Con la llegada en 2021 del morenista Víctor Manuel Castro al gobierno del estado, aseguran pescadores, se empezó a sentir la presencia de La Empresa, organización ligada a los Chapitos, que por medio de la extorsión y las amenazas trocadas en asesinatos y “tableadas” se apropiaron de la lucrativa explotación marina de especies valiosas. En tanto, las autoridades están en un limbo, pues esperan las denuncias, dicen, para actuar, pero quienes piden ayuda son asesinados. Hoy Puerto San Carlos es un poblado de puertas cerradas, con plantas, almacenes y empacadoras abandonadas.
PUERTO SAN CARLOS, BCS.– El Puerto San Carlos era uno de los pueblos más productivos y prósperos del municipio de Comondú, en el centro de la península de Baja California Sur. Sus habitantes, pescadores por tradición, vivían hasta hace pocos años de la lucrativa explotación de especies codiciadas en los mercados internacionales.
En 2021 cambiaron las autoridades y con ello el estilo de vida en Puerto San Carlos. No sólo llegó al gobierno del estado Víctor Manuel Castro, de Morena, sino que los pescadores empezaron a resentir la llegada de una organización conocida como La Empresa, que mediante la extorsión y amenazas cumplidas se ha hecho de la lucrativa explotación marina, incluida la de una especie como la almeja generosa, con la que se elaboran platillos cotizados en miles de pesos.
Despojados del negocio, los pescadores ahora deben trabajar para esta organización que identifican con el Cártel de Sinaloa o de plano han cambiado de actividad. El resultado: Puerto San Carlos es ahora un poblado desolado. Plantas, almacenes y empacadoras están abandonadas. Las calles sin pavimentar vacías y la población procura tener el menor contacto posible con el exterior.
Acorralados, los pescadores que siguen laborando en el Pacífico están obligados a trabajar para la presunta organización criminal mediante amenazas y violencia. Quienes se han resistido han sido asesinados y sus propiedades incendiadas. Lo de menos es que hayan sido “tableados”.
En ese contexto, además de las expresiones de violencia que se han padecido en el estado, como el incendio de autobuses con pasajeros dentro y ataques a jóvenes y mujeres, los pescadores de Comondú son blanco de extorsión por la cantidad de especies del mar en esa zona, que representa altas ganancias por las ventas a los mercados internacionales, sobre todo de Estados Unidos y países asiáticos.
Desde el anonimato, por razones de seguridad, pescadores entrevistados aseguran que en el curso de 2025 nueve personas van asesinadas o desaparecidas. Tres de ellos, entre fines de agosto y principios de septiembre, “solamente por hablar, por quejarse”.
También, coinciden en que hay por lo menos seis personas que se presentan como líderes pesqueros, a quienes llaman “el cáncer del pueblo” y que además de alinearse con cualquier gobierno en turno, ahora también responden a los mandatos del grupo de extorsionadores, a quienes ellos reconocen como La Empresa y que respondería a la facción de los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
Un hombre de 40 años que inició desde joven con su padre, un permisionario pionero, asegura que ellos acaparan las ganancias millonarias, además de que no hicieron nada por protegerlos cuando un grupo llegó a comunicar a todos los pescadores que les pagarían hasta tres veces menos por sus productos y que solamente les debían vender a ellos.
“Desde hace cuatro años, más o menos, el pueblo se fue para abajo. Se acabó. Este pueblo era muy fructífero, cien por ciento pescador”, asegura uno de los pescadores que trabaja desde que tenía 13 años y lleva 23 años como buzo.
Por años los pobladores conseguían permisos para pescar o crearon cooperativas y vendían su producto a quien les ofreciera mejor precio. Algunos de esos permisos, afirman, terminaron en manos de los mismos criminales.
Un joven buzo relata su experiencia: “No te avisan, nomás te agarran en cualquier parte. Se bajan armados, te golpean y te amenazan: ‘Ya te traemos eh, ya me reportaron que andas en tal parte vendiendo donde sólo yo puedo, tengo fotos tuyas ofreciendo a mis clientes´”.
Platillo gourmet
Por los precios obligadamente bajos “prácticamente trabajas para ellos y tú ya no te llevas nada. Pero o les trabajas o te levantan”, además de que, acusan, lo poco que les pagan lo hacen hasta seis meses después de que entregaron el producto.
