lunes 16 de noviembre de 2026

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Con 472 votos en favor (98% de las boletas emitidas), Aureliano Hernández Palacios Cardel asumió la dirección de la Auditoría Superior de la Federación en medio de cuestionamientos por su cercanía con David Colmenares y vínculos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Su elección, celebrada por legisladores de todos los partidos, refleja un consenso que preocupa a expertos: la posibilidad de que se mantenga la práctica de auditorías negociadas y se diluya la función de contrapeso institucional. La rapidez del proceso y las denuncias previas contra él alimentan la sospecha de continuidad en la opacidad.

La designación de Aureliano Hernández Palacios Cardel para suceder a David Colmenares Páramo al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) agita varias banderas rojas: el funcionario tiene un historial controvertido como colaborador de Colmenares en la ASF, su nombramiento se concretó tras un procedimiento rápido y poco transparente, y recibió el beneplácito de las cúpulas de todos los partidos políticos, lo cual despierta dudas sobre la imparcialidad que observará en el momento de fiscalizar los gastos de los gobiernos federal, estatales y municipales.

A esas conclusiones llegan expertos en materia de fiscalización consultados por Proceso para entender el nombramiento de Hernández Palacios, un hombre que encarna la continuidad con la ASF de Colmenares –caracterizada por negociar auditorías “a modo” con las distintas fuerzas políticas– y a la vez representa un vínculo con la presidenta Sheinbaum Pardo, quien tuvo a su padre –Fernando Hernández Palacios Mirón– como secretario particular durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“El beneficio de la duda se gana a partir de la actuación, y si su actuación como colaborador esencial de Colmenares ha sido deficiente ¿por qué pensaríamos que caerá un rayo de luz para que haga las cosas de manera distinta?”, cuestiona el coordinador del programa de Anticorrupción y Evaluación en la organización México Evalúa, Marco Fernández.

El 10 de marzo último los diputados votaron, de manera secreta, entre los tres perfiles de la terna presentada por la Comisión de Vigilancia de la ASF, presidida por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Javier Herrera Borunda, hijo del polémico exgobernador de Veracruz Javier Herrera Beltrán.

Hernández Palacios Cardel, de 52 años, salió electo por 472 votos, es decir, 98% de las 479 boletas emitidas ese día. Llegó al pleno escoltado por los diputados de todas las bancadas que integran la Comisión de Vigilancia, atravesó una valla de legisladores –se tomó fotografías con varios de ellos– y abrazó a Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), antes de realizar su acto de toma de posesión.

“Lo más preocupante es que fue votado por todos los partidos políticos, incluyendo la oposición. Esto nos dice que están cómodos con un auditor que no encontró observaciones al revisar el ejercicio de recursos de sus gobiernos estatales o municipales. Esto retrata un consenso y una orquesta de complicidad y de impunidad”, advierte Fernández.

En octubre último Proceso dio a conocer una denuncia, presentada de manera anónima por un alto funcionario de la ASF ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC), en la cual acusaba a Hernández Palacios y a su entonces jefe, Emilio Barriga Delgado –quien fungía como auditor especial de Gasto Federalizado–, de negociar con gobiernos estatales y municipales para realizar auditorías a modo, es decir, que las irregularidades detectadas no terminen en “pliegos de observaciones”.

La denuncia presentaba 10 casos concretos en los cuales se tomaron acciones distintas por irregularidades idénticas, como producto de estas negociaciones. De acuerdo con información obtenida por Proceso, la UEC recibió una segunda denuncia dos meses después de la primera, de una funcionaria de la ASF que señaló “presuntas irregularidades consistentes en falta de transparencia, acuerdos indebidos, presión e intimidación del personal auditor y manejo discrecional de criterios de auditoría favorecimiento a entes auditados, deficiencias y riesgos institucionales”.

La Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica de la UEC, a cargo de José Manuel del Río Virgen –incondicional de Ricardo Monreal–, archivó el primer expediente por “ausencia de elementos”, y determinó el “no ejercicio de la investigación por falta de elementos” en la segunda, pues la funcionaria no acudió ante la UEC para ratificar su denuncia y aportar más elementos de prueba.

Mucho poder en una persona

Menos de dos semanas después de la publicación del reportaje de Proceso, Emilio Barriga fue removido de su cargo como auditor especial de Gasto Federalizado, y Colmenares lo sustituyó por Hernández Palacios, quien había entrado como director general de gasto federalizado “D” en la ASF en 2018, cuando el oaxaqueño tomó las riendas de la institución.

En su área en la ASF, donde cobraba 126 mil 877 pesos netos al mes, Hernández Palacios estuvo rodeado por un pequeño grupo de colaboradores, entre los cuales sobresalen Enrique Casazza Murillo, titular de la Notaría Pública 4 de Xalapa, en Veracruz –entidad donde la familia Hernández Palacios tiene influencias–, y Johnny Bardavid Glatt, quien obtuvo su licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas en 2020, y tres años más tarde ganaba un sueldo de más de 67 mil pesos netos mensuales en la ASF, como secretario técnico del área de Hernández Palacios.

Durante los tres años anteriores, Hernández Palacios, egresado de Economía en la Universidad Cristóbal Colón, campus Calasanz –una universidad privada de Veracruz– y de la maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, laboró en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México durante la gestión de Miguel Ángel Mancera, y bajo las órdenes de Édgar Tunguí Rodríguez, como director de Recursos Humanos y Servicios Generales, y luego como director General de Administración.

