Dos abogados especialistas en políticas culturales, Carlos Villaseñor Anaya y Luis Cacho, desmenuzan a petición de Proceso el Reglamento Interno de la Secretaría de Cultura federal, que adelgaza la nueva estructura de la dependencia a cargo de Claudia Curiel de Icaza, hacia una redefinición orientada más al “humanismo mexicano” impulsado por la 4T. Ambos abordan, con espíritu crítico, un documento que apenas señala los quiénes, pero no las funciones, el fondo y los para qués.
A un año del “segundo piso” de la 4T en la era de la presidenta Claudia Sheinbaum y 10 de la Secretaría de Cultura (SC), la dependencia a cargo de Claudia Curiel de Icaza llega con el anuncio de un nuevo Reglamento Interno que, a decir de especialistas, no deja claro el rumbo ante la falta de un Plan Sectorial y un presupuesto 2026, y por otro lado arroja dudas respecto a la política de diplomacia cultural, y nuevas unidades, y una dirección anunciada como “estratégica” pero sin respaldo jurídico.
El recién lanzado reglamento de julio pasado contiene diez capítulos, 27 artículos y un “adelgazamiento” de su estructura, pasando de 16 a 12 unidades administrativas.
Entre los puntos destacados está la incorporación de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (Ucuvi), la eliminación de la Dirección General de Asuntos Internacionales que causó polémica en el gremio, aunque a decir de la SC se “eficienta” al integrarse a la Dirección General de Vinculación Cultural, y la nula mención de la Dirección General de Formación y Gestión Cultural, aunque a decir de Curiel de Icaza se trate de una unidad estratégica.
Otras dependencias cambian sus nombres, como Comunicación Social, que ahora se ubica como Difusión Cultural; la anterior Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas que pasa a ser Dirección General Técnica y de Investigación de las Culturas Populares -a cargo de la Ucuvi-; y la nueva Dirección General de Circuitos y Festivales que sustituye a la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales…
Tras añadidos y cambios, en total quedan 12 unidades administrativas:
Subsecretaría de Desarrollo Cultural; Unidades de Administración y Finanzas; de Asuntos Jurídicos; de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad; y las direcciones generales de Bibliotecas; de Sistema de Apoyos a la Creación de Proyectos Culturales, de Circuitos y Festivales; de Acción Territorial y Promoción Comunitaria; de Vinculación Cultural; de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural; Técnica y de Investigación de las Culturas Populares; y de Difusión Cultural.
Más sus cinco órganos desconcentrados: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones en México (INEHRM), Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDE), y Radio Educación.
Sobre los movimientos, el abogado y promotor cultural especializado en políticas culturales, Carlos Villaseñor Anaya, relató que en los últimos 10 años desde la conformación de la SC han ocurrido variaciones presupuestales: el destino de recursos a proyectos como Chapultepec: Naturaleza y Cultura, el Tren Maya, y recientemente el Reglamento Interno, sobre lo cual afirmó:
“Me parece que estamos todavía ante un momento de conformación de la Secretaría de Cultura, de sus objetivos, estructuras. Operó durante nueve años, de 2016 a la fecha, con una estructura similar a la que tenía el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), lo que determinó muchos de los alcances de la SC; en ese orden de ideas me parece que esta podría ser la propuesta de reordenación del sentido y funciones de cultura más alineada a una visión de la 4T, heredada de un desarrollo cultural del siglo XX.
“Este cambio es importante, pues el reglamento marca un punto de inicio de redefinición. Recordemos que apenas en abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2026, y que en el capítulo correspondiente a ‘Un país de lectores’, aunque es pequeño, lo que se observa es una constante referencia a las culturas milenarias, ancestrales, riqueza cultural de México, como el eje para ir construyendo ese reconocimiento a la diversidad cultural para generar el humanismo mexicano”.
Aseveró que administrativamente se está en los inicios, pues en añadido al Plan Nacional de Desarrollo, a finales del año pasado y principios de éste se hicieron consultas sobre el Plan Sectorial de Cultura que están por presentarse, y cuyos resultados -a su decir- serían claves “y respuestas del fondo, sentido y el ‘para qué de las unidades reorganizadas por la Secretaría de Cultura”.
Villaseñor, quien también es socio fundador y director de Interactividad Cultural y Desarrollo A. C., -ONG reconocida por la UNESCO-, expuso:
“El Plan Sectorial 2025-2030 será la clave de la que ha hablado la secretaría para descifrar el ‘jeroglífico’ que, sí, de alguna manera, es un misterio el reglamento -porque no es muy abundante, sólo enlista las dependencias, entidades y facultades generales pero poco del sentido dentro de esa función, una racionalidad de medio a fin que será incorporada en el plan sectorial-. Y luego viene un cuarto elemento: el Manual de Organización de la propia secretaría, que explica a detalles el resto de la estructura de la SC y cómo se coordina entre sí.”
Según el especialista, el Reglamento Interno no es la pieza más importante para entender el plan sectorial:
“Tenemos los quiénes, falta conocer el fondo y el para qué mediante el Manual de Organización. Y diría que hay otro elemento: el presupuesto de egresos de la federación para el 2026, ahí hay un enorme reto porque los transitorios del reglamento hablan de que no hay incrementos no obstante los cambios en la SC, pero no sabemos si esa regla de ‘no incremento’ se vuelva un obstáculo para dotar a estas direcciones del presupuesto suficiente para cumplir con responsabilidades”.
