miércoles 18 de noviembre de 2026

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En su segundo informe sobre la situación carcelaria en el Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero presenta una visión descarnada de lo que priva en los 22 penales mexiquenses: cobros múltiples a los internos, corrupción en todos los niveles, negocios millonarios con la venta de alimentos o lugares para dormir… Pero el subsecretario de Control Penitenciario del Estado de México, Manuel Palma Rangel, lo niega todo. Dice que el problema es la sobrepoblación.

EDOMEX.– Los penales de la entidad son un negocio subterráneo integral que cada año genera miles de millones de pesos de los que nadie rinde cuentas. Cada uno de los 34 mil internos de las 22 cárceles mexiquenses y sus familias se convierten en clientes que pagan por la satisfacción de sus necesidades básicas… y por su supervivencia.

En su “Segundo informe sobre situación carcelaria en el Estado de México: violaciones a los derechos humanos de los internos y a visitas”, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) expone esta realidad penitenciaria, en la que 86.4% de los familiares de los internos pagó en promedio mil 259 pesos por visita para ingresar alimentos y 83.1% fue víctima de sobornos por parte de los custodios;

Según la Subsecretaría de Control Penitenciario, el informe del CDHZL “se sustenta en denuncias verbales que no se han formalizado ante las instancias legales correspondientes”. Y como justificación, indicó que para evitar abusos de autoridad e irregularidades se rota al personal operativo, administrativo y directivo.

Un custodio de un penal en el Valle de México –de quien se omite identidad para evitar represalias– habla con Proceso de la amplia gama de cobros que comienzan, dice, cuando los visitantes clandestinos o especiales –es decir, quienes no cubren los requisitos de ingreso– pagan entre mil y 3 mil pesos sólo por entrar.

Por el derecho a pasar al locutorio, el interno paga 50 pesos; 200 pesos por 20 minutos en la cabañita (casa de campaña habilitada para la visita íntima), y 300 pesos por 20 minutos en el área de visita íntima.

Sostiene que cerca de 60% de la población masculina y 25% de la femenina recibe visita una vez a la semana. En estos casos, cada familia gastó 5 mil pesos mensuales. En suma, los aproximadamente 20 mil internos visitados con regularidad generan 100 millones de pesos por mes.

Mariana “N”, familiar de un interno, asegura que se les cobra entre 30 y 70 pesos por el derecho a sentarse en una mesa durante la visita, y entre 20 y 30 pesos por ingresar una prenda, aunque ésta cumpla con todos los requisitos.

En los penales mexiquenses todo cuesta.

Hotel VIP

El informe del CDHZL también revela que 89.8% de las personas privadas de la libertad (PPL) en algún momento de su estancia en la cárcel no logró acceder a cama; 71.2% a agua potable; 84.7% no tiene atención médica oportuna, y 72.9% padeció abuso de autoridad.

Aunque las tarifas varían de un penal a otro, el custodio consultado por Proceso comenta que en todos se cobra ingreso o traslado. Indica que mediante golpizas al interno se obliga a la familia a pagar 5 mil pesos por “convivio” para garantizar la tranquilidad de su estancia. Si tiene dinero, “le sacan entre 50 mil y 100 mil pesos y suelen despojarlo de su coche con el pretexto de ponerle gatilleros (internos para resguardo)”.

El derecho a dormir en “catarrata” (o en el suelo) detalló, va de mil a 3 mil, o 5 mil sin “talacha”. Esta última es una práctica que obliga al PPL a hacer limpieza a mano, hincado, ayudado con el “chicharrón” (una cobija vieja y sucia), mientras sus compañeros lo golpean hasta que acepte pagar de 500 a mil pesos.

La renta semanal de su lugar en la celda va de 150 a 500 pesos, dependiendo de la ducha con agua fría o caliente; y de 20 a 50 pesos si duerme en el baño parado o “de a cebollita” (sentado en el suelo, en fila).

José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C., recuerda que durante su estancia en Chiconautla, donde estuvo recluido más de tres años por cuatro carpetas fabricadas, llegó a dormir en una celda de cuatro por cinco metros con 90 personas.

En los centros de readaptación social mexiquenses se pasa lista cuatro veces al día: a las 6:00, 8:00, 13:00 y 18:00 horas. Por cada falta, el PPL paga 10 pesos y, en algunos casos, los familiares reportan que también se les propinan “tablazos”.

El custodio entrevistado narra que los encargados de servicios generales sustraen la mitad de los alimentos que el gobierno adquiere con La Cosmopolitana, S.A. de C.V., una empresa investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera a causa de las irregularidades en el servicio que presta a los centros penitenciarios en varios estados y denunciada por presunta corrupción y lavado de dinero (Proceso 2349).

La comida sustraída se prepara de distinta manera para revenderla; a lo que queda para población, agregan caldos que le dejan mal aspecto, saben mal y, en ocasiones, enferman a los internos.

