Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, envió una réplica en relación con el texto “El ‘bloque negro’ de los ministros: baja eficiencia, confrontaciones y proyectos que desafían la cosa juzagada”, publicado en la edición XXXI de enero último, firmado por Diana Lastiri. El siguiente es el texto de aclaraciones que la ministra envío a esta Redacción.
El texto con las aclaraciones respectivas por el que se rectifica la información replicada.
Las afirmaciones que insisten en la presunta existencia de un bloque del que supuestamente formo parte dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son falsas, infundadas e insidiosas.
La publicidad que rige la totalidad de los debates en el Pleno de la SCJN en su nueva época permite verificar las múltiples posiciones coincidentes y encontradas que existen entre Ministras y Ministros respecto de cada asunto sometido a su consideración al interpretar la forma en que se garantiza el acceso a la justicia de las personas mediante decisiones debidamente fundadas y motivadas. Las sentencias son públicas y accesibles a cualquier persona.
La existencia de diferencias y coincidencias múltiples en las posiciones de las Ministras y Ministros permite verificar la pluralidad de puntos de vista que existen en el Pleno, escenario que derrota la idea fabricada sobre la inventada conformación de bloques y disputas. Insisto en que este tipo de afirmaciones notoriamente insidiosas se construyen desde el interior de la SCJN para generar alguna animosidad que afecte la libertad de las decisiones de sus integrantes.
La revista, en todo caso, debió revisar la totalidad de las sesiones públicas llevadas a cabo por la SCJN en la actual décimo segunda época a efecto de corroborar las participaciones que todas las Ministras y Ministros hemos tenido de manera metódica, sistematizada e integral. En su lugar, la publicación parte de premisas subjetivas, aisladas y tergiversadas ajenas a la dinámica cotidiana y dialogada del Pleno. Las intervenciones que he tenido se apegan a mis funciones como juez a constitucional.
Además, reitero que los proyectos de sentencia que he planteado, así como todas mis exposiciones y votaciones abiertas a la ciudadanía se han regido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), los tratados internacionales, las leyes mexicanas, los criterios jurisprudencia/es y los precedentes judiciales.
La revista continúa sin aportar prueba alguna (puesto que no existe) sobre la supuesta afinidad política que rige los proyectos que he presentado y las participaciones que he tenido en el Pleno. Las decisiones que he tomado desde mi incorporación a la SCJN se han regido por los principios fundamentales de separación de poderes, independencia e imparcialidad judicial, autonomía constitucional, sujeción a la legalidad, certeza jurídica, debido proceso, igualdad procesal y objetividad.
En segundo término, la revista omite nuevamente informar que la SCJN abandonó el criterio de invalidez automática de leyes por falta de consulta a personas con discapacidad en la sesión de 7 de octubre de 2025 por mayoría de ocho votos como consta en el acta respectiva (se anexa a este escrito) que refleja dicha votación dentro de la acción de inconstitucionalidad 182/2024.
En la Audiencia Pública celebrada los días 20, 21 y 22 de octubre de 2025 con la presencia de más de 100 personas con discapacidad se presentaron múltiples propuestas y puntos de vista que han permitido la conformación de una propuesta de criterio sustituto, que actualmente se encuentra en estudio de todas las Ministras y Ministros.
La nueva propuesta que someteré al Pleno considera que se podrán impugnar normas generales instrumentales y procedimentales, pero de manera derechos constitucionales o reconocidos en convenios internacionales suscritos por México que sólo se transcriben en otras leyes.
En tercer término, la revista miente cuando sostiene que tengo la posición de reabrir asuntos concluidos que cuentan con sentencias firmes en violación al principio de cosa juzgada.
La discusión tiene que ver únicamente con la “cosa juzgada fraudulenta”, concepto que tiene su origen en el derecho romano, el cual ha retomado y validado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, además, se prevé expresamente en algunos códigos estatales y en el Código Civil Federal, entre otros. Adicionalmente, el artículo 52 del nuevo Código Nacional de Procedimiento Civiles y Familiares reconoce esta figura y prevé expresamente la acción para corregirla, denominada “acción de nulidad de juicio concluido”.
En la discusión del amparo directo en revisión 6585/2023 en sesión de 26 de noviembre de 2025 que refiere la revista, sostuve que la ausencia de una norma procesal expresa no impide que las personas juzgadoras puedan revisar juicios fraudulentos como el que estaba en estudio. El artículo 8 del Código Civil Federal permite la nulidad de actos ejecutados contra lo establecido en las leyes prohibitivas o de interés público, lo que garantiza la tutela judicial efectiva. En dicho proyecto se negaba la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido contemplada en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal -ahora Ciudad de México- aplicado supletoriamente al Código de Comercio, dado que esta normativa no contempla esa acción expresamente, aunque el acto era de naturaleza civil (una pensión).
El asunto fue votado en contra por seis integrantes del Pleno de la SCJN, lo que implica la elaboración de un nuevo proyecto en el que no se privilegie una aplicación rígida del principio de cosa juzgada que convalide actos fraudulentos. Por el contrario, se debe garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva prevista en el artículo 14 constitucional.
