lunes 16 de noviembre de 2026

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La incursión de agentes de EU en México para participar en operativos contra el narco en Chihuahua, que terminó el 19 de abril en un incidente que dejó cuatro muertos, entre ellos dos agentes de la CIA, confirma la impotencia de los gobiernos mexicanos para hacer cumplir las reglas que López Obrador fijó para contener la presencia de agencias como la propia CIA y la DEA. El episodio ya le costó a la gobernadora Maru Campus la baja de su fiscal, César Jáuregui; la presidenta Sheinbaum evitó la confrontación abierta con Washington al considerar que el caso se trató de “una excepción”.

Los dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) que murieron en la Sierra Tarahumara se infiltraron en un operativo organizado por esa corporación estadunidense como parte de la tarea que le dio el presidente Donald Trump para enfrentar a los cárteles de la droga en México al ser consideradas organizaciones terroristas.

El operativo, organizado para desmantelar un megalaboratorio de drogas sintéticas en el Triángulo Dorado de la droga, se realizó por completo con información que recopiló la CIA y la participación de al menos dos de sus agentes que iban armados, contaron a Proceso fuentes de seguridad cercanas al caso, tanto en México como en Estados Unidos.

Aseguran que la presencia de efectivos del Ejército mexicano fue para dar seguridad perimetral, sin que intervinieran más allá durante la operación. Según informó el gobierno de Chihuahua, los soldados pertenecen al cuartel militar de Guachochi, de donde salieron ocho unidades de la Sedena con aproximadamente 50 elementos, bajo el mando de un mayor y de un coronel.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, precisó el martes 28 que participaron 50 elementos del Ejército, pertenecientes a la 42 zona militar –de los batallones 66, de Delicias, y 75, de Parral– que se encontraron en Guachochi, cerca del lugar del desmantelamiento. Y al igual que el gobierno de Chihuahua, subrayó que los agentes de la CIA no entraron a instalaciones militares ni tuvieron contacto con los soldados.

“No es extraño que haya habido presencia de militares porque hay buena relación con ellos y se les pidió apoyo para asegurar la zona. Estuvieron ahí por seguridad”, insisten las fuentes consultadas por Proceso. “Afortunadamente no hubo ningún enfrentamiento, pues el laboratorio estaba abandonado, por lo que no hubo detenidos”, añaden.

Los testimonios recabados detallan que en total participaron 56 elementos y que durante el operativo todos portaban uniforme y capucha policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE), incluidos los agentes de la CIA, quienes “también iban armados”.

Las fuentes consultadas aseguran que la acción fue diseñada por la Agencia Central de Inteligencia porque, como responsable de labores de inteligencia en todo el mundo, ahora participa en el combate a los grupos del narcotráfico mexicanos que desde enero 2025 fueron designados por Trump como “organizaciones terroristas extranjeras” y en la concepción estadunidense amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos y al continente
americano.

Recuerdan que Trump facultó a la CIA para realizar operativos y acciones contra los cárteles y detener el flujo de estupefacientes a Estados Unidos, como publicó Proceso en su edición XXIX correspondiente a noviembre de 2025.

El operativo tuvo lugar en el municipio de Morelos, que es gobernado por Morena y se ubica en el Triángulo Dorado, en la sierra donde convergen los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Históricamente la región ha sido controlada por el Cártel de Sinaloa. Fuentes de seguridad de Chihuahua exponen que la zona en la que se destruyó el laboratorio es del dominio de los Chapitos, ahora enfrentados con los Mayos, además de que es la primera vez una operación de este tipo del lado de Chihuahua.

“LA CIA no da cursos de entrenamiento para volar drones”, asegura uno de los informantes inquirido sobre la versión de César Jáuregui, a quien este caso le costó el cargo como fiscal estatal.

En una primera declaración al conocerse el accidente, Jáuregui justificó la presencia de los agentes estadunidenses como labores de entrenamiento a efectivos de la Agencia Estatal de Investigación en el manejo de esos aparatos.

Aseguró que los efectivos del Ejército mexicano y los elementos de la fiscalía participaron en el desmantelamiento del mayor laboratorio de drogas sintéticas ubicado en la zona y que los dos “oficiales instructores” de la Embajada de Estados Unidos en México fallecieron en un accidente cuando regresaban del operativo.

El embajador de la administración Trump en México, Ronald Johnson, es un militar retirado del Ejército estadunidense y trabajó como enlace en Ciencia y Tecnología de la CIA ante el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos en Tampa, Florida. Además de que fue asesor especial de inteligencia del Comando Sur del Pentágono.

De acuerdo con esa primera declaración del exfiscal Jáuregui, el “entrenamiento” era parte de “un intercambio permanente” con Estados Unidos, “atestiguado por el gobierno federal”.

Al día siguiente, el lunes 20 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Ejército mexicano no estuvo enterado de la presencia de los agentes estadunidenses. Dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional desconocía que algunos de los participantes “no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua”. La responsabilidad se centró en la administración de la gobernadora panista Maru Campos.

