miércoles 18 de noviembre de 2026

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Pese a los hechos y señalamientos en su contra, no hay un camino terso para que Alejandro Gertz Manero deje la Fiscalía General. Ya sea que el fiscal pretenda renunciar al cargo o que López Obrador decida removerlo, existen candados constitucionales que deben ser abiertos por el Senado. Además, por ley debe justificarse su salida de la institución bajo el argumento de una falta administrativa grave o un delito que implique ser detenido, así lo explica Alejandra Hernández, analista jurídica de la organización México Evalúa.

La eventual salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) parece enfrentar un camino complicado: de entrada, el proceso por el cual pudiera ser removido o presentar su renuncia tiene candados que debe abrir el Senado, y, aunque se trate de una salida política “pactada” entre el fiscal y el presidente Andrés Manuel López Obrador, constitucionalmente están obligados a justificar esa decisión con alguna falta administrativa grave o la comisión de un delito doloso que amerite prisión preventiva oficiosa.

Alejandra Hernández, analista jurídica de la organización México Evalúa explica: “Para su remoción, el fiscal o el Ejecutivo federal tendrían que justificar esa decisión en unos supuestos muy específicos que vienen en la Constitución y en la Ley General de la Fiscalía General de la República.

“Entonces no está claro que el Ejecutivo federal se arriesgue a abrir un frente con alguna investigación criminal o un procedimiento administrativo contra Gertz Manero para, entonces, contar con una causa grave que justifique su remoción. Esta sería una puerta que, de entrada, veríamos compleja para abrirse.”

Además, en caso de que López Obrador sea quien lo remueva, expondría aún más la reputación y la credibilidad de la institución. Si, por el contrario, Gertz es quien presenta la renuncia, igualmente tiene que pasar por la aprobación del Senado, como lo marcan la Constitución y la ley de la fiscalía, y tendría que ser aprobada por mayoría simple, aclara la especialista. “Considero que hay un grado de complejidad para que el fiscal exponga cuál es esa causa grave por la que se retira. Estos son los filtros para esta salida que se está adelantando en los medios de comunicación”.

–La primera hipótesis que comenta es una causa grave o un delito doloso; en tal caso la causa grave es más que evidente en los audios que se revelaron sobre su tráfico de influencias y el uso indebido de recursos de la FGR para dejar en prisión a la pareja sentimental de su hermano Federico, familia política a la que acusó de dejarlo morir –se le comenta a la investigadora.

–Para que se tenga por acreditada esa causa grave tendrá que realizarse un procedimiento en el cual se respete el debido proceso y la garantía de audiencia que tiene el fiscal Gertz. Entonces la autoridad correspondiente, ya sea el Tribunal de Justicia Administrativa o, en su caso, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción determinarían que se acredita dicha conducta, y el Ejecutivo tendría una razón probada para removerlo.

“No bastaría –indica– con el escrutinio y la crítica contra el fiscal que ha habido a escala de la opinión pública, sino que tendría que ventilarse un procedimiento, ya sea administrativo o de tipo penal, para poder tener por juzgada y acreditada la causa grave.”

–¿Están dadas las bases para una remoción política?

–Me parece que sería un costo político muy alto que asumirían López Obrador y el Senado.

–¿No es un costo más alto mantenerlo en la Fiscalía? El fiscal Gertz ha sumido a la FGR en el descrédito y durante su gestión se incrementó el nivel de impunidad a más de 95%, los casos que judicializa son los de portación de armas, que son en flagrancia, y el resto de los delitos no se investigan…

–Ha habido muchos casos paradigmáticos que han mermado la credibilidad institucional del fiscal y de su gestión. No podemos olvidar que él tiene aprobada una ley a modo, que conocemos como la Ley Gertz, y que incluso tiene incumplimientos importantes: no ha expedido el estatuto orgánico que debió haber salido hace más de medio año, tampoco el estatuto que regula a ese órgano que tiene que normar y vigilar la implementación del servicio profesional de carrera, por ejemplo.

“Además, estamos a muy poco de que venza el plazo para que el fiscal general cumpla con la obligación de presentar este plan de persecución penal, que tampoco ha presentado al escrutinio público. Sí, ya está mermada la gestión del fiscal y el panorama no es promisorio para ambas partes.”

–Parece que en el Senado no habría impedimento para que el fiscal se vaya, ni por parte de la oposición y, mucho menos, de Morena, si es que es una decisión del presidente.

–El punto es qué motivo se dirá como causal de su salida. En caso de renuncia, ni la ley ni la Constitución hablan de qué es lo que podría entenderse por causa grave. Si nos vamos a cuál es la conducta o el perfil que debe guardar el fiscal general, la ley lo apunta muy bien: tiene que tener buena reputación, calidad profesional relevante, trayectoria en el servicio público o en la actividad jurídica que sea destacada; tiene que guardar honorabilidad, alta calidad técnica y estar comprometido con valores democráticos, valores de derecho, con independencia y reconocimiento social.

“También tiene que haber servido con eficiencia, con propiedad, y haberse distinguido por su honorabilidad en su competencia para el ejercicio de la actividad jurídica.

