Hace más de seis meses un cirujano alertó a la Presidencia de la República y a la FGR sobre una falla en la aplicación SAT ID (hecha en la gestión de Raquel Buenrostro en el SAT) que permite a cualquier persona robar datos, suplantar identidades y dar pie a fraudes financieros, entre otros delitos. La propia Fiscalía recomendó el cierre inmediato de la aplicación y determinar responsabilidades, pero la página sigue activa; incluso, advierte que ese error puede deberse más a un defecto deliberado. Todo eso ocurre mientras se hace obligatoria la CURP biométrica, en un entorno de hackeos a instituciones gubernamentales.
Desde hace más de cinco años los datos personales de 66 millones de contribuyentes con obligaciones fiscales han estado expuestos para la comisión de fraudes y suplantar la identidad de cualquier persona registrada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Una falla en la aplicación SAT ID permite a cualquier persona acceder a la información fiscal de otra, incluida la de quienes ocupan los cargos más altos del Estado mexicano, como los del propio gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La vulnerabilidad fue reconocida oficialmente hace siete meses, pero a la fecha la aplicación sigue operando, pese a la advertencia de que puede tratarse de un defecto deliberado.
La aplicación fue desarrollada durante la gestión de Raquel Buenrostro al frente del SAT. Ahora titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SayBG), esta misma funcionaria tendría que hacer la investigación sobre la peligrosa falla.
De acuerdo con un dictamen informático de la Fiscalía General de la República (FGR), obtenido por Proceso, la plataforma carece de las medidas de seguridad necesarias y pone en riesgo los datos personales de la totalidad de los contribuyentes registrados ante la agencia encargada de la recaudación de impuestos en México.
“La plataforma, lejos de blindar los trámites, los deja vulnerables a ataques de suplantación, clonación de identidad y fraude digital con consecuencias de amplio alcance”, se lee en el dictamen.
El coordinador General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, David Zepeda Jones, a cargo del análisis técnico forense de la plataforma, determinó el 5 de abril de 2025 que dada la profundidad de las deficiencias detectadas, su naturaleza básica y la evidencia técnica de su exposición constante y reiterada, “resulta inviable atribuir estos errores exclusivamente a omisiones humanas involuntarias”.
Su conclusión es demoledora para el SAT. “No es creíble que hayan pasado desapercibidas por el equipo desarrollador”, “es igualmente inviable que los niveles jerárquicos responsables de la supervisión técnica e institucional no hayan advertido estas fallas” y, peor aún, “existen elementos suficientes para considerar, como hipótesis razonable, que la aplicación pudo haber sido diseñada de manera intencionalmente débil, o al menos con un grado de negligencia que raya en lo deliberado”.
El dictamen forma parte de una investigación que realizó la FGR tras una denuncia ciudadana. El documento tiene la firma electrónica del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y fue corroborado en el verificador de firmas electrónicas del extinto Consejo de la Judicatura Federal, ahora Órgano de Administración Judicial.
Más de seis meses después de la elaboración del dictamen, la página sigue operando, pese a que la FGR recomienda la suspensión inmediata de la aplicación, así como la determinación de responsabilidades institucionales. A la fecha se desconoce la magnitud del daño y cuántas personas han sido víctimas de suplantación de identidad por este error en la ciberseguridad.
Para Julieta del Río Venegas, excomisionada del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), “las consecuencias pueden ser muy graves”, pues los principales riesgos cuando ocurren vulnerabilidades en las plataformas de las instituciones públicas son las extorsiones, fraudes y el robo de identidad.
“El robo de identidad desemboca en fraudes financieros, pero también el robo de identidad da pie a que alguna persona actúe a tu nombre, personalice tu identidad en temas de delincuencia, en temas financieros, en temas personales”, dice en entrevista.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sólo durante el primer semestre de este año hubo 37 mil 582 reclamaciones relacionadas con un posible fraude. De ellas, 34 mil 985 corresponden al sector bancario, mientras que mil 73 reclamaciones fueron por posible robo de identidad.