Además, en la sesión de 19 de enero de 2026 el Pleno de la SCJN aprobó el proyecto que presenté sobre la consulta a trámite 1/2025 que refiere la revista para definir si era procedente o no el recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por las extintas salas de la SCJN.
La resolución aprobada por unanimidad de votos señaló que existen precedentes de la propia SCJN que han definido que las resoluciones de su Pleno y extintas Salas son terminales e inatacables, por lo que no procede medio de impugnación en su contra.
En dicha resolución se aprobó que el recurso de revisión sobre sentencias de amparo directo sólo procede cpntra resoluciones emitidas por tribunales colegiados de circuito, siempre y cuando subsistan temas de constitucionalidad no resueltos conforme a una interpretación sistemática del artículo 107, fracción IX, de la CPEUM, así como del artículo 81, fracción 11, de la Ley de Amparo.
En ese sentido, conforme a la naturaleza de la figura jurídica de la cosa juzgada, en el párrafo 52 del proyecto propuesto se dejó a salvo la posibilidad de las partes quejosas de demostrar que la sentencia de Primera Sala hubiera sido producto de pruebas o de un juicio fraudulento:
“52. Finalmente, es importante precisar que este pronunciamiento no prejuzga sobre el criterio que la nueva integración de esta SCJN pudiera adoptar en torno a la figura de la cosa juzgada fraudulenta, prevista expresamente en diversas legislaciones locales y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, e implícita en otros ordenamientos a partir de los elementos esenciales de validez de los actos jurídicos. Tal institución posee una naturaleza jurídica completamente distinta, pues no constituye un recurso adicional ni un mecanismo de revisión de las sentencias de última instancia emitidas por la SCJN, sino una acción autónoma destinada a iniciar un nuevo proceso en el que debe demostrarse la existencia de un fraude procesal grave que vicia de origen la decisión firme.”
La revista no contextualizó que la cosa juzgada fraudulenta permite que en un asunto en que hubo fraude a la ley o colusión en un juicio, se pueda revisar y, en su caso, anular la sentencia indebida, incluyendo determinaciones fraudulentas sobre créditos fiscales. Esta figura jurídica existe y se encuentra vigente en normativa nacional e internacional y se entiende de aplicación excepcional promovida por parte legitimada (es decir, no puede aplicarse oficiosamente), por lo que no existe ninguna intención arbitraria de reabrir asuntos concluidos que cuentan con sentencias firmes para atentar contra la cosa juzgada como se sostiene en la publicación.
De igual forma, debo precisar que la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción 699/2025 para que la SCJN conociera de la revisión fiscal 32012024 relacionada con la determinación de un crédito fiscal de 2,865 millones fue realizada por la suscrita en términos de la facultad que me confiere el artículo 80 Bis de la Ley de Amparo como parte legitimada para plantearla. Dicha petición fue aprobada por mayoría de seis votos de las Ministras y Ministros conforme a los elementos de importancia y trascendencia que su resolución implica para el orden jurídico nacional. Máxime que los pronunciamientos anteriores para no atraer algún asunto no constituyen cosa juzgada puesto que cada petición se analiza conforme a los argumentos planteados por las partes solicitantes en lo particular, por lo que pueden votarse tantas solicitudes como se presenten y decidir su atracción en cualquier momento, justamente por que no hay sentencia, es decir, cosa juzgada.
En cuarto término, la publicación afirma injustificadamente que el proyecto que propuse en la contradicción de criterios 59/2025 -relativo a si deben considerarse los salarios mínimos o la Unidad de Medida de Actualización (UMA) para cuantificar una indemnización por daños patrimoniales- estaba destinado a beneficiar a instituciones aseguradoras públicas y privadas.
Sin embargo, la revista no expone que la propuesta jurídica presentada ante el Pleno de la SCJN concluía que procedía la cuantificación de la indemnización con base en la UMA conforme al régimen constitucional vigente en términos de lo dispuesto en el artículo 123, Apartado A, Fracción VI, de la CPEUM que prohíbe expresamente el uso del salario mínimo como índice, unidad, base o medida para propósitos ajenos a su naturaleza laboral, en relación con lo establecido en el artículo 26, Apartado B, de la CPEUM, en el que se prevé a la UMA como el mecanismo apropiado para determinar la cuantía de las obligaciones en legislaciones federales y locales, por lo que existe una referencia objetiva, neutral y susceptible de ajuste inflacionario.
Finalmente, respecto de la declaración insidiosa de que fui ganadora en la “elección del acordeón”, debo precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señaló, al resolver en el expediente SUP-JIN-194/2025 y acumulados en sesión de 20 de agosto de 2025, que en la elección de las personas Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se contó con hechos plenamente acreditados que permitieran anular la elección a partir de los materiales denominados “acordeones” o “guías de votación”. La Sala consideró que no se acreditaron irregularidades a partir de los materiales denunciados pues se trató de hechos aislados de las personas promoventes; se afirmó que alegar no es lo mismo probar.