Jáuregui cambió, entonces, su versión: aseguró que los “funcionarios estadunidenses” se unieron al grupo después del desmantelamiento de las instalaciones clandestinas.

Una de las fuentes consultadas detalla que los cuerpos de los dos agentes extranjeros fallecidos fueron enviados a las instalaciones militares de Fort Bliss, en El Paso, Texas, horas después de que se desbarrancara la camioneta en la que regresaban tras la destrucción del narcolaboratorio.

Otro informante, perteneciente a la comunidad de seguridad de Estados Unidos, explica a Proceso que los agentes de la CIA vestían uniformes policiales mexicanos como parte de la logística en este tipo de operaciones, “como es habitual”.

El caso detonó el lunes 20 de abril, cuando se conoció el accidente, ocurrido la madrugada del domingo 19 de abril y en el que también fallecieron dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua.

La operación de la CIA en territorio mexicano se conoció el martes cuando la prensa estadunidense reveló que los dos agentes estadunidenses fallecidos eran de la Central de Inteligencia.

El diario Los Ángeles Times, citando fuentes “familiarizadas con la operación”, abundó el jueves 23 de abril al publicar que el operativo antinarco en Chihuahua fue el tercero realizado por la CIA en México de manera conjunta con el gobierno de Campos.

Hasta el cierre de esta edición, martes 28 de abril, el gobierno estadunidense no había desmentido esa información.

De acuerdo con The Spoksman-Review, medio de comunicación de Spokane, ciudad del este de Washington, citado el lunes 27 por El Diario de Juárez, de Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de los agentes de la CIA fallecido es John Dudley Black, un exmarine que combatió en Afganistán. El otro agente de la corporación que murió es Richard Leiter Johnston III. Junto con ellos perdieron la vida el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el agente Manuel Genaro Méndez Montes.

Hasta una semana después de los hechos, el sábado 25, el gobierno de la presidenta Sheinbaum dio detalles sobre la condición migratoria de los dos agentes de la CIA. En un comunicado del Gabinete de Seguridad indicó que ninguna de las dos personas tenía permiso para hacer labores de seguridad.

“De acuerdo con los registros migratorios disponibles, una de ellas ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y la otra con permiso diplomático. Ninguna contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional”.

A manera de exculpación de la presencia del Ejército en el desmantelamiento del operativo, el gobierno de Sheinbaum dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional no sabía de la presencia de los dos agentes de la CIA. “El gobierno de México, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción operativa dentro del territorio nacional”.

El gobierno federal evitó precisar si se trató de un tercer operativo en Chihuahua, como informó el diario californiano.

Todavía el lunes 27, Sheinbaum insistió en que el gobierno federal no supo de la incursión de los dos agentes extranjeros porque no fue informado por el gobierno de Chihuahua, y que esa fue la posición del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cuando se reunió con la gobernadora Maru Campos el viernes 24 en las oficinas de la SSyPC, en la avenida Constituyentes, Ciudad de México.

Pero Sheinbaum ha evitado en todo momento entrar en confrontación con el gobierno estadunidense. Ese lunes dijo que la coordinación con Estados Unidos en temas de seguridad “está dando resultados”, por lo que pidió “no poner en riesgo esa relación”.

Aseguró que desde la llegada de la llamada Cuarta Transformación, la relación con Estados Unidos es “de iguales” y no de subordinación, como ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón.

Ese lunes 27 de abril aseguró que la incursión de los agentes de la CIA se trató de un caso excepcional y que después del extrañamiento de su gobierno al de Estados Unidos, éste se comprometió a respetar la soberanía de México.

“Es la defensa del Estado de derecho y de la soberanía, y que esta situación que se presentó en particular con el gobierno de Estados Unidos sea algo de excepción y que se cumpla realmente con la Constitución y las leyes, y la coordinación que tenemos, que está dando resultados, en el marco del respeto a nuestra soberanía (…)

“Entonces –dijo Sheinbaum–, no pongamos en riesgo esta coordinación y sigamos avanzando en el marco de las leyes de ambos países”.

La participación de agentes estadunidenses en operaciones en terreno mexicano contra el narcotráfico ha sido recurrente, pese a que está prohibido legalmente. Su presencia se disfraza al vestir uniformes de policías estatales o incluso de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Uno de los casos más conocidos ocurrió durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto en febrero de 2014, cuando fue recapturado Joaquín el Chapo Guzmán en Mazatlán, Sinaloa. En el juicio contra el capo sinaloense se conoció que agentes de la DEA, CIA y de los US Marshals participaron en el operativo vestidos como efectivos de la Marina.

Las agencias estadunidenses, tanto civiles como militares, tuvieron su mejor época en México durante el gobierno de Felipe Calderón, quien les abrió la puerta para que participaran de lleno en su llamada guerra contra el narcotráfico.

Los agentes estadunidenses no sólo participaron en operativos para la detención de jefes narcotraficantes; también intervinieron en las investigaciones ministeriales de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, e incluso operaban dentro de los penales mexicanos. (Proceso semanal #1923, 8 de septiembre de 2013.)

