Las redadas del gobierno de Donald Trump en California desataron una tormenta política y social. Mientras agentes federales detenían a cientos de trabajadores migrantes en operativos violentos, separando a familias, campos y negocios se ven impactados por la falta de mano de obra. En la arena política, el gobernador demócrata Newsom enfrenta abiertamente al republicano Trump exponiendo también la contradicción de una economía que depende de quienes son perseguidos.
LOS ÁNGELES.– Con el grito de “ahí viene la migra”, el 7 de junio último dio inicio en Paramount, California, una jornada que dejó como resultado protestas, arrestos, movilización de las fuerzas armadas, toque de queda y la agudización del conflicto entre el presidente Donald Trump y la estructura del Partido Demócrata, encabezada por el gobernador de California, Gavin Newsom.
Como todos los sábados, decenas de personas aprovecharon el fin de semana para hacer sus compras en uno de los almacenes de esta ciudad, ubicada a unos 12 kilómetros del centro de Los Ángeles. Como siempre, en el estacionamiento se encontraba un nutrido grupo de trabajadores que esperaba la llegada de algún patrón que les ofreciera al menos un empleo temporal.
“De repente empezaron a llegar camionetas con hombres enmascarados y fuertemente armados y empezaron a perseguir a los trabajadores que se encontraban ahí”, cuenta uno de los testigos que presenciaron la espectacular redada lanzada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras autoridades federales.
“Nadie sabía qué estaba pasando, parecía un secuestro y la gente se empezó a enardecer por el despliegue de fuerza y la actitud prepotente de los agentes, que empujaban y golpeaban a los trabajadores”, dijo el testigo que pidió no ser identificado.
Y entonces, se repitió la escena ocurrida días antes en San Diego, en el que el público protestó por el arresto con lujo de violencia de los trabajadores de un popular restaurante de esa ciudad fronteriza.
Ante el despliegue de fuerza, la comunidad de Paramount, donde más de 50% de sus habitantes es de origen migrante, formó barreras humanas y trató de impedir el traslado de los trabajadores detenidos. La respuesta de los uniformados fue lanzar gases lacrimógenos y balas de goma para tratar de controlar la situación.
El zafarrancho duró varias horas dejando a la comunidad enardecida. Mientras tanto, a unos cuantos kilómetros de distancia, en el Distrito de la Moda de Los Ángeles, se realizaba un operativo similar con una gran movilización de hombres encapuchados, armados y acompañados de vehículos antimotines, para detener en una fábrica de ropa a trabajadores que tenían hasta 15 años ahí.
Afuera, Yurien, hija de uno de los 14 empleados detenidos de origen zapoteco, dijo que las últimas palabras de su papá fueron a través de un mensaje de texto, en el que les avisó que había llegado la migra y no sabía si iba poder salir con bien. “Los amo, fue lo último que nos escribió”, expresó Yurien mientras abrazaba a su hijo de cuatro años.
En el operativo, David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU-USWW) fue arrestado por los agentes y llevado a una cárcel federal acusado de interferir en el operativo y agredir a agentes federales.
En esa primera semana de junio se multiplicaron los operativos del ICE. Por todos lados se veía a hombres encapuchados persiguiendo a trabajadores latinos. Los reportes de esos días narran redadas en Santa Ana, Long Beach, Pico Rivera, Huntington Park, Oxnard, Coachella y otras comunidades generando que un número aún no calculado de personas no asista a sus trabajos, ni a los centros de oración, ni a los mercados, centros comerciales o a las escuelas.
Hasta mediados de junio los operativos del ICE en el sur de California dejaron al menos 850 detenciones y la certeza de que se estaba de una estrategia de persecución con profundos tintes raciales, cuyo objetivo era sembrar pánico entre las comunidades migrantes.
