Para Luis de la Calle, quien participó en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el sexenio salinista, la Ley de la Industria Eléctrica avalada por la Suprema Corte inhibirá la inversión extranjera y reactivará los amparos suspendidos mientras se esperaba la resolución. Y si bien no cree que el gobierno pierda todos los litigios, señala la probabilidad de que éstos se trasladen a tribunales internacionales y se denuncie el incumplimiento del TMEC.
Washington.- El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) frenará las inversiones, provocará escasez energética y abre la puerta a innumerables litigios, advierte Luis de la Calle, experto en comercio internacional.
“El problema es que ahora tenemos dos cuerpos jurídicos: uno, lo que dice la Constitución, y otro es lo que dice la ley. Son distintos y contradictorios”, explica De la Calle, quien fuera negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre México, Estados Unidos y Canadá.
En entrevista con Proceso, el experto en temas de inversión y comercio internacional explica las implicaciones jurídicas a nivel nacional e internacional que devienen de la LIE avalada por la SCJN en la votación de siete en contra y cuatro a favor de la constitucionalidad.
Contrario a lo que sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que la LIE deja improcedentes los amparos interpuestos en su contra, además de que no implica violaciones al Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC), De la Calle expone un panorama problemático.
La resolución de constitucionalidad elaborada por la ministra Loretta Ortiz y respaldada por sus colegas Arturo Zaldívar, Jazmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no logró en la SCJN un voto mayoritario y calificado, creando incertidumbre y dos entidades jurídicas que rigen a un mismo mercado; el eléctrico.
“Eso va a impedir que haya inversión y asegurará que haya muchos litigios, y éstos algún día van a llegar a la SCJN individualmente”, apunta el exnegociador del acuerdo norteamericano antecesor del TMEC.
La explicación del experto se sostiene en que las empresas que ya han interpuesto amparos recurrirán a todas las instancias judiciales del país hasta terminar en manos de la SCJN, que tendrá que decidir pero con mayoría simple, como fue el aval a la LIE.
De la Calle contempla que esos pleitos legales, ya de entrada desestimados por López Obrador, tendrán que ser resueltos en un plazo de dos a tres años, periodo en el que “habrá cero inversión” porque los empresarios no tendrán garantías de nada.
Absteniéndose de hacer comentarios con tinte político, porque sostiene que eso a él no le corresponde, De la Calle enfatiza que cualquier abogado y juez entienden que es incorrecto tratar de modificar la Constitución por medio de cambios a las leyes federales.
Las enmiendas constitucionales requieren del sí de dos tercios de los votos del Poder Legislativo y del apoyo de la mitad de los estados de la nación. “Pero no trates de hacerlo por la puerta de atrás, modificando las leyes federales y proponiendo cambios a las leyes federales que son claramente contrarias a la Constitución”, dice el experto en comercio.
Las disputas que se vienen en los tribunales por la LIE serán con las inversiones existentes, sin inversión nueva en materia eléctrica. “Cómo le vas a meter mil millones de pesos o dólares cuando tienes dos regímenes; la Constitución dice una cosa y la ley otra”, reitera.
El viernes 8, López Obrador, en su conferencia mañanera, sostuvo que la decisión de la SCJN le “alivianó la carga” al gobierno federal para apuntalar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, además, cumplir su promesa de no subir el precio de la luz.
El experto en comercio internacional y por ende en disputas de ese ámbito lo percibe diferente y aclara que ya hay empresas amparadas ante lo que hizo la SCJN.
“Si la decisión de ayer hubiera sido ocho a tres se hubieran ganado todos los amparos automáticamente. Como fue siete a cuatro no se ganan automáticamente. Los jueces federales van a tener que tomar la decisión sobre si le hacen caso a la mayoría de los ministros de la Corte o le hace caso a que esta ley no fue declarada inconstitucional”, machaca De la Calle.
Según él, no todos los amparos serán derrotas para el gobierno federal, pero sí la mayoría.
Oportunidades perdidas
La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, advirtió que por la LIE México perdería unos 10 mil millones de dólares en inversiones de su país, como lo expuso en una carta que mandó a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.
A nivel internacional las demandas al gobierno mexicano por la LIE serían más complicadas y costosas, aunque no inmediatas, y se dividirían en dos categorías: en una, las empresas que determinen ir a tribunales internacionales de arbitraje argumentado que la decisión tomada por el gobierno mexicano es expropiatoria, al instrumentar cambios de funcionamiento del sector y tomando en cuenta que la ley está parada.
“Porque los tribunales dieron una suspensión generalizada, vamos a ver qué pasa con esos amparos y las suspensiones, porque mientras la ley este suspendida; no se aplica”, subraya De la Calle.
La otra categoría tendrá que ver con las acciones que tome, por ejemplo, la CFE y que afecten directamente a las empresas, modificando los compromisos de despacho definidos en acuerdos comerciales o directamente entre el gobierno federal y el servidor y proveedor.
