lunes 16 de noviembre de 2026

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El plan antidrogas de Trump, Escudo de las Américas, busca militarizar la región bajo el mando del Pentágono, pero esta estrategia ignora el verdadero problema: el consumo interno de narcóticos en Estados Unidos. La acción del Ejército mexicano contra el líder del CJNG y la reapertura de la cooperación con la DEA muestran cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum se ve obligado a responder a las exigencias de Washington, en un contexto de tensiones y desconfianza acumulada.

WASHINGTON.– La militarización de la lucha contra el tráfico de drogas creada por el presidente Donald Trump, bajo el mote de “Escudo de las Américas”, carece de necesidades urgentes en Estados Unidos para contener el consumo de narcóticos en ese país.

Disfrazado de cooperación, el intervencionismo de Trump pretende imponer el uso de la fuerza letal del Pentágono, con la participación de las fuerzas armadas de las 12 naciones que la aceptaron, para presuntamente eliminar a quienes proveen de drogas a su país.

El Escudo de las Américas promulgado hace unas semanas en Florida, con Trump como técnico y árbitro del mecanismo, no aborda el problema de salud pública y educación que es el epicentro de la demanda y consumo de todo tipo de narcóticos entre la sociedad estadunidense.

Tampoco los 12 países de América Latina y el Caribe que coadyuvaron a las pretensiones de Trump cuestionan la manera en que en Estados Unidos se procesa y se castiga judicialmente a jefes e integrantes de los cárteles del narcotráfico designados por la Casa Blanca como Organizaciones del Terrorismo Internacional.

Por tierra y por mar, Trump amenaza a las naciones del hemisferio occidental con acciones bélicas unilaterales, como lo hizo con el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela y ejecutando extrajudicialmente a personas por medio del Comando Sur en aguas del Caribe y el Pacífico (ha destruido medio centenar de embarcaciones y asesinado a más de 150 presuntos narcoterroristas).

Antes de la creación del Escudo de las Américas el presidente de Estados Unidos ya había hecho público su deseo de militarizar a escala regional su estrategia contra las drogas por medio del decreto para revivir la Doctrina Monroe.

México es objetivo constante de amagos del mandatario estadunidense de ordenar una estrategia militar intervencionista para acabar con los cárteles del narcotráfico.

Las amenazas de Trump han sido sopesadas cuidadosamente en Palacio Nacional. El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 22 de febrero de este año en Tapalpa, Jalisco, por parte de elementos del Ejército de México, fue una acción de la presidenta Claudia Sheinbaum para contener las ansias de Trump de mandar al Pentágono a ejecutar narcotraficantes.

“La operación contra el Mencho fue organizada y ejecutada en su totalidad por el Ejército Mexicano”, dice a Proceso una alta funcionaria del Departamento de Justicia. “Reconocemos y aplaudimos lo que hicieron los militares en ese operativo, para lo cual se comunicaron con nosotros nada más para corroborar datos y ubicar al objetivo. Todo lo demás fue obra del gobierno mexicano”, dice la funcionaria quien, por tratarse de un asunto delicado en materia de seguridad e inteligencia, condicionó al anonimato la publicación de sus declaraciones.

Aunado al operativo contra el líder del CJNG, el gobierno mexicano reabrió las puertas a la Administración Federal Antidrogas (DEA).

Denostada, aislada y congelada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en los primeros dos años del de Sheinbaum, la DEA y sus 70 agentes asignados a México estaban al margen de la cooperación bilateral del combate al trasiego de drogas. López Obrador descubrió que los policías antinarcóticos, técnica y prácticamente hablando, hacían lo que les venía en gana en México.

El gran error de la DEA con la presidencia de López Obrador fue intentar exponer la narcocorrupción en los niveles de mando más altos de las Fuerzas Armadas mexicanas usando como señuelo al general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Sedena en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

A Cienfuegos Zepeda lo arrestó la DEA el 20 de octubre de 2020 a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, California, y aunque unas semanas después el Departamento de Justicia repatrió al general sin exonerarlo de los cargos de narcotráfico que le imputaron, este caso originó que AMLO amenazara con la expulsión del país de los 70 agentes de la DEA.

La Ley de Seguridad instrumentada en el sexenio pasado obliga a la DEA a reportar mensualmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores las actividades y movimientos de todo su personal asignado a México.

Las presiones de Trump, además de arrinconar a Sheinbaum a utilizar con todo su poder al Ejército para eliminar a los capos más poderosos del narcotráfico, implicó abrir un nuevo capítulo en la relación con la DEA.

A mediados del último mes el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, viajó a Washington y durante su estancia en la capital estadunidense publicó en su cuenta de X una fotografía de él junto a Terry Cole, el administrador de la DEA, en las oficinas centrales de la dependencia federal de Estados Unidos. Cole hizo lo mismo y al retrato de ambos lo acompañó de una leyenda resaltando las buenas relaciones y cooperación en materia antidrogas.