De manera espontánea, el 8 de junio último, miles de personas tomaron las calles del centro de Los Ángeles, y lo que comenzó como una protesta pacífica desembocó en enfrentamientos con las fuerzas del Departamento de Policía de Los Ángeles, apostadas a las afueras del centro de detención, donde se suponía que estaban los migrantes capturados por el ICE.
Como de película
El escenario era perfecto para una película de guerra estilo Hollywood, en la que los patriotas norteamericanos luchaban contra una invasión de agitadores extranjeros financiada por enemigos internos y externos.
En esa narrativa el presidente Donald Trump actuaba con rapidez y salvaba al país enviando tropas de la Guardia Nacional y del cuerpo de Marines, para controlar lo que en su opinión era una insurrección que puso a Los Ángeles y a California al borde de una guerra civil.
Con tropas movilizadas para sofocar las protestas en diferentes partes del territorio nacional, y con frentes abiertos en todo el mundo, el presidente montó una escenografía bélica para celebrar el 225 aniversario de las fuerzas armadas y, de paso, su cumpleaños número 79.
Pero el festejo se lo aguaron más de dos mil manifestaciones que se realizaron por todo el país en una jornada llamada “No a los reyes”, que movilizó a millones de personas no sólo en grandes ciudades, también en pueblos y zonas rurales.
Como parte de esa escenografía, a las pocas horas empezó a circular en las redes sociales y en las páginas oficiales del gobierno de Estados Unidos la fotografía de un joven portando una bandera mexicana sobre un carro envuelto en llamas.
Ese mismo día el presidente Donald Trump aseguró que “en Los Ángeles estaba ocurriendo una invasión de extranjeros y que era necesario movilizar a la Guardia Nacional para controlar la insurrección que estaba en marcha”.
Con ese lenguaje bélico invocó el llamado “Título 10”, una ley que le permite al presidente federalizar a miembros y unidades de la Guardia Nacional de cualquier estado “en caso de rebelión o peligro de rebelión, o cuando el presiente no pueda ejecutar las leyes de Estados Unidos con las fuerzas regulares”.
Así, sin consultar con el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó la movilización de los primeros dos mil elementos de la Guardia Nacional.
Esa maniobra, cuyo objetivo era quitarle el mando a las autoridades locales de la Guardia Nacional, generó una profunda indignación entre los californianos que convirtieron a los miembros de las fuerzas armadas en el centro de sus protestas.
El 16 de junio último los sindicatos convocaron a una manifestación pacífica hasta la zona de los edificios federales para exigir la liberación de David Huerta y que se diera a conocer el paradero de los detenidos, ya que hasta ese momento nadie sabía a dónde los llevaron.
Esa marcha, con más de cinco mil personas, fue encabezada por líderes religiosos para tratar de evitar una respuesta violenta tanto de los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles, como de los elementos de la Guardia Nacional, que fuertemente armados y acompañados de tanquetas y autos blindados resguardaban edificios federales.
Por la tarde la tensión subió al máximo cuando jóvenes con máscaras antigás, escudos y garrotes enfrentaban a la policía en un abierto desafío. Una vez más la noche se convirtió en el escenario de los enfrentamientos, pero también de actos vandálicos. Más de 250 personas fueron arrestadas. Desde Washington, Donald Trump afirmó que sin su intervención Los Ángeles habría sido arrasada hasta sus cimientos por los invasores extranjeros.
Por la mañana la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, impuso un toque de queda alrededor de los edificios federales y aseguró que la ciudad no se encontraba en llamas ni tomada por turbas de extranjeros, como lo hacía creer el presidente Trump y la secretaria Kristi Noem.
El gobernador Newsom demandó al gobierno federal para recuperar el control de las fuerzas armadas. Un juez federal falló en primera instancia en su favor, pero, ante un amparo del gobierno federal, el control volvió a Donald Trump.
Una estrategia cuidadosamente diseñada
Desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aseguró que habría operativos en todo el país con el objeto de localizar y deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.
