miércoles 18 de noviembre de 2026

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La violencia se enseñorea en Morelos, mientras el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se encuentra en problemas, pues no puede explicar el destino que le dio al armamento adquirido en 2020 a la Sedena para brindar seguridad a la entidad en la que hoy, según los detractores del mandatario, la gente vive con miedo. Sin embargo, López Obrador lo defiende, dice que el exfutbolista es víctima de los ataques del caciquismo político y económico que prevalece en Morelos.

Cuauhtémoc Blanco enfrenta otro partido más en su carrera como gobernador de Morelos. A las acusaciones de enriquecimiento ilícito y los intentos por desaforarlo, así como la polémica por las fotografías donde posa junto a presuntos narcos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un informe en el que señala un desvío de 85 millones de pesos a la Hacienda Pública Federal, principalmente en materia de adquisiciones.

Los recursos que la ASF auditó en septiembre de 2021 son parte del ejercicio de 2020 que el estado de Morelos recibió como parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) destinados a la disminución de los índices delictivos, así como para la capacitación y equipamiento de la policía.

De acuerdo con el informe de la ASF, destacan dos solicitudes de aclaración por el destino de un centenar de armas.

La primera es derivada de un convenio entre la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la compra de armamento y municiones de la que no se presentó evidencia de haberse formalizado ni entregado 80 pistolas calibre 9×19 milímetros, marca IWI, 30 fusiles de asalto calibre 5.56 por 45 mm, de la misma marca, 10 millares de municiones cartucho calibre 9 mm Luger, marca Federal American Eagle Full Metal Jacket. Esas armas fueron pagadas con recursos del FASP por 2 millones 577 mil 632 pesos que, hasta la fecha de la auditoría –septiembre de 2021– no había sido aclarado y por la que la ASF emitió la solicitud con el folio 2020-A-17000-21-1007-03-001.

En la segunda solicitud de aclaración, la ASF refiere que la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) se comprometió a entregar las facturas de los depósitos para la compra de 140 fusiles calibre 5.56×45 mm, una pistola 9×19 mm, 100 mil cartuchos calibre 5.56×45 mm, y 150 mil cartuchos 9 mm por un total de 8 millones de pesos por concepto de bienes pagados a la Sedena con recursos del FASP, pero no suministrados.

Otras irregularidades, etiquetadas como “Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”, fueron respecto a la videovigilancia del estado, pues la CES no presentó evidencia que justificara la renovación del contrato de “Servicios de conectividad C5” por adjudicación directa, pagado con fondos federales. Una situación similar ocurrió con la adjudicación directa en el rubro de adquisición de bienes para bases de datos y unidades de la Policía Cibernética, además de compra de equipo electrónico, mobiliario y software.

Cifras opacas

En 2020 Morelos recibió del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) un fondo de 204 millones 551 mil 35 pesos para implementar diversos programas en beneficio de la seguridad de la entidad, capacitación y equipamiento de la policía, prevención del delito, acceso a la justicia para las mujeres, fortalecimiento al sistema penitenciario, videovigilancia, registro público vehicular y evaluación de estos programas.

El estado, por su parte, aportó 61 millones 300 mil.

El informe de la ASF sobre ese año fiscal afirma que el saldo de la cuenta bancaria para administrar los recursos del fondo no coincide con el saldo pendiente de pagar y ejercer.

Para ello, se analizó una muestra de los 204 millones 551 mil pesos, de los cuales se identificaron 199 millones 601 mil como recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2020. Los 4 millones 949.9 mil pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación hasta el 21 de enero de 2021, fuera del plazo de la normativa.

Del monto comprometido, se reportaron como devengados, es decir registrados y pagados a futuro, 114 millones 333.9 mil pesos, por lo que quedaron pendientes de reportar 85 millones 267.2 pesos.

En cuanto a la transparencia como obligación del estado respecto del uso y destino de estos recursos federales, la ASF afirmó que la entidad gobernada por el exfutbolista, si bien reportó de manera trimestral el ejercicio y destino del dinero, no ocurrió así con la evaluación de los mismos ni el resultado de éstas. Es decir, se publicó en tiempo y forma en qué y cómo se gastaría el dinero federal para la seguridad de Morelos, pero se omitió publicar del uso real con evidencias de todos y cada uno de los rubros, con lo cual se incumplió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los programas más abandonados en materia de seguridad en Morelos, pagados con recursos del FASP de 2020, según el informe de la ASF, fueron el fortalecimiento tecnológico del registro vehicular con 0% de los recursos; la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana logró apenas 2% y el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y Ejecución de Medidas para Adolescentes obtuvo 8.7% del fondo. A pesar de que la propia ASF reportó una sobrepoblación en los centros penitenciarios en 2019 y 2020.

