miércoles 18 de noviembre de 2026

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El debate del 20 de abril entre los candidatos a la Presidencia de Francia –Emmanuel Macron y Marine le Pen–, visto por 16.5 millones de franceses, fue crucial. En él, el actual mandatario acorraló a la aspirante ultraderechista y la hizo trastabillar. Los sondeos ya le dan la mayoría al habitante del Elíseo, pero éste es apenas el primer paso de un conflicto en ciernes, pues –de alzarse con el triunfo– sus electores le exigirán conciliar las garantías que ofreció al sector empresarial con los compromisos sociales y ecológicos que esgrimió para seducir a los sectores izquierdistas.

París.- A sólo dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales –y al cierre de esta edición– no parece irreal predecir la reelección de Emmanuel Macron en la Presidencia de Francia, aun si invita a la prudencia el antecedente de las inesperadas victorias de los partidarios del Brexit en Gran Bretaña y de Donald Trump en Estados Unidos en 2016.

Confirman tal hipótesis los sondeos de opinión –favorables al presidente-candidato, que obtendría 57.5% de los votos– y las repercusiones del debate televisivo, seguido en vivo por casi 16.5 millones de franceses, que lo enfrentó con Marine le Pen durante tres horas, el pasado miércoles 20.

Seguro de sí, con la prepotencia del tecnócrata convencido de tener un dominio perfecto de todas las temáticas abordadas, aparentemente respetuoso de su contrincante pero sutilmente insidioso y a veces amablemente cruel, Macron se impuso a Marine le Pen, que hacía esfuerzos sobrehumanos para no dejarse desestabilizar y buscaba defender un programa económico aproximativo y un proyecto de democracia al estilo polaco o húngaro.

Sin embargo, apartar a la líder de la Agrupación Nacional del Elíseo no significa apaciguar el conflictivo ámbito político y social de Francia.

De ganar Emmanuel Macron, sus electores exigirán que cumpla sus promesas de campaña y lo colocarán ante un profundo dilema. El presidente-candidato deberá conciliar las garantías que ofreció antes de la primera vuelta al sector empresarial y a su electorado más acomodado, con los compromisos sociales y ecológicos que se sacó de la manga en vísperas de la segunda vuelta electoral, para seducir a los sectores populares y a los jóvenes que votaron a favor de Francia Insumisa, partido radical de izquierda liderado por Jean-Luc Mélenchon, o por la Agrupación Nacional.

Basta recordar la amplitud y la virulencia del movimiento de los Chalecos Amarillos y las fuertes movilizaciones contra la reforma de las pensiones o a favor de las reivindicaciones del personal de los hospitales públicos, que desestabilizaron a Francia entre finales de 2019 y finales de 2020 para medir el potencial explosivo de la frustración de millones de electores de horizontes distintos.

Destacan los de Marine le Pen, humillados por dos derrotas seguidas en el escrutinio presidencial. Sigue un abanico de electores de izquierda aglutinados alrededor de los Insumisos, que acabaron votando por Macron en la segunda vuelta electoral “con dolor y para conjurar el espanto de la ultraderecha” o que votaron a favor de ella por odio a Macron. Equivalen a 22% del electorado, es decir 7.7 millones de personas firmemente decididas a seguir enfrentando “al presidente de los ricos”.

Diga lo que diga Macron, el balance de su quinquenio es malo y su personalidad inspiró en millones de franceses apolíticos o seguidores de Francia Insumisa y Agrupación Nacional un odio irrefrenable, de una intensidad pocas veces alcanzada en las últimas décadas.

En contra

Entre las principales fallas de Macron resalta su manejo solitario, vertical y soberbio del poder, “jupiterino”, dicen sus adversarios, diametralmente opuesto a las vibrantes declaraciones del candidato de 2017 que se pretendía “ni de derecha ni de izquierda” y se decía dispuesto a sintetizar lo mejor de ambas corrientes políticas para encarnar una manera novedosa y moderna de gobernar, abierta al diálogo con la oposición y la sociedad civil y favorable a cierta dosis de autogestión local.

Sin embargo, al igual que sus antecesores, Macron recurrió al artículo 49-3 de la Constitución, que le permitió prescindir del acuerdo de la Asamblea Nacional para imponer por decreto una parte de su controvertido proyecto de ley de reforma de las pensiones. El proyecto en su conjunto tenía que ser aprobado por el Senado, pero la crisis del covid interrumpió el proceso.