Ante esa advertencia, los habitantes de Estados Unidos sabían que habría operativos de los agentes federales en busca de delincuentes. Lo que no conocían es que se estaba diseñando una estrategia para criminalizarlos.
“Lo que cambió en los últimos meses fue que lograron vender la idea de que ser inmigrante era equivalente a ser delincuente”, considera Ben Monterroso, activista y promotor del voto entre las comunidades latinas.
Para lograr ese objetivo el presidente Trump y su secretaria de Seguridad Nacional, Kristie Noem, se dieron a la tarea de vincular a los migrantes con la delincuencia y acusar a las ciudades y estados santuario de no colaborar con las autoridades en la aplicación de las leyes federales de migración. En ese momento el presidente amenazó con que la falta de colaboración provocaría redadas indiscriminadas, especialmente en los estados y ciudades con leyes santuario, que son gobernados por demócratas.
A partir de marzo último se desplegó una multimillonaria campaña de Noem, advirtiendo a los inmigrantes indocumentados que, si no se autodeportaban, los encontrarían, deportarían y prohibirían su reingreso a Estados Unidos.
Para cerrar la pinza de la criminalización, vía una orden ejecutiva presidencial, en la que se buscaba “proteger al pueblo norteamericano de una invasión”, se estableció como fecha límite abril, para que todos los extranjeros mayores de 14 años se marcharan; de no hacerlo, decía la página del Departamento de Seguridad Nacional, “podría enfrentar sanciones penales y civiles, e incluso el enjuiciamiento por delito menor, el pago de multas y encarcelamiento”.
“Lo que hay detrás de este despliegue de fuerza de las autoridades federales es, sin duda, el deseo de aterrorizar a las comunidades migrantes, pero, sobre todo, hacer un espectáculo para los seguidores de MAGA (siglas del lema de campaña de Trump: “Make America Great Again”), quienes están convencidos, como su dirigente, de que el país es víctima de una conspiración extranjera que busca terminar con los valores de la sociedad norteamericana”, dice Pablo Alvarado, codirector de la Red Nacional de Jornaleros.
Parte de esa conspiración, de acuerdo a Kristie Noem, es la presidenta de México, Claudia Sheimbaum. En una reunión con el presidente Trump el 10 de junio último, Noem aseguró que “la presidenta convocó a los mexicanos a movilizarse violentamente en Estados Unidos”, algo que la mandataria mexicana descalificó categóricamente en numerosas ocasiones.
Persecución, miedo y perfiles raciales
Mientras las autoridades locales intentaban disuadir los actos violentos generados principalmente por la presencia de la Guardia Nacional, el presidente Trump se encargaba de encender aún más los ánimos movilizando a dos mil miembros más de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina, con sede en la base de Twentynine Palms, a unos 112 kilómetros al este de Los Ángeles.
Tanto el gobernador Newsom como la alcaldesa Bass declararon el peligro que se cernía sobre la población civil, ya que, si bien la policía tiene experiencia en el manejo de protestas y multitudes, en el caso de los miembros de las fuerzas armadas su entrenamiento tiene como objetivo aniquilar a sus enemigos.
Pero la ofensiva del gobierno federal no cesaba, por el contrario, intensificó las redadas en lugares con fuerte presencia latina, como las ciudades de Downey, Santa Ana, Pomona, Pico Rivera. “Es como si se tratara de un intento deliberado de provocar más protestas”, dice Ben Monterroso.
Después de los operativos descritos, quedó claro que el objetivo de Trump no era detener a indocumentados con antecedentes delictivos, como lo había dicho reiteradamente, sino una ofensiva contra los inmigrantes indocumentados latinos donde quiera que se encontraran: escuelas, hospitales, templos o centros de trabajo.
Son actos de provocación, afirma también Pablo Alvarado, codirector de la Red Nacional de Jornaleros, al señalar que las redadas tienen un claro perfil racial. “Están yendo específicamente contra la comunidad latina”, agrega.
