lunes 16 de noviembre de 2026

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Activistas y colectivos afirman que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia fue elaborado en una semana, con mínima participación social y sin atender a niños ni adolescentes. Sheinbaum anuncia visitas y recursos, pero advierten que la estrategia es superficial: más soldados en las calles, aunque sin cambios estructurales.

MORELIA, Mich.– A casi cuatro meses de que fue anunciado el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, por la presidenta Claudia Sheinbaum, el panorama en el estado sigue siendo desolador: incremento de delitos como el robo con violencia a negocios y extorsión, una militarización mayor que en tiempos del expresidente Felipe Calderón y poca atención a otras regiones más allá de Uruapan y Apatzingán. La percepción es que se trata de una medida “reactiva e improvisada” que no ha modificado la situación de violencia e inseguridad o sus causas.

Aquí todo se llama “Plan Michoacán”. El propio gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, sin cambios de estrategia o programas, sigue la ruta de un discurso presidencial que prometió para la entidad una inversión de más de 57 mil millones de pesos más 39 mil 330 millones de gasto mixto, de los que hasta la fecha no existe claridad de su instrumentación.

Aunque sí hay un cambio sustantivo derivado del Plan, presentado el 9 de noviembre de 2025 por la presidenta en Palacio Nacional, ocho días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez: la militarización, de otra magnitud si se compara con las dos intervenciones federales previas en la entidad durante este siglo.

Con la Operación Conjunta Michoacán de Felipe Calderón Hinojosa en 2006 se movilizaron al estado seis mil 734 efectivos; con la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán de Enrique Peña Nieto en 2014 no hubo desglose oficial detallado, pero los reportes periodísticos de entonces consignaron cifras que oscilaron entre dos mil 500 y nueve mil 300 elementos; con Claudia Sheinbaum Pardo suman 13 mil 967.

En materia de seguridad el único logro significativo del Plan ha sido la desarticulación de la célula criminal Los Blancos de Troya, anunciada el 6 de febrero por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El líder de esa organización, Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Bótox, fue detenido el 22 de enero último acusado del homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre de 2025.

Con todo, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 (al día 19), ya con el Plan Michoacán operando, se ha registrado en promedio la desaparición de dos personas al día.

En total son 246 las desaparecidas en el estado en ese tiempo, de las que sólo 34.15% han sido localizadas, conforme a los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Pavel Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, apunta que para la elaboración del Plan propusieron la creación de una Comisión de Verdad y Justicia para los desaparecidos de los pueblos indígenas, que no fue tomada en consideración.

Recuerda que en noviembre de 2025 hubo dos casos en la comunidad de Huáncito, municipio de Chilchota.

Ya con presencia de las fuerzas federales, la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evidencia que sólo entre noviembre y diciembre últimos el robo a negocios con violencia en el estado se incrementó 121.43%, los feminicidios 200%, la violencia familiar 6.77% y la extorsión 4.17 por ciento.

Los artefactos estaban diseñados para que detonaran al paso de cualquier persona.

El reporte del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán de diciembre y enero muestra incrementos en varios delitos, y sólo en enero hubo dos eventos con víctimas por explosivos en Aquila y en La Salatera, en Apatzingán, donde dos militares resultaron lesionados.

Sectores como el de los citricultores siguen siendo presa no sólo de la extorsión, sino de las represalias de quienes los asedian: apenas el 16 de febrero último un operativo del Plan Michoacán debió acudir a desactivar dos artefactos explosivos colocados en una huerta de limón cerca de la comunidad Puerta de Alambre, en la región de Apatzingán.

Plan al vapor

Menos de una semana le llevó al gobierno de la República consultar, diagnosticar, elaborar y presentar el Plan Michoacán, en un proceso que es cuestionado por quienes participaron.

Pavel Guzmán subraya que las comunidades indígenas no fueron consultadas debidamente, sólo hubo una reunión convocada por el gobernador, en la que les dio únicamente dos minutos de tiempo para la participación por comunidad.

“El diagnóstico se hizo en una semana”, asegura Yuritsikiri Campos Anguiano, docente y promotora de lectura, quien refiere que para los rubros de cultura y educación hubo foros en Uruapan, Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas, para los cuales el acceso fue limitado y hermético, con cupo reducido y registro en línea; quien no alcanzaba lugar quedaba fuera.

Tras la puesta en marcha del Plan Michoacán, Claudia Sheinbaum ha visitado en dos ocasiones el estado, una el 11 de enero último al municipio de Lázaro Cárdenas, donde se habló de 40 mil millones de pesos para 2026 en el estado dentro de los Programas para el Bienestar; y la otra fue a Morelia a principios de febrero, para supervisar los avances del plan.

“Han prometido muchas cosas con este plan y poco se ha visto”, denuncia Rosa Elvira Núñez Ángel, empresaria en Uruapan y presidenta de la Fundación Rossel. Dice que, en el tema carretero, las autopistas continúan inseguras. “En infraestructura, de lo prometido se ha visto un poco. En la Autopista Siglo XXI, la vía Morelia-Uruapan va avanzando, pero el tramo Uruapan-Lázaro Cárdenas está lentísimo para el tiempo que ya lleva el proyecto, desde que el presidente (Andrés Manuel) López Obrador ordenó su construcción”.

Solicitaron armamento para las rondas comunales y agilizar trámites que hoy tardan hasta dos años, seguros de vida para los concejeros de honor y justicia, que suelen encargarse de la seguridad, pero nada avanzó.

Además, el plan se centra en cabeceras municipales, mientras las comunidades siguen sin seguridad ni infraestructura.

En materia indígena la principal demanda continúa siendo la seguridad. Pavel Guzmán señala que en el contexto del plan se pidieron bases interinstitucionales en cada región indígena (cuatro purépechas y cuatro de otros pueblos originarios), pero no se han instalado.

Percepción del fracaso

“El gobierno no quiere confrontarse con las células delictivas”, sostiene Sofía Blanco Sixtos, coordinadora de la Colectiva Feminista MAPAS, que brinda asesoría y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia.

A su juicio, las autoridades mantienen una narrativa en la que aseguran estar procurando la seguridad, pero sin atender las problemáticas de fondo ni generar cambios estructurales. “Más allá de militarizar las calles y anunciar el número de elementos desplegados, ¿qué acciones de fondo se están tomando?”, cuestiona.

“Parece que todo lo grave se concentra en Uruapan”, señala la activista, al alertar sobre la gravedad que en materia de inseguridad persiste en otras regiones. “Zamora es foco rojo, con feminicidios y desapariciones en la zona Zamora-Jacona-La Piedad; y también Lázaro Cárdenas. El Plan Michoacán luce superficial y no atiende el fondo, mientras la carrera electoral por candidaturas ya arrancó y distrae a los funcionarios de su servicio público”.

Recalca que cuando se habla del Plan Michoacán en realidad se trata de acciones que ya estaban previstas y que simplemente se agruparon bajo ese nombre, no de una política pública real, integral y debidamente elaborada.

Una de las mayores ausencias del Plan, considera Sofía Blanco, es el tema de niños y adolescentes: “¿Qué pasa con quienes han vivido violencia?, ¿qué se está haciendo frente al reclutamiento forzado? En Michoacán este delito ni siquiera está tipificado”.