Respecto a las dudas sobre la diplomacia cultural, se le mencionó que hubo señalamientos por parte de especialistas como un “error” el haber eliminado a la Dirección General de Asuntos Internacionales, pues provocaría un debilitamiento ante la UNESCO. Como comentario, mencionó que habrán de esperarse los documentos que mencionó como faltantes:
“Yo creo que tenemos que esperar a tener claro el sentido que se va a dar en esta administración a las relaciones internacionales a partir de esos documentos…
“Que haya un área que verifique que las relaciones internacionales que estén desarrollando las diversas direcciones generales, sean consistentes con los objetivos de política exterior de la propia secretaria… sí debe haber coordinación para que se verifiquen y apoyen acciones, vamos a ver cómo se instrumenta en el Manual de Organización, pero insisto, es una función transversal”.
También abordó los señalamientos de investigadores y académicos sobre labores de la Ucuvi que ya cumplen especialistas del INAH, así:
“No creo que sean situaciones que se sobrepongan, no hay monopolio de investigación antropológica por parte del INAH… si bien el Reglamento Interno considera la creación de la unidad y no agrupa ni sectoriza instituciones, me
parece que sería deseable -y que en un futuro se viera la posibilidad- de desarrollar este instituto, yo diría incluso que el nombre debió ser ‘Instituto para la Salvaguarda Comunitaria del Patrimonio Cultural Inmaterial’, y no debería ser instituto centralizador de facultades en relación con el patrimonio cultural inmaterial, sino un facilitador”.
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Por su parte, Luis Cacho, experto en derecho cultural, consideró que el Reglamento Interno de la SC cumple jurídicamente con la normatividad aplicable, aunque ello no signifique desde el punto de política cultural que vaya a ser lo más acertado, y cree un grave error continuar con la omisión de una Dirección General de Publicaciones:
“El proyecto que se hizo al final del sexenio anterior instrumentado por Alejandra Frausto y que se dio a conocer cuando pasó por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria del gobierno federal, sí tenía muchos errores de técnica jurídica, por eso no prosperó.
“Este reglamento cumple y retoma reglamentos de política cultural respecto a omisiones del sexenio anterior, que tuvo un desorden administrativo. El error está en desaparecer o reafirmar la desaparición y toda referencia a la Dirección General de Publicaciones (DGP). Como en el sexenio pasado esa carga se le confirió al Fondo de Cultura Económica (FCE), que no debería ser encargada de la política cultural-editorial del gobierno federal, para eso estaba la DGP como mucho tiempo estuvo en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta, previo a la SC)”.
Para continuar:
“Eso me parece un error esencial en materia de política cultural, debería seguir existiendo un área de publicaciones en la cultura, porque esa no es la vocación del FCE ni es objeto, jurídicamente no le corresponde”.
Se le recordó el reciente anuncio de Cultura federal en video-conferencia del Banco de Buenas Prácticas Culturales y Artísticas (BBPCA) y actividades de la Dirección General de Formación y Gestión Cultural (a cargo de Lucina Jiménez, extitular del INBAL), si bien esta dirección no aparece en el Reglamento Interno, sobre lo cual apuntó:
“No se ve que tenga en verdad la importancia que se había anunciado a principios del sexenio, y jurídicamente tiene consecuencias porque las autoridades sólo pueden hacer lo que está expresamente previsto en la ley. Si esa área no existe en el reglamento no tiene fundamento jurídico para las funciones que quiera desarrollar…
“El Plan Nacional de Desarrollo fija las líneas de acción del gobierno federal para el sexenio que se trata, y los programas sectoriales -el único que tiene la denominación de Plan es el Nacional de Desarrollo-; en este caso el sectorial de Cultura es el que dice qué líneas de acción y metas se deben alcanzar en base a las facultades que ya se tienen, no se pueden inventar”.
Se le mencionó que incluso se afirmó en la video-conferencia que la dirección tendría un presupuesto estimado de tres millones de pesos, y refirió:
“Pues sería una irregularidad que le quieran dar presupuesto a un área que no existe. Se lo pueden dar a la Ucuvi, que es nueva, pero ya está prevista en el Reglamento Interior, y ni podría pasar ante la Cámara de Diputados porque dirían ‘¿cómo le vamos a dar presupuesto a una dirección general inexistente?’.”.
Al cuestionársele en torno al tema de la diplomacia cultural, tras la eliminación de la Dirección General de Asuntos Internacionales, si sería válido seguir así toda vez que se sigan cumpliendo las funciones, aunque las absorba otra área, y si eso no es más complicado:
“La presencia internacional de México se da de cualquier forma, y si hay otra área que absorbe asuntos internacionales se tendrá que seguir cumpliendo”.
Sobre qué le preocupa y en qué pondría atención para dar seguimiento jurídicamente al sexenio cultural, apuntó:
“Que exista una política cultural bien definida, se han visto acciones políticas aisladas, entonces teniendo todo lo necesario -Acuerdo de Sectorización en el DOF, el Acuerdo de Adscripción por parte de la SC, y el Manual de Organización General que detalla el organigrama de la institución-, podría ver una línea o unidad de acción hacia objetivos determinados. Eso es lo que hay que esperar para no dar sólo preferencias a ‘artesanías’ o actividades de pueblos originarios, descuidando, como en el sexenio pasado, todos los otros aspectos de la cultura que son importantes”.