El informe concluye que “el Gobierno del Estado de Morelos no realizó una gestión razonable de los recursos del fondo”.

Para la diputada federal por Morelos, Jéssica Ortega de la Cruz, del partido Movimiento Ciudadano, hay una relación entre lo publicado por la ASF y los índices delictivos del estado.

“Son en parte producto del inadecuado manejo de los recursos públicos”, redactó en la solicitud de una auditoría del gasto del ejercicio 2021 al mismo fondo federal.

Durante los primeros dos meses de 2022, el SESNSP reportó 6 mil 770 incidencias delictivas en el estado de Morelos. Para marzo, la misma fuente indicó que se trataba del sexto estado con más homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con 4.6 a marzo de 2022, cuando el promedio nacional es de 2, una cifra que, además, aumentó respecto a marzo de 2021.

Para Ortega de la Cruz, Cuauhtémoc Blanco es un “gobernador ausente”, pues en la entidad no hay un trabajo coordinado ni comunicación con los demás poderes.

Ante los señalamientos de Blanco y sus aliados de que las investigaciones en su contra por enriquecimiento ilícito de él, sus asesores y familiares es orquestado por administraciones anteriores, la legisladora, quien es integrante de la mesa directiva de San Lázaro, asegura que es mentira, pues los morelenses viven con miedo ante la inseguridad que se vive todos los días.

“Desafortunadamente Morelos ya no es lo que era antes. Me da tristeza, pero a la gente le da temor asistir a nuestro estado. El Congreso local tendrá una amplia responsabilidad en cuanto a la decisión que se debe tomar del juicio político”, expresa De la Cruz, quien también ha sido parte de legislaturas locales por parte de MC y cercana, según la prensa local, a Jaime Álvarez Cisneros, quien fue secretario de Turismo durante la administración de Graco Ramírez, y quien en 2020 fue acusado por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco por ejercicio ilícito del servicio público por el sobrecosto en contratos con cantantes como Emmanuel y Mijares, que se presentaron en festivales turísticos organizados por Álvarez Cisneros en 2014.

AMLO: “Yo lo apoyo”

La diputada de MC se refirió a la próxima decisión que tomarán los legisladores locales para desaforar al gobernador a fin de que la fiscalía estatal lo someta a proceso por los delitos que se le imputan: ejercicio ilícito de funciones, falsificación de documentos, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante una autoridad, a raíz de una solicitud iniciada por la Fiscalía Anticorrupción del estado.

Después, si los legisladores deciden someterlo a juicio político –que es diferente al “proceso de formación de causa”–, lo que lo inhabilitaría para ocupar algún cargo público en los años venideros, se hará una votación en la que se requieren dos terceras partes de los 20 legisladores para obtener la mayoría calificada; es decir, 14 votos.

“Tendrá que aclarar cómo fue que han estado alimentando de recursos cuentas en Estados Unidos”, sostiene la diputada en relación con los señalamientos contra Blanco por su supuesta fortuna.

Encima de los funcionarios estatales y federales llegó la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de respaldar al gobernador. “No está solo”, dijo, y señaló como responsable de los ataques en su contra al caciquismo político y económico que prevalece en Morelos.

En alusión al exgobernador Graco Ramírez, López Obrador expresó en su conferencia del miércoles 20: “La traen en contra de Cuauhtémoc Blanco y no dejan de atacar, pero yo lo apoyo”.

En medio de la guerra de descalificaciones entre el ídolo del futbol nacional y sus adversarios políticos, Morelos se encuentra en una crisis de violencia, en particular contra las mujeres.

Según datos más recientes del SESNSP, Cuernavaca ocupa el lugar 18 en el ranking de los 100 municipios con más feminicidios del país, entre enero y febrero de este 2022, con dos casos. Así como el número uno con más mujeres víctimas de lesiones dolosas por cada 100 mil habitantes, con 20 en los dos primeros meses del año. Es el quinto estado donde hay más delitos de violación por cada 100 mil habitantes, con 4.27 durante el mismo periodo.