El desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara desató una crisis política más allá del crimen organizado. El operativo sucedió en medio de la pugna entre el fiscal César Jáuregui y el secretario de Seguridad Gilberto Loya por capitalizar logros ante las elecciones de 2027 con la seguridad como bandera. La presencia no autorizada de agentes de la CIA en el convoy detonó el escándalo: la presidenta Sheinbaum exigió explicaciones a la gobernadora Maru Campos, cuya fiscalía respondió con versiones contradictorias que terminaron por señalar a un funcionario muerto como único responsable. En el fondo, la región sigue bajo el control fragmentado del Cártel de Sinaloa.
CHIHUAHUA, Chih.– Localizado en una zona serrana de difícil acceso, rodeada de comunidades rarámuri y minas, el laboratorio asegurado en territorio del municipio de Morelos es considerado de grandes dimensiones por su equipamiento y los productos decomisados, equiparable a los que se han localizado en otros puntos del Triángulo Dorado, pero por el lado del vecino Sinaloa.
El municipio es uno de los que por primera vez gobierna Morena en esta entidad, a partir de las elecciones de 2024, con el alcalde José de Loreto Javalera Bojórquez. Es vecino de Batopilas, y por el oeste y el sur, de Badiraguato y Choix, regiones donde también han localizado narcolaboratorios y tienen una población grande de familias desplazadas por la violencia.
Entre el 17 y 19 de abril la Fiscalía General del Estado realizó un operativo para desmantelar un laboratorio de metanfetaminas y otras drogas cerca de la comunidad de El Pinal, en donde aseguraron un laboratorio de 850 metros cuadrados con 21 hornos y cuatro calderas instaladas, 132 contenedores, 64 tambos de 200 litros en promedio y 299 cilindros de gas, entre otros aditamentos.
La noticia de los hallazgos de este laboratorio de metanfetaminas, presentada por el todavía fiscal César Jáuregui el domingo 19 de abril, se cruzó con la del accidente que sufrió el vehículo de un convoy de cinco unidades, de la Fiscalía y del Ejército, en la misma zona del aseguramiento, percance en el que perdieron la vida el titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes; el agente Manuel Genaro Méndez Montes y dos agentes de Estados Unidos.
A la airada reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum tras la revelación de Jáuregui siguió una ruta de reclamos a la gobernadora panista María Eugenia Campos, y una investigación ordenada por ésta que ha dado ya apuntes contradictorios y cuestionables en voz de la titular de la unidad especial de la Fiscalía asignada para ello, Wendy Paola Chávez Villanueva.
Pero además, un ingrediente político se incrusta en medio del caso: una batalla electoral en la que César Jáuregui Moreno y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, se disputan logros en el tema de seguridad, rumbo a las elecciones de 2027, aunque el fiscal terminó por renunciar el lunes 27 en medio del escándalo de la CIA.
Codicia minera, tala ilegal y desplazamiento
Tanto El Pinal en Morelos como Polanco en Batopilas son puntos críticos de la Sierra Tarahumara, donde los límites geográficos se desdibujan con problemáticas comunes, como el control criminal.
La ubicación de estas comunidades es estratégica para las economías lícitas e ilícitas.
En la zona opera una fragmentación del Cártel de Sinaloa, que también disputan Choix, que administra el precio de los productos básicos, deciden quién entra y sale de las comunidades, lo que ha causado el confinamiento forzado.
El uso de drones para monitoreo y ataques en el eje Morelos-Sinaloa ha cambiado la dinámica del conflicto a partir del año pasado.
Por ejemplo, El Pinal es una puerta de entrada y salida hacia el municipio de Choix, Sinaloa. Al mismo tiempo es una región aislada con caminos no pavimentados y de difícil acceso lo que facilita el flujo de armas y otros productos favorables para el crimen organizado, así como para la tala ilegal.
Polanco, municipio de Batopilas, está hacia el interior de la entidad de Chihuahua, es un punto importante de control para las rutas que bajan desde las cumbres de la sierra hacia el cañón de Batopilas y, posteriormente, hacia el sur llega a Sinaloa.
Alrededor de esa región hay comunidades rarámuri principalmente, aunque es una zona minera desde hace décadas. El desplazamiento forzado interno de Morelos y Batopilas ha sido más sigiloso que en Guadalupe y Calvo o Moris, por ejemplo, pero se han registrado hechos violentos con explosivos lanzados con drones, amenazas y homicidios que han obligado a la gente a desplazarse.
Con la baja de precios de la mariguana, primero, y de la amapola desde hace casi diez años, los cárteles han diversificado sus actividades y en la Sierra Tarahumara incrementó la tala ilegal y la extracción de minerales, entre otros delitos.