El mensaje de García Harfuch sobre su reunión con Cole no sorprendió a nadie por lo simplista, lógico y burocrático.

La noticia estaba implícita en esa fotografía, nada más y nada menos que en las oficinas centrales de la DEA, a unos cuantos kilómetros de la Casa Blanca. “En toda relación se padecen altibajos, pero luego hay etapas de reparación de daños. La cooperación con México es imprescindible para el gobierno del presidente Trump y estamos dispuestos a trabajar juntos”, fue la reacción que por escrito entregó a Proceso la dependencia antinarcóticos sobre la reunión entre Cole y García Harfuch.

Del lado mexicano, aunque también con la condición de hablar con el reportero bajo la condición del anonimato “por tratarse de temas sensibles en la cooperación con Estados Unidos”, un funcionario de la secretaría a cargo de García Harfuch admite que la visita de su jefe fue para buscar cooperación, pero carente de sometimiento.

“La confianza se perdió hace algunos años por la manera en que actuaron en México los agentes de la DEA. Eso no quiere decir que no vamos a cooperar con ellos para lograr objetivos importantes para ambos países en materia de seguridad ni que vamos a seguir exigiéndoles que nos reporten lo que hacen en el país. Si se trata de una auténtica cooperación, ésta debe tener principios y reglas. México ha aprendido que los agentes extranjeros no siempre son de confiar. Hay varios ejemplos de lo que te estoy diciendo”, subrayó al corresponsal el funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Confiar ciegamente en la DEA tiene un precio muy alto. Hay varios casos de esto en Colombia, y en México sigue latente no sólo el asunto de Cienfuegos Zepeda, también el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

García Luna, laureado en varias ocasiones por la DEA, hoy purga una condena de 38 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico que le imputaron los agentes estadunidenses con quienes colaboró y a los que les amplió el campo de injerencia en México.

“El caso que mencionas es un ejemplo, pero hay más y ellos (la DEA) los conocen, pero tenemos que cooperar con ellos, no por sometimiento sino porque conviene a los intereses de seguridad nacional de los dos países y por el bien de nuestros ciudadanos”, explica el funcionario mexicano cuando se le menciona el caso de García Luna.

La fuerza militar que Trump pretende usar como garrote para eliminar al narcotráfico no implica que en Estados Unidos se ataque el epicentro que mueve al trasiego de drogas. La demanda y consumo de enervantes, sobre todo opioides manufacturados con fentanilo, sigue golpeando fuertemente a la sociedad estadunidense.

Los más de 10 mil soldados desplegados a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos bajo las órdenes del Comando Norte recuerdan a México que la impredecibilidad de Trump y sus deseos imperiales pueden desatar una invasión militar para presuntamente acabar con los cárteles del narcotráfico sin tocar la demanda y consumo de su país.

En poco más de un año y tras dos de su mandato de seis, Sheinbaum ya entregó al gobierno de Trump, en calidad de extraditados y expulsados de México, a 92 capos altamente peligrosos para los estándares del Departamento de Justicia.

El presidente estadunidense acusa a los capos del narcotráfico de México de ser terroristas, enviar a su país armas de destrucción masiva (así designó al fentanilo) y sobre todo de asesinar a miles de sus conciudadanos con drogas que contienen fentanilo.

Al ser procesados como narcoterroristas y ser declarados culpables por un jurado civil, se les tiene que castigar con la pena de muerte, como lo establece la ley antiterrorista y sin posibilidad de negociar un arreglo con el Departamento de Justicia.

Con la de excepción de Rafael Caro Quintero, la mayoría de los 92 capos entregados negocia un acuerdo para evitar que el resto de sus días los pasen en una cárcel.

A Caro Quintero lo van a enjuiciar porque la DEA desea vengarse de él por el secuestro, tortura y asesinato en 1985 de su agente asignado a Guadalajara, Jalisco, Enrique Kiki Camarena.

Otros criminales como los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, Servando Gómez Martínez, la Tuta; Abigael González Valencia, el Cuini, y el gran capo de capos del Cártel de Sinaloa, Ismael Mayo Zambada García (aunque de éste aún no se esclarece cómo llegó a Estados Unidos) fueron acusados oficialmente de narcoterrorismo y pese a esto llevan avanzados sus procesos de negociación con la DEA y el Departamento de Justicia para salvar su vida y eventualmente alcanzar el privilegio de obtener la libertad al convertirse en “testigos protegidos”.

La parcialidad de este sistema de justicia contra quienes presuntamente son responsables directos de la muerte de cientos de miles de ciudadanos de Estados Unidos por consumo de drogas lleva décadas de vigencia, uno de los casos más significativos de testigos protegidos mexicanos es sin duda el del hijo del Mayo: Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, o el Príncipe.