Roberto De La Rosa, investigador en el Tecnológico de Monterrey, plantea que “tenemos una institución con muchísimo poder que recae en una sola persona, con la que los partidos están muy conformes y que tiene un perfil dispuesto a colaborar sin ser demasiado rígido o técnico, si lo queremos poner en términos correctos, en el momento de fiscalizar a sus gobiernos estatales o municipales”.

De hecho, De La Rosa asevera que la gestión de Colmenares se ha caracterizado por el número histórico de informes de auditoría que cerraron sin observaciones: cuatro mil 764 informes sin acciones, es decir, un 31% de todos los reportes emitidos por la ASF en los ocho años de su administración, lo cual representa una “bandera roja”, según el especialista.

Durante la gestión de su antecesor, Juan Manuel Portal, 84% de los reportes tenía observaciones, y en el del precedente auditor, Arturo González, nueve de cada diez informes incluían acciones.

“En 2024 tres de cada cuatro informes sin acciones provenían del área a cargo del ahora titular de la ASF”, recalca Marco Fernández. E insiste, con ironía: “Resulta que todo era perfecto cuando se hicieron las auditorías a la Ciudad de México o a otros gobiernos de los estados”.

Cuando le preguntaron sobre el nuevo auditor en su conferencia matutina del 11 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum reviró: “No participé yo en la decisión, eso es muy importante”. Después de deslindarse del nombramiento –y por ende de su vínculo con el padre del nuevo titular de la ASF–, la mandataria insistió en que el objetivo de su administración consiste en “erradicar la corrupción” mediante el andamiaje institucional integrado por la ASF, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la Fiscalía General de la República (FGR).

–¿Llega un hombre cercano a la presidenta, un hombre cercano a los grupos de poder de la Cámara de Diputados o a David Colmenares? ¿Quién de ellos “gana”, entre comillas, el control de la ASF? –se le consulta a De La Rosa.

–Creo que ganan todos, y justamente por eso fue que tuvo el apoyo casi unánime de los diputados” –responde.

Opacidad

Los dos expertos coinciden en que el procedimiento que llevó a Hernández Palacios a uno de los cargos más estratégicos del aparato anticorrupción de México resultó rápido y poco transparente. Para el nombramiento de Colmenares, en 2018, el procedimiento se extendió durante prácticamente cuatro meses, y las organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema pudieron tener cierto grado de participación.

En el caso de Hernández Palacios el proceso duró menos de tres semanas, durante las cuales la Comisión de Vigilancia de la ASF realizó entrevistas exprés a 81 aspirantes –al ritmo de tres entrevistas al mismo tiempo, en sedes distintas– y terminó entregando una terna con tres nombres, sin detallar los criterios de selección. Los tres elegidos eran Aureliano Hernández, Luis Miguel Martínez Anzures –presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)– y Elizabeth Barba Villafán, con un bajo perfil público, pero una larga trayectoria en varias dependencias de la administración pública.

Al margen de la noticia de que Colmenares había quedado excluido de la terna final, lo que puso fin a sus afanes de permanecer otros ocho años en el cargo, trascendió de inmediato, entre periodistas que cubren los asuntos legislativos, que Hernández Palacios sería designado como el nuevo titular de la ASF, como producto de un acuerdo entre todos los partidos políticos.

En las escasas semanas del proceso de selección, varios perfiles destacados abandonaron la contienda, como la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos Borja, y otros personajes que tenían candidaturas sólidas fueron desechados por la Comisión de Vigilancia, como Gerardo Lozano Dubernard, Muna Dora Buchahin y Agustín Caso Raphael, tres exauditores que salieron de la ASF criticando abiertamente la gestión de Colmenares.

“Red de grupos políticos”

Fernández revisó todas las entrevistas de los candidatos, y considera que el plan de trabajo de Hernández Palacios estuvo lleno de “lugares comunes”, de “retórica barata”, de propuestas genéricas –como aplicar la “austeridad republicana” en la ASF– y de “contradicciones respecto de lo que hemos visto en la labor de la auditoría de la que formó parte”, como cuando aseveró que la ASF asumiría la rectoría en el aparato anticorrupción.

El especialista señala además que el ahora titular de la ASF prometió estrechar los vínculos con las auditorías estatales, cuando bajo la gestión de Colmenares se dejaron de renovar los convenios con los entes fiscalizadores locales, por lo que “para efectos prácticos el Sistema Nacional de Fiscalización está muerto, no está activo”, puntualiza.

De La Rosa asevera que, además de sus vínculos con Colmenares, se atribuyen relaciones de Hernández Palacios con figuras del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia encargada de revisar los expedientes de responsabilidades patrimoniales realizados por la ASF. “Si empieza a conformarse esta red de grupos políticos entre la auditoría y el tribunal, estaremos ante un riesgo mayúsculo de crear un nuevo embudo de protección política, pues el tribunal tiene pendiente la resolución de casos que suman 115 mil millones de pesos”.

Fernández descarta la cuestión de las pugnas en la Cámara de Diputados e incluso al interior de Morena –entre el grupo de Sheinbaum y el de Monreal– para la designación del nuevo auditor. “Ojalá y el problema fuera sólo una lucha de poder”, dice, y agrega: “El problema es que terminó con un nombramiento que, ojalá el tiempo me desmienta, difícilmente nos abre la esperanza de que las cosas se van a hacer para prevenir y castigar la
corrupción”.