La minería en esta región ha pasado de ser una actividad industrial a un motor de desplazamiento para algunas comunidades indígenas. Hay proyectos mineros, como Pajarito en Morelos o las Entrañas de Plata en Batopilas, que cubren miles de hectáreas de comunidades indígenas.
El Pinal y Polanco se ubican en una zona de asedio silencioso, donde se disputan el control de la plata y la madera, y en este caso por la instalación de laboratorios ilegales de drogas sintéticas.
Morelos y Batopilas son parte de la región que registra un número importante de comunidades completas desplazadas de manera forzada y que no son atendidas como lo exige el Protocolo de Atención Emergente a Personas en Situación de Desplazamiento Interno, que el mismo gobierno estatal presentó en 2025 y que ha presumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante diferentes instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La guerra electoral
Este año comenzaron a aparecer espectaculares en diferentes partes de la entidad del exfiscal César Jáuregui y de Gilberto Loya, quien ha tenido como estandarte la Plataforma Centinela para combatir al crimen organizado.
“Protegiendo Chihuahua, Gilberto Loya habla de resultados”, del portal martillorojonoticias.com, dicen los espectaculares del titular de Seguridad Pública, y “Estoy listo para servir a Chihuahua”, del portal chihuahuaviral.com, indican los relacionados con Jáuregui Moreno.
La justificación es que el medio se interesó en publicitar las entrevistas. La mayoría de los contenidos de esos portales son de información oficial.
Lo que no mencionan es que Chihuahua ocupa el segundo lugar en homicidios dolosos en promedio diario, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En medio de este clima político, el desmantelamiento del laboratorio de metanfetaminas y la posible participación de agentes de Estados Unidos escaló, pero hacia la gobernadora Maru Campos, a quien la presidenta exigió explicaciones y también planteó la posible violación de la Ley de Seguridad Nacional.
La información inicial que dio a conocer Jáuregui el 19 de abril indicaba que el operativo estuvo a cargo de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, cuyo titular es Guillermo Arturo Zuany Portillo, y de la Agencia Estatal de Investigaciones, apoyados por elementos del Ejército mexicano.
Zuany Portillo se ha convertido en uno de los elementos más importantes del gobierno de Maru Campos en la estrategia de combate a la inseguridad de la entidad. A finales de 2025 trascendió en medios locales que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.
Sin embargo, en el informe posterior de la fiscal de la unidad especial, Wendy Chávez Villanueva, ya no se menciona a la Fiscalía especializada mencionada. Y su versión, en la que desmarcó a Jáuregui e incluso a la Secretaría de la Defensa (participante en el operativo del aseguramiento del narcolaboratorio), depositó toda la responsabilidad en el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera, quien falleció en el accidente.
Wendy Chávez confirmó que las cuatro “personas” norteamericanas estuvieron en el operativo y culpó a Oseguera de hacerse acompañar de los agentes estadunidenses en el operativo sin informar a los mandos superiores, aseveró en el primer informe presentado el martes 27 de abril.
Precisó, por ejemplo, que el 16 de abril el convoy de la Fiscalía llegó a Guachochi, donde se encuentra un destacamento militar. El director de la AEI acudió “personalmente y sin acompañamiento a una reunión con el mando militar (…) La inclusión de las personas extranjeras en el convoy no fue reportada a los mandos superiores”.
Luego de varias inconsistencias y contradicciones en la información respecto del accidente ocurrido cuando regresaban del operativo, César Jáuregui anunció en rueda de prensa su renuncia con carácter de irrevocable.
Al renunciar, Jáuregui reconoció su responsabilidad política en el ámbito de liderazgo institucional y la necesidad de corregirla.
Otros señalamientos surgieron al calor del incidente. El coordinador del PAN en el Congreso del estado, Alfredo Chávez Madrid, cuestionó directamente al presidente municipal de Morelos, José de Loreto Javalera, por la falta de coordinación con el gobierno federal y señaló que hay una inacción sistemática de las autoridades de ese municipio y del gobierno federal.
El legislador puso en duda si el alcalde de Morelos cuenta con el respaldo o la capacidad real para enfrentar la infiltración criminal o si simplemente se ha “cedido” el territorio ante la falta de presencia de la Guardia Nacional y el Ejército.
La diputada rarámuri por Morena Edith Palma viajó el fin de semana pasada al lugar del accidente para corroborar que ocurrió en el municipio de Batopilas y no en Morelos, como lo había indicado el renunciado fiscal.
Edith Palma pudo constatar que el accidente fue a la medianoche, sólo que avisaron a las autoridades dos horas después, según lo que pudo documentar. Asimismo hubo personas que escucharon los gritos de auxilio de quienes viajaban en el vehículo siniestrado y que señalaron que en la caja de la camioneta en la que viajaban el director de la Agencia Estatal y los dos agentes estadunidenses llevaban depósitos con gasolina.