Una de las especies con más alto valor en esa zona, como decíamos, es la almeja generosa, un kilo era vendido en 400 pesos; después, los compradores aumentaban el costo conforme lo comercializaban, hasta llegar al consumidor final, que podía pagar 800 pesos en mercados o hasta seis mil por el platillo hecho con esa almeja servido en restaurantes de lujo, de acuerdo con una publicación de la BBC hace más de cinco años.
Desde hace cuatro años los han obligado a vender el kilo de esa almeja en 150 pesos y la ganancia multiplicada se la llevan los criminales.
Antes de 2021 cada pescador podía ganar hasta 600 mil pesos por dos temporadas trabajadas en el año, con lo que podían ampliar sus casas y cambiar de auto. Este ingreso era para cada uno de los cuatro pescadores que había por permiso, éstos llegaron a ser 170, mismos que ahora prefieren no usar para no enriquecer a los criminales, aunque cada dos años pagan 30 mil pesos por mantener dichos permisos; antes, también vivían de pescar camarón, catarina, pescado, callo de hacha.
Relatan que en ese tiempo la prosperidad de San Carlos, en el municipio de Comondú, se veía en casas con las puertas abiertas, con celebraciones, sobre todo en diciembre, cuando les pagaban lo trabajado en la última temporada. El pescador era visto como una persona con buenos ingresos económicos.
Ahora el panorama es totalmente distinto. En un recorrido Proceso constató que las personas difícilmente hablan con quienes no son de ahí, nadie sale de sus casas, algunas incluso están abandonadas, todas las puertas se mantienen cerradas; se acabó la abundancia. En un pueblo de pescadores, ahora, lo prohibido es ofrecer algún producto de mar.
Viven de vender comida preparada o de rematar todo su equipo especializado para la pesca, sus pangas; migraron para trabajar en el campo o, aun teniendo permisos, se emplean en las plantas para asegurar un salario. Los ingresos de la mayoría apenas pasan los 100 mil pesos al año.
Caso Gemima Hernández
En una comunidad de menos de seis mil habitantes, el temor por denunciar está latente porque entre todos se conocen y se sabe que quien denuncia es perseguido.
Uno de los casos en el estado fue el de Gemima Hernández, que saltó a la luz pública por llevar su problemática a Palacio Nacional, donde dijo que por denunciar la extorsión fue perseguida, secuestraron a su hijo, quemaron su casa y un vehículo que ofrecía para que se le diera protección a su hermano Ismael, quien también acusó ser víctima directa de extorsionadores como pescador.
Para hablar de su experiencia, Proceso tenía pactada una entrevista con Ismael la misma semana en que fue asesinado, el 1 de septiembre último. La autoridad estatal desestimó sus denuncias y peticiones al especular que era parte de un grupo criminal, aunque admitió no contar con ninguna prueba directa.
Otro caso es el del comerciante Jorge Chávez, asesinado el 25 de julio último en calles de La Paz. Es recordado por los pescadores de San Carlos por ayudar al pueblo como uno de los principales compradores antes de que llegara La Empresa.
En La Paz, la capital del estado, el secretario de Gobierno, Saúl González, dijo a Proceso: “Él (Chávez) denunció también extorsión, sabemos que están ahorita sacando un producto que es caro, el pepino (de mar, que puede costar hasta 600 dólares el kilo). Entonces estamos trayendo la investigación por ahí”.
Antes del asesinato, el procurador estatal, Antonio López, afirmaba que los primeros que le denunciarían el cobro de piso serían los comerciantes, pero en reuniones con agremiados negó que sucediera. Tras el asesinato de Chávez, afirmó: “Si hay un tipo de esa evidencia, yo ocupo tener un soporte de investigación de la denuncia (…) el tema de los pescadores en Comondú ustedes más la saben que uno, tienen mucho tiempo aquí y cómo operan, pero para la actuación de la autoridad sí es indispensable la denuncia”.