Buenrostro, investigarse a sí misma
A mediados de 2025 el médico cirujano Víctor Hugo Briones Juárez alertó a la Presidencia de la República y a la FGR sobre fallas estructurales críticas en la aplicación SAT ID. El médico se había dado cuenta de que la aplicación estaba tan mal diseñada que permitía a cualquier persona suplantar la identidad de otra, solicitar el cambio de contraseña y acceder a información sensible.
Su hallazgo se remonta a una historia iniciada en 2023, cuando en una de las clínicas privadas donde trabajaba el joven cirujano plástico, dedicado en la cirugía reconstructiva de mano, las aseguradoras se negaron en varios casos a reembolsar los gastos, argumentando que los pacientes atendidos no eran los asegurados. El doctor fue señalado de beneficiarse de casos de suplantación de identidad y su reputación se vio afectada, mientras que la clínica eludió toda responsabilidad.
Briones Juárez, que había pedido toda la documentación a los pacientes, hasta las constancias de situación fiscal, se encontró atrapado en medio de un modus operandi de defraudación y suplantación de identidad de pacientes con seguros de gastos médicos mayores, que afectó su proyecto y su carrera.
“Ahí comienza mi lucha porque empiezo a decir cómo es posible, sí atendí a estos pacientes. Yo estaba convencido de que sí eran los pacientes (los asegurados)”, cuenta en entrevista. “Yo sabía que yo no era, pero no podía decir: yo no tengo nada que ver, tenía que demostrarlo”.
Recuerda que lo primero que hizo fue seguir las pistas del esquema de suplantación de identidad, buscaba entender cómo los defraudadores habían obtenido datos tan personales y privados, como la información fiscal de los titulares de los seguros privados. Intentó por todos los mecanismos y como no encontraba la respuesta, pensó que alguien de adentro filtraba los documentos y nunca podría descubrir cómo operaban los estafadores. Hasta que dio con SAT ID y descubrió una falla absurda, que rayaba en lo ridículo. Ahora el reto sería que alguien le creyera.
Al principio fue ignorado, pero envió a las autoridades las constancias de situación fiscal de varios funcionarios del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, que había obtenido mediante trámites en la plataforma SAT ID, para llamar su atención y demostrar la falla. En las constancias de situación fiscal vienen datos personales como los domicilios, RFC y CURP. Proceso también tuvo acceso a los correos de aprobación del trámite de SAT ID con las constancias de situación fiscal que fueron enviadas a la dirección “pruebasatid” que dio de alta el médico. De inmediato, personal de la FGR lo buscó y comenzó una investigación.
El ciudadano narra que durante varios meses estuvo en contacto con funcionarios públicos que parecían interesados en llegar al fondo del asunto y él pensó que al fin terminarían con el enorme hoyo negro que permitía la fuga de información fiscal de la ciudadanía. No sucedió. Dejaron de tener contacto con él.
Para el médico no hay otra explicación, la investigación se topó con altos funcionarios que la frenaron porque las conclusiones de la propia FGR le daban la razón: SAT ID es incompatible con los estándares requeridos para plataformas de verificación de identidad digital, no realiza ningún cruce de datos biométricos con bases institucionales y hasta permite el uso de datos de personas fallecidas.
“No puede ser atribuible a un error humano, porque quienes la diseñaron a eso se dedican. El director de tecnologías de la información del SAT tiene maestría en Suiza, cómo es posible. No es creíble que no se dieran cuenta de que dejaban esos flancos descubiertos”, dice Briones Juárez.
Pese a ello, el SAT aseguró vía transparencia que no tiene registro de vulnerabilidades que pongan en riesgo los datos personales de los usuarios en la plataforma SAT ID, ni en ninguna aplicación para el uso de los contribuyentes.
Aunque el peritaje de la FGR alerta que el sistema carece de mecanismos antifraude, expone el código fuente y no tiene controles demográficos, el SAT negó las fallas. “El aplicativo SAT ID no cuenta con acceso a las bases de datos de la información fiscal de los contribuyentes, únicamente es un mecanismo que facilita la presentación remota de las solicitudes, de personas físicas, para Constancia de Situación Fiscal, generación o renovación de contraseña o renovación de e.firma. El SAT cuenta con sistemas robustos que protegen la información de los contribuyentes y se encuentran en constante actualización”, asegura en una ficha informativa.
