lunes 16 de noviembre de 2026

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A un año de la tragedia del festival Axe Ceremonia 2025, las familias de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández siguen esperando justicia. El caso por homicidio culposo en la Fiscalía de la CDMX acumula miles de fojas sin llegar siquiera a la primera audiencia. En tanto, la reforma a la Ley de Espectáculos avanza lentamente y el Parque Bicentenario cambió de manos tras la cancelación de la concesión. Para los familiares, la negligencia empresarial y la falta de protocolos de seguridad fueron determinantes, y aunque las empresas involucradas ya figuran como investigadas, aún no han sido imputadas.

Este mes se cumple un año de la tragedia del festival Axe Ceremonia 2025, que debería marcar “un antes y un después” en México en materia de conciertos… Al menos eso es lo que buscan las familias de los dos fotoperiodistas fallecidos. Pero el caso por homicidio culposo que se sigue en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no llega ni siquiera a la primera audiencia inicial del caso.

Y mientras la carpeta de investigación acumula ya casi nueve mil fojas, la reforma a la Ley de Espectáculos de la Ciudad de México continúa también lentamente su curso, uno que tendría que reflejarse en la actual Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, que termina el 31 de septiembre de 2027.

Los nombres de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández resuenan este 5 de abril, fecha en que se cumple el primer año del deceso de los jóvenes fotógrafos que murieron en el Axe Ceremonia. En entrevista con Proceso, los familiares y asesores legales de ambos relataron sus estrategias por separado.

Si bien han demostrado distintos puntos de vista que se han reflejado en las acciones que han emprendido a lo largo de este año, comentaron de manera independiente que, pese a sus estrategias, coinciden en el mismo fin: justicia para los jóvenes fallecidos.

A lo largo de 2025 Proceso publicó diversos textos en seguimiento, entre ellos “Axe Cremonia: el negocio millonario entre irregularidades y explotación laboral”, que develó el entramado detrás de la concesión del Parque Bicentenario, entonces perteneciente a Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, SA de CV, presidido por George Mac McPhail Trouyet, titular a su vez del Grupo de Seguridad Privada CAMSA, misma empresa encargada de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez que sufrió un incendio en marzo de 2023, en donde murieron 40 migrantes.

Ahí también se relató la integración y forma de trabajo de Grupo ECO, organizadora del Axe Ceremonia, fundado por Diego Jiménez Labora, empresa con una década de funcionamiento en el sector artístico-musical y detrás de varios festivales de música, como “Trópico” (Acapulco) y “Bravo”. Grupo ECO a su vez está subdividido en microempresas de servicio como parte de todo el “ecosistema” de esos festivales, que florece a costa de pagos mínimos a trabajadores, y de lo que, en experiencia de uno de sus exempleados, sin nulas condiciones de protección laboral.

Mención aparte merecen los mensajes, tanto de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como de la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, que tras la tragedia del domingo 5 de abril de 2025 se pronunciaron públicamente. Sheinbaum puntualizó en la mañanera del 10 de abril de ese año que la investigación se encontraba en manos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), y entre otras la posibilidad del retiro de concesión al Bicentenario. Y Brugada destacó la importancia de reforzar y garantizar la seguridad en espectáculos de gran escala para evitar tragedias similares.

Los meses pasaron y finalmente el gobierno federal determinó, como consecuencia de la tragedia, retirar la concesión de servicios al Parque Bicentenario, el 23 de mayo de 2025, a Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, SA de CV.

El Bicentenario pasó finalmente a manos de la Secretaría de Cultura federal para operar bajo un esquema mixto mediante un convenio de colaboración con el Auditorio Nacional y el Comité del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional (FUAN), reabriendo sus puertas al público el 1 de julio de 2025, luego de tres meses de cierre por mantenimiento y recuperación de la concesión. Pero ¿y la justicia para las víctimas y sus familias?

El camino de la familia

Rojas Hernández

En entrevista con Diana Rojas Hernández, Graciela Hernández (hermana y madre de Miguel Ángel, respectivamente) y su equipo legal conformado por Tábata Salas Ramírez y Edwin Alan Piñón en Proceso, denunciaron que la tragedia fue resultado de una negligencia empresarial y falta de protocolos de seguridad. Para ellos están todos los imputados legales, principalmente ECO, y a su decir la audiencia inicial del caso por “homicidio culposo”, carpeta CI-FIMH/H-1/UI-1S/D00070/04-2025R1, en la FGJ CDMX, ya debió haber iniciado.

El 21 de enero último la familia, con apoyo de miembros de su equipo legal, la colectiva Justicia para Miguel y representantes de asociaciones civiles de derechos humanos, colocaron un contador de impunidad/antimonumento frente al Poder Judicial de la Federación (PJF) para recordar los “98 días de impunidad” –hasta entonces– en relación con lo que consideran un retraso de la audiencia inicial del caso.

Y en marzo último apuntaron directamente una estrategia por parte de la asesoría legal de la familia Giles Rivera, para que no se lleve a cabo la audiencia inicial del caso, en específico por parte del abogado Fabián Victoria, mediante actos que, a decir de Piñón y Salas, pretenden retrasar la que sería la primera audiencia, situación que reafirmaron en la entrevista.

