miércoles 18 de noviembre de 2026

x

El Congreso federal tiene congelado un proyecto de una nueva Ley de Aguas Nacionales y con ello mantiene vigente una legislación que ha permitido a una élite empresarial acaparar el recurso y lucrar con él en “proyectos de muerte”, sostienen el investigador Pedro Moctezuma y el activista Ricardo Valero. Explican que las consecuencias de esta mala gestión del agua van desde recortes al consumidor hasta tragedias como la reciente inundación de Tula. Existe una propuesta consensuada con las comunidades y que acompañó la ONU, pero la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, asesorada por empresas del ramo, no la toma en cuenta.

“La crisis de agua en México es provocada por la aún vigente Ley de Aguas Nacionales de 1992, que rompió los derechos, los equilibrios y la gestión del agua como bien común, generando un proceso de privatización acelerado con proyectos de muerte: grandes cerveceras, refresqueras, lecheras, minería tóxica, el fracking, y el cáncer de la urbanización caótica y la especulación inmobiliaria en áreas con escasez hídrica”, dice en entrevista el académico Pedro Moctezuma Barragán.

Después de 10 años en que las cámaras de Diputados y Senadores debieron emitir una nueva ley que privilegie el derecho humano al agua por sobre los grandes negocios que lucran con ella, Moctezuma Barragán, profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y Ricardo Ovando Ramírez, integrante de la Red Regional de Sistemas Comunitarios y Comités por la Defensa del Agua, urgen a que los legisladores retomen la Propuesta de Proyecto de Dictamen y Articulado de Ley General de Aguas, consensuado hace dos años con ciudadanos y comunidades.

“¡Ahora resulta –señala Moctezuma Barragán– que hay empresas que especulan con el agua mexicana en la Bolsa de Valores de Nueva York!, como JP Morgan Grupo Financiero, que goza de una concesión de agua por 57 mil metros cúbicos al año para uso agrícola, en Chalco, Estado de México, y cotiza en Wall Street. Tenemos otros casos como la cuenca del río Amecameca y La Compañía, en la misma situación.”

Entre las consecuencias de la ley salinista menciona: “El 70% del volumen concesionado está en manos de 2% de los concesionarios, y los distritos de riego que manejan 30% del agua están en manos de caciques”.

Explica que existe un problema “macro”: la normalización del consumo de agua en botellitas. La industria embotelladora tiene entre 70 mil y 80 mil millones de pesos en ganancias anuales, mientras que el presupuesto de la federación sólo destina 2 mil 500 millones de pesos a las obras de infraestructura, agua potable y saneamiento de los municipios.

“Cuando necesitamos hidratarnos, no hay de otra más que comprar botellitas de agua que se extrae de comunidades, en donde generan escasez. Es el caso de Bonafont en Iztapalapa; allí, en toda la calle Benito Juárez, se carece de agua. Irónicamente, colinda con una gran planta que extrae agua de la sierra de Santa Catarina, generando hundimientos diferenciales y fracturas en el subsuelo. Es el caso de Bonafont también en Cholula, Puebla; Tecámac, Estado de México, y otros puntos del territorio”, indica.

El investigador menciona el caso de la Región Lagunera de Durango y Coahuila, donde la minera Peñoles y las lecheras Lala y Chilchota secaron el río Nazas.

Plantea que el saneamiento es “urgente” porque 40% de los cuerpos de agua y 45% de las cuencas están contaminados y, aunque tengamos el acceso al agua, ésta es de baja calidad. Es necesario un cambio profundo que debe partir de los ciudadanos y las comunidades.

El Congreso de la Unión, dice, debe garantizar el cumplimiento de la sentencia del 24 de enero, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que incurren en “omisión” al no emitir una nueva Ley de Aguas, como marca el Transitorio 3 del artículo cuarto constitucional.

“Debemos estar atentos a la tentación a aprobar cualquier refrito de la Ley de Aguas Nacionales que mantenga el statu quo, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento hay una mayoría que representa intereses de los grandes negocios”, advierte.

Todo ello, a pesar de que la 64 Legislatura ya generó la Propuesta de Proyecto de Dictamen y Articulado de Ley General de Aguas, que se presentó inicialmente el 4 de febrero de 2020. El 28 de septiembre de ese año la propuesta fue consensuada y acompañada por Léo Heller, relator especial para los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento de la ONU, y en marzo de 2021 por el relator Pedro Arrojo Agudo.

“La ONU simpatizó mucho con este proyecto de dictamen consensuado, que es producto de nueve años de trabajo, y la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados no ha considerado este dictamen como base para operar, sino que está asesorada por la Asociación Nacional de Empresas de Agua Potable y Saneamiento y por grandes promotores de los trasvases, técnica ya fracasada que genera enormes dividendos a las grandes compañías”, explica Moctezuma.

