El mundo quedó conmocionado al ver los cadáveres de civiles ucranianos –muchos maniatados– en la ciudad de Bucha, presuntamente ejecutados a mansalva por las tropas rusas. Moscú acusó un montaje de Kiev. Una matanza de civiles durante la guerra está penada por los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma; el problema es que hay que probar aquello de que se acusa, por lo que las autoridades ucranianas han comenzado la recolección de las declaraciones públicas y los testimonios de supervivientes y testigos.
ROMA.— La barbarie ocurrida en pueblos como Bucha y Borodianka, que durante un mes hicieron las veces de escudo ante el avance del ejército ruso sobre Kiev, conmocionó al mundo por el reguero de cadáveres de civiles inermes descubiertos esta semana después de la retirada rusa.
El gobierno ucraniano acusó directamente a Moscú, y Rusia respondió que se trata de un “montaje”, al mismo tiempo que múltiples voces se hicieron oír para exigir que estos hechos sean juzgados en tribunales internacionales. Con ello se abrió un debate sobre cómo investigar y enjuiciar a los responsables de estas matanzas, un proceso que los expertos creen que llevará años e incluso podría no completarse.
De hecho, en la actualidad existen una serie de infracciones aplicables al caso ucraniano y previstas en los Convenios de Ginebra de 1949 y el Estatuto de Roma, adoptado en 1998. Se trata del delito de lesa humanidad, que implica haber cometido, de forma sistemática y a gran escala, ataques contra la población civil (se excluye a los militares).
Luego están los delitos tipificados como crímenes de guerra en sí, donde la responsabilidad es individual y que incluyen el homicidio y la violencia sexual en situación de guerra. Y se suman al grupo dos más: el genocidio, que aplica cuando se denuncia la intención de un plan para destruir a un grupo nacional, étnico o religioso como tal, y el delito de agresión, el último reconocido por la Corte Penal Internacional (CPI) en 2018 y que se contempla cuando existe un atacante que va contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado.
Pero todo ello, por supuesto, se tiene que demostrar, lo que empieza con la recolección de las declaraciones públicas y de los testimonios de supervivientes y testigos, así como la recopilación de las pruebas, que hoy día pueden incluir tanto imágenes de satélite y fotografías en el terreno –algunas ONG ucranianas están usando apps para que la población pueda colaborar–, como material digital difundido en redes sociales y en medios de comunicación. Y de ahí también que fiscales ucranianos hayan empezado a ir pueblo por pueblo para recolectar pruebas, trabajando con forenses para los informes médicos de los afectados. Esto porque es el paso previo a la tipificación de las acciones que son consideradas delitos, y la instrucción de los procesos.
Aun así, tanto especialistas ucranianos como internacionales afirman que consideran que existen “elementos que corroboran que estos delitos han sido cometidos”, como dice Sergei Petukhov, profesor de derecho internacional y exviceministro de Justicia de Ucrania. “En el caso del delito de agresión, el presidente ruso (Vladimir Putin) comunicó públicamente sus intenciones en Ucrania, y la Asamblea General de la ONU lo ha condenado”, ejemplifica Petukhov, al advertir que, sin embargo, estos procesos podrían alargarse “muchos años”, especialmente “si la guerra no se detiene”. “Hay centenares de víctimas”, insiste Petukhov, al decir que tampoco se excluye que se haga un llamado para que los soldados rusos que han presenciado crímenes se presenten a atestiguar a cambio de protección.
“Claramente en Ucrania se han cometido crímenes de guerra, y la tecnología ayuda”, coincide la abogada argentina Irene Victoria Massimino, especialista en derecho internacional y cofundadora del Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio. Aun así es “muy difícil” que Putin acabe sentado en un banquillo, ha subrayado el jurista español Ángel Sánchez Legido, en una reciente entrevista con una agencia española.
De hecho hay grandes “peros” a la posibilidad de juzgar, en un tribunal internacional, los crímenes cometidos en Ucrania o imputar a Putin.
El primero reside en la intrincada tarea de establecer cuál es el tribunal con más posibilidades de tener éxito. De hecho el Kremlin revocó en 2016 su firma del Estatuto de Roma, algo que es un gran obstáculo para que las denuncias puedan dirimirse por completo en la CPI porque supone que los ciudadanos rusos no pueden ser directamente juzgados por este órgano, salvo que así lo disponga el Consejo de Seguridad de la ONU, en el cual Rusia tiene derecho de veto.
Resultado: a pesar de haber abierto una investigación, la CPI no podrá abrir un juicio en las circunstancias actuales, algo que podría ocurrir sólo en el hipotético caso de que Putin pierda poder y Rusia cambie de voluntad en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Más aún: tampoco Ucrania es un Estado parte en el Estatuto de Roma, por lo que el fiscal de la CPI tiene que contar con el aval de Kiev para avanzar en un eventual enjuiciamiento, algo que, sin embargo, ya ha ocurrido en el pasado. Dicho esto, es difícil prever qué ocurriría en el caso de un procedimiento en el que se impute, por ejemplo, a un ciudadano ucraniano acusado de haber asesinado a soldados rusos capturados –como se ha denunciado–, en violación del Convenio de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra en tiempos de conflictos.
