martes 17 de noviembre de 2026

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El proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos amenaza con desatar un terremoto político en América Latina. La acusación por narcotráfico involucra a varios países, entre ellos México, donde los episodios señalados coinciden con el sexenio de Felipe Calderón y la expansión de Los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Especialistas advierten que la responsabilidad política podría alcanzar al expresidente panista si se confirma que hubo protección institucional al crimen organizado, y en esa red figuran también banqueros, militares y organismos de inteligencia.

El proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tendrá consecuencias políticas en América Latina; y en el caso de México la mira está puesta en el sexenio de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico.
​La acusación de la justicia estadunidense contra el exlíder chavista atribuye el delito de tráfico de cocaína a varios países: Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala y México. En todos, las actividades del crimen organizado no se explicarían sin las redes de protección política y de los organismos de seguridad.
​En el caso de México no se señalan nombres, pero sí varios episodios de tráfico de cocaína que tuvieron lugar en este país. Y de acuerdo con la acusación, la mayoría de ellos ocurrieron durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
​“Si yo fuera Calderón, estaría preocupado”, dice a Proceso el especialista en seguridad Eduardo Vázquez Rossainz.
​En Colombia el caso contra Maduro ya generó reacciones políticas luego de que el expresidente revelara que Nicolás Maduro Guerra, hijo del dirigente chavista, se reunió en 2020 en la ciudad colombiana de Medellín con dos integrantes de las disidencias de las FARC para hacer un negocio de drogas y armas.
​El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió al paso de las preguntas que se comenzaron a hacer los periodistas y dirigentes políticos y se puso a disposición de las agencias judiciales estadunidenses para cooperar en el esclarecimiento del hecho.
​Incluso ofreció a los investigadores extranjeros acceso total al sistema de videocámaras de la ciudad. Además, llamó a su antecesor, Daniel Quintero, quien era alcalde en 2020, a responder por ese hecho.
​Quintero dijo que en esa época el presidente de Colombia era el ultraderechista Iván Duque y que entonces habría que pedirle cuentas también a él.
​La acusación contra Maduro no menciona ni a Quintero ni a Gutiérrez ni a Duque, pero hay voces en Colombia que se preguntan cómo es posible que las operaciones de narcotráfico a gran escala, como las que Estados Unidos atribuye al chavista, puedan realizarse sin que las autoridades policiacas, militares, judiciales y políticas de una ciudad o de un país se enteren.
​Y esto, para el abogado penalista y exfiscal colombiano Fabio Humar, hará que la causa judicial contra Maduro tenga una enorme dimensión política.
​“No dudo que ese proceso provoque un terremoto político en América Latina, desde México hasta Colombia, y también en muchos otros países del mundo, por todas las revelaciones que pueden salir de ahí”, dice el abogado, quien tiene experiencia de litigios en Estados Unidos.

Responsabilidad política
Por su parte, el especialista mexicano en temas de seguridad nacional Eduardo Vázquez Rossainz señala que los coletazos políticos del caso también llegarán a México y la mirada estará puesta, principalmente, en el sexenio de Felipe Calderón.
​La razón, indica, es que buena parte de los cargos por narcotráfico y lavado de dinero que se imputan al exlíder chavista y que, según la acusación, tuvieron lugar en México, ocurrieron durante la administración del mandatario panista, cuando Los Zetas alcanzaron su mayor poder y el Cártel de Sinaloa tuvo un periodo de gran ascenso.
​Vázquez Rossainz sostiene que la acusación de la justicia estadunidense contra Maduro es “clarísima” sobre el papel de Los Zetas y el Cártel de Sinaloa como actores centrales en la trama criminal que involucra a Maduro con el envío de “miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos” entre 1999 y 2025.
​“Y los presidentes tienen responsabilidad política, sobre todo si sabían qué pasaba y no hicieron nada”, plantea el profesor de Seguridad nacional en la Universidad de las América en Puebla (UDLAP).
​El analista duda que Calderón o su antecesor, Vicente Fox, o su sucesor, Enrique Peña Nieto, sean narcotraficantes, pero dice tener “suficientes elementos para afirmar que, si funcionarios de sus gobiernos se corrompieron con los cárteles y se descubre en las investigaciones, eso impactaría en la responsabilidad política del titular del Ejecutivo de la época”.
​Y más allá de que esa responsabilidad no implica necesariamente la comisión de un delito, aún se debate si Calderón sabía que el secretario de Seguridad de su gobierno, Genaro García Luna, articulador de la fallida estrategia que duplicó los homicidios en México entre 2006 y 2012, era un colaborador del Cártel de Sinaloa, según la acusación por la que fue llevado a juicio en Estados Unidos, donde cumple una condena de 38 años de prisión.

