Desde el punto de vista de la agencia calificadora Moody’s, la reforma en materia eléctrica tendrá impactos negativos para el sistema bancario, pero también para grandes industrias como la automotriz y la de aviación, cuyo acceso al financiamiento y a mercados como el europeo y el estadunidense se dificultará si no cumplen con estándares internacionales de menor emisión de carbono y el uso de energías limpias. De entrada, la incertidumbre ya borró este año a México de la lista de países más atractivos para invertir.
La política energética, en especial la reforma eléctrica, no solamente tendrá consecuencias desfavorables para el sector de energías renovables; a mediano y largo plazos comprometerá el acceso de grandes industrias como la automotriz, aviación y minería, además del sector bancario –incluyendo la banca de desarrollo– a los mercados financieros internacionales, donde crecen año con año los instrumentos de deuda sostenibles y relacionados con las bajas emisiones de carbono.
“La reforma va más allá del sector eléctrico. De entrada no incentiva la inversión en renovables, limita la inversión privada, tampoco abona al sentido de la soberanía energética. Si no hay un plan de energías renovables como lo plantea la reforma en materia eléctrica, también está limitando los proyectos en su financiamiento en diferentes áreas”, advierte en entrevista Adrián de la Garza, analista principal de la agencia calificadora Moody’s Investors Service.
En su reporte El cambio de política frenará la inversión privada: retrasando el camino del país hacia una energía más limpia, publicado el pasado 24 de marzo, la firma advirtió:
“Las empresas no financieras en México enfrentan un riesgo de transición de carbono mayormente externo, ya que los acreedores internacionales favorecen cada vez más empresas ecológicas que tienen como objetivo reducir las emisiones y diversificarse en actividades comerciales rentables con bajas emisiones de carbono”.
De acuerdo con De la Garza, el mercado de deuda sostenible o los sustainability bonds ha ido en aumento. Explica que para 2022 se espera que haya 1.35 trillones de dólares en este tipo de bonos a nivel global, lo cual representa un crecimiento de 36% respecto a 2021. “Un crecimiento robusto y con comportamiento muy agresivo”, acota.
Por ejemplo, agrega, en 2021 estos bonos crecieron 64% respecto de 2020, año de la gran recesión mundial. “En 2022 esperamos que representen 15% de las emisiones de deuda total. Va a continuar creciendo y va a ser una parte importante de estas emisiones. Sin embargo en América Latina, África y Medio Oriente representa apenas 2% de los bonos totales”, abunda.
Pero el hecho de que América Latina sea una de las regiones que menos emiten bonos sustentables no exime a México de sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
De hecho, México se convirtió en el primer país del mundo en emitir un bono soberano sustentable vinculado a los ODS por un monto de 750 millones de euros o 855 millones de dólares gracias a que 78% de los programas presupuestarios de nuestro país están vinculados con al menos un ODS, excepto el que tiene que ver con “Energía asequible y no contaminante” que es el ODS 7.
Los programas presupuestarios más significativos y que cumplieron con los estándares internacionales son los vinculados al ODS 3 “Salud”, el ODS 4 “Educación” y el ODS 2 “Hambre Cero”, los cuales representaron 34.1%, 31.6% y 16.3% de los recursos elegibles.
Adicionalmente, el ODS 8 “Trabajo y Crecimiento Económico” representó 5.7%, mientras que el ODS 9 “Industria e Infraestructura” 12.3%. Es decir, solo cinco de los 17 ODS fueron vinculados con las acciones gubernamentales de la autoproclamada Cuarta Transformación.
La reforma en materia eléctrica, que se discute esta semana en el Congreso de la Unión, va en sentido contrario al ODS 7, el cual tiene como objetivo para 2030 invertir en fuentes de energía limpia, como la solar, eólica y termal, además de mejorar la productividad energética.
De paso impacta de manera negativa a otros sectores como el bancario y no financieros.
Problemas para los bancos
En el reporte de Moody’s se acota que a diciembre de 2021 alrededor de 63% de la actividad crediticia en México era mayorista, principalmente a grandes empresas.
Aunque la carteras están bien diversificadas, una parte importante de estos préstamos es para sectores con exposiciones “muy altas” o “altas” a los efectos de la regulación del carbono, como la construcción y materiales de construcción relacionados, varios segmentos de la industria del petróleo y el gas y la fabricación, pero también incluyen servicios públicos, minería del carbón y otras industrias y servicios intensivos en energía, como el acero, el transporte y los productos químicos.
Estas exposiciones son mayores entre los bancos de desarrollo, como el Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que en promedio tienen casi un tercio de los préstamos expuestos a industrias vulnerables a los riesgos de transición de carbono.
Por el momento, se agrega en el documento de Moody’s, los riesgos para los bancos mexicanos derivan principalmente de la creciente presión de las partes interesadas para cumplir con una transición de carbono más amplia en un país donde las metas se han fijado en estándares bajos.
