martes 17 de noviembre de 2026

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Contraria a la política de López Obrador de entregar todo a las Fuerzas Armadas, la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha desplazado a los militares del Centro Nacional de Inteligencia. Además, recupera en manos civiles el control de la información policial, financiera y judicial. Así, con la estrategia de capturas quirúrgicas, García Harfuch expone resultados, pero se enfrenta a grietas del sistema y a los límites de su influencia frente a las instituciones castrenses y a un Poder Judicial en crisis.

La presidenta Claudia Sheinbaum está reconstituyendo el carácter civil de la información de inteligencia perdido en el gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien entregó a los militares el principal órgano de inteligencia del Estado mexicano.
Sin opciones y con fe ciega, la jefa de Estado ha dejado esa tarea en un solo hombre, Omar Hamid García Harfuch, formalmente su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de 43 años, con quien ha trabajado desde el Gobierno de la Ciudad de México.
Nieto del exsecretario de la Defensa Nacional (1964-1970), el general Marcelino García Barragán, e hijo de quien fue jefe de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (1976-1978), Javier García Paniagua, García Harfuch es más que un secretario de Seguridad. Es el hombre de la información policial, de inteligencia financiera, de procuración de justicia del Estado mexicano y del intercambio de información con el gobierno de Estados Unidos.
Por decisión presidencial ha desplazado a los militares del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que López Obrador había dejado en manos de su amigo y general retirado Audomaro Martínez luego de desaparecer y eliminar el control civil del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En los hechos, por decisión presidencial, García Harfuch está al mando de la información que cruza a varias dependencias más allá de la Secretaría de Seguridad: Hacienda (Aduanas y Unidad de Inteligencia Financiera) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Su alcance llega a Washington mediante el intercambio de información con las agencias civiles de seguridad del gobierno estadunidense. Tiene, además, la consideración de la prensa de ese país, como el trato favorable que le dio el diario The New York Times el 19 de diciembre último.
En apenas ocho años como figura central de la seguridad pública se ha convertido en uno de los personajes más influyentes del país. Hoy es considerado el hombre fuerte de la presidenta Sheinbaum y el eje operativo del gabinete de Seguridad. En las reuniones diarias es él quien marca la agenda: los demás integrantes escuchan, toman nota y ejecutan. Desde ahí ordena operativos en Michoacán, Ciudad Juárez, el Estado de México o Quintana Roo. La presidenta respalda sin titubeos sus decisiones.
Su fuerza se sostiene tanto en resultados como en control institucional. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, durante su gestión, diversos delitos de alto impacto han disminuido hasta 15%; él presume más de un centenar de golpes relevantes al crimen organizado y el encarcelamiento de 200 objetivos prioritarios. En su último informe aseguró que los homicidios dolosos promedio han caído 32% respecto de septiembre de 2024 y que los delitos totales se encuentran en su nivel más bajo en una década.
Sus golpes más contundentes han sido contra el Cártel de Sinaloa, con cerca de un centenar de detenciones entre las facciones de los Chapitos y los Mayitos. Paradógicamente, sólo ha logrado unas 20 capturas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pese a que esa organización fue señalada como responsable del atentado que sufrió en 2020 cuando aún era jefe de la policía de la Ciudad de México. En los últimos meses su bandera más visible ha sido la ofensiva contra el “huachicol fiscal”.