Otra opción es la creación de un tribunal penal internacional específico, como ha pedido el jurista francobritánico Philippe Sands, profesor del University College de Londres y director del Proyecto Sobre Cortes y Tribunales Internacionales de la institución.
Un ejemplo es el del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Pero en este caso el apoyo político de la comunidad internacional deberá ser amplio, subraya Massimino. “El tema es que tiene que haber un apoyo político muy significativo, porque crear un tribunal ad hoc implica reconocer los grandes fallos que tiene la CPI”, dice. “El discurso jurídico a nivel internacional está atravesado por cuestiones políticas. Eso siempre es así”, argumenta.
Una tercera alternativa es llevar las denuncias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU y que tiene la misión de dirimir conflictos entre Estados.
De hecho el gobierno de Kiev ya presentó una demanda contra Moscú por la ofensiva rusa lanzada el 24 de febrero, a la que la CIJ respondió –en sus conclusiones preliminares– exigiendo a Rusia suspender inmediatamente sus operaciones militares en Ucrania.
La argumentación de Rusia es que su operación militar en Ucrania fue lanzada para parar el “genocidio” que Ucrania habría llevado a cabo en las zonas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, el argumentario que Putin ha repetido en más de una ocasión. Pero tampoco en este caso hay consenso entre los expertos sobre si este tribunal es competente.
Nueva matanza
En medio de las disputas jurídicas, el viernes 8, al menos otras 50 personas fallecieron y un centenar quedaron heridas después del lanzamiento de misiles que impactaron en las inmediaciones de la estación de Kramatorsk, una localidad estratégica para que Rusia se refuerce en el Donbás. La mayoría de los afectados fueron ancianos, niños y mujeres, puesto que el sitio es un lugar conocido para las evacuaciones.
Repitiendo un guion ya visto en Ucrania, Rusia negó nuevamente el ataque y aseguró no poseer misiles Tochka-U, mientras que Kiev responsabilizó a Moscú.
“Este es un golpe deliberado a la infraestructura de pasajeros del ferrocarril y los residentes de Kramatorsk”, denunció, por su parte, la entidad de ferrocarriles ucranianos en una red social, al publicar una fotografía de un cadáver en el suelo al lado de automóviles arruinados por la explosión.
“Miles de personas se encontraban en la estación en el momento del ataque con misiles, mientras los residentes de -Donetsk eran evacuados a las regiones más seguras de Ucrania”, dijo, en cambio, el jefe de la administración militar regional de -Donetsk, Pavlo Kirilenko. “Los rusos sabían exactamente a quién apuntaban. La Federación Rusa es un imperio del mal y siempre lo ha sido. ¡Debe ser castigado!”, añadió.
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó el ataque de “maldad sin límites”. Según el mandatario, “como no tienen fuerza ni valor para enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, destruyen cínicamente a la población civil. (…) Si no se castiga, no cesará jamás”, concluyó, al criticar las acciones “inhumanas” de las fuerzas rusas.
“El 8 de abril, las fuerzas armadas rusas no tenían misiones de fuego en la ciudad de Kramatorsk y no estaban planificadas”, rechazó el ministerio de Defensa ruso, en un comunicado difundido en su cuenta oficial en un canal de mensajería instantánea.
El hecho ocurrió después de que fuentes occidentales aseguraran que las tropas rusas han abandonado la zona norte de Kiev y que Rusia estaría concentrándose en intensificar sus ataques en la zona este, tal como fue anunciado el pasado 25 de marzo.
De hecho el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la operación militar ucraniana podría estar a punto de concluirse próximamente, ya que los objetivos de Moscú se estarían alcanzando. Aun así, el nuevo ataque ya ha provocado nuevos desplazamiento de civiles hacia el oeste de Ucrania, como pudieron comprobar periodistas desplazados hasta la zona en la ciudad de Dnipropetrovsk.
Reflejo de la situación bélica de Ucrania, durante la semana pasada, si bien las sirenas antiaéreas siguieron encendiéndose en distintas zonas del país, ahora son cada vez más recurrentes en las ciudades y pueblos que se encuentran en la zona este.
Aun así, el mismo día del ataque en Kramatorsk –el número 44 de la guerra de Ucrania–, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el alto representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, y el primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger, fueron a la capital de Ucrania en una visita en la que también se comprometieron a entregar mil 500 millones de euros para que Kiev pueda comprar armamento.
Borrell además anunció la reapertura de la legación diplomática de la UE en Kiev, un gesto simbólico tras la huida de la casi totalidad de las embajadas occidentales en marzo. En la misma línea, el político español también condenó el ataque en Kramatorsk al considerarlo “un intento más de cerrar las vías de salida para quienes huyen de esta guerra injustificada”. “Ucrania controla su territorio. No es un país invadido, dominado. Hay aún un gobierno que recibe gente desde fuera y se puede viajar a Kiev”, concluyó Borrell.
Acto seguido también los dirigentes europeos visitaron Bucha, la ciudad cercana a Kiev que es un símbolo de las matanzas de civiles. Tanto que es precisamente este uno de los lugares donde en las próximas semanas se buscarán pruebas de esos crímenes que horrorizaron el mundo. Zelenski ya anunció que hay otros lugares similares (a Bucha), en referencia a ciudades como Járkov, Chernihiv y Ojtirka. “La misma crueldad. Los mismos crímenes terribles”, afirmó.








