Juzgadores elegidos el 1 de junio último recibirán en septiembre próximo un Poder Judicial de la Ciudad de México sin recursos, sin personal suficiente y encima inconforme, y con un rezago de miles de expedientes. El declive del PJCDMX comenzó con la gestión del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez en 2019, quien se reeligió contra las normas e implementó la austeridad republicana a una institución ya anémica. La puntilla fue el paro de labores de los empleados en mayo último, quienes finalmente levantaron la huelga sin mejora salarial y en peores condiciones de trabajo.
La nueva administración del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) recibirá una institución en crisis, sin recursos, sin mano de obra suficiente, con trabajadores inconformes, con un rezago creciente y señalamientos por corrupción y nepotismo de sus integrantes.
Los jueces y magistrados que fueron electos el 1 de junio último recibirán juzgados y salas repletas de expedientes paralizados por la deficiente infraestructura tecnológica del tribunal, rezago que se agravó por la implementación de la reforma laboral y del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF).
El declive del PJCDMX se inició con la gestión del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, quien llegó al puesto más alto de la institución en enero de 2019 y desde entonces se le señaló como cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien asesoró durante el proceso de desafuero en su contra en 2005.
En noviembre de ese mismo año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entonces encabezada por Arturo Zaldívar, también cercano a López Obrador, designó a Verónica de Gyvés, esposa de Guerra Álvarez, como consejera de la Judicatura Federal.
En consonancia con la administración morenista de López Obrador y de la entonces jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el nuevo presidente del PJCDMX implementó una política de austeridad en la institución, lo que generó falta de insumos en los juzgados que diariamente reciben a miles de usuarios y desahogan diligencias que en el sistema tradicional se realizaban en su totalidad de manera escrita.
Desde ese año, el incremento al presupuesto del PJCDMX ha sido de un raquítico 26.2%, pasando de cinco mil 910 millones 511 mil 455 pesos asignados en 2019 a siete mil 431 millones 111 mil pesos en 2025, año en el que debía continuar la implementación de la reforma judicial y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF).
El rezago de asuntos en el tribunal se incrementó con la pandemia del covid-19 debido al aplazamiento de los casos y la acumulación de los asuntos nuevos.
De acuerdo con los informes de labores de Guerra Álvarez, en el año 2019 ingresaron 331 mil 787 expedientes nuevos al PJCDMX, a los que se acumularon los 200 mil 377 que ingresaron en 2020, año de la pandemia y en el que sólo concluyeron 102 mil 601 asuntos.
Para el año 2021 la tendencia de asuntos nuevos se mantuvo, mientras tanto el magistrado presidente se preparaba para lograr su reelección.
Proceso informó (Edición 2347) que tanto De Gyvés como el ministro de la Corte Juan Luis González Alcántara Carrancá fueron apoyos decisivos para que Guerra Álvarez lograra su reelección, pese a que la Constitución Política de la CDMX y la Ley Orgánica del Poder Judicial capitalino establecían que el presidente de la institución sólo podía ocupar el cargo por cuatro años sin posibilidad de reelegirse “ni sucesiva, ni alternadamente”.
El magistrado presidente logró aprovechar un artículo transitorio en la Constitución local que contemplaba su reelección como caso excepcional.
Luego de lograr su reelección la llegada de nuevos expedientes al PJCDMX no cesó, en el año 2022 recibió 292 mil 538 casos.
En diciembre de ese año los trabajadores de la institución iniciaron un paro de labores que duró tres días por la falta del pago de aguinaldo y la deuda de los vales de despensa correspondientes a 2020.
El conflicto se resolvió rápido bajo la promesa de que el aguinaldo sería pagado a más tardar en la primera quincena de enero de 2023. Sin embargo, la deuda de los vales prevalecería bajo el argumento de que el PJCDMX no tenía recursos suficientes para pagarlos.
Aquel 2023 la cifra de expedientes nuevos aumentó a 308 mil 153, mientras Guerra Álvarez participó en más de una veintena de eventos con juzgadores locales y federales, incluido un encuentro con el expresidente López Obrador.
Para el cierre de 2024 fueron 311 mil 261 los expedientes ingresados. Entonces, el PJCDMX todavía tenía 372 jueces y magistrados entre sus filas, el propio Guerra Álvarez informó que la institución ofertaba cuatro juzgadores por cada 100 mil habitantes en la capital del país.
Sin embargo, en septiembre se inició la implementación del CNPCF con la extinción de 24 juzgados civiles y 11 familiares de proceso escrito que transitarían a juzgados orales.
