El Índice Global de Crimen Organizado 2025 advierte que México no sólo es el tercer país más criminal del planeta, sino también el más vinculado a mercados ilícitos. La gobernanza criminal permea economía, política y sociedad, mientras la resiliencia institucional se desploma con calificaciones reprobatorias en liderazgo político, transparencia y aplicación de la ley. La disolución de organismos autónomos refuerza la impunidad. Para expertos, las cifras oficiales resultan irrelevantes frente a una realidad marcada por asesinatos de alcaldes y el control territorial de los cárteles.
En su más reciente encuesta de percepción de inseguridad, divulgada en octubre último, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) encontró que 63% de los mexicanos considera que es inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje, de acuerdo con el organismo, representa un aumento “estadísticamente significativo” de 4.4 porcentuales frente al reportado en septiembre de 2024.
La creciente sensación de vulnerabilidad ciudadana ante el crimen coincide con el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los datos que el gabinete de Seguridad divulga cada mes no parecen reflejar la realidad que la gente padece en las calles.
Según esos datos, México ha registrado desde octubre de 2024 una disminución de los homicidios de 37% y de 46% en los delitos “de alto impacto”.
Pero mientras la presidenta sostiene que esas cifras avalan la efectividad de la estrategia de seguridad que ha seguido en sus 14 meses de gobierno, la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés) refleja una realidad mucho más cruda de lo que ocurre en México en materia de inseguridad y violencia.
De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado 2025 de GI-TOC, México es el tercer país del mundo con mayor incidencia de criminalidad y el número uno en mercados criminales.
Esto último significa que no hay otra nación a escala global cuyo sistema político, social y económico esté relacionado con mayor fuerza con todos los tramos del comercio ilícito de un variado portafolio de mercancías –desde drogas hasta combustibles– y con la explotación criminal de bienes y personas.
En una escala del uno al 10, México tiene una puntuación de 8.27 puntos en la categoría de mercados criminales, y las actividades que más contribuyen a esa calificación –la más alta del planeta– son el tráfico de cocaína, drogas sintéticas, armas y personas, así como la extorsión.
En cada una de estas cinco categorías México tiene nueve puntos, mientras que en delitos financieros y comercio de productos falsificados, 8.5; en contrabando de petróleo y derivados, como la gasolina, tiene ocho puntos.
El tamaño y la incidencia –económica, social y política– de todas estas rentas ilegales son los que tienen a México como campeón mundial de mercados criminales.
Sin embargo, en el índice general de GI-TOC de este año, a México le va un poco mejor, ya que aparece como el tercer país con mayor criminalidad del planeta, sólo detrás de Myanmar –nación del sudeste asiático colapsada por la guerra civil y las bandas delictivas– y Colombia, donde hay guerrilla, diferentes tipos de estructuras armadas irregulares y la más alta producción de cocaína en el mundo.
Cada vez peor
Entre 2020, cuando GI-TOC publicó su primer Índice Global de Crimen Organizado, y 2025 México avanzó un lugar entre los países con mayor criminalidad en el orbe. Pasó del cuarto lugar, con 7.56 puntos, al tercer puesto de la lista (7.68), pero al mismo tiempo se consolidó como el líder mundial en mercados criminales.
Para Francisco Rivas, integrante de la Red de Expertos de GI-TOC, el Índice Global de Crimen Organizado refleja de manera más precisa la situación de inseguridad, violencia y gobernanza criminal que México padece.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad en México dice a Proceso que lo que verdaderamente mide los avances de una estrategia contra el crimen son las evaluaciones cualitativas sobre qué tanto ha recuperado el Estado, o retrocedido, en el control y la gobernanza de un territorio.
Y el Estado mexicano está lejos de mostrar avances, aun cuando de acuerdo con la presidenta Sheinbaum el promedio diario de delitos “de alto impacto” registrado entre enero y octubre de este año sea menor en 46% con respecto del mismo periodo de 2018.
Más allá de lo cuestionable que puede resultar esa medición desde el punto de vista metodológico (por ejemplo, compara los delitos “de alto impacto” de 2018 con los de 2025 y los homicidios de septiembre de 2024 con los octubre de 2025, y los reportes omiten las desapariciones, que han aumentado 54% este sexenio), los datos acaban resultando irrelevantes para los ciudadanos que en su vida cotidiana padecen la inseguridad.