Los agentes no parecían respetar a nadie. Incluso el senador por California, Alex Padilla, hijo de padres mexicanos, fue sacado a empujones de una conferencia de prensa que la secretaria Kristi Noem realizaba en la ciudad de Los Ángeles. “Quería pedir a Noem que informara a dónde se estaban llevando a los detenidos”, dijo Padilla en una conferencia de prensa posterior. “Si esto le hacen a un senador, qué no le harán a un jardinero, a un trabajador del campo, a un cocinero”, alertó Padilla.
Para Ben Monterroso, el régimen de Trump recuerda la época del “macartismo”, que tuvo su origen entre 1950 y 1956 cuando el senador republicano Joseph McCarthy desencadenó un extendido proceso de acusaciones infundadas, denuncias, interrogatorios, procesos irregulares y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas. “El objetivo es crear miedo”, denuncia. Y lo han logrado.
Zonas de la ciudad que tradicionalmente son importantes centros de actividad comercial, como el distrito de la moda o los mercados sobre ruedas, se ven desiertos. Incluso en lugares donde se requiere de grandes cantidades de mano de obra migrante, como en las ciudades destruidas por los incendios como Altadena y Pacific Palisades, los contratistas no encuentran gente para trabajar.
“Durante la pandemia estos trabajadores fueron considerados como esenciales, hoy son perseguidos y criminalizados”, recuerda Luz Gallegos, directora de TODEC, una organización que lucha por los derechos de los inmigrantes en las zonas agrícolas del valle de Coachella. “Nos han llegado reportes de agricultores que nos dicen que no pueden conseguir trabajadores para levantar las cosechas”, agrega.
Es tal el ambiente que incluso el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el más grande del país, ante la proximidad de las ceremonias de graduación, ha ofrecido trasmitir vía electrónica las graduaciones para evitar encuentros de los padres de familia con agentes de ICE.
Hasta el momento no existen números concretos de cuántas personas han sido arrestadas por el ICE en lo que va de junio. Sin embargo, un grupo de legisladores que tuvo acceso al centro de procesamiento del ICE en la ciudad de Adelanto, donde existe un centro de detención privado que presta el servicio al Departamento de Seguridad Nacional, confirmó que se encuentra a su máxima capacidad, con más de mil 200 internos. En mayo, dicho centro reportaba que tenía un total de 300 detenidos.
El regalo de Trump a Newsom
El enfrentamiento entre Trump y Newsom ha sido ampliamente difundido desde el primer mandato de Trump, pero se ha intensificado durante la actual administración. Las primeras críticas de este segundo mandato de Trump al gobernador demócrata llegaron en enero último, cuando los incendios destruyeron más de 12 mil estructuras en las ciudades de Altadena y Pacific Palisades. En esa ocasión Trump culpó al gobernador de no haber actuado con celeridad y lo calificó de incompetente.
“No se trata de que ‘le caiga mal el gobernador’”, dice el estratega político Luis Alvarado. “En realidad se trata de una estrategia más amplia que tiene como objetivo recuperar el estado para los republicanos en las próximas elecciones”, agrega Alvarado.
En este enfrentamiento abierto del gobernador con la administración Trump se ha llegado al extremo de que Tom Homan, el llamado zar de la frontera, haya dicho que, si “Newsom obstruye los operativos, lo mandaría arrestar”.
“Vengan a arrestarme, ya saben dónde encontrarme”, respondió Newsom a quien la bravuconada de Trump y sus funcionarios le cayó como anillo al dedo para cimentar sus aspiraciones presidenciales.
Y es que, tras los enfrentamientos con el presidente, se ha colocado bajo los reflectores de la nación, como la cabeza de un movimiento de resistencia al autoritarismo y de defensa de la democracia.
Por ahora, Newsom ha logrado captar la atención nacional de su partido con miras a 2028, pero todavía está muy lejos esa fecha.