Añade: “También se asesoran por la hidrocracia, como llamamos al fingir que hay una nueva ley que asegura el derecho humano al agua, pero sin garantizar los instrumentos ni las instancias que cuenten con participación ciudadana que garanticen este derecho, como lo marca la Constitución”.

Considera que el riesgo de la hidrocracia es actual, por lo que invitan al Senado de la República para que debata sobre una Ley General de Aguas que garantice un proyecto evolutivo, con participación de la Secretaría de Gobernación para que, como enlace, haga un grupo de trabajo con el Ejecutivo y el Legislativo, incluyendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Ya tienen un proyecto consensuado por las comunidades y la ONU. Avalado nacional e internacionalmente. Tienen resuelto el problema. Pero prefieren ignorar ese proyecto y en su lugar, pretenden mantener el statu quo en favor de la élite empresarial”, afirma el investigador.

Recuerda que el diputado Mario Mata se coludió en la 64 Legislatura con el legislador Feliciano Flores Anguiano cuando estaba por aprobarse la Ley General de Aguas consensuada y obstaculizaron el proceso; en su lugar presentaron un proyecto de ley bautizado como Mata-Flores, que buscaba proteger intereses
empresariales.

Costos de la privatización

Integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida, el investigador señala: “En México 41 millones de habitantes vivimos con tandeo, o sea agua cada ocho o 10 días, por algunas horas en la madrugada, mientras que 10 millones no tienen acceso al agua entubada. Estos son efectos de priorizar el desarrollo urbano caótico de la industria inmobiliaria y no el derecho humano al agua”.

Además, prosigue, la minería termina con las aguas subterráneas y nos enfrenta al tema de la contaminación de los procesos de la industria metalúrgica, que libera químicos abrasivos por miles de metros cúbicos, los cuales se filtran a los acuíferos y los destruyen, en tanto que el fracking contamina el agua superficial y destruye la estructura del subsuelo.

–¿En qué lugares la industria minera ya agotó el agua subterránea?

–Es el caso de Peñasquito, Zacatecas, que genera una crisis regional por tener acceso a 40 millones de metros cúbicos para uso y disfrute, amparada también por la Ley Minera, cuyo artículo sexto prioriza como estratégico el uso de agua para la minería por encima del consumo humano.

–¿Hay que eliminar el artículo sexto de la Ley Minera?

–Se requiere una nueva Ley Minera que respete el ambiente y los derechos de las comunidades y no considere a la minería como la principal prioridad; que anteponga el agua para el consumo humano, el agua para los ecosistemas y el agua para los usos productivos más armonizados.

–¿Qué otras leyes tienen que modificarse?

–Asociada a la Ley de Aguas, una ley de alimentación que garantice el derecho humano a la alimentación y en ese sentido garantice la soberanía alimentaria. Necesitamos no sólo agua para los ecosistemas, sino agua de calidad para todos y todas, además una nueva Ley General de Salud con más “dientes”.

Moctezuma Barragán explica que la privatización del agua en Puebla, Veracruz, Saltillo, Torreón y Aguascalientes ha derivado en cortes de agua por aumentos de 300 a 500% en cuotas, lo que en época de covid es criminal. Por ejemplo, dice, “cuando algún vecino o alguna entidad no paga, se le corta el drenaje y se le bloquea con cemento la tubería, lo que afecta tanto a la persona que tuvo la desgracia de no poder pagar como a todos los vecinos”.

–El año pasado el presidente López Obrador declaró en dos o tres ocasiones que no es necesaria una nueva Ley General de Aguas. ¿El que la comisión legislativa no quiera aprobar una ley se debe a una línea política?

–Pudiera ser. En una mañanera ya tocó el tema. Sin embargo se verá si realmente hay voluntad cuando inicie un proceso de debate público en el Senado de la República, que considere los nueve años de aportaciones que hay en el proyecto de dictamen presentado en la anterior legislatura y le den curso.

“Se ocupan de megaobras que garanticen agua a los negocios, pero la solución al problema del agua se genera en primer lugar aprovechando la de lluvia, de las cuencas y con un rosario de obras micro. Tenemos capacidad para captar agua de lluvia en viviendas, en mercados, en escuelas; capacidad de mantener los cuerpos de agua bien conservados y como fuente para provisión.

“La economía circular, actualmente en boga, permite el reciclaje de los materiales y las soluciones basadas en la naturaleza son mucho más económicas que las grandes obras de ingeniería estilo siglo XX, como grandes presas y trasvases. En ese sentido, cuando se habla de infraestructura y de inversión, nos están haciendo creer que esto viene a beneficiar el acceso al agua para la población.”