Este movimiento implicó que los juzgados que se extinguieron enviaron todos sus asuntos a los que permanecerán en funciones de proceso escrito.
En juzgados familiares, donde se resuelven asuntos sensibles como custodias de menores de edad, pensiones alimenticias, divorcios, juicios sucesorios, entre otros, lo anterior generó que la Oficialía de Partes Común (OPC) no asignara nuevos números de expedientes a esos casos que fueron enviados a los juzgados que continúan en funciones de proceso escrito.
Hasta la segunda semana de mayo de este año todavía había muchos casos en los que los justiciables no podían revisar sus expedientes en los nuevos juzgados que les fueron asignados porque la OPC no les había dado número de expediente.
Mientras tanto, los archiveros con todos esos expedientes permanecían en los pasillos afuera de los juzgados, con el riesgo de ser sustraídos manera ilegal.
Aunque el plan de implementación del CNPC apuntaba a que a finales de 2025 la totalidad de los juicios en la capital se llevarían de manera oral, el rezago provocado por la primera etapa de implementación obligó a Guerra Álvarez a pedir al Congreso capitalino una prórroga para continuar con la segunda etapa en el año 2026.
En diciembre del año pasado los trabajadores también amagaron con iniciar un paro exigiendo un incremento salarial, pues cumplieron 10 años sin que sus sueldos crecieran para ajustarse al aumento de precios registrado desde el inicio del sexenio de López Obrador en la CDMX.
Lograron un incremento de 5%, que significó el pago de 200 pesos más en los salarios que, para quienes no ocupan puestos de carrera judicial, van de los 12 a los 15 mil pesos mensuales.
Al cierre de ese año, Guerra Álvarez sumó más de 30 eventos en los que coincidió con personajes como la ministra de la Corte Yasmín Esquivel y otros juzgadores del país.
El paro antes del cambio
El 28 de mayo último los trabajadores del PJCDMX iniciaron un paro de labores para exigir incrementos salariales, en sus bonos, mejoras en las condiciones para trabajar, contratación de más personal, cese al acoso laboral cometido por jueces y magistrados y el pago de los vales de 2020.
Para el 1 de junio último el país celebró su primera elección judicial a escala federal y en 19 entidades federativas, incluida la CDMX, a nivel local.
El paro duró 41 días, en los que se mantuvieron paralizados los asuntos que, por la implementación del CNPC, permanecen estancados desde el año pasado. Tanto, que al regreso de labores el 8 de julio último, la unidad de exhortos contabilizaba ya 29 mil expedientes rezagados, mismos que sólo nueve trabajadores deben desahogar.
Durante el paro, Guerra Álvarez alegó en todo momento que el PJCDMX no tiene recursos suficientes para responder a la demanda de un incremento salarial de 5% adicional al que ya se había otorgado en diciembre de 2024 y de 2% en las prestaciones.
Aunque no pudo garantizar el cese al acoso laboral, las mejoras en las condiciones de trabajo ni los incrementos económicos para los trabajadores, el paro concluyó apenas una semana antes de que iniciara el primer periodo vacacional del año para el PJCDMX, bajo el amago por parte del Oficial Mayor, Sergio Fontes, de que al mantener tomados los edificios de la institución no sería posible seguir pagando la nómina.
De acuerdo con los informes trimestrales de la institución, consultados por Proceso, actualmente sólo hay dos jueces de sistema tradicional por cada 100 mil habitantes.
En promedio, esos jueces reciben diariamente cinco expedientes nuevos, lo que implica que reciben mensualmente mil 800 casos que se acumulan a los que ya están iniciados de años anteriores.
En proceso oral hay tres jueces por cada 100 mil habitantes, que en promedio reciben dos expedientes nuevos por día que implica que, al mes, reciben 60 casos nuevos.
En la elección del 1 de junio los capitalinos eligieron a 95 jueces y 33 magistrados, además de los cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
A partir del 1 de septiembre próximo todos estos funcionarios serán los encargados de encabezar los juzgados y salas en los que se encuentran los trabajadores que aún están inconformes por cómo fueron obligados a levantar el paro sin mejora salarial y en peores condiciones para trabajar.
Mientras que la negociación de las demandas corresponderá al órgano de administración judicial, cuya designación todavía no está definida debido a que el Congreso capitalino aún no ha emitido la Ley Orgánica del PJCDMX para regular sus funciones, y no está claro si le corresponderá al Pleno de juzgadores actual designar a los tres integrantes que le tocan al Poder Judicial o al futuro Pleno integrado por los juzgadores electos por voto popular.