“Eso es un parámetro que nos está marcando la base del buen desempeño del fiscal general. Él incurre en causa grave cuando está dejando de lado la propiedad, el profesionalismo, la ética en el actuar como titular de una institución tan importante. Sin embargo, me parece que, al menos en el discurso oficial, el presidente mantiene gran consideración hacia el fiscal Gertz”, agrega Alejandra Hernández.

El martes 19 el periodista Mario Maldonado publicó en el diario El Universal una versión sobre la inminente salida del fiscal Gertz Manero, y señaló que dicha decisión fue acordada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, la analista de México Evalúa considera que, si bien la publicación maneja que la decisión está tomada, “veo difícil que se concrete dado el costo político. Hay que ver qué tanto el presidente está dispuesto a lastimar aún más la institución, la gestión del fiscal y a sí mismo, porque fue a él a quien apoyó desde un inicio, y lo apoyó para que tuviera una ley a modo. Me parece que el presidente ha demostrado que prevalece su confianza en Gertz y que aún está dispuesto a seguir con él en la Fiscalía”.

El caso Robles

El jueves 21 se dio a conocer que un juez otorgó un amparo a Rosario Robles porque consideró que Gertz Manero violó el debido proceso de la detenida al ventilar aspectos de su carpeta de investigación.

Robles está involucrada en el desvió de 5 mil millones de pesos por contratos firmados entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En las audiencias iniciales la anomalía que se le detectó a Robles fue una tarjeta de débito que contaba con 2 mil 800 pesos de saldo, la cual fue dada de baja desde 2016, pero que la detenida no reportó en sus declaraciones.

Para la analista jurídica de la organización México Evalúa existe un evidente trato diferenciado en la manera con la cual la FGR de Gertz ha solicitado la medida cautelar de prisión preventiva para Robles.

En el caso de Emilio Lozoya fue muy claro que desde el primer momento en que llegó a México hubo un trato preferencial con el argumento de que estaba negociando el criterio de oportunidad a cambio de aportar información y pruebas contra personajes clave que, según Lozoya, recibieron sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Recuerda que en la audiencia en la cual Lozoya fue vinculado a proceso la Fiscalía se limitó a solicitar nuevamente su pasaporte y la imposición de un brazalete electrónico como medidas cautelares, pese a que existía riesgo de fuga por disponer de medios económicos. Sin embargo, la FGR optó por solicitar la prisión preventiva, hasta que se ventilaron las fotografías en las cuales el exdirector de Pemex apareció cenando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México, lo que desató una gran inconformidad pública. La Fiscalía se vio obligada a cambiar su posición y solicitó la prisión preventiva justificada.

En el caso Agronitrogenados la Fiscalía impuso prisión preventiva, pero el juez, en una de sus motivaciones, dijo que la FGR no había soportado bien el caso de la petición de medida cautelar, “y justo eso lo podemos contrastar con el caso de Rosario Robles, donde no había acreditado un riesgo procesal o un riesgo de fuga inminente y ella había puesto las probanzas necesarias ante el juez de control para acreditar que tenía arraigo en México y que iba a seguir con su proceso en libertad”.

Lozoya y Collado

Lo cierto es que la FGR deberá pedir que Lozoya resarza el daño, dice Hernández; para ello, en el caso Agronitrogenados deberá solicitar que reintegre los 400 millones de pesos, o sea 100% del daño causado por la venta a sobreprecio, si quiere aplicar un acuerdo reparatorio o un criterio de oportunidad.

Además de cuantificarse el daño material que se causa a la paraestatal, agrega, también deberá calcularse lo que se llama técnicamente lucro cesante o perjuicio, que es la ganancia que el Estado dejó de obtener por el contrato de compraventa.

Después de años de investigación y de que López Obrador aseguró repetidamente que Lozoya estaba entregando pruebas valiosas para incriminar a exlegisladores y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, finalmente en febrero último la FGR concluyó que los sobornos por poco más de 10 millones de dólares que Odebrecht pagó en México fueron transferidos exclusivamente a Lozoya Austin vía empresas ligadas a su familia. Para ello aportó 59 pruebas.

Si Lozoya desea negociar, deberá entregar el 100% de los 10 millones de dólares que recibió de Odebrecht y el 100% del daño causado por el lucro cesante, ni un cinco menos, señala la abogada.

Alejandra Hernández dice que Lozoya sólo tiene margen para negociar con el monto de la multa y los años de cárcel que le imputen.

Este, indica, es el mismo caso del abogado Juan Collado, a quien se le detectaron cuentas personales por más de 2 mil millones de pesos y quien recientemente solicitó un criterio de oportunidad a cambio de revelar los nombres de personajes del sexenio pasado involucrados en actos de corrupción.

“En este caso, Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, evidenció cuál ha sido el manejo del fiscal general, que es un manejo tendencioso o parcial del ejercicio de la acción penal.

“Los audios que circularon sobre el fallecimiento de su hermano tuvieron repercusiones que estamos viendo. Este asunto es uno muy claro, en el que se ve la capacidad disminuida del fiscal general por continuar con ese uso faccioso de la FGR”, agrega la analista.