Ello, además de señalar que Victoria habría tramitado recursos legales que coinciden en fechas, horarios y argumentos con los de Operadora Eclectic, promoviendo 15 amparos (13 de ellos para impedir la audiencia inicial del caso) en un intento por evadir que se acuse a ésta de colocación de dos grúas, una de ellas la que cayó sobre los dos jóvenes. Además de señalar a Gerardo Guzmán, servidor público de la Secretaría de Gestión Integral de Agua de la Ciudad de México, como asesor jurídico que ha solicitado a la Fiscalía de la CDMX que no se impute a la empresa Operadora Eclectic.

A la par del señalamiento, la señora Graciela y Diana recordaron el carácter afable y directo de Miguel Ángel, un joven altamente comprometido con el periodismo, contra las injusticias y el “amarillismo” en los medios; ambas dieron a conocer la iniciativa: “Ley Miguel para la Protección del Trabajo Periodístico”, que buscará establecer un precedente que obligue a la industria del entretenimiento a garantizar condiciones seguras para trabajadores y asistentes.

Eso no sólo a partir del accidente, sino tras enterarse que ahora se les pide, en algunos casos, a fotógrafos y periodistas firmar documentos donde promotoras se deslindarían de responsabilidad en conciertos o actos masivos.

Comentaron que, aunque han tenido una buena relación con la Facultad de Estudios Superiores (FES) Unidad Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, les llamó la atención la negativa de la institución para entregar el título a Miguel Ángel, toda vez que a Miguel Ángel le faltaba un mes por concluir su licenciatura en Comunicación y Periodismo, y que “rara y discretamente” sólo los llamaron para entregarles un “reconocimiento”.

La batalla de la familia de Berenice

En el caso de la familia Giles Rivera, acompañados de su asesor Fabián Victoria, señalaron en septiembre de 2025 a Proceso que el Ministerio Público que lleva la carpeta y la Fiscalía no realizan su trabajo y han evadido pruebas que identificarían a Operadora de Centros de Espectáculos, SA de CV (OCESA), como coorganizadora junto a Eco Live del Axe Ceremonia, y a Servicios de Protección Privada Lobo, SA de CV, encargada de seguridad de ese festival.

Sostuvieron en una nueva entrevista su posición recordando avances a la fecha: por un lado, que ambas empresas ya aparecen en calidad de “investigadas”, mas no “imputadas”, situación por la que, afirmaron, seguirán luchando para que quede firme en carpetas, pues a su decir, la figura de estas empresas es total y clave para el avance del caso, además de que sentaría un precedente importante.

La familia Giles Rivera también hizo lo propio este año al inconformarse frente a los juzgados de Distrito en Materia Penal de esta ciudad, donde dieron a conocer que estarían planeando un viaje a Estados Unidos para hacer del conocimiento a Live Nation, empresa internacional que tiene la mayor parte del porcentaje de OCESA, de la tragedia del Axe Ceremonia.

Durante una ceremonia realizada en marzo último, Luis Raúl y Blanca Lilia, padres de Citlali Berenice, recibieron el título de “Licenciatura en Comunicación y Periodismo”, toda vez que la joven habría culminado sus créditos.

Fabián Victoria relató a Proceso que la familia espera una audiencia contra omisiones en el Ministerio Público (MP) agendada para el 21 de abril, pues dicho MP habría abierto una carpeta de investigación alterna para incluir a OCESA y Lobo, más no incluirlas en la carpeta primaria del caso, situación que rechazan.

¿Y la reforma a la ley?

En el número de junio de 2025, Proceso publicó el texto “Axe Ceremonia: Las mentiras tras la fiesta: clamor por una nueva Ley de Espectáculos”, donde se aborda la iniciativa de una reforma a raíz de la tragedia que terminó con las vidas de los dos jóvenes.

Paulo Emilio García, diputado de Morena, adelantó que dicha propuesta iría en un paquete que se enviará al Congreso capitalino, apuntando a que la intención era “clarificar” las competencias del gobierno de la ciudad como a las alcaldías, las empresas o titulares, y que para ello preveían una discusión con presencia de distintas figuras, desde actores sociales, trabajadores de logística, promotores y productores hasta alcaldes y la Secretaría de Protección Civil de la capital.

Esto en relación con la posición de autoridades respecto de tres tiempos de cada espectáculo, concierto o festival:

1) Solicitud de un plan de Protección Civil de la Ciudad de México con mayores especificaciones.

2) Supervisión posterior, luego de aprobarse el plan de protección.

3) Elevar las penas y sanciones a quienes no respeten los planes de protección, más allá de multas administrativas o económicas.

García refirió que esa iniciativa era “una de las más importantes del paquete” para enviar en el segundo año legislativo (septiembre de 2025).

A 10 meses de distancia, el diputado respondió a Proceso que sí se entregó la iniciativa en paquete bajo el título “Proyecto de Decreto por el que se modifican artículos para la celebración de Espectáculos Públicos de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y de la Ley Orgánica de Alcaldías en Materia de Protección Civil para la realización espectáculos masivos”. Comentó sobre la misma:

“Sí se subió la iniciativa, de hecho fueron tres iniciativas que tuvieron una sola presentación en la tribuna el 19 de septiembre del año pasado: una reforma a la Ley de Alcaldías, otra que busca reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas y otra más para el Código Penal para la Ciudad de México; están en las comisiones, y como son tres están en Comisiones Unidas de Alcaldías, Límites Territoriales y la de Normatividad, y la de Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil”.