También se buscó a la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta a la solicitud de entrevista.
En tanto, la Fiscalía General de la República recibió un cuestionario para saber sobre el avance de las investigaciones y si tenían calculada la afectación de la falla cibernética y cuántas personas resultaron afectadas. Al momento de esta publicación tampoco había noticias al respecto.
La excomisionada del extinto Inai dice en entrevista que, ante una filtración de datos personales, el responsable debe notificar de manera inmediata a los afectados e informar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez –en cuya gestión en el SAT se lanzó la aplicación–, para que se inicie una investigación. Además de aplicar medidas para mitigar los daños y evitar que el incidente se repita, pues cada filtración expone a la ciudadanía y atenta contra su vida privada y patrimonio.
“La Secretaría Anticorrupción debe iniciar una investigación de oficio. Antes, el Inai avisaba. Decíamos: tenemos este caso. Yo entiendo que no se dice el resultado final para no vulnerar también ellos mismos datos, pero nosotros informábamos. Hoy sabemos de situaciones por los medios de comunicación y hemos visto un silencio de las autoridades increíble”, comenta.
Covid-19, el origen
El 15 de abril de 2020, en medio de la pandemia por covid-19, el SAT lanzó una aplicación para que los contribuyentes pudieran generar y actualizar contraseñas desde sus casas y evitar conglomeraciones en las oficinas del órgano desconcentrado, debido a la crisis sanitaria.
La aplicación comenzó a ser usada masivamente para la actualización de contraseña y constancia de situación fiscal, sin que la ciudadanía imaginara que sus datos personales eran vulnerables. Sólo de abril de 2020 –cuando fue lanzada– a agosto de 2022 atendió un total de 15 millones 888 mil 697 solicitudes. Para septiembre de 2024 ya había atendido 52 millones 809 mil 733 solicitudes.
En 2020, durante la administración de Raquel Buenrostro Sánchez en el SAT, un equipo integrado por los servidores públicos Jesús Francisco Quintanar Villarreal, Luis Humberto Chávez Buenrostro y María del Carmen Castillejos Cárdenas desarrolló SAT ID, un software libre para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
El equipo estuvo liderado por Carlos Gerardo Malanche Flores, administrador General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información del SAT desde 2018, quien cuenta con estudios de maestría en Ciencia e Ingeniería Computacional por la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suiza.
Luis Humberto Chávez Buenrostro, ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, ingresó al Servicio de Administración Tributaria el 28 de febrero de 2019. Jesús Francisco Quintanar Villarreal, maestro en ciencias en computación, labora en el área de tecnologías de la información de la dependencia desde 2012. María del Carmen Castillejos Cárdenas, ingeniera industrial, se incorporó al organismo en 2017. En todos los casos se trata de su primer trabajo en la administración pública, provenientes del sector privado.
La aplicación fue anunciada como una solución durante la pandemia para atender el llamado de “Quédate en casa”, del entonces subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell.
De acuerdo con un documento del SAT sobre la plataforma, titulado “Proyecto SAT ID”, es un software montado sobre una arquitectura de nube híbrida, operado por más de dos mil 500 servidores públicos, que, en teoría, “revisan de manera minuciosa y cuidadosa los videos, identificaciones y firmas que los contribuyentes suben a la plataforma para poder acreditar su identificación”.
El equipo de desarrolladores asegura que el Servicio de Acreditación de Identidad y Enrolamiento (SAIE), a cargo de la Administración General de Servicios al Contribuyente, acredita la identidad de los solicitantes mediante un proceso de captura de información documental y biométrico. Sin embargo, la plataforma permite la actualización de la contraseña del portal del SAT, sin la e.firma o algún correo registrado en el Buzón Tributario.
Según los desarrolladores, en el documento “Proyecto SAT ID”, la aplicación “mitiga riesgos como el robo de identidad o datos”, lo que no coincide con las vulnerabilidades reportadas por el ciudadano y corroboradas por la FGR y esta reportera.
Los desarrolladores reconocen en la presentación que, por la austeridad republicana, el SAT optó por integrar un grupo interno de especialistas en programación para poner en marcha el proyecto. El SAT informó, vía transparencia, que la elaboración de la aplicación no tuvo costo al ser un desarrollo interno y que personal adscrito se encarga de darle mantenimiento.