En ese contexto, la agencia calificadora advierte: “Debido a los bajos objetivos regulatorios y gubernamentales y a los limitados incentivos para adoptar la transición del carbono en varias industrias, los bancos encontrarán cada vez más dificultades para poder cumplir con los requisitos establecidos por sus proveedores de financiamiento, incluidos los grandes administradores de activos institucionales, multilaterales y bancos de desarrollo extranjeros, así como a los clientes en general, lo que finalmente limitará el crecimiento de los préstamos”.
En cuanto a la banca comercial, 65% del sistema bancario en México es propiedad extranjera, por lo que estas presiones también surgirán de los mercados internacionales y de los accionistas minoritarios de aquellas instituciones globales con presencia en México, augura la agencia.
Como muestra, en abril de 2021 el banco comercial más grande del país, Banco Mercantil del Norte, que cuenta con 15% de las colocaciones del sistema a diciembre de 2021, suscribió la Alianza Net Zero Banking, que se compromete a cero emisiones de carbono para 2050, junto con otros 43 bancos globales, incluidas las empresas matrices de sus principales competidores: BBVA México, Banco Santander México, Citibanamex, Scotiabank Inverlat, SA, y HSBC México.
La firma señaló que la presión también podría provenir de bancos de propiedad local que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa Institucional de Valores.
Ambas bolsas de valores ya han lanzado índices Ambiental-Social-Gobernanza (ESG), que buscan captar la demanda global de financiamiento sostenible. Además, el Banco de México es miembro fundador de la Red de Bancos Centrales y Supervisores por la Ecologización del Sistema Financiero y está monitoreando la exposición de los bancos mexicanos al cambio climático.
De hecho, el pasado 31 de marzo, la Asociación de Bancos de México formalizó su adhesión a los Principios de Banca Responsable de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Al adherirse a estos principios los bancos se comprometen a alinear la estrategia comercial con los ODS y el Acuerdo de París; medir impactos y fijar objetivos; y trabajar con clientes y usuarios.
“Particularmente México y América Latina está rezagada en su contribución de estos nuevos instrumentos como bonos verdes, bonos sustentables o sociales. Hay una variedad de tipos de bonos con diferentes características. Desde un punto de vista muy directo, si no tienes proyectos de energías renovables no eres candidato natural para financiarte con un bono verde. El destino de los recursos de esos bonos es para reducir el impacto climático”, apunta De la Garza.
“Si una empresa tiene limitantes para adquirir energía limpia, difícilmente va a reducir sus emisiones. Le estás limitando también esa posibilidad de que, a través de comprar energía limpia, pueda emitir bonos de este tipo”, concluye.
Baches y turbulencias
La reforma en materia eléctrica también representa una piedra en el camino de la industria automotriz nacional, que debe cumplir con una agenda de transición de carbono que refleje la de sus clientes de América del Norte, ya que se enfoca principalmente en las exportaciones y está altamente integrado con la industria automotriz estadunidense.
En el caso de la minería, las empresas mineras con amplio acceso a los mercados de capital enfrentan un alto escrutinio de los inversionistas sobre sus emisiones de gases y uso de energías renovables, según Moody’s.
“Aun así, las políticas inciertas de México dificultan a las mineras establecer objetivos específicos de descarbonización. Si bien los productores de metales de bajo costo de México pueden absorber algunos gastos de energía más altos sin cambios significativos en la rentabilidad, el acceso limitado a la energía tradicional o renovable los pondría en desventaja ante sus pares globales, y disuadiría a las empresas mineras de expandirse dentro de México”, señala la firma en su reporte.
En el caso de la aviación, las exigencias regulatorias de la UE sobre las emisiones de gases obligarían a las aerolíneas mexicanas que operan en ese mercado a aumentar el gasto e inversión para reducir las emisiones y tomar medidas para compensar sus emisiones de carbono.
Asimismo, México es parte del Programa de Compensación y Reducción de Carbono Esquema para la Aviación Internacional, que también presiona a las aerolíneas mexicanas para que inviertan más en el rubro.
El pasado jueves 7, el prestigiado despacho Kearney dio a conocer los resultados del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2022 donde México no figuró entre los 25 países más atractivos para los grandes inversionistas del planeta, esta vez por la reforma constitucional en materia eléctrica.
La encuesta a directivos de alto nivel de compañías situadas en Europa, América y Asia, dedicados a la industria y los servicios, reveló que la mayoría de los inversionistas esperan que los compromisos ESG de sus compañías estén completamente desarrollados e implementados en los próximos dos años.
De las 10 economías más grandes, los inversionistas esperan que Estados Unidos sea el país más comprometido e India el menos comprometido con prácticas ESG en los próximos tres años. México como principal socio comercial de Estados Unidos, parece ir en sentido contrario.
–¿Podría afectar la calificación soberana que México camine en ese sentido? –se le cuestiona al analista principal de Moody’s.
–No es una preocupación del corto plazo. Puede incidir en las perspectivas de crecimiento económico, ya sea a través de una menor inversión, menor crédito, entre otros factores. Va a restar competitividad. En el mediano y largo plazo sí puede ser un elemento que tenga impacto. Los temas que están presionando hoy son Pemex, crecimiento económico y las instituciones. No es que sea directamente la transición de una economía baja en emisiones, pero de alguna manera ya evoca estos problemas.