Un poder multiplicado
La renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR) y la llegada de Ernestina Godoy marcaron un punto de inflexión. La designación de Héctor Elizalde Mora como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), sumada al control de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), consolidó un tablero institucional donde la información más sensible del Estado mexicano fluye mediante estructuras encabezadas por colaboradores cercanos a García Harfuch.
Para blindar esta red, Harfuch ha colocado en posiciones clave a funcionarios de su absoluta confianza, figuras que lo han acompañado a lo largo de su carrera policial.
Francisco Almazán Barocio, su brazo ejecutor —y también su punto débil—, dirige hoy el CNI. Fue investigado junto con Harfuch por el caso Ayotzinapa y señalado por presunto enriquecimiento ilícito, aunque nada ha sido probado. Ha encabezado investigaciones sensibles: desde el atentado contra el propio Harfuch en la capital del país hasta el caso de Black Wall Street Capital y el homicidio de su estrecho colaborador Milton Morales Figueroa en 2024, en el Estado de México.
Para combatir el lavado de dinero Harfuch designó en la UIF a Omar Reyes Colmenares, enlace directo con la DEA y el FBI. De acuerdo con fuentes cercanas, Reyes “sólo rinde cuentas” al secretario y no al titular de Hacienda, de quien formalmente depende la Unidad de Inteligencia Financiera.
En operaciones de campo, el responsable es Héctor Elizalde Mora, actual titular de la AIC, quien coordina la ejecución de detenciones estratégicas en todo el país. La AIC forma parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, César Oliveros Aparicio fue colocado al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Su cercanía con Ernestina Godoy lo convierte en puente directo entre la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Finalmente, para controlar el desempeño de las 32 delegaciones estatales de la FGR, Harfuch impulsó el nombramiento de David Boone de la Garza en la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor). Con ello aseguró un mando coordinado entre las investigaciones federales y los operativos del Gabinete de Seguridad.
La estrategia de Harfuch privilegia la inteligencia por encima de la confrontación. Sus operativos buscan capturas quirúrgicas con menor derramamiento de sangre, apoyados por coordinación interinstitucional y análisis financiero y tecnológico.
El ejemplo más visible es la Operación Frontera Norte (cuyo inicio fue el 5 de febrero último), donde se desplegaron 10 mil elementos de la Sedena y la Guardia Nacional en cinco estados fronterizos. Se detuvo a más de nueve mil 700 personas, se aseguraron siete mil 200 armas, más de 100 toneladas de drogas, cientos de kilos de fentanilo, un millón de cartuchos y numerosos inmuebles y vehículos.
Sin embargo, esos mismos resultados exponen los límites de su poder.
“No todo puede controlarse con inteligencia”, explica el criminólogo Luis Hinojos. La operación territorial –los patrullajes, cateos, aseguramientos– depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y la Guardia Nacional (GN): fuerzas castrenses sobre las que Harfuch no tiene mando directo. Los fallos de coordinación en estados como Michoacán y Guerrero lo evidencian.
A ello se suma la crisis del sistema judicial. De los más de 20 mil detenidos en su gestión, sólo 1% ha sido procesado por delincuencia organizada. Entre 2024 y 2025 la SSPC registró 193 determinaciones judiciales que favorecieron a presuntos criminales: cambios de medidas cautelares, liberaciones o traslados irregulares.
Harfuch ha señalado a jueces concretos –entre ellos, a Gregorio Salazar Hernández, Silvestre Peña Crespo, Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro– por resoluciones que beneficiaron a miembros de cárteles como el de Sinaloa, el Golfo o los Zetas.
Igualmente, 26 criminales de alto perfil fueron liberados entre octubre de 2024 y abril de 2025, y diversos procesos de extradición fueron pospuestos decenas de veces.

Tensiones con Gertz y las Fuerzas Armadas
García Harfuch nunca tuvo una buena relación con Gertz Manero. Sus diferencias salieron a la luz en episodios como el presunto “campo de exterminio” del Rancho Izaguirre o la entrega de capos a Estados Unidos, donde la versión de la FGR chocó abiertamente con la de Sheinbaum y la SSPC.
La falta de comunicación entre instituciones volvió a quedar en evidencia cuando una serie de capos fueron “entregados” a autoridades estadunidenses. Por esas fechas (13 de agosto del 2025) Gertz Manero aseguró que todos los expulsados fueron solicitados por autoridades de EU, específicamente por la fiscal Pam Bondi, lo que contrasta con lo señalado previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum y el propio Harfuch, quienes afirmaron que se trató de una decisión soberana a iniciativa de México, sin petición directa de otro país.
El fiscal también negó que la decisión de la inaplicación de la pena de muerte a los entregados haya sido resultado de una negociación o diálogo bilateral, señalando que este tema “no fue parte de la conversación” y que, de acuerdo con la legislación estadunidense, ninguno de ellos puede ser ejecutado. Sin embargo, momentos antes Harfuch había asegurado que existía una promesa del gobierno de Estados Unidos de no buscar la pena capital para estas personas.
Con la Sedena, la Marina y la GN la relación es meramente institucional; le han dejado claro que las calles y los operativos en “puntos clave” y aeropuertos y puertos marítimos les corresponde a ellos. Harfuch se ha limitado a trabajar de manera coordinada con ellos.
El poder de Harfuch dentro del gabinete también ha tenido el respaldo legislativo. Las reformas a la Ley Orgánica y nuevas disposiciones sobre inteligencia fortalecieron las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La SSPC ahora concentra:
– Análisis e inteligencia.
– Investigación policial conjunta con el Ministerio Público.
– Coordinación con policías estatales y municipales.
– Control de bases de datos nacionales (huellas, vehículos, teléfonos, detenciones).
– Supervisión del uso de recursos federales en seguridad.
La reforma a la Ley Orgánica y las leyes relacionadas con inteligencia y seguridad otorgan a la SSPC mayores facultades para coordinar e integrar esfuerzos contra el crimen, con Harfuch como responsable operativo principal.
A esas modificaciones se suma el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, que armoniza leyes estatales, crea unidades especializadas, unifica protocolos y establece penas de hasta 42 años de prisión. La SSPC, bajo su mando, estará a cargo de la estrategia contra ese delito.

Poder amplio, pero no absoluto
La figura de García Harfuch crece al ritmo de los operativos y de su presencia mediática. Su popularidad se fortalece al punto de anticiparle cargos de elección popular.
Sin embargo, su influencia, aunque notable, no domina por completo el proyecto político de la 4T. Sus aciertos conviven con problemas estructurales: falta de control territorial, rezago judicial, opacidad en algunas investigaciones y resultados que, aunque cuantificables, no siempre se traducen en disminución real de la impunidad.
“No se puede otorgar tanto poder a una sola figura ni depositar una fe ciega”, advierte Hinojos. “Las grandes estructuras criminales siguen intactas en lo financiero. El Cártel de Sinaloa ha sido golpeado en números, pero no en su cúpula económica. Y el CJNG mantiene su fuerza”.