Señor director:
El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) es un centro público de investigación adscrito al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que se dedica a la investigación, divulgación y formación de especialistas en ecología pesquera y planeación ambiental, entre otras áreas.
El Sindicato Único del Personal Técnico y Administrativo del Cibnor (Suptacibnor) tiene pactadas en su contrato colectivo de trabajo las medidas de fin de año, es decir, un bono económico para el personal técnico y administrativo sindicalizado del centro. Sin embargo, el director general del centro, a la brava, decidió en 2019 hacerlo extensivo al personal de investigación.
Lo anterior redujo significativamente el monto que se otorgó al personal técnico/administrativo y produjo observaciones por parte del Órgano Interno de Control, toda vez que, al ser recursos públicos etiquetados, no debieron alterarse sus beneficiarios. Como resultado, por litigio legal, los compañeros del Cibnor no han recibido esta prestación.
Mientras llega la sentencia, al menos 208 trabajadores del Cibnor llevan tres años siendo violentados en sus derechos adquiridos.
A diferencia del Cibnor, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), cada año sin excepción, paga a 107 personas (personal administrativo, técnico académico y asistentes de investigación) lo correspondiente a un bono económico por el mismo concepto.
Esto me lleva a reflexionar sobre el papel de los sindicatos combativos, como el Suptacibnor y el SUTCIESAS, que estamos luchando contra prácticas arraigadas que precarizan, excluyen, intimidan y simulan justicia social y laboral.
Atentamente,
Julio Antonio García Palermo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, SUTCIESAS