Dos días después del asesinato y tras regresar de una semana de vacaciones en la Guelaguetza, en Oaxaca, el gobernador Víctor Castro dijo a la prensa local que la actividad principal de Chávez era en Puerto San Carlos y recordó que el 18 de mayo último, en una planta de la zona conocida como “La Curva”, murieron seis personas en un presunto enfrentamiento, tres estaban ligados al crimen y los otros tres a una empresa de seguridad privada. “Las consecuencias todavía son parte de estos grupos delincuenciales que han venido de diferentes partes”.
En la entrevista con Proceso, el secretario de Gobierno, Saúl González, admite que conocen la problemática de San Carlos, pero no pueden avanzar en detenciones si no existen denuncias.
“En algún momento llega un grupo y dice: ´Oye, quiero que me vendas todo el camarón. ¿Cuánto me lo vendes? No sé, 120 pesos el kilo. Te pago los 120, pero nada más me vas a vender a mí. Pero cuando vas y preguntas oye, ¿te están extorsionando?, no te dicen nada, sólo que les están pagando bien”. Aunque reconoce: “Eso no quiere decir que no exista la extorsión”.
Señaló que el gobierno estatal ha hecho algunas detenciones, habló también de los homicidios dolosos, que por casi seis años se mantuvieron en un promedio de cinco por mes, hasta que aumentaron en abril con siete y se dispararon en junio de este año a 14 casos.
Al frente de operativos de detenciones estuvo el hoy exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría estatal, Bernardo Soriano, a quien se le mencionó en unas mantas colocadas en La Paz el 22 de junio, donde se le acusaba de que, presuntamente, “vendió la plaza” a Abraham Cervantes el Babay, quien entró en disputa con René Bastidas, el 00, luego de la captura del primero en 2017. Ambos son operadores en BCS.
A los tres días, Soriano llamó a una conferencia de prensa (que no fue autorizada por el gobierno estatal) para negar dichos nexos y hablar de la cantidad de operativos que coordinó, así como la baja de homicidios tras una crisis que venía de 2017. También afirmó que no renunciaría porque no le debía nada al crimen organizado.
Cinco días después el gobernador anunció su remoción y el nuevo nombramiento como director del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales de la Procuraduría local. En su lugar llegó Miguel Lizárraga Fernández, elemento de la Secretaría de Marina.
En entrevista con Proceso, el secretario de Gobierno destacó como logros los resultados informados por el exsubprocurador, cuando mantuvieron el segundo lugar en seguridad a escala nacional; ahora están en el séptimo. Pero explicó la salida del cargo de Soriano con la frase: “Los cambios son buenos”.
Mientras que el gobernador declaró a la prensa local que era necesario hacer reacomodos en la institución como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad, además de que tenía que cerrarse un ciclo. También reconoció que no sólo en Comondú y Loreto, sino en todo el estado se había complicado la situación de seguridad, lo cual obligaba a los cambios internos para construir un nuevo equipo.
Aun con esa decisión, los homicidios dolosos aumentaron: al cierre de agosto de 2025 el Gabinete de Seguridad reportó que Baja California Sur alcanzó los 17 homicidios dolosos sólo en un mes.
González Núñez expuso cómo se ha configurado el crimen en el estado: “El Cártel de Sinaloa es el que más ha estado trabajando aquí y hemos tenido detenciones. Ahorita con los ingresos que han estado teniendo del norte, de los grupos de Baja California (…) Allá sabemos que hay muchas fracciones chiquitas del Cártel de Sinaloa, ahora se divide entre los Chapos y los Mayos”.
Cambios de bando
Mientras en Puerto San Carlos los pobladores saben quiénes son los líderes criminales responsables del cobro de piso y de tablear a los pescadores, la autoridad admite que existen grupos criminales que se disputan el territorio, pero asegura que no logra identificar al grupo al que pertenecen:
“Ya no sabemos, un día son de uno y al otro día son de otro. En el seguimiento que les traemos resulta que cuando han sido detenidos, un ejemplo en Comondú, los menores de edad te dicen ‘nos sentimos orgullosos de estar en este grupo’. Dicen que la semana pasada pertenecían al grupo X y cuando los detienen te dicen ‘somos del grupo fulano de tal’, entonces hay un tema entre ellos de cambios de bando muy rápido”.