El demoledor expediente
La acusación contra Maduro menciona cinco delitos ocurridos en México o vinculados a cárteles mexicanos. Cuatro de ellos coinciden con el periodo de Calderón y dos con la parte final del gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Pero el expediente subraya que éstos son sólo “algunos ejemplos” de la actividad criminal atribuida a Maduro y a sus coacusados, lo que abre la puerta a que durante el juicio aparezcan más hechos relacionados con México.
​Esto, porque en el caso judicial, las rutas mexicanas, Los Zetas y el Cártel de Sinaloa aparecen como piezas esenciales del engranaje que habría permitido mover cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos sin que, aparentemente, los gobiernos mexicanos –desde Fox hasta Andrés López Obrador, pasando por Calderón y Enrique Peña– lo detectaran.
“Esto afecta a todos, al PAN, al PRI, a Morena, a gobiernos de todos los niveles, a empresarios, policías, militares, a todos porque hay testigos protegidos que están cooperando”, dice Vázquez Rossainz.
​El profesor de la UDLAP señala que uno de los testigos contra Maduro en el juicio que enfrentará en Nueva York será el jefe de la inteligencia y la contrainteligencia militar de Venezuela entre 2004 y 2014, general Hugo Carvajal, quien presenció y participó en varios de los delitos que figuran en el expediente y hoy purga una condena por narcotráfico en Estados Unidos.
​Vázquez Rossainz afirma que Carvajal será un testigo altamente valioso para sustentar las acusaciones contra Maduro por la cantidad y calidad de información que maneja “y si alguien en México cometió la imprudencia de vincularse delictiva o políticamente (con esa red del narcotráfico) y está en esas declaraciones, pues va a tener un impacto”.
​Para el experto en seguridad nacional todo esto va a convertir el juicio contra Maduro en un tema “de índole política” en México, pero también de interés militar y diplomático por las revelaciones que eventualmente surgirán en la corte donde se llevará a cabo el juicio.
​“Si yo fuera el expresidente Calderón, estaría preocupado, sin duda, sin duda”, asegura, aunque sostiene que “va a ser un tema que va mucho más allá de un gobierno”.
​Cree que otros eventuales testigos pueden ser los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, el Z-40 y Z-42, respectivamente, quienes llegaron a ser jefes de Los Zetas durante el sexenio de Calderón y fueron entregados por el gobierno de Claudia Sheinbaum a Estados Unidos el año pasado junto con otros 27 capos del narcotráfico.
​También podría declarar el exjefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal en el gobierno de Calderón, Iván Reyes Arzate, quien cumple una condena por narcotráfico en Estados Unidos y es testigo colaborador de la justicia de ese país.
​“Hay más de 60 testigos de distintos grupos delictivos y seguro dirán algo”, afirma Vázquez Rossainz.
​Y esto, señala, representa “un riesgo mayúsculo para la clase política mexicana y para la reputación de México”. Considera que éste “es un asunto de seguridad nacional”.
​Vázquez Rossainz dice que ha escuchado a políticos relacionados con Calderón y con Peña Nieto acusar de complicidad con Maduro al gobierno de López Obrador, lo cual es “una imprudencia”, porque eso equivale a desconocer que los hechos mencionados en la acusación contra el chavista ocurrieron desde antes de la llegada al poder de la 4T, aunque según el mismo expediente se extendieron hasta 2025.
​El experto indica que si algo tiene la justicia de Estados Unidos es paciencia, lo que significa que puede tener investigaciones que desarrolla a lo largo de muchos años o décadas y las judicializa en el momento menos pensado.
​“Eso, a nuestros políticos, se les olvida, no lo entienden”, puntualiza.
​Sostiene que en el modelo judicial estadunidense los delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo –una categoría que el presidente Donald Trump asignó a varios cárteles de las drogas mexicanos y latinoamericanos– no expiran, lo que quiere decir que en cualquier momento sus fiscales y agencias pueden actuar.