Al final del gobierno de Calderón, en agosto de 2012, quedó en evidencia la operación de la CIA en territorio mexicano en acciones contra el narcotráfico. El día 24 de ese mes agentes de la entonces Policía Federal, desaparecida por López Obrador para crear la Guardia Nacional, atacaron cerca de la zona de Tres Marías una camioneta de la Embajada de Estados Unidos en la que iban dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia acompañados de un efectivo de la Marina que les iba señalando domicilios de integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Los agentes estadunidenses resultaron heridos y de inmediato fueron trasladados a Estados Unidos junto con el informante mexicano. La versión del gobierno calderonista fue que los elementos de la Policía Federal confundieron la camioneta de los agentes de la CIA con la de secuestradores.

El Mayo y los contras, otros antecedentes

En los años ochenta del siglo pasado, en la efervescencia de la Guerra Fría, documentos clasificados de la DEA sobre la investigación del asesinato Enrique Kiki Camena, mostraron que la CIA instaló un campo de entrenamiento en un rancho de Rafael Caro Quintero, uno de los líderes del ya desaparecido Cártel de Guadalajara, para entrenar a los contras nicaragüenses.

La CIA permitía a los narcotraficantes mexicanos traficar cocaína a Estados Unidos a cambio de que le ayudaran a entrenar y enviar armas a la contra nicaragüense que eran financiados y apoyados por el entonces presidente estadunidense Ronald Regan para combatir al gobierno revolucionario del país centroamericano, encabezado entonces por Daniel Ortega y quien de nuevo gobierna desde 2007.

Lo que desveló el incidente ocurrido la madrugada del domingo 19 de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, en los límites con Guachochi, fue la constatación de que Estados Unidos pasó por encima de la Ley de Seguridad Nacional y del Entendimiento Bicentenario que establecen las reglas de operación de agentes extranjeros en el territorio nacional.

La modificación a esa ley, en diciembre de 2018, y el acuerdo firmado por los dos países en octubre de 2021 fueron promovidos por el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en su propósito de contener a los hombres y mujeres de las agencias estadunidenses que operan en México y que tuvieron su máxima expansión durante la presidencia de Calderón.

Al final del gobierno de Calderón, en agosto de 2012, quedó en evidencia la operación de la CIA en territorio mexicano en acciones contra el narcotráfico. El día 24 de ese mes agentes de la entonces Policía Federal, desaparecida por López Obrador para crear la Guardia Nacional, atacaron cerca de la zona de Tres Marías una camioneta de la Embajada de Estados Unidos en la que iban dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia acompañados de un efectivo de la Marina que les iba señalando domicilios de integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

El expresidente López Obrador se quedó esperando la explicación de la administración de Joe Biden sobre la captura de Zambada García, quien está encarcelado en Brooklyn, Nueva York.

En diciembre de 2020 López Obrador emitió un decreto para modificar la Ley de Seguridad Nacional. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de ese mes, el decreto presidencial buscaba “meter en cintura” a los agentes estadunidenses que en años previos actuaron con entera libertad en las dependencias de seguridad y justicia mexicanas. En especial a la Agencia Antidrogas, DEA, por sus siglas en inglés.

Según esa orden presidencial, los funcionarios públicos federales, estatales y municipales deben informar por escrito, dentro del plazo de tres días, de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que tengan con agentes extranjeros. Pero estos encuentros deberán ser autorizados por lo que la ley define como Grupo de Alto Nivel de Seguridad, que está encabezado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En específico, estableció que los agentes extranjeros “sólo podrán desarrollar actividades de enlace” para el intercambio de información con México, y sin que puedan hacer gestiones con autoridades distintas a la SRE o de las dependencias que tengan que ver con la seguridad nacional.

Los obliga a entregar a México la información recabada y en específico a presentar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana “un informe de carácter mensual” sobre sus actividades. Precisó que deben incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios.

Les prohibió la detención de personas y el allanamiento de propiedad privada, además de “abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física”, así como la portación de armas, salvo las que les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional.

Dijo que cuando un agente incumpla esas disposiciones, México solicitará su retiro al Estado acreditante “y quedará sujeto a las sanciones” de la ley mexicana. Y en el caso de secuestro, cohecho o la privación ilegal de la libertad, advirtió que México suspendería la cooperación bilateral en la materia.

El Entendimiento Bicentenario, firmado entre México y Estados Unidos y que entró en vigor un año después, en diciembre de 2021, reemplazó la Iniciativa Mérida promovida por Felipe Calderón, y buscaban “una visión compartida de seguridad y colaboración regional anclada en el respeto a la soberanía de cada país”.

En la práctica, el decreto de López Obrador congeló la relación en materia de seguridad con Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca cualquier disposición de México quedó rebasada.

Proceso documentó en sus ediciones de julio de 2025 (número XXV) y de febrero de 2026 (número XXXII) cómo el presidente estadunidense desplegó aviones y buques de guerra para obtener información de inteligencia contra los grupos del narcotráfico mexicanos, a los que catalogó como organizaciones terroristas.