Como ejemplo menciona la construcción del Túnel Emisor Oriente, en la Cuenca de México, que comenzó sin licitación ni proyecto ejecutivo, con un costo estimado en 9 mil 500 millones de pesos que al final se elevó a 50 mil millones. “¿Qué hace esta inversión? Expulsan 800 millones de metros cúbicos de agua, mezclando agua de lluvia con aguas residuales fuera de la Cuenca de México, contrapendiente, con un gasto energético enorme.

“¡Que nos digan de nuevo que estas son soluciones para la nueva gestión del agua es verdaderamente un engaño! Tenemos muchos casos de tragedias como la de Tula, ocurrida en agosto del año pasado, provocadas por la falta de manejo del agua, precisamente en el Túnel Emisor Oriente, que en su entrada causó inundaciones graves en Ecatepec.

“Ahora quieren tubos más grandes, que ya no sean de 50 mil sino de 90 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque corresponde a una lógica de grandes negocios a espaldas del pueblo de México.”

–¿Grandes negocios con qué empresas?

–La construcción y operación del Túnel Emisor Oriente le genera a Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, interés de 7% anual desde 2008. Cuando la tasa de interés estaba por los suelos, el gobierno de Felipe Calderón ofreció 7% de interés por esta obra que seguimos pagando. No sólo son los mecanismos de construcción opacos, caros y ahora obsoletos, sino que también su operación genera ganancias extraordinarias.

Acerca de que la Conagua pretende incrementar la altura de las presas, señala que a la presa El Zapotillo, en Jalisco, la subieron de 80 a 120 metros, ocasionando en sólo un día la inundación de Temacapulín y otras comunidades.

“Hay soluciones como el saneamiento de canales, habilitación de lagos y lagunas, captación de agua de lluvia en escuelas y mercados que generan agua suficiente para la población local, pero no son apoyados”, lamenta.

En cambio, asegura: “Nuestro proyecto de ley garantiza el agua de consumo humano, defiende los ecosistemas, los caudales ecológicos, las cuencas y aguas subterráneas, y defiende derechos ancestrales de los pueblos originarios sobre el agua, presentes en el artículo segundo constitucional”.

La Ley consensuada reconoce los 30 mil sistemas comunitarios de agua como clave para estos 10 millones de habitantes que carecen de acceso a las redes. Funcionan con faenas, aportaciones voluntarias en zonas rurales y semirrurales, son una gran solución y sin embargo operan en el desamparo, no tienen apoyo, no son reconocidos y cuando llega un proceso de urbanización, los alcaldes las expropian. “Por ello –dice el investigador– dichos sistemas comunitarios requieren ser definidos para que la solución al problema del agua también sea la gestión pública
comunitaria”.

Acerca de los préstamos de dinero que ofrece la Unión Europea (UE) a estados mexicanos para desarrollar proyectos hídricos, como pretende la Comisión del Agua y Saneamiento, Moctezuma
advierte:

“Es una asociación pública-privada con el Estado mexicano como garantía para obtener préstamos a menor tasa de interés. La UE aprovecha las inversiones social y pública para hacer uso de la infraestructura, aumentar tarifas y hacer grandes negocios en países del Tercer Mundo con ganancias asombrosas en Europa. ¡Esta manzana está envenenada! ¡Cuidado
con ella!”

Sujetos colectivos de derecho

Para Ricardo Ovando, la Propuesta de Proyecto de Dictamen y Articulado de Ley General de Aguas consensuada hace dos años es un hito histórico, que rompe el paradigma autoritario impuesto con la aún vigente Ley de Aguas Nacionales del salinato, de 1992.

Es, afirma, la democratización de la toma de decisiones en materia hídrica: “El Artículo 283, Capítulo ll, sección tercera, se refiere a los Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento. Esto es un parteaguas, porque propone nuestro reconocimiento pleno como sujetos colectivos de derecho público”.

Acerca de la necesidad de más obras de infraestructura, señala: “Cualquier obra es positiva, siempre y cuando cuente con el consentimiento previo, libre, informado, de buena fe y culturalmente apropiado de los pueblos y ciudadanos del país, sobre todo de los pueblos indígenas originarios, como señala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

“Los tres trasvases de agua que pretenden llevar de otras cuencas para el aeropuerto de Santa Lucía son obras importantes de infraestructura, pero impuestas de manera autoritaria, como razón de Estado. En nuestra iniciativa se plantea la obligación de sustituir la clásica Manifestación de Impacto Ambiental por una Manifestación de Impacto Sociohídrico Ambiental, la cual tiene como requisito indispensable el consentimiento.”

–López Obrador ha declarado que no es necesaria una nueva ley. ¿No hay voluntad para quitar esas grandes concesiones de agua a los empresarios?

–Pues así parece… Ya llevamos más de tres años de dizque 4T y mira…