Un hecho similar fue relatado por el youtuber Carlos Ochoa Camilo o el Alucín, el 25 de junio último, cuando transmitió el testimonio de dos jóvenes que decían ser de los Chapitos, pero en un trayecto se les informó que ya servirían a los Mayos, lo cual les generó confusión; después, dijo el influencer, aparecieron colgados en un puente bajo el mensaje de que con los descendientes del Chapo no se juega.
En ese mismo programa de más de una hora, Ochoa presentó una entrevista con un presunto “alto miembro del Cártel de Sinaloa”, de la facción de La Pizza o los Chapitos, y se identificó con el grupo de René 00, que opera en BCS.
La tranquilidad en Baja California Sur, dijo el entrevistado, es porque al Cártel de Sinaloa se le deja operar, por lo que no existía ni el secuestro ni el cobro de piso hasta que otra de las facciones llegó al estado para generar violencia.
En BCS, afirmó, no hay guerra sino hechos provocados por una misma facción culpando a la otra, para “calentar” la plaza. “Pero ¿quién le da el poder a esa gente? Se la da el mismo gobierno”. Habló precisamente de las extorsiones a los pescadores, pero aseguró que no es La Empresa la que los violenta, sino la otra facción, y lo hacen porque “no les mandan ni lo de las quincenas”.
“Hay personas en el gobierno que les están dando cabida y ahí andan haciendo su agosto”, y señaló directamente al exsubprocurador Soriano por supuestamente cambiarse de “organización”, también puso en duda por qué en siete años que estuvo en el cargo no se dieron tantos aseguramientos hasta cuando el Babay se separó de la facción. Igualmente afirma que por años el funcionario recibió pagos de su grupo y que amasó una gran fortuna en propiedades.
El presunto criminal advirtió que el gobierno está muy a tiempo de detener esa violencia. “Nadie quiere pleito, una guerra no es buena para nadie” y expuso el mensaje que dio al gobierno estatal: “Aquí está muy fácil, nada más hay dos personitas, uno del lado de la maña: Abraham Cervantes Escareaga (el Babay) y otro del lado del gobierno: Bernardo Soriano y tantán, para qué renunciar a tanta gente, nada más a este cabrón despídemelo y a este cabrón agárrenlo y se acabó. Sin balas (…) Se apaga toda la violencia y todo tan derecho como siempre, cada quien en su trabajo y vámonos recio”.
Soriano fue removido del cargo el pasado 1 de julio, siete días después de esta entrevista.
En tanto, González Núñez asegura: “No hay hasta hoy un tema en que esté vinculado cualquier funcionario con la delincuencia organizada” y confía en que llegarán de nuevo a los primeros lugares de seguridad en el país: “Siempre somos más los buenos que los malos. Es nada más un periodo que nos den para poder nosotros neutralizar estas bandas (…) tenemos que entregar un estado tranquilo”.
En la misma transmisión, el youtuber concluyó que el gobierno federal permite que operen facciones generadoras de violencia, “lo que está provocando que se unan todos los cárteles (menciona al Jalisco Nueva Generación, Sinaloa Facción los Chapitos, La Línea, el de Aguascalientes y el del Golfo) para parar a los que están generando violencia realmente y van a desatar una guerra”.
Ochoa, originario de Sinaloa, fue asesinado el 16 de agosto último en su casa en Temixco, Morelos. Tiempo atrás declaró que fue parte del Cártel de Sinaloa, primero con Dámaso López Núñez, el Licenciado, y al negarse a traicionar a los Chapitos se separó del narcotráfico y se dedicó a crear contenido digital. Hasta su muerte era señalado por sólo hablar bien de una de las facciones.
La evaluación sobre la amenaza de las drogas, publicado por la DEA en mayo de 2025, expone que, de acuerdo con medios mexicanos, el CJNG podría capitalizar el conflicto en el Cártel de Sinaloa y optaría “por la facción a favor de sus antiguos rivales, los Chapitos, contra los Mayos”, que lo llevaría a expandirse en dinero, armas y colusión con funcionarios corruptos, con lo que se alteraría la configuración y poder de los grupos criminales en México.
En los primeros días de septiembre, el gobernador Víctor Castro, de Morena, anunció que, tras su petición, el Gabinete de Seguridad federal reforzará la investigación contra células criminales que generan la violencia en el estado.