En materia de seguridad pública el balance del quinquenio deja bastante que desear. Las fuerzas del orden respondieron con violencia extrema a la virulencia callejera del movimiento de los Chalecos Amarillos, a menudo infiltrado por grupúsculos subversivos de los Black Block.

Según el Ministerio del Interior, 3 mil 100 personas –mil 900 civiles, manifestantes o paseantes y mil 200 policías– resultaron heridas en esos enfrentamientos, que se repitieron sábado tras sábado durante un año en las grandes urbes del país.

Unos 80 manifestantes siguen padeciendo graves secuelas de sus heridas, 17 perdieron un ojo y a cuatro les fue mutilada una mano, en todos los casos debido a disparos de balas de goma y granadas. Ese altísimo saldo de víctimas fue objeto de severas críticas de la ONU y de la Comisión Europea.

Si bien Macron “consultó” a la sociedad civil, siempre lo hizo coaccionado por protestas ciudadanas y sólo tomó parcialmente en cuenta sus sugerencias. Entre las grandes deliberaciones “horizontales” a que convocó destaca la cumbre sobre la violencia ejercida contra las mujeres, que impulsó buenas medidas pero careció de presupuesto para implementarlas.

También resultó frustrante La Convención Ciudadana sobre el Clima, que movilizó durante seis meses a 150 franceses de todos los horizontes políticos y desembocó en un proyecto de ley de altísima calidad, según todos los expertos en la materia. La ley finalmente presentada al Parlamento –y aprobada por él– es una versión bastante atenuada del proyecto inicial.

La economía

El balance económico que el presidente-candidato y sus partidarios califican de muy positivo plantea ciertas dudas.

Según cifras manejadas por el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE), publicadas hace dos meses, Francia se convirtió en el país más atractivo de Europa para los inversionistas extranjeros, su tasa de crecimiento fue de 7% en 2021 y la del desempleo, de 7.6%, la más baja en 12 años.

Si bien los dos primeros datos son exactos, mucho más cuestionable resulta la tasa de desempleo, cuya baja se debe en gran parte al auge del empleo precario.

El mismo INSEE precisa que actualmente 12.4% del total de los trabajadores galos saltan de un contrato de duración determinada a otro o de un empleo temporal a otro. Eso significa que 3.3 millones de franceses viven en forma permanente en una angustiante inseguridad laboral. Semejante precariedad se debe a la reforma del Código del Trabajo, promulgada en septiembre de 2017, que facilitó los procedimientos de despido.

El mismo INSEE señala además que 1.9 millones de desempleados salieron de las estadísticas porque dejaron de buscar activamente trabajo por múltiples y complejas razones.

Por otra parte, “la doctrina del flujo a cuentagotas”, defendida por Macron, no dio los resultados esperados. Según esa teoría, aliviar la presión fiscal que pesaba sobre los más ricos debía incitarlos casi automáticamente a invertir su capital en la economía real.

Animado por esa convicción, el flamante presidente suprimió el Impuesto sobre el Patrimonio e instauró un impuesto único de tasa fija de 30% sobre las rentas del capital.

France Stratégie, institución autónoma de análisis y propuestas en el campo social, económico y del medio ambiente a la que el primer ministro suele consultar, asegura que etas medidas no tuvieron impacto en la inversión empresarial y subraya que la reforma fiscal sobre las rentas del capital generó un aumento espectacular de pago de dividendos.

“Los hogares cuyos dividendos aumentaron más de 100 mil euros entre 2017 y 2018, entre 2018 y 2019 juntaron un récord de 9 mil millones de euros de dividendos. Se trata de un alza de 100% en relación con 2017”, señala entre otros datos de la mismo índole el informe más reciente de la institución.

El Instituto de Evaluación de las Políticas Públicas, organismo independiente, por su lado hace hincapié en la creciente brecha que separa a los más acomodados de los más desfavorecidos después de cinco años de “macronismo”. Según recalcan sus analistas, el poder adquisitivo de los muy ricos aumentó 2.8% y 4.1% en el caso de los ultrarricos, que son 0.1% de la población. Mientras tanto, 5% de los más pobres perdieron 0.5%. de su ya muy bajo poder adquisitivo.