Jefe de jefes
Además de Maduro, en el expediente del Departamento de Justicia estadunidense figuran como acusados la esposa del chavista, Cilia Flores, que fue secuestrada junto con él, y su hijo Nicolás Maduro Guerra, actual diputado, así como el ministro de Interior, Diosdado Cabello, el militar Ramón Rodríguez Chacín y el jefe del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero, alias Niño Guerrero.
​En el esquema elaborado por los investigadores estadunidenses, Los Zetas y el Cártel de Sinaloa figuran como los encargados de transportar la cocaína de Venezuela a México y Estados Unidos, mientras que la guerrilla de las FARC (y sus disidencias) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) aparecen como los encargados de procesar esa droga e introducirla a territorio venezolano.
​El Tren de Aragua, según la acusación, era el grupo criminal encargado de mover la droga en el interior de Venezuela, y también es señalado en una operación de tráfico de armas.
​El expediente describe a Maduro como un político corrupto que era el jefe principal de esas operaciones y que tenía como aliados a las guerrillas colombianas, a Los Zetas y al Cártel de Sinaloa para mover toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
​El exjefe de operaciones internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) Mike Vigil considera que la justicia de ese país tiene un caso sólido contra Maduro, pese a que eliminó de la acusación el señalamiento de que el chavista era el líder del Cártel de los Soles y lo ubica, en cambio, como jefe de una estructura criminal que actuaba con toda impunidad desde los más altos niveles del Estado.
​Vigil, quien fue encargado de operaciones de la DEA en México, Colombia y el Caribe, afirma que si no existiera evidencia contundente de la implicación de Maduro con el narcotráfico los fiscales federales estadunidenses no hubieran presentado cargos contra él.
​El exagente plantea que, por la naturaleza del caso, a lo largo del proceso “pueden salir nombres de políticos que estaban protegiendo los envíos de droga”, especialmente si Maduro decide colaborar con la justicia.
​Y señala que, aunque los presidentes de los diferentes países no pueden estar monitoreando todos los delitos que se cometen en su territorio, sí tendrían responsabilidad “en caso de que hayan tenido alguna información para investigar y no lo hicieron”.
​Para el exdirector de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, general Jairo Delgado, el proceso judicial contra el dirigente chavista va a tener un “impacto” en varios ámbitos. A escala judicial, por las revelaciones que puedan surgir sobre las modalidades operativas de un sistema de trasiego de drogas muy sofisticado; y a nivel político, por la cantidad de personas que estarían implicadas y cuyos nombres pueden salir a relucir.
​“Ahí estamos hablando de autoridades políticas, militares, policiacas, y por eso creo que este proceso va a tener un ‘efecto Maduro’ que nos puede sorprender a todos”, señala.
​Y dice que “de ahí surgirán nuevos costos políticos, nuevos costos de sanciones (de la justicia estadunidense a presuntos involucrados) y nuevas revelaciones que van a demostrar cómo era ese sistema que permeó varios países”.
​El abogado colombiano Fabio Humar, quien ha llevado casos en el sistema judicial de Estados Unidos, cree que Maduro no va a llegar a un juicio porque sería altamente benéfico para él llegar a un acuerdo con los fiscales del caso y obtener una sentencia menos drástica que la cadena perpetua que podría recibir por los cargos que se le imputan: narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína y posesión de armas automáticas.
​Pero según indica Humar, un acuerdo para evitar la cadena perpetua para él y su esposa Cilia Flores necesariamente implica colaborar con la justicia estadunidense.
​“Y eso significa que tendría que delatar a sus compinches –asegura–, donde quiera que los tenga, y los debe tener en todo el continente y fuera del continente. Él necesariamente va a tener que entregar información que la Fiscalía considere valiosa para llegar a un acuerdo y ahí puede haber políticos latinoamericanos, sin duda alguna”.
​Y también puede haber “banqueros, jefes de fuerzas militares y de policía y organismos de inteligencia con los que tuvo contacto”, dice.
​De acuerdo con Humar, Maduro “tiene mucha información de relevancia para las agencias americanas: por ejemplo, si utilizó dinero para incidir en elecciones latinoamericanas, que es algo de lo que se ha hablado mucho”.
​Por eso, el abogado penalista está seguro de que “si Maduro prende un ventilador, las agencias de Estados Unidos van a tener trabajo para los próximos 20 años”.