En noviembre de 2022 Quintanar Villarreal, Chávez Buenrostro y Castillejos Cárdenas obtuvieron el segundo lugar del Premio Nacional de Administración Pública, que les otorgó la Secretaría de la Función Pública, ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por el desarrollo de la aplicación SAT ID y recibieron 45 mil pesos.
Momento crítico para la ciberseguridad
Mientras se expone que el SAT no tiene ningún tipo de cuidado en el resguardo de los datos personales de los contribuyentes, la reciente reforma al Código Fiscal de la Federación, aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso, da al organismo acceso a los datos de los usuarios en plataformas digitales como Netflix, Amazon y Uber.
Bajo el argumento de mejorar la recaudación fiscal, el Servicio de Administración Tributaria podría tener acceso en línea y en tiempo real a información de contribuyentes sin necesidad de autorización judicial, lo que resulta desproporcionado y una invasión a la privacidad, de acuerdo con organizaciones civiles como La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Ante la ambigüedad del artículo 30-B, que contempla que el SAT pueda solicitar a las plataformas “información relacionada con las operaciones de los servicios digitales que proporcionen”, la Asociación de Internet MX también alertó del riesgo de vigilancia masiva. Además, existe la preocupación sobre la filtración de datos personales de millones de usuarios.
Todo ello ocurre también mientras se hace obligatoria la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica en el país. Según organizaciones en defensa de los derechos digitales, los principales riesgos de la CURP biométrica, en un entorno de ciberataques a instituciones del Estado mexicano, son precisamente la filtración y hackeo de datos personales y suplantación de identidad.
“Al ser una base centralizada y masiva, se producen incentivos para ser vulnerada a través de ataques informáticos u otros métodos, ya que la recompensa por acceder exitosamente a una sola base de datos es invaluable”, señala R3D.
“Debido a la naturaleza biométrica de los datos –es decir, al estar ligados a características físicas o fisiológicas de una persona y ser únicos e insustituibles– las consecuencias de una vulneración tendrían efectos permanentes o muy difíciles de remediar, como exponer a las personas a suplantaciones de identidad, discriminación u otras secuelas, incluso por el resto de sus vidas”, añade.
En los últimos años las instituciones gubernamentales acumulan una cadena de filtraciones y hackeos que han expuesto datos personales, expedientes sensibles y comunicaciones oficiales.
Entre los casos más críticos está el de Pemex en 2019, cuando un ciberataque paralizó procesos internos y los atacantes exigieron un rescate millonario. Se trató de la primera alerta masiva de cuán vulnerable es la infraestructura crítica estatal.
Otro de los episodios mostró que las Fuerzas Armadas también son blanco fácil de ciberataques. Conocido como los “Guacamaya Leaks”, un grupo de hacktivistas se infiltró en los correos del Ejército en 2022 y exhibió archivos y comunicaciones militares. Aunque la Sedena lo atribuyó recientemente a un “error humano”, el daño permanece, pues la información operativa y estratégica de la milicia sigue disponible.
A finales de septiembre último 20 millones de adultos mayores pensionados sufrieron la vulneración de sus datos personales como direcciones, CURP, números de seguridad social y hasta padecimientos que estaban en poder del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues fueron vendidos en foros clandestinos, según informó el periodista Ignacio Gómez Villaseñor.
El último caso ocurrió cuando una investigación de la Universidad de California en San Diego (UCSD) y de la Universidad de Maryland (UMD) reveló que una cantidad importante de datos sensibles en México se comparten vía comunicación satelital sin cifrar. Con el uso de equipo de bajo costo en San Diego, California, los investigadores interceptaron tráfico no encriptado con datos del gobierno mexicano, Fuerzas Armadas y empresas públicas, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Para el presidente de Grupo BlackIND, CEO de Cyber Black y exfuncionario federal, Luis Miguel Dena Escalera, la vulnerabilidad de la aplicación del SAT abre la oportunidad para que muchos expedientes fiscales estén en la calle o en la dark-web al mejor postor, como ocurrió con la base de datos del INE y del Registro Público Vehicular (Repuve).