Asociaciones de solidaridad y ONG denuncian la vulnerabilidad alimentaria de crecientes franjas de la sociedad y aseguran que en toda Francia diariamente reparten víveres y productos básicos a 7 millones de personas en promedio (10% de la población), muchas de las cuales trabajan pero cobran salarios que no les permiten cubrir gastos esenciales.

El INSEE confirma la gravedad de la situación: según sus cálculos, 9 millones 300 mil franceses vivían bajo el umbral de pobreza en 2020, lo que equivale a un aumento de 400 mil personas en relación con 2017.

Justo es reconocer que a lo largo de la crisis del covid, el presidente rompió con su dogma liberal para implementar un costoso plan estatal de apoyo al conjunto de las empresas galas, independientemente de su tamaño, que protegió al país de un desplome económico y de una catástrofe social. Pero semejante iniciativa aumentó en forma exponencial la deuda externa francesa, que alcanzó 2.8 billones de euros en 2021 –una de las más altas de la eurozona– y se disparó hasta 112.9% del PIB.

La otra posición

Es el conjunto de estos y otros numerosos factores –sociales, económicos e inclusive psicológicos o afectivos– que Marine le Pen capitalizó durante el quinquenio de Macron y particularmente durante el largo periplo por Francia que realizó en su campaña electoral.

No escatimó esfuerzos para encontrar a “los de abajo”, siempre a la escucha de sus quejas y reivindicaciones, pero también ansiosa de convencerlos de que la inmigración es la principal causa de sus males. Durante meses explicó a sus interlocutores que cancelar las prestaciones sociales que el Estado francés otorga a los extranjeros permitiría ahorrar 16 mil millones de euros anuales que podrían ser devueltos a los franceses empobrecidos.

Su programa presidencial es elocuente al respecto. Su eje central es la lucha frontal contra la inmigración, acoplada con una aplicación drástica de la prioridad nacional, que establece una jerarquía entre franceses y extranjeros. Los primeros deben disfrutar de un derecho preferencial a empleos, viviendas y prestaciones sociales a expensas de los segundos, aun si radican legalmente en el país y cumplen todos sus deberes ciudadanos.

Semejante postulado discriminatorio entra en absoluta contradicción con el preámbulo y con los dos primeros artículos de la Constitución francesa, heredada de la ideología de la Ilustración y de su principio fundamental de igualdad.

Por lo tanto, el programa de Le Pen preconiza organizar un referéndum para modificar el artículo 11 de la Constitución, que define el campo de aplicación del referéndum con la idea de ampliarlo y usarlo cada vez que se necesite para prescindir del Parlamento, y otro para aprobar proyectos de leyes sobre la lucha contra la inmigración, el control de las fronteras del país, la expulsión de los delincuentes extranjeros y la aplicación de la prioridad nacional. No queda claro si los dos referéndumes deben celebrarse al mismo tiempo.

El programa incluye también la supresión del derecho de suelo (un joven de padres extranjeros nacido en Francia puede pedir la nacionalidad francesa al alcanzar la mayoría de edad), una fuerte reducción del reagrupamiento familiar, un acceso limitado a la naturalización…

Lejos de afectar la adhesión a todas estas medidas racistas, la probable derrota de Le Pen amenaza con reforzarla y envenenar aún más el clima malsano que agudizaron en el país sus discursos y los de Eric Zemmour,­ su contrincante de extrema derecha.

En Francia nadie se hace mayor ilusión y queda claro que el país se apresta a vivir tiempos tumultuosos, primero con las elecciones legislativas que se celebrarán los próximos 12 y 19 de junio y son unánimemente consideradas como la “tercera vuelta presidencial”. Y luego con la cuarta vuelta, que será “social”, pues sobran motivos de descontento.

Entre ellos sobresalen la inflación y las nuevas discusiones sobre la Ley de Reforma de las Pensiones, que amenaza prender de nuevo los ánimos.

Más combativo que nunca, Mélenchon, convertido en líder de la oposición de izquierda, incita a sus correligionarios a elegirlo como primer ministro.

Independientemente de su provocación, el líder de Francia Insumisa insiste en la urgencia de una amplia alianza progresista y de la movilización de los 12.8 millones de electores que se abstuvieron en la primera vuelta electoral, con el fin de arrebatar a La República en Marcha su amplia mayoría en la Asamblea Nacional y de impedir que Macron vuelva a ejercer el poder con la misma verticalidad. Un objetivo difícil de alcanzar.