De acuerdo con Rivas, un ejemplo de esto es Michoacán, estado que reportó una reducción de homicidios de 11.8% en los primeros 10 meses de este año, con relación al mismo periodo de 2024, pero donde el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre último pese a su numerosa escolta, dejó muy claro el creciente poder del crimen organizado en la entidad y en la ciudad donde ocurrió el magnicidio.
“Si todo iba bien en Michoacán –plantea el experto de GI-TOC–, entonces ¿cómo es posible que un día maten a un líder limonero (Bernardo Bravo, el 19 de octubre) y unos días después asesinen a un alcalde (Carlos Manzo) que se suponía que estaba muy bien protegido, y que el gobierno federal tenga que responder enviando más de 10 mil elementos a combatir el crimen?”
En Uruapan, la sensación de inseguridad bajó siete puntos en el último año, lo que puede estar relacionado, o no, con la decisión de Manzo de combatir a los grupos criminales, pero en la más reciente medición del INEGI esa ciudad aún figuraba entre las 10 del país con mayor porcentaje de ciudadanos con temor a ser víctimas de un delito, con 82.5%, casi 20 puntos arriba de la media nacional.
Crimen y política
El Índice Global de Crimen Organizado 2025 de GI-TOC tiene dos subcomponentes: los mercados criminales, que mide 15 categorías de delitos (desde tráfico de personas hasta ilícitos financieros), y actores criminales de cada país, que evalúa cinco rangos, entre ellos grupos mafiosos, en el que México alcanza una puntuación alta, de nueve unidades.
En contraste con las altas calificaciones que tiene México en incidencia criminal, México obtiene muy bajas evaluaciones en la lista sobre resiliencia frente al crimen organizado, que es la que evalúa qué tan sólido es un país, su institucionalidad, sus gobernantes, su policía, sus leyes, su sistema judicial y su justicia, entre otros indicadores, para combatir el crimen.
En esa clasificación México aparece en el lugar 111 de un total de 193 naciones, con 4.5 puntos. Es decir, sale reprobado. Y obtiene calificaciones aún más bajas en liderazgo político y gobernabilidad (3.5 puntos), transparencia (4.0) y aplicación de la ley (5.0).
De acuerdo con el reporte del Índice Global de Crimen Organizado 2025 de GI-TOC, “el panorama político de México sigue estando fuertemente influenciado por el crimen organizado, cuyos grupos ejercen un control significativo sobre las instituciones políticas”.
Además, afirma que en México “el crimen organizado continúa influyendo en las elecciones mediante la intimidación de votantes, el financiamiento de campañas y la violencia contra figuras políticas”.
Desde el inicio del gobierno de Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, hasta el 1 de noviembre último, en México han sido asesinados 10 alcaldes, el último de ellos, Carlos Manzo.
Según la plataforma sobre violencia política “Votar entre balas”, en ese lapso fueron asesinadas 41 autoridades de elección popular, 10 más que en el año previo, y 80 funcionarios públicos.
En la parte en la que GI-TOC analiza el liderazgo político mexicano frente al crimen, el informe menciona al expresidente Andrés Manuel López Obrador y sostiene que durante su gobierno (2018-2024) “los escándalos de corrupción vinculados a figuras de alto perfil, incluido su hijo (Andrés López Beltrán), generaron preocupación por la colusión entre empresas y gobierno”.
Sostiene que “pese a estas revelaciones se han tomado pocas medidas legales contra las élites empresariales”.
De acuerdo con la ONG con base en Ginebra, Suiza, las empresas mineras “a menudo admiten cooperar con grupos criminales para la seguridad operativa, lo que ilustra aún más la normalización de la influencia de los cárteles en los sectores económicos de México”.
El país, agrega, “sigue lidiando con la impunidad generalizada y la falta de transparencia”, y aunque existe un sistema nacional anticorrupción, éste “ha enfrentado resistencia política y falta de financiamiento, lo que ha mermado su eficacia”.
El informe critica la disolución de los organismos autónomos (el INAI, el Coneval, el IFT, la Cofece), ya que esa medida “amenaza con generar nuevos retrocesos en materia de rendición de cuentas”, un factor asociado a la criminalidad porque propicia la corrupción y la impunidad, dos elementos muy presentes en las alianzas entre autoridades y delincuentes.
Voluntad política
El experto de GI-TOC, Francisco Rivas, afirma que el Índice Global de Crimen Organizado 2025 devela el grado de penetración del crimen en la economía, la política y el entramado social mexicano, y los avances que ha tenido la gobernanza criminal en el país en los últimos años, al amparo del enunciado “abrazos no balazos” del gobierno de López Obrador (2018-2024).