Esos cambios ante los tribunales de arbitraje comercial no tienen otras interpretación más que un “equivalente a una expropiación”, bajo el argumento de que México se retracta de lo que firmó en el TMEC, el Acuerdo Transpacífico o en tratados con Europa. “Sucederá un día”, advierte el experto.
Cuando se levante la suspensión a la ley, luego de que el Congreso mexicano decida sobre la LIE, ésta se aplicará y la CFE reducirá hasta 90% en la producción de las empresas, a lo cual AMLO con su firma se comprometió a cumplir bajo el TMEC.
Conocedor de las inversiones y el comercio en la región norteamericana, De la Calle sustenta sus palabras en datos duros y en hechos que no puede rebatir el gobierno en entidades de resolución de disputas con apego a la constitucionalidad.
Dice que “desde 2018 en México no se ha inaugurado ninguna planta de energía eléctrica” y que en el norte del país habrá, en un futuro no muy lejano, falta de energía eléctrica por la demanda que se tiene de exportaciones nada menos y nada más que de Estados Unidos.
“Los empresarios e inversionistas van a justificar su determinación de no poner plantas porque sencillamente el gobierno de México no les va a poder garantizar que no vayan a ser expropiadas”, resalta el experto.
La realidad del intercambio comercial con Estados Unidos nada más, sin incluir a Canadá, rebasó incluso las expectativas de quienes negociaron al TLCAN en los noventa del siglo pasado, y esto eventualmente implicará pérdidas de capital por instrumentar la LIE.
Poniendo sobre la mesa otro hecho, el economista demarca la situación con el aumento de 27% registrado el pasado febrero en el volumen de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, que fue de 45 mil millones de dólares.
En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, bajo el cual se negoció el TLCAN, personajes como De la Calle, tal y como lo expone él, avizoraban un nivel máximo de exportaciones mensuales a Estados Unidos de 10 mil millones de dólares.
“Observen cómo están creciendo nuestras exportaciones. El mercado gringo nos está demandando una cantidad de cosas tremenda; lo que estamos perdiendo es la oportunidad de expandir eso, el costo de oportunidad es monumental”, sostiene De la Calle.
Estados Unidos importó de México 45 mil millones de dólares en bienes y servicios en febrero, el mes más corto del año, y en términos comparativos ese volumen es, por ejemplo, el total anual de las exportaciones de Colombia al mismo mercado.
“La gente ya no quiere invertir en China, ahorita es cuando necesitarías ofrecer energía abundante en México. Sin embargo la LIE representará un costo grandioso para el país que se interpondrá para aprovechar la coyuntura internacional de la demanda”, insiste el especialista.
Ucrania, es otro caso que desaprovecha México y que cita como ejemplo el exnegociador del TLCAN; haciendo alusión a la invasión de Rusia. “Me da mucha pena el caso de Ucrania, pero desde el punto de vista de inversión es una buena noticia”, señala.
Como efecto internacional del conflicto está la suspensión internacional a las compras de energéticos rusos, lo que a su vez genera un alza desordenada en el precio de los combustibles. Una de las naciones más afectadas por las sanciones internacionales al sector energético de Rusia es Alemania.
“En Alemania el gas está a 26 dólares, en México está a seis. ¿Dónde pondrías la próxima planta? No bloquees los gasoductos, invierte en más gasoductos. Ese es el problema que estamos discutiendo en un contexto en el que el mundo es altamente favorable para México”, acota.
En paralelo está también la animadversión comercial y en términos generales que hay en Estados Unidos contra China; el mercado mexicano sale ganando sin involucrarse en esa disputa y simplemente ofreciendo mejores oportunidades de inversión.
“Aunque –reitera De la Calle– a mediano plazo se nos viene otro problema con la LIE: las empresas en Estados Unidos, todas, tienen compromisos de asimilar energías limpias en plazos definidos en 2030 y 2040, en promedio. Si a esas empresas no les das energías limpias ya no le van a meter ni un centavo a México”, sentencia.
Lejos se ve la posibilidad de que Morena pueda corregir lo que implicó la determinación de la SCJN respecto a la LIE, ya que necesita del respaldo de las bancadas de los partidos de oposición.
Los morenistas en el Legislativo intentarán aprobar la ley con base en que se ganaron los primeros amparos y porque la ley está suspendida, pero sin olvidar que la mayoría de los 11 jueces de la SCJN revisaron la Constitución y determinaron que era contrario a la constitucionalidad.
Descongelados los amparos al instrumentarse la LIE, y luego de la validación en el Legislativo, los jueces tendrán que retomar los casos y la mayoría de los magistrados tiene la obligación de recurrir a la Constitución; será entonces cuando encuentren la contradicción en la ley federal.








