miércoles 18 de noviembre de 2026

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En los últimos cinco años el erario dejó de recaudar por Electrolit más de tres mil millones de pesos por IEPS y alrededor de nueve mil millones de pesos en IVA, de acuerdo con cálculos fiscales. La bebida no sólo evade impuestos y normativas, también pone en riesgo la salud pública, pues al estar registrada como medicamento no está obligada a portar sellos de advertencia como los de las bebidas azucaradas. Al frente de la compañía está Carlos Álvarez Bermejillo, expresidente de la Coparmex Jalisco y con vínculos en el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce).

En medio de la discusión sobre si el sector refresquero debe pagar más impuestos a partir de 2026, Grupo PiSA comercializa la bebida Electrolit, que en realidad concentra 3.7 veces más glucosa de lo recomendado por organismos internacionales. Bajo su estatus de medicamento ha evadido impuestos pese a ser una bebida azucarada que compite en el mismo mercado de refrescos y jugos industrializados.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la fórmula estándar para una solución de rehidratación oral debe contener una proporción de 1.3 partes de glucosa por cada parte de sales y minerales. Sin embargo, Electrolit tiene una proporción de 3.7 a 1.

 “Esto lo hace mucho más dulce y calórico, útil como bebida energética o de reposición rápida, pero muy distinto a la solución de la OMS, que busca baja osmolaridad y eficacia clínica en cuadros de deshidratación sin sobrecargar de azúcares al organismo”, señalaron fuentes del sector consultados por este medio y que pidieron no ser identificados.

Ese exceso de glucosa implica riesgos de sobrepeso, deshidratación paradójica y complicaciones metabólicas en consumidores frecuentes.

         Pese a ello, al estar registrada como medicamento, la bebida no está obligada a portar los sellos de advertencia que sí deben exhibir otras bebidas azucaradas.

         La clasificación de Electrolit como fármaco también le ha permitido evadir impuestos, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

         De acuerdo con cálculos fiscales, en los últimos cinco años el erario dejó de recaudar por Electrolit más de tres mil millones de pesos por IEPS y alrededor de nueve mil millones de pesos en IVA.

         “En resumen, estamos ante una situación donde una bebida no sólo evade impuestos y normativas, sino que también pone en riesgo la salud pública al fomentar un consumo basado en la desinformación”, indicaron fuentes del sector salud y fiscal.

         El consumidor, mientras tanto, se guía por la experiencia organoléptica del producto, sabor, frescura, sensación energética, sin que medie información clara sobre sus efectos en la salud, y más aún, poniendo en riesgo a pacientes con resistencia a la insulina.

Paquete Económico 2026

La discusión ocurre en paralelo a la propuesta del gobierno federal incluida en el Paquete Económico 2026, en la que se plantea incrementar la cuota a las bebidas saborizadas a 3.0818 pesos por litro, incluyendo aquellas con azúcares no calóricos.

         “En 2026 se establecerán impuestos saludables con el objetivo de desincentivar el consumo de productos que afectan la salud física y mental de la población”, se lee en los Criterios Generales de Política Económica y que forma parte del Paquete Económico.

         La autoridad sostiene en este documento de los Criterios Generales de Política Económica que en México el consumo de bebidas saborizadas es elevado y ha contribuido a que 76.2% de la población mayor de 20 años presente sobrepeso u obesidad, condiciones asociadas con enfermedades como diabetes, padecimientos cardiacos, cáncer, osteoartritis y trastornos metabólicos.

         De acuerdo con la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Bertha Gómez Castro, la medida dejaría una recaudación de 41 mil millones de pesos que pasará al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a un fondo para atender al sector salud.

La familia detrás de Electrolit

Electrolit y Grupo PiSA pertenecen a la familia Álvarez, un grupo empresarial con fuerte influencia política en Jalisco.

         Al frente está Carlos Álvarez Bermejillo, expresidente de Coparmex Jalisco y con vínculos en el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce). Durante años mantuvo cercanía con Movimiento Ciudadano y con el entonces gobernador Enrique Alfaro, hasta antes del rompimiento político del exgobernador con ese partido.

         No obstante, su trayectoria empresarial también ha estado en medio del ojo del huracán.

         En diciembre de 2023 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) vinculó a Grupo PiSA con la muerte de 17 recién nacidos en hospitales de Michoacán, Estado de México y Guanajuato, tras detectar un lote contaminado de nutrición parenteral con bacterias Klebsiella oxytoca y Enterobacter cloacae.

         El contrato, por 5.7 millones de pesos, fue otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a Productos Hospitalarios, SA de CV, que es filial de PiSA.

         A ello se suman antecedentes en materia de competencia económica. El 8 de abril de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la resolución de la entonces Comisión Federal de Competencia (Cofeco), que en 2010 sancionó a PiSA por prácticas monopólicas absolutas en la venta de insulina humana y soluciones electrolíticas al IMSS entre 2003 y 2006.

         “El IMSS pagó durante el periodo referido un sobreprecio de 2.9% en sus compras de sueros y de 57.6% en las de insulina humana, lo que equivale a alrededor de 622.7 millones de pesos (a precios de 2014). Estos recursos hubieran permitido al IMSS adquirir, por ejemplo, 727 ambulancias o dos mil 168 incubadoras”, se lee en la investigación de la entonces autoridad antimonopolio.

Crecimiento fuera del Plan México

Otra de las críticas que hacen en el sector a Electrolit radica en que su expansión internacional se ha financiado sin reinvertir sus ganancias en México.

         No se ha identificado que busque participar en el Plan México impulsado por el actual gobierno federal y en el contexto de la guerra comercial con Donald Trump, con sus aranceles. Por el contrario, Grupo PiSA destinó alrededor de 400 millones de dólares a la construcción de plantas en Estados Unidos, trasladando su capacidad productiva al extranjero y dejando de exportar desde territorio nacional, aseguran.

Proceso consultó la posición de Electrolit mediante su área de Vinculación Estratégica. Sin embargo, la empresa respondió que “por el momento no tiene comentarios al respecto.”