Rivas plantea que la gobernanza criminal –como se denomina al sistema de control que ejerce la delincuencia organizada sobre un territorio y su población en complicidad con las autoridades políticas, policiacas, militares y judiciales– es un factor central en el problema de la criminalidad en México.
El economista, psicólogo y doctor en estudios de desarrollo global de la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de California en Los Ángeles considera que para combatir a fondo la gobernanza criminal es imprescindible que exista voluntad política.
Esa voluntad, afirma, es la que queda en entredicho frente a casos como el de La Barredora en Tabasco, en el que la investigación ha llegado hasta el exsecretario de Seguridad estatal Hernán Bermúdez Requena, pese a que su jefe y amigo era el exgobernador y actual coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, o el del huachicol fiscal, en el que “no se quiere ir más allá” de los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
También, agrega, esa voluntad política no se observa en Sinaloa, donde el gobernador, Rubén Rocha Moya, ni siquiera ha sido llamado a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR) en relación al asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Melesio Cuén, ocurrido el año pasado en el contexto del secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael el Mayo Zambada, y sobre sus presuntos nexos con jefes del Cártel de Sinaloa.
“Sinaloa es un ejemplo de esta falta de voluntad política –afirma Rivas– porque ahí ya debieron haber hecho algo con el gobernador. La presidenta se puede escudar en la independencia de la FGR, pero yo, que tenga conocimiento, no hay una investigación sobre Rocha Moya. Y lo primero que hizo fue salir a defenderlo, como en muchos otros casos de políticos de su partido”.
De acuerdo con el director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, lo que hace falta para que México no siga figurando entre los países líderes de criminalidad en el mundo es “una verdadera una política de Estado de combate a la corrupción, porque la corrupción y el crimen van de la mano”.
“El problema –dice– es que si la presidenta empieza a combatir a fondo la corrupción va a tener que empezar por investigar al expresidente López Obrador, a sus hijos, a sus hermanos, y, segundo, investigar a una serie de secretarios de Estado de su gabinete y del gabinete anterior y a muchos gobernadores”.
Explica que no es que Morena sea el único partido donde hay políticos coludidos con el crimen, porque éste es transversal e incluye también a priistas y a panistas y al resto de las organizaciones políticas mexicanas, pero en este momento el partido de la presidenta es hegemónico y tiene el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y la mayoría de gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales.
Portafolio diversificado
El Índice Global de Crimen Organizado 2025 de GI-TOC, que fue financiado en parte con una subvención del Departamento de Estado de Estados Unidos, retrata cómo México pasó de ser un país de trasiego de drogas a tener un amplio portafolio de rentas ilícitas al que se han incorporado los delitos cibernéticos, la minería ilegal y, cada vez con más fuerza, la extorsión a todo tipo de negocios, desde el puesto callejero hasta las grandes empresas.
Pero además persisten crímenes como la producción y el tráfico de heroína. Y el trasiego de cocaína sigue siendo un negocio muy lucrativo para los cárteles, principalmente como ruta de tránsito para la cocaína colombiana y ecuatoriana con destino a Estados Unidos.
Afirma que los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa controlan importantes redes de distribución de esa droga, mientras que el aumento de cultivo de coca en Guerrero y Michoacán sugiere que México se está convirtiendo en un productor menor.
Además, la producción de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo y las metanfetaminas, sigue siendo “extremadamente extendida”.
México, agrega el informe, es uno de los principales proveedores de fentanilo a Estados Unidos, con laboratorios clandestinos que producen grandes cantidades de ese opioide sintético, cuyos precursores químicos llegan de China e India.
“La rentabilidad de las drogas sintéticas supera la de los narcóticos tradicionales”, señala.
Y asegura que los cárteles mexicanos refinan continuamente las técnicas de producción, lo que hace que esas drogas de laboratorio sean cada vez más potentes y adictivas, exacerbando el impacto social del abuso de esas sustancias en México y Estados Unidos.
De acuerdo con GI-TOC, el cibercrimen está en aumento en México y detrás de ese delito están hackers individuales y ciberdelincuentes con conocimientos informáticos reclutados por los grupos de la delincuencia organizada.
Además, el reporte afirma que las organizaciones criminales explotan las plataformas digitales para infiltrarse en los sistemas de seguridad y robar datos confidenciales, y las criptomonedas se utilizan ampliamente para ocultar transacciones ilícitas.








