambos proyectos se asientan en las tierras que fueron adquiridas en ese entonces por el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, una buena parte mediante intermediarios.

En ese entonces el gobierno morenovallista primero ocultó a los habitantes cuál era el plan para esa zona y luego los amenazó con expropiarlos o dejar sus parcelas encajonadas. Así fue como vendieron más de mil hectáreas a razón de cuatro a ocho pesos por metro cuadrado, e incluso hubo algunos a los que nunca les pagaron.

En 460 hectáreas se construyó la plataforma donde se instaló la armadora automotriz, que justo este año cumple una década de haber iniciado operaciones.

En casi 200 hectáreas se edificó Ciudad Modelo, que pese a que el actual gobierno hoy la llama Ciudad de la Tecnología y la Sostenibilidad, sigue siendo una zona fantasma, ajena a los auténticos pobladores de este municipio, sólo usada de dormitorio por los trabajadores de Audi, la gran mayoría procedentes de Puebla capital y de otras entidades.

En este municipio se ubica el rancho Macondo, propiedad de la familia de Martha Erika Alonso Hidalgo, fallecida esposa de Moreno Valle, que se presume fue una de las razones para decidir que este municipio fuera la sede de Audi.

Además de este proceso de despojo, en el libro La trama Audi. Componendas de un gobierno autoritario (2019), el periodista Sergio Mastretta revela que aquí surge el boom del huachicol en Puebla, pues se habría usado combustible robado para abastecer a los miles de camiones cetemistas que movieron tierra durante la edificación de la plataforma industrial entre 2013 y 2016.

Mastretta advierte que con este proyecto surgió “una transformación absoluta del espacio y la estructura de una sociedad rural provocada por la imposición a rajatabla de la industria automotriz”.

El 19 de abril los pobladores escribieron una carta al gobernador Armenta en la que le pidieron que, en lugar de destinar esas tierras a desarrollos industriales, las devuelva al pueblo, pues fueron compradas con engaños y abusos de poder.

Diálogo a modo, dádivas y amenazas

En la visita del 11 de abril último, la presidenta Sheinbaum ofreció a los manifestantes que se harían asambleas informativas, pero fue enfática al aclararles que no sería para consultarlos. “Nada más es para informar y escuchar al pueblo”, recalcó.

Al lunes siguiente, funcionarios del gobierno estatal empezaron a recorrer la zona para hacer las “asambleas” que estuvieron acompañadas de la entrega de tractores, tinacos, calentadores, fertilizantes, semillas y otros. También se repartieron volantes donde se explica la necesidad de reciclar la basura.

Contreras Espinoza señaló que el gobierno estatal, en lugar de dialogar, organizó encuentros “a modo” con gente acarreada de otras comunidades o afín al ayuntamiento, presidido por Alejandro Hernández Romero, para tratar de legitimar el proyecto, y aunque sí “compró algunas conciencias” lo único que logró fue que la inconformidad entre la población se profundizara.

Además, Armenta ha atizado este malestar social, pues dijo a los opositores que si rechazan la recicladora, presten sus patios para depositar en ellos la basura “para que nos muestren qué hacemos”. Igual les advirtió que no les iba permitir “oponerse por oponerse”, porque es obstrucción a la autoridad “y es un delito”.

En las redes sociales empezaron a circular videos, en los cuales los principales líderes del movimiento son identificados por nombre y se les acusa de “revoltosos” y “opositores al progreso”.

Julisa Contreras Zúñiga, hija de Jorge Octavio, se hizo viral el día de la gira presidencial, pues logró romper parte de un cerco formado con vallas y desplegar una lona contra la recicladora, pero fue agredida por funcionarios del gobierno estatal que le trataron de arrebatar el letrero.

El lunes siguiente la abogada laborista fue despedida de su trabajo en el Poder Judicial de Puebla y en redes sociales se publicaron videos que la señalaban como una infiltrada del PAN en el acto presidencial. La joven rechazó cualquier interés partidista en la manifestación y calificó su despido como un acto de represión por la protesta contra la recicladora ante Sheinbaum.

En tanto que en una asamblea del 19 de abril, su padre Jorge Octavio denunció que en mensajes por internet había recibido amenazas de muerte.

Incumplimiento ambiental

El 20 de abril, en un acto público en esta localidad con la presencia del gobernador Armenta, José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sustentable y Economía Circular de la Semarnat, reconoció que aún no hay aprobadas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) para el propio polo de desarrollo, ni para cada una de las empresas que se pretenden instalar.

Dijo que entre junio y agosto la Semarnat prevé tener aprobada la MIA de lo que serían las obras de urbanización del parque industrial y que para finales de este año se empezarían a establecer las empresas, las cuales arrancarían  operaciones para finales de 2027 con el procesamiento de 800 toneladas diarias de basura.

El funcionario indicó que las obras de urbanización del parque tendrán un costo de 512 millones de pesos, mientras que las empresas recicladoras invertirán 700 millones de pesos.

Hasta ahora, a los pobladores se les ha informado que entre las empresas que se van a instalar están Greenback, de capital inglés y la cual se dedica al reciclaje de plásticos; Petgas, que transforma plásticos en combustibles; Tuza Green, que recicla llantas, y Proambi, que reutiliza productos electrónicos.

En los polos de desarrollo, parte del Plan México, el gobierno federal ofrece 100% de deducción inmediata a los activos fijos nuevos; 25% en capacitación o innovación y hasta 8% en valor de terreno y devolución del impuesto sobre nómina.

Patricia Carreón, integrante del Movimiento en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, dice que a los pobladores les preocupa que el gobierno ya tiene decidido este parque industrial cuando aún no realiza los estudios sobre su impacto y dan por hecho que, al haber ya inversionistas en puerta, estas evaluaciones sólo se “simularán” para “validarlo”.

Samaniego Leyva dijo que el proyecto se seguirá “socializando” entre los pobladores, a quienes se les informará que el proceso de reciclamiento se hará de manera “ordenada, limpia y con muy buena tecnología”.

No obstante, Assenet Lavalle, maestra en Administración del Ambiente y directora de la Observatoria Ciudadana Urbana y Ambiental para el Estado de Puebla, aclara, en un análisis que hizo sobre esta propuesta federal, que ningún sistema industrial puede ser cien por ciento circular ni libre de residuos.

“Por ejemplo, triturar llantas implica emisiones particuladas a la atmósfera y consumo energético; procesar plásticos para su uso como combustible implica reacciones químicas y liberación de gases; reutilizar cascajo implica transporte, molienda y energía”, explica.

“El Parque podría resultar en una de dos situaciones extremas: o en un interesante y oportuno acierto o constituirse en una zona de sacrificio que ahonde las desigualdades socioterritoriales, profundice las injusticias ambientales, evidencie las fallas institucionales y destruya las formas de vida”, puntualiza.

En tanto, los pobladores han interpuesto un amparo que reclama la violación a derechos constitucionales y de acuerdos internacionales como el de Escazú – primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, adoptado en 2018 en Escazú, Costa Rica–. De no proceder, aseguran que recurrirán a instancias internacionales.

Ya en las asambleas, varios de los ellos han expresado públicamente que están dispuestos a continuar esta lucha “aun a costa de sus vidas”. (Con información de Áxel Chávez)