Para revender el abasto también se cambian las dietas; los cocineros preparan “pantano” (huevos duros con verdolagas), según Pérez Espinoza. Por eso 40% de los reclusos pide comida a sus familias y paga 200 pesos para guardarla en el refrigerador durante la semana, o compra las porciones hurtadas que en cárceles como Chiconautla son económicas porque no implican ninguna inversión.

El ingreso de alimentos prohibidos como la piña, que se puede fermentar y servir como bebida embriagante; el pozole, que se prepara con carne de cerdo y puede ser fuente de infecciones, o la papaya, que se presta para ocultar armas o sustancias, cuesta alrededor de 50 pesos, refiere el custodio.

Para la reventa, dice, también se sustraen medicamentos de la enfermería y “se ordeñan” los que los familiares llevan. Sólo se tiene una ambulancia adscrita al penal psiquiátrico de Neza, pero nunca se usa, para mantenerla en buen estado y conservar la certificación. Por falta de gasolina y personal médico acompañante, comenta, se evitan los traslados de internos enfermos a hospitales.

Y añade que los talleres para emplear a los reclusos son insuficientes por el tamaño de la población; tampoco son redituables porque el interno compra su material al doble o triple de su valor. Los salones son insuficientes y los PPL pagan cuota al pasar por la esclusa que lleva a la escuela. Por permanecer en el patio más tiempo del permitido pagan entre 10 y 200 pesos, dependiendo de las horas fuera, relata Pérez Espinoza.

“Modus operandi”

Las cárceles mexiquenses tienen sus propias tiendas, en las cuales los costos de los productos se elevan entre 80 y 150%. Las mercancías son controladas por el almacén.

En cada dormitorio, según el custodio consultado por Proceso, hay cigarreros que también venden cacahuates y chicles; los comandantes expiden concesiones para la venta de mariguana, piedra, cocaína o activo; “se pagan 10 pesos por el aerosolazo para la monita”, puntualiza.

Las tarjetas telefónicas tienen costo comercial de 30 pesos, pero se venden en 50 o 60; el recluso también paga 10 pesos por el permiso a hacer una llamada. Por tener un celular se cobran mil 500 semanales, indica el custodio.

En la estructura comercial están involucrados algunos internos, los del “autogobierno” o “cuarto turno”, quienes se encargan del control, la “disciplina”, los cobros, las extorsiones. En otros casos cobran los custodios; todos, dice, reportan a sus superiores.

Estima que la corrupción en todos los centros penitenciarios estatales comenzó a finales del sexenio de Arturo Montiel y principios del de Enrique Peña Nieto.

Y como todos comparten las ganancias, la Secretaría de Seguridad niega ese millonario negocio en los penales, de ahí que no fructifiquen las quejas y denuncias.

En entrevista con Proceso, el subsecretario de Control Penitenciario del estado, Manuel Palma Rangel, justifica que 95% de la problemática que se presenta en los centros tiene su origen en la sobrepoblación: hay capacidad para 14 mil personas y se tiene sobrecupo de 20 mil.

Considera complicado que se configuren actos de corrupción sin que sean detectados, pues en todas las aduanas y esclusas hay cámaras monitoreadas por personal del C5, que no depende de su área.

Palma Rangel afirma que ningún sistema de vigilancia del mundo es infalible y cabe la posibilidad de que ingresen ­artículos prohibidos, pero “si se detectan se toman cartas en el asunto”. En los últimos cuatro años, indica, 62 elementos fueron depuestos y más de 200 son investigados por presuntas violaciones a los protocolos.

También explica que todos los custodios están certificados y niega que haya autogobierno en las cárceles mexiquenses. “Si lo hubiera, no habríamos podido suspender la visita familiar un año durante la pandemia”. Aclara que cada PPL tiene derecho a inscribir a cinco personas para que lo visiten; no es necesario ningún cobro porque ya están credencializadas.

Niega alteración de precios en las tiendas, ya que son supervisadas por un comité de vigilancia. “Nos fiscaliza la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría interna, la Subsecretaría de la Contraloría del Estado”, dice; tampoco admite cobros por uso de cabinas telefónicas porque, asegura, se encuentran en los patios.

El servicio de alimentos es el proceso más auditado, según Palma Rangel. “Tenemos que cumplir con los nutrientes básicos que nos exige la norma y se hacen dietas especiales para diabéticos e hipertensos”, aunque de pronto “es normal que alguien enferme”.

Respecto a la atención médica de los internos, asegura que el convenio con el Instituto de Salud del Estado de México permite la que sea inmediata cuando es necesario, si bien argumenta que la mayoría de los padecimientos tiene su origen en enfermedades contraídas y desatendidas antes del ingreso.

Sobre las cuotas por “convivio”, el funcionario estatal admite que el hacinamiento obliga a los internos a compartir literas